Crueldad sin límite en Chiapas

Embarazada y diabética, María Delia fue sentenciada a 15 años

Tras torturarlos condenaron a 2 reos que ayunan en Chiapas

La detención de Julio César fue orden del gobierno, señaló la CNDH

Hermann Bellinghausen (Enviado)

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 4 de abril. María Delia Pérez Arizmendi, originaria de Flores Magón (un pueblo de tradición agrarista en el municipio Venustiano Carranza), de 44 años, madre de una casada de 15 años y un soltero de 19, es diabética. La detuvieron sin orden de aprehensión, a principios de 2001, elementos de la Policía Sectorial, quienes aún sabiendo que estaba embarazada de siete meses, la insultaron y golpearon. Acusada de secuestro, sin que fuera cierto (el delito nunca se tipificó), la torturaron para que firmara un papel en blanco, y el primero de marzo de 2001 fue internada en el desaparecido penal de Cerro Hueco, en Tuxtla Gutiérrez.

Allí, sin atención médica, dio a luz ella sola. Tratándose de una diabética y torturada, el descuido institucional fue particularmente grave. Su bebé nació muerto. No le permitieron darle entierro digno ni le proporcionaron nunca los cuidados médicos y sicológicos adecuados. Cuando se inauguró el Cereso 14 de El Amate, fue traslasdada allá. Nunca tuvo buena defensa. El juez Francisco Calvo la sentenció a 15 años de prisión; van siete.

Pertenece a la Voz de Cerro Hueco y ya cumplió 40 días de ayuno y oración junto con otro diabético y seis indígenas que llevan el mismo tiempo en huelga de hambre. Ella exige su libertad, y estando tan agraviada, todavía tiene que proclamar su inocencia.

“Nos preocupa saber si no se ha descompensado (su diabetes)”, comenta esta tarde Ramón Guardaz Cruz, ex preso, quien participaba en la huelga de hambre en El Amate y quedó en libertad el lunes pasado y ahora se unió al plantón frente al palacio de gobierno. “No le dan tratamiento”, agrega. En realidad, nunca se lo han dado.

Guardaz, también de la Voz del Amate, sostiene: “Es injusta su prisión. Nunca tomaron en cuenta sus derechos”. Aunque está en la protesta del Cereso 14, los custodios no le permiten ya reunirse con sus compañeros, y últimamente no le permiten visitas. A lo largo del movimiento “que sacude los muros de las cárceles de Chiapas”, como dice la organización, adherente de la otra campaña, se han denunciado los hostigamientos y malos tratos que particularmente recibe ella, la única mujer en la protesta de El Amate.

Julio César Pérez Ruiz, de la comunidad tzotzil Luis Espinosa, en Bochil, era estudiante y campesino hasta que el 23 de enero de 2004 fue detenido por la Policía Judicial del Estado y obligado con tortura a confesarse culpable de un crimen muy grave: el asesinato de la madrina del entonces gobernador Pablo Salazar Mendiguchía. Julio César tenía 19 años, acababa de concluir la preparatoria. Ahora tiene 23. Cuatro en la cárcel. Este sábado cumple 41 días en huelga de hambre, en demanda de su libertad.

Su padre, José Pérez Hernández, y su abuelo Lorenzo, indígenas y campesinos, miembros de la otra campaña, hablan en el plantón que prosigue, y de día crece (hoy eran más de 200 personas, casi en su totalidad indígenas) frente al palacio de gobierno. Con lágrimas en los ojos, José dice: “Él estaba conmigo en nuestro campo, trabajando. Qué iba a andar en Soyaló (otro municipio). Pero nunca nos escucharon”. Un abogado de la CNDH concluiría ante ellos: “Su detención es orden del gobierno”.

Cuenta don Lorenzo que antes de ningún interrogatorio, el ex fiscal chiapaneco Mariano Herrán Salvatti entró al cuarto donde lo tenían “en aislamiento” y le dijo, palabras más, palabras menos: “Ya te chingaste. Tú fuiste”. Según su abuelo, Julio César fue llevado a otro cuarto y torturado, al parecer mucho. “Confesó” todo lo que quisieron los policías.

En el expediente 26/2004 se le acusa de homicidio y robo con violencia. Su único inculpador, “de oídas”, es su vecino en Bochil, Julio Iván Pérez Pérez. Los testigos presenciales de la huida de cuatro probables asesinos no señalan a Julio César. Según la Voz de Amate, “ni entonces, ni ahora, las autoridades han realizado una investigación seria”. Pese a las pruebas en su favor “no permitieron que fuera defendido y su juicio está en proceso”.