Soldados agreden a la OPIM

Forum 176

José Francisco Gallardo Rodríguez

generalgallardo@yahoo.com.mx

La Revista del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos anunció la creación de la Dirección General de Derechos Humanos (DGDH) que, por acuerdo del alto mando, pasó su revista de entrada el 1 de enero pasado, con un efectivo de dos generales, 27 jefes, cinco oficiales y 41 de tropa, con domicilio en la Avenida Industria Militar 1083, en Lomas de Sotelo, DF, cuya misión es: atender requerimientos e inconformidades que en materia de derechos humanos se interpongan en contra de elementos pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional, y promover la cultura de respeto a los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y fortalecer la estructura jurídica de la propia secretaría, entre otras.

Por el contrario, Amnistía Internacional (AI) lanzó una acción urgente, el 22 de febrero, en la que recomienda enviar llamamientos al gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo –del cual es secretario de Seguridad Pública el general Juan Salinas Altés, antiguo comandante de esa región militar–, para que realice una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial y castigue a los responsables del asesinato del destacado miembro de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), Lorenzo Fernández Ortega, hermano de Inés Fernández Ortega, violada sexualmente por soldados del Ejército Mexicano en marzo del 2002. AI manifiesta “una honda preocupación” y “temor por la seguridad” de Inés, su esposo Fortunato Prisciliano Ortega y la traductora Obtilia Eugenio Manuel, todos integrantes de la OPIM –que tiene su sede en Ayutla de los Libres, en la región de la Costa Chica de Guerrero–, porque han sido amenazados desde el día en que fue asesinado Lorenzo.

Dentro de la acción urgente 49/08 AI destaca que los miembros de la OPIM “han hecho campaña para pedir justicia respecto a una serie de violaciones de derechos humanos”, como fue el ataque sexual que sufrieron las indígenas me´phaa (tlapanecas), Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú en 2002; y la esterilización forzada de 14 indígenas (varones) en 1998.

Lorenzo fue secuestrado el 9 de febrero de este año (día en que se conmemora la “marcha de la lealtad”) y hallado muerto con “señales de tortura” al día siguiente en Ayutla de los Libres. Ahí fue recogido por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Antes de la desaparición de Lorenzo Fernández, tres hombres armados se habían acercado al lugar de trabajo. Llevaban una lista de nombres, y preguntaron a los aldeanos si conocían a Lorenzo; después los hombres se marcharon. Días antes, Lorenzo le dijo a su hermana Inés y a otros familiares, que temía por su seguridad y la de otros miembros de la OPIM, ya que unos desconocidos habían preguntado por la organización.

Agrega AI que “como miembro de la OPIM, Lorenzo había hecho campaña en favor de los 14 indígenas me´phaa esterilizados a la fuerza en 1998; y en favor de su hermana Inés Fernández Ortega, indígena de la misma comunidad violada por soldados en 2002”. Por no tener acceso a la justicia en México, presentó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 12 de octubre de 2007, junto con Valentina Rosendo Cantú otra indígena me´phaa que fue atacada sexualmente por militares.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, manifestó que “se adhiere al llamado de AI, ante la gravedad de la situación que enfrentan los miembros de la OPIM, que desde hace seis años han sufrido violaciones sexuales, amenazas de muerte y recientemente el homicidio de Lorenzo”.

El centro añadió que “todas estas acciones al margen de la ley permanecen en la impunidad a causa de que las autoridades competentes han asumido una actitud tibia y poco comprometida con las víctimas, es decir, estas omisiones forman parte del ambiente de impunidad que prevalece en la región y el grado de descomposición social en que están sumidos los pueblos indígenas”.

Tlachinollan destacó que “con estos hechos, no hay garantía para el trabajo que realizan los defensores de derechos humanos y por tanto los familiares de las víctimas se quedan en un estado de indefensión”; y agrega, “hemos detectado que la averiguación previa (ALLE/SC/01/032/2008) que abrió la autoridad ministerial de Ayutla en el caso Lorenzo, está mal integrada”.

Así las cosas, la DGDH, a cargo del general Jaime Antonio López Portillo Robles Gil, acusado de encubrir violaciones a los derechos humanos durante su gestión como procurador de justicia militar, ahora los “protegerá”.

Nada más amoral y antitético puede ser que un violador de derechos humanos ahora sea encargado de protegerlos. Ya habíamos dicho que la intención del mando supremo al decretar la creación de esta organización, aparte de resolver un asunto de carácter laboral: es formar un blindaje para impedir que los militares que cometan abusos en contra de la población en la aplicación del Plan México –impuesto por el Pentágono–, puedan ser juzgados por la justicia civil tal cual lo marca el artículo 13 constitucional: “Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda”. Un símil a las “leyes de inmunidad” que ha conseguido el gobierno estadunidense para proteger a sus militares cuando cometen abusos en contra de la población donde tiene asentadas sus bases militares.

Esta organización que da cabida a 75 plazas más en la estructura burocrática militar, tiene bastante trabajo: encubrir las violaciones a los derechos humanos, perseguir a las víctimas que se atrevan a denunciarlos y maquillar la imagen del Ejército ante la opinión pública. Es decir, fortalecer la impunidad, socavar el estado de derecho y desnaturalizar la función constitucional del Ejército.

Para muestra un botón, el año pasado soldados mexicanos cometieron notorios abusos mientras llevaban a cabo actividades de policía, alertó Human Rigth Watch en su informe 2007, y citó varios casos en los que decenas de personas fueron detenidas, incomunicadas y golpeadas en bases militares por soldados. Recordó el caso de cuatro menores violadas por los soldados en mayo pasado; así como la muerte de cinco miembros de una familia en Sinaloa, entre ellos tres niños, abatidos en un retén militar.

El sistema de justicia mexicano, añadió el documento, rutinariamente deja la tarea de investigar y procesar los abusos del Ejército a la autoridad militar, la cual carece de la independencia necesaria y adolece de una ausencia general de transparencia.