domingo, mayo 01, 2011

Una frontera llena de fosas

Editado por Molly Molloy, el libro del periodista Charles Bowden El Sicario: The Autobiography of A Mexican Assassin (El Sicario: La autobiografía de un asesino mexicano) será puesto en circulación por National Books a partir del 14 de junio en Estados Unidos. En una serie de conversaciones grabadas en abril de 2010, parte de las cuales fueron adelantadas por este semanario (Proceso 1788), el gatillero revela que la existencia de narcofosas en el país no es nada nuevo, pues cientos de ellas proliferan en la frontera norte de México. Y eso, afirma, lo saben incluso policías y militares, algunos de los cuales participaron en las ejecuciones.

WASHINGTON.- En la frontera norte de México hay cientos de narcofosas con miles de cuerpos dentro, declaró al periodista Charles Bowden un antiguo gatillero del cártel de Juárez en una serie de conversaciones que recoge el libro El Sicario: The Autobiography of A Mexican Assassin (El Sicario: La autobiografía de un asesino mexicano), que comenzará a circular en Estados Unidos a partir del 14 de junio, editado por Molly Molloy.

El entrevistado vaticina que Felipe Calderón perderá la guerra que emprendió contra las bandas del crimen organizado; además, denuncia que el alcalde de Ciudad Juárez está coludido con el narcotraficante que se adueñó de esa plaza.

El protagonista del documental El sicario room 164, filmado por Gianfranco Rosi en colaboración con Bowden (Proceso 1788), insiste: “Bueno, digamos que hay por lo menos 100 narcofosas, de las cuales posiblemente sólo cinco o seis han sido descubiertas”.

Expolicía con formación universitaria, afirma haber sido entrenado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y que durante 20 años fue matón a sueldo para el cártel de Juárez. Su relato se condensa en 224 páginas del libro de la editorial National Books.

Las revelaciones de El Sicario, hechas en abril del año pasado, cobran actualidad a la luz de los hallazgos de la narcofosas en San Fernando, Tamaulipas, al tiempo que desnudan la corrupción gubernamental y la impunidad de que gozan los criminales y aun las tropas inmersas en la lucha militarizada lanzada por Calderón contra los cárteles de la droga.

“El lector no está mirando de frente al rostro del sicario sino a la cara del verdadero Estado mexicano. En este lugar nadie pregunta si un policía es corrupto u honesto, si un asesinato será investigado; aquí nadie pide justicia, simplemente busca sobrevivir.

“En este mundo las declaraciones de los presidentes de Estados Unidos sobre México no significan nada porque insisten en hablar de un México que no existe y que nunca ha existido”, escribe Bowden en el prefacio de la obra, que National Books envió a Proceso de manera anticipada.

Y aun cuando el volumen incluye partes sustantivas del documental de Gianfranco Rosi exhibido en salas europeas desde febrero pasado, contiene los detalles del entrevistado en las que explica por qué considera que el narcotráfico tiene el control del país.

“El presidente Felipe Calderón tiene un problema muy serio: dentro de su gobierno hay informantes de las organizaciones del tráfico de drogas; él no va a poder limpiar la casa. En el gobierno hay gente que tiene años de haber sido corrompida por el narco”, comenta El Sicario.

Y aventura un diagnóstico: “Calderón no ha entendido cómo debe afrontar la situación el gobierno. Él está favoreciendo a un cártel, mientras otro simula una guerra. Calderón no va a poder resolver esta situación en un sexenio. Ojalá se compongan las cosas, pero (pienso que) tendría que limpiar todo, comenzando por la Presidencia”.

Las revelaciones

Dividido en siete capítulos: “El yugo”, “El paquete”, “Niño”, “Adolescente”, “Hombre”, “Niño de Dios” y “Sistema y la Vida”, el libro documenta la forma en que el entrevistado –quien afirma que en 2007 tuvo que huir de México– aprendió a asesinar, torturar y desaparecer a sus víctimas. También insiste en que el narcotráfico se enquistó en todos los niveles de gobierno mexicano.

Sobre las narcofosas, El Sicario es enfático: “No puedo decir con precisión cuánta gente fue ejecutada… Es imposible saberlo. Yo estuve una vez en la ejecución de 100 personas. Todas fueron enterradas en un lugar específico; pudieron ser miles las ejecuciones.

El cártel de Juárez tiene muchas casas de seguridad y muchas personas bajo su mando. En los lugares que han sido descubiertas (las fosas) se encontraron 30 o 40 cuerpos; en algunos sólo 10, aunque los sitios con menos muertos son casas de seguridad”.

Expone también que, para eliminar el olor de la descomposición de los cuerpos, “es necesario ponerles jugo de limón y otros químicos. Se les quita la ropa y todo lo que lleven encima para que no quede rastro y para que no sean localizados”.

El Sicario, por cuya cabeza sus antiguos compañeros ofrecen 250 mil dólares de recompensa, sostiene que algunos militares, policías federales, estatales y municipales conocen la ubicación de las narcofosas, pues llegaron a participar en las ejecuciones.

Conocedor de los entretelones del narcotráfico en las plazas del norte de México, El Sicario critica abiertamente la lucha militarizada de Calderón: “El presidente de México dice: ‘Yo tengo el control…’, pero el nivel de corrupción es tan alto que el gobierno no puede ser controlado. Lo que pasa es que son los narcos los que están controlando al presidente”.

Al resumir su carrera en el cártel de Juárez pone énfasis en la presunta relación del capo Vicente Carrillo Fuentes con el alcalde de Ciudad Juárez, el priista Héctor Murguía Lardizábal.

En la parte final del libro, Bowden y Molloy escriben que así respondió El Sicario “a la pregunta sobre el resultado de las elecciones (del 4 de julio de 2010) en el estado de Chihuahua y el subsecuente asesinato de un funcionario en Ciudad de Juárez”.

“Dios nos bendiga.

“Por desgracia la gente de Juárez decidió votar otra vez por el canguro, por no llamarlo como debería llamarlo; una rata que camina en dos patas...

“Su grupo sufrió dos o tres golpes antes de que asumiera el poder, pero eso no fue más que un recordatorio de quién le está pagando y que será mejor que obedezca. Esto parece ser lo que está ocurriendo, con esta elección habrá otros tres años de abusos con impunidad total. Los criminales se estarán reorganizando dentro de la policía, todo en secreto, igual que antes, cuando él manipuló a la policía municipal de Juárez.”

El entrevistado también habla del presunto asesino del dentista y columnista de El Diario de Juárez Víctor Manuel Oropeza, ejecutado el 3 de julio de 1991 dentro de su consultorio y cuyo caso no ha sido resuelto: “Recuerdo muy bien lo mucho que se habló de este asesinato. La orden directa (de matarlo) provino de un tipo conocido como El Cora de Sinaloa”.

Oropeza, quien publicaba su columna A mi manera, fue el primer periodista que denunció los casos de corrupción por narcotráfico en el gobierno estatal y municipal de su estado. Según El Sicario, Oropeza estaba muy bien informado y lo que escribía en su columna era verídico. Admite incluso que el cártel de Juárez nunca descubrió quién era su fuente.

“Ninguna de las células que operaban en la ciudad en esos años quería involucrarse en el caso. Pero había un grupo de cinco individuos bajo la dirección del Cora, que se dedicaban exclusivamente a ejecutar a gente en las calles. Este grupo asumió la orden. Hicieron un plan y ejecutaron al doctor” en su consultorio, añade.

No obstante, dice, “El Cora y sus hombres cometieron un error muy grave: se les olvidó llevarse la billetera del dentista”. Eso echó por tierra el plan, que era hacer creer a las autoridades que Oropeza había sido acuchillado durante un asalto.

“Al final, el asesinato del doctor sirvió para abrirle el camino al Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes, quien se convirtió en cabeza del cártel y asumió el control de la plaza de Ciudad Juárez”, subraya El Sicario.

Según él, Amado Carrillo supo calmar las disputas internas en la organización luego del asesinato de Oropeza. Por esas fechas, El Sicario acababa de iniciar su carrera como policía estatal. Relata que fue a él a quien le pidieron esconder a “uno de los policías estatales que fue implicado en el homicidio (de Oropeza)”.

Las confesiones

En la introducción del libro, Molloy escribe que El Sicario comentó que “el número 10 (del cártel de Juárez) fue quien dio la orden para ejecutar a los 16 jóvenes en la masacre de la colonia Villas de Salvárcar, el 31 de enero de 2010”.

“Hasta hace unos años los narcos respetaban la vida de las mujeres y de los niños; pero desde hace como un año y medio (inicios de 2008), parece que esa regla dejó de funcionar. ¿Por qué? Porque los narcos comenzaron a reclutar a mujeres para que se dedicaran a cobrar deudas. Y ellas comenzaron a utilizar a los niños como escudos para protegerse”, refiere.

La autobiografía explica el modus operandi de los grupos especiales de sicarios dentro de los cárteles de la droga, a los que también se les conoce como células.

–¿Cuántas células operan en Ciudad (Juárez)? –se pregunta El Sicario, e inmediatamente se responde:

–En años recientes ha habido alrededor de… puede que tenga cinco células trabajando en Ciudad Juárez. Don Vicente (Carrillo Fuentes), tomando en cuenta que él es la cabeza de la plaza, ha de tener 20 células.

La relación entre los cárteles de la droga y las fuerzas de seguridad de México es descrita por El Sicario de distintas maneras a lo largo del libro:

“En ese tiempo era muy fácil para mí trabajar en Juárez, Chihuahua, Sinaloa o Durango. Todo lo que teníamos que hacer era llegar a un aeropuerto, subirte al avión e irte. No era ningún problema. Las armas y el dinero en efectivo también se transportaban en aviones privados. En el aeropuerto todo ya estaba arreglado; en los aeropuertos el Ejército se hacía cargo de todos los vuelos privados. De los vuelos comerciales se hacía cargo la Policía Federal Preventiva...”

Según El Sicario, en el gobierno federal hay funcionarios que no se dejan corromper por el narcotráfico. Es el caso, dice, de José Luis Santiago Vasconcelos, quien falleció junto con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en un avionazo en la Ciudad de México el 4 de noviembre de 2008.

“Era respetado incluso dentro de los cárteles. Cuando iniciaba una investigación, incluso era una prioridad para los cárteles; se hacían a un lado y le deban espacio para que hiciera su trabajo… Era un hombre humilde, dedicado a su trabajo y a su familia. Me hubiera gustado conocerlo.”

Molloy, quien editó el material contenido en el volumen, es investigadora de la Universidad de Nuevo México y se ha dedicado a recabar información sobre los asesinatos en Juárez. Bowden, periodista y escritor, es autor de libros como La ciudad del crimen y Blues para caníbales.

El sicario, un documental proscrito en México completo


http://www.youtube.com/watch?v=uylhdcRsw3Q

Una fuerte denuncia de los métodos de tortura, asesinato y reclutamiento de los cárteles mexicanos y la acusación de complicidad de autoridades con el crimen organizado, centran el documental "El sicario room 164", realizado en 2010.

"No hay fronteras para el narco: ni en México, ni en Estados Unidos, ni en Colombia, ni en Costa Rica, ni en El Salvador. El narco puede comprar todo, paga policías, paga aduanas, paga migración. ¿Qué tan difícil es, si mueven y mueven toneladas de drogas, mover a una persona?"

Esta es una de las confesiones que el sicario narra encapuchado frente a la cámara en la habitación número 164 de un motel no revelado, en un lugar cercano a la frontera de Estados Unidos con México, escenario de hechos criminales en los que el testimoniante participó.

La cinta fue realizada por el escritor y periodista estadounidense Charles Bowden y el cineasta italiano Gianfranco Rosi, cuyos detalles fueron revelados en la más reciente edición de la revista mexicana Proceso, en una entrevista realizada a Bowden, quien facilitó a su entrevistador una copia del documental.

A través de la producción audiovisual, el sicario explica en detalles las técnicas de tortura, secuestro o asesinato en una especie de manual para aprender cómo practican esas actividades los grupos criminales, expone la revista.

La profesionalización de un sicario, hasta su educación universitaria en la mayoría de los casos, es una inversión que hacen los jefes de los cárteles de la droga para contar con asesinos efectivos y discretos, asegura el asesino en la reseña publicada por Proceso.
Leer más
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id...

Libertad de prensa en México, en su peor época: CIDH

Libertad de prensa en México, en su peor época: CIDH

Redacción

Copala: las armas se imponen

El veto publicitario del gobierno de Felipe Calderón y el acoso judicial de contratistas de su administración en contra de este semanario son parte de la agenda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el informe de su visita oficial a México, la institución de la Organización de Estados Americanos urge al presidente resolver el agravio en cumplimiento a los acuerdos internacionales que en materia de libertad de expresión el Estado está obligado a cumplir.


Gobierno mexicano, omiso ante señalamientos de la CIDH

Redacción

Copala: las armas se imponen

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha develado ante la comunidad internacional la falta de compromiso del gobierno de Felipe Calderón con las libertades de expresión y de prensa, coinciden defensores de derechos humanos y periodistas. El informe sobre México documenta persecución, acoso y represión contra medios y reporteros que ejercen su labor de manera independiente. Para organizaciones civiles, sólo fue la confirmación de lo que han venido denunciando desde hace casi cinco años.


Sindicatos del PRI protegidos por el PAN

Érika Ramírez

Copala: las armas se imponen

La administración de Felipe Calderón mantiene negociaciones con los llamados sindicatos charros o corporativos, otrora maquinaria obrera afiliada al PRI. Dona más de 75 millones de pesos a las viejas centrales y a los sindicatos incorporados a su propio sistema, revelan documentos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



6 mil pesos, para “vivir al día”

Mayela Sánchez

Copala: las armas se imponen

La “recuperación económica” que pregona el gobierno federal y las cuentas alegres del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, son ajenas a la realidad de millones de familias cuyos ingresos apenas les alcanzan para “vivir al día”, en un país donde más de la mitad de la población recibe sueldos por debajo de los 5 mil 400 pesos al mes.



Copala: las armas se imponen

Copala: las armas se imponen

Copala: las armas se imponen

Zósimo Camacho

En un año, una caravana humanitaria fue emboscada; el líder de la lucha por la autonomía triqui fue ejecutado; se le impidió el ingreso a una segunda caravana por la paz en la que participaban diputados federales, y el pueblo sitiado por 10 meses fue finalmente asaltado: decenas de casas incendiadas, una docena de mujeres violadas y tres hombres asesinados cuando trataban de huir.

Recuperaremos San Juan Copala: autónomos

Recuperaremos San Juan Copala: autónomos

Zósimo Camacho

Indígenas triquis que impulsan la creación de un municipio autónomo en el chuma’a –o centro ceremonial de San Juan Copala– dicen que ya nada pueden perder. La mayoría ha sufrido el asesinato de uno o varios familiares. También, la pérdida de sus casas, huipiles, enseres domésticos, autos, milpas. Prometen regresar a sus hogares y promover la autonomía de la “nación triqui”


Copala, un año de violencia... e indiferencia


Libertad de prensa en México, en su peor época: CIDH

El veto publicitario del gobierno de Felipe Calderón y el acoso judicial de contratistas de su administración en contra de este semanario son parte de la agenda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el informe de su visita oficial a México, la institución de la Organización de Estados Americanos urge al presidente resolver el agravio en cumplimiento a los acuerdos internacionales que en materia de libertad de expresión el Estado está obligado a cumplir.

Redacción

La prensa mexicana vive en el sexenio de Felipe Calderón una de sus etapas más infaustas: en enero de 2010, con el asesinato del periodista guerrerense Jorge Ochoa Martínez, editor del semanario El Sol de la Costa, el país se ubicó a la cabeza en el índice mundial de periodistas asesinados, agravio al que se suman desapariciones forzadas, acoso, agresiones físicas, amenazas de muerte, censura y la autocensura por la que han optado incontables comunicadores como única vía de seguridad. Tan negro es el panorama que los organismos internacionales definen a México como el país más mortífero para la prensa.

Junto a esos agravios, el acoso judicial y el veto publicitario en contra de medios de comunicación independientes son los principales retos que enfrentan el ejercicio periodístico y la libertad de expresión en México, concluye el Informe de la relatoría especial para la libertad de expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), difundido en Washington el 7 de marzo.

Dicho informe –que deriva de la primera visita oficial que la Relatoría, al frente de la abogada colombiana Catalina Botero Marino, realiza a México– incluye una serie de recomendaciones que, en su calidad de jefe del Ejecutivo federal, Felipe Calderón deberá considerar en apego a los acuerdos internacionales que en materia de libertad de expresión ha signado el Estado mexicano y como país miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La visita oficial de la relatora Catalina Botero y sus abogados Alejandra Negrete Morayta y Michael Camilleri tuvo lugar del 9 al 24 de agosto. La misión –que tuvo como objetivo observar la situación de la libertad de expresión en el país– se realizó en conjunto con el relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, y su equipo de trabajo.

Las Relatorías se reunieron con funcionarios de más de 40 instituciones públicas federales y estatales pertenecientes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como con representantes de órganos autónomos.

Con el secretario de Gobernación, el procurador General de la República, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrantes del Congreso de la Unión y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los representantes de la CIDH y de Naciones Unidas abordaron el caso de este semanario como un medio de comunicación “vetado” por el gobierno de Felipe Calderón, en represalia por publicar investigaciones periodísticas que han documentado presuntos actos de corrupción en los que estarían involucrados altos funcionarios de su gabinete, particularmente en el sector energético.

El último día de la visita, el 24 de agosto, en conferencia de prensa presentaron un informe preliminar para exponer los temas considerados “más preocupantes” en el panorama mexicano (incluyeron en ellos el caso Contralínea). Las relatorías expusieron que, en 2011, su informe oficial incluiría las recomendaciones que, desde la óptica de los organismos internacionales, Felipe Calderón deberá atender según los estándares mundiales de prensa y libertad de expresión, y en cumplimiento también a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El informe difundido en Washington corresponde a la CIDH; la Relatoría de la ONU hará lo propio en junio próximo. Ambas relatorías documentan el caso Contralínea en dos vías: la del veto publicitario para un medio de comunicación por su línea editorial y el acoso judicial para inhibir su trabajo profesional, incluidos allanamientos, amenazas, arrestos, entre otros.


El veto publicitario

El informe documenta que, “en México, el gasto público en publicidad oficial es alto y tiende a aumentar. Según la información entregada por el Estado, en 2009 el monto ejercido en publicidad oficial por parte del Ejecutivo federal fue de 5 mil 371 millones 418 mil 470 pesos mexicanos, equivalentes a 410 millones 580 mil 429 dólares, el cual representa un aumento de más de 60 por ciento comparado con el gasto de 2006. Un monto tan significativo en publicidad oficial hace aún más importante la existencia de reglas claras y objetivas para su asignación”. Pero “en México no existe una legislación específica que establezca claramente los criterios que deben usarse al momento de asignar la publicidad oficial”.

Al respecto, la CIDH tomó como referencia la Recomendación 57/2009 en la que, en septiembre de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó el veto publicitario oficial en contra de este semanario por sus investigaciones periodísticas.

Refiere el informe de la CIDH:

“En el contexto de este marco legal, la Relatoría recibió información sobre casos en los cuales la publicidad oficial habría sido asignada en función de las líneas informativas de los medios de comunicación. La CNDH acreditó, por ejemplo, que después de que la revista Contralínea publicó una serie de reportajes críticos sobre Petróleos Mexicanos, esta entidad pública dejó de contratar publicidad oficial en dicha revista. La CNDH recomendó al director de Petróleos Mexicanos ‘girar sus instrucciones a quien corresponda, para que Petróleos Mexicanos cuente con procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios en el otorgamiento y distribución de publicidad oficial’.”

También consideró los casos de la revista Proceso y de los periódicos AM y Al Día, de Guanajuato, vetados por su línea editorial.

La CIDH le dice al Estado mexicano que “es esencial asegurar que la pauta oficial no sea utilizada como instrumento de castigo a medios de comunicación independientes o críticos del gobierno, o como subsidio encubierto que beneficie, directa o indirectamente, a los medios de comunicación afines o condescendientes con las autoridades”.

Y que “los Estados deberían decidir qué comunican y dónde comunican sus mensajes a la sociedad, en función de criterios objetivos vinculados con la mejor manera de transmitir esa información de forma más eficaz, y con absoluta independencia del contenido informativo o editorial del medio que deban contratar para tales efectos . Resulta imprescindible que los Estados cuenten con una regulación específica que fije expresamente criterios previos y objetivos de asignación de la pauta oficial, redactados de manera clara y precisa”.

La recomendación de la CIDH fue hecha de acuerdo con los criterios internacionales, pues el principio 13 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la ONU dice que “la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y de créditos oficiales con el objetivo de presionar y castigar, o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas atenta contra la libertad de expresión y debe ser castigado por la ley”.

Dice la CIDH que, en el marco de la visita in loco, el Ejecutivo federal reconoció la necesidad de adoptar una legislación que establezca reglas para el manejo de la publicidad oficial que aplican de manera homogénea en todo el país y a todos los niveles y ámbitos del gobierno, aunque hasta ahora no ha habido muestra alguna de que Felipe Calderón esté dispuesto a cumplir con las recomendaciones de la CIDH y sus obligaciones como jefe del Ejecutivo.

En su informe, la Relatoría “insta” a que el Congreso de la Unión legisle al respecto. Cabe señalar que éste es uno de los grandes pendientes en el Legislativo. Distintos grupos parlamentarios lo han puesto en la agenda sin que aún se llegue a un acuerdo por la legislar sobre la partida presupuestal, de la que el Ejecutivo dispone de manera discrecional.

El llamado más reciente es el del senador Carlos Sotelo García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y presidente de la Comisión de Radio y Televisión.

En abril, en un punto de acuerdo que presentó en el Senado de la República, el legislador presentó el caso de Contralínea como el “ejemplo paradigmático” de la asignación arbitraria y discriminatoria que Calderón hace de la publicidad oficial “con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas”. Lo que, según consideraciones del senador, constituye “una forma de censura directa”.

Acoso judicial, agravio a la libertad de expresión

En su informe, la oficina de la OEA expresa su preocupación por el acoso judicial a Contralínea durante este sexenio –como represalia al trabajo periodístico– por parte de funcionarios y empresarios supuestamente beneficiados de actos de corrupción.

La CIDH ha llamado reiteradamente a los Estados a no criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión, especialmente respecto de asuntos de interés público.

La CIDH considera que la utilización de mecanismos para sancionar expresiones sobre cuestiones de interés público o sobre servidores públicos, candidatos a ejercer cargos públicos o políticos vulnera en sí misma el artículo 13 de la Convención Americana, y además puede constituir un medio de censura indirecta dado su efecto amedrentador e inhibidor respecto del debate sobre asuntos de interés público.

Al respecto, la relatora Botero –doctorada por la Universidad Complutense y el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid– dice en su informe:

“La Relatoría también recibió información sobre acciones legales de carácter civil contra periodistas y medios. Al respecto, la Relatoría recuerda que, como lo ha indicado la Corte Interamericana, las opiniones no pueden considerarse ni verdaderas ni falsas; por ello, la opinión no puede ser objeto de sanción. Asimismo, deben existir estándares diferenciados para evaluar la responsabilidad ulterior de quienes difunden información sobre asuntos de interés general o de crítica política, incluyendo el estándar de la real malicia y la estricta proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones.”

Al abordar el tema del acoso judicial en contra de los periodistas de este semanario, la CIDH le recuerda a Felipe Calderón que “los periodistas que investigan casos de corrupción o actuaciones indebidas no deben ser sujetos de acoso judicial u otro tipo de hostigamiento como represalia por su trabajo. Cabe recordar que, como la Corte Interamericana ha observado, el temor a la sanción civil puede ser tan o más intimidante e inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresión que una sanción penal, con el resultado evidente de autocensura, tanto para el afectado como para otros potenciales críticos”.

Desde 2009, tanto la CIDH como la ONU en sus oficinas sede han documentado el acoso judicial en contra de este semanario y han enviado diversas comunicaciones diplomáticas al gobierno de Calderón en las que le han hecho saber su preocupación por la escalada de agresiones por parte de contratistas de su gobierno.

De las demandas que se han presentado en contra de este semanario con la finalidad de inhibir el que se documenten supuestos negocios irregulares , la CIDH cita como ejemplo las demandas promovidas por el consorcio gasero Zeta Gas, de la familia Zaragoza López, financieros de campaña de Felipe Calderón, según su director Jesús Alonso Zaragoza López.

Puntualiza: “En algunos casos, las acciones civiles interpuestas habrían sido promovidas con el propósito de hostigar a periodistas y medios críticos. La CNDH ha caracterizado como un ‘acoso’, por ejemplo, las acciones civiles impulsadas contra periodistas de las revistas Contralínea y Fortuna. Negocios y Finanzas por parte de particulares y empresas ligadas a un mismo grupo empresarial quienes promovieron en su contra al menos cinco demandas civiles en tres entidades federativas distintas.

“Según la información recibida, en uno de estos casos el juez 44 de lo Civil del Distrito Federal condenó, el 30 de mayo de 2008, al director de Contralínea Agustín Miguel Badillo Cruz, a la periodista Ana Lilia Pérez Mendoza y a la empresa a la cual pertenecen las revistas mencionadas. La sentencia concluye que las notas publicadas sobre el presidente del consejo de administración de un consorcio empresarial con más de 80 compañías, que reproducen una entrevista dada voluntariamente por el propio implicado, así como documentos entregados por éste, constituyeron un ‘abuso del derecho de la información y de la libertad de expresión, con el que se lesionó el honor de la parte actora’. El fallo judicial no otorga importancia a ‘la circunstancia de que el actor haya admitido las entrevistas y entregado documentos’, ni tampoco a ‘la circunstancia de que alguna información sea del dominio público tanto en territorio nacional como en el extranjero’. La sentencia ordena publicar integralmente el texto del fallo en las revistas y retirar de las páginas de internet de las revistas los artículos cuestionados en el caso.

“La apelación resuelta por la Sexta Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el 23 de septiembre de 2008, mantuvo la condena, y el amparo directo presentado por los condenados fue negado el 11 de diciembre de 2008 por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil. En sus observaciones sobre la versión preliminar del presente informe, el Estado mexicano informó que “el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal hace notar de manera sobresaliente que en este asunto, como se desprende de la misma narración, todas las instancias, esto es, el juez resolutor quien condenó en ejercicio de su función jurisdiccional, así como los magistrados de sala correspondiente que confirmaron la resolución estuvieron de acuerdo en la condena, e incluso el amparo interpuesto por los demandados les fue negado.

“Preocupa además a la Relatoría que en el marco de los procesos mencionados en el párrafo anterior, un juez civil dictó una medida provisional contra los periodistas y la empresa prohibiéndoles referirse a los demandantes ‘a través de insultos’ en sus notas periodísticas, medida que equivaldría a una censura previa. Adicionalmente, según la información recibida por la Relatoría, en el marco de dichos procesos civiles, el director de Contralínea fue detenido en circunstancias cuestionadas por la CNDH.

“Asimismo, según información de la CNDH, personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y varios civiles que, según información de la revista, se identificaron como representantes de los demandantes, se introdujeron intempestivamente en las instalaciones de dicha revista el 11 de febrero de 2009.”

Subraya la Oficina en Washington: “La Relatoría expresa su preocupación ante estos hechos, que revelarían un intento de utilizar el sistema judicial para hostigar y silenciar a periodistas”.

Documenta que entre los ataques en contra de este semanario, el 12 de abril de 2010 las instalaciones de la revista fueron robadas. De las oficinas administrativa y editorial sustrajeron documentos financieros, fiscales y el equipo de cómputo del editor de la revista. El robo fue denunciado en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

También que, el 23 de junio de 2010, el encargado de distribución de Contralínea en Puebla, Israel Maldonado Flores, fue golpeado, robado y amenazado en Izúcar de Matamoros por 15 sujetos armados que dijeron ser simpatizantes del Partido Acción Nacional.

En su informe, la Relatoría le recuerda a Calderón que el noveno principio de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, de la CIDH, establece que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión”. Y que “es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

Subraya: “La Relatoría recuerda en este sentido que, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, el Estado mexicano no solamente está obligado a garantizar que sus agentes no cometan actos de violencia contra periodistas, sino también a prevenir razonablemente las agresiones provenientes de particulares.

“El Estado tiene además la obligación de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los autores de dicha violencia, aun cuando las personas responsables no sean agentes estatales. En este sentido, el hecho de que la Relatoría se pronuncie sobre un acto de violencia, no necesariamente implica que ese acto resulte directamente atribuible al Estado. Sin embargo, estos hechos sí ponen de manifiesto la obligación del Estado de prevenir, proteger y, en su caso, sancionar este tipo de hechos.”

Las Recomendaciones

La CIDH le dice a Felipe Calderón que “por la gravedad de la situación que enfrenta la libertad de expresión y las personas que se dedican al periodismo en el país, resulta urgente que el Estado mexicano adopte una política integral de prevención, protección, y procuración de justicia, con la finalidad de garantizar las condiciones para un debate democrático libre, desinhibido y robusto”.

En el caso Contralínea, la CIDH se dice “preocupada” por las acciones legales de carácter civil contra periodistas, “que podrían tener el propósito de hostigar y silenciar la crítica”. Por ello, recomienda a Calderón “garantizar que las y los periodistas no sean sometidos a acoso judicial u otro tipo de hostigamiento jurídico como represalia por su trabajo, estableciendo estándares diferenciados para evaluar la responsabilidad civil ulterior, incluyendo el estándar de la real malicia y la estricta proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones ulteriores”.

La CIDH refiere que sus recomendaciones están encaminadas a fortalecer la libertad de expresión de todas las y los mexicanos.

“Respetuosamente, la Relatoría insta al Estado mexicano a atender a la brevedad posible estas recomendaciones y se ofrece nuevamente para participar en el mecanismo de seguimiento a las recomendaciones ofrecido por el gobierno al finalizar la visita in loco. La situación apremiante por la que atraviesa la libertad de expresión en México precisa de acciones efectivas e inmediatas como las aquí señaladas.”

El discurso oficial

En febrero, el gobierno mexicano envió a la CIDH su postura respecto del informe. Aseguró que “considerará” las recomendaciones hechas por la Relatoría en cumplimiento de su mandato.

En su comunicación oficial, el gobierno de Calderón reconoce que la atención a los casos documentados por la Relatoría –entre ellos el de Contralínea– representan “los desafíos emergentes para la libertad de expresión en la coyuntura que atraviesa nuestro país, así como en la implementación de mecanismos y estrategias que garanticen el ejercicio pleno de este derecho fundamental en nuestro país”.

Pero omite que desde septiembre de 2009, en su Recomendación 57/2009, la CNDH le hizo diversos extrañamientos para que su administración levantara el veto oficial que desde Los Pinos se ordenó en contra de Contralínea. Tanto él como su gabinete fueron omisos a las consideraciones de la CNDH, que hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace extensivas.

Fuente: Contralínea

Gobernantes y legisladores, impunes en ley electoral

El Congreso de la Unión incurre en falta legislativa. Al resistirse por más de tres años a expedir el reglamento del artículo 134 de la Constitución, diputados y senadores mantienen en la impunidad a los servidores públicos que se promocionan en la televisión y la radio a costa del erari.

Fernando Ortega Pizarro *

Gobernantes, funcionarios e incluso legisladores promocionan su imagen con el presupuesto público de manera impune; para ellos, no existe un catálogo de sanciones. Éste debería incluirse en el reglamento del artículo 134 de la Constitución, que hasta ahora los congresistas no han emitido.

Cuando en noviembre de 2007 se publicó el decreto que adicionaba el artículo 134 constitucional para prohibir la promoción personalizada de los servidores públicos, se estableció que la ley respectiva estaría lista 30 días después. Eso no ocurrió. Por ello, diputados y senadores se encuentran en falta legislativa.

No fue un olvido del legislador, sino un acto premeditado. Así lo reconoció el Instituto Federal Electoral (IFE) en su resolución CG543/2009:

“Fue voluntad del legislador el colocar a las autoridades o los servidores públicos (…) en un ámbito especial dentro del derecho administrativo sancionador electoral, pues respecto de estos entes, el Instituto tiene atribuciones para investigar y analizar si algunas de las conductas desplegadas resultan contrarias a derecho; sin embargo, no previó la posibilidad de que éste, en forma directa, impusiera alguna sanción por tales conductas.”

Diputados y senadores tienen hasta el 4 de julio para cumplir con el mandato constitucional y crear esa legislación. Después de esta fecha, están impedidos por ley a hacer modificaciones a las normas, pues el proceso electoral de 2012 arranca el próximo octubre para elegir al presidente de la República y a los integrantes del Congreso de la Unión. El próximo año, habrá, además, 13 elecciones locales.

De no hacerlo, el modelo electoral se mantendrá vulnerable frente a fenómenos graves, como la injerencia de los poderes públicos en la competencia por el voto, además de provocar un mayor desencanto de los ciudadanos en su democracia.

“El IFE ha resuelto muchos asuntos que se han tornado polémicos por lo difícil que ha sido explicar el porqué no se ha sancionado a los gobernantes y funcionarios infractores; para la opinión pública, eso es impunidad”, asegura el diputado Agustín Castilla Marroquín, representante legislativo del Partido Acción Nacional ante el IFE.

La gama de servidores públicos es muy amplia. Además de los gobernadores, alcaldes, secretarios de Estado, directores de paraestatales y de órganos autónomos y descentralizados, jueces y legisladores, está el presidente de la República, que en los últimos años ha multiplicado el gasto en comunicación social y publicidad de manera excesiva y discrecional.

Según el Presupuesto de Egresos y la Cuenta Pública respectivos, para el ejercicio 2007 se presupuestaron 643 millones de pesos y se ejercieron 1 mil 771 millones; en 2008, pasaron de 998 millones autorizados a 3 mil 461 millones aplicados, y en 2009, de 2 mil 112 millones a 5 mil183 millones de pesos, respectivamente. La recesión no lo ha impedido.

En 2006, último año de la administración de Vicente Fox, se presupuestaron 806 millones y se ejercieron 860 millones; tres años después, en 2009, el gasto en comunicación social y publicidad de la Presidencia de Felipe Calderón aumentó 501 por ciento.

Hasta ahora, los diputados y senadores han sido incapaces de llegar a acuerdos. Al desconfiar entre sí, mantienen el mismo estado de cosas

El priista César Augusto Santiago, presidente de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, asegura, en entrevista, que las propuestas electorales de Felipe Calderón son ocurrencias y éste no tiene voluntad de discutir las iniciativas de los legisladores. Por estas razones, sostiene, “el proceso de dictaminación tiene que ser muy tardado, muy penoso. El presidente de la República no tiene otro objetivo que ver cómo pierde el PRI (Partido Revolucionario Institucional). No busca la salud de la legislación y del sistema electorales”.

Además, el diputado priista no cree necesaria la reglamentación del artículo 134 constitucional. “O seguimos pensando en antivalores, como la desconfianza y la persecución, o hacemos un sistema que esté sustentado en la confianza y en la no persecución de la gente”.


Iniciativas sin discutir

La reglamentación del artículo 134 constitucional es uno de los asuntos más reclamados por el IFE y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque la promoción personalizada es una de las faltas que más comenten los servidores públicos. El tema no se discute en el Congreso, a pesar de que hay iniciativas al respecto.

En diciembre de 2009, el diputado panista Agustín Castilla Marroquín presentó una iniciativa no para reglamentar el artículo 134 constitucional, sino para hacer una adición al artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), con la misma finalidad.

Si bien el legislador, en 2007, contempló oportunamente un cuadro de infracciones en las que pueden incurrir las autoridades o los servidores públicos, omitió el respectivo catálogo de sanciones, comenta en la exposición de motivos.

Las infracciones se centran en faltar al principio de imparcialidad, consagrado en el artículo 134 de la Constitución, cuando se afecta la equidad de la competencia entre los partidos políticos y los aspirantes, precandidatos o candidatos, difundiendo propaganda durante los procesos electorales, en cualquier medio de comunicación social, y utilizando programas sociales y recursos del ámbito federal, estatal, municipal o del Distrito Federal con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato.

El Cofipe establece sanciones específicas para partidos y agrupaciones políticas; aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular; ciudadanos, dirigentes y afiliados a los partidos políticos; cualquier persona física o moral; observadores u organizaciones electorales; concesionarios o permisionarios de radio y televisión, y organizaciones de ciudadanos, sindicales, laborales o patronales. Van de la amonestación pública, multas económicas y reducción del financiamiento, a la cancelación del registro, entre otras.

Pero el Cofipe no toca a los servidores públicos. “Esta laguna jurídica origina que cualquier conducta infractora de la ley comicial simplemente quedará sin correctivo, es decir impune”, señala el documento.

Por tal motivo, el diputado Castilla Marroquín propone en su iniciativa que se penalice al servidor público infractor con amonestación pública, o bien con una multa de hasta 5 mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal: 274 mil pesos.

Leer articulo completo AQUI.

Manantiales de sangre contra la guerra

Desfiladero

Uno de los aspectos menos conocidos, y más peligrosos, del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Nacional, que la clase política discutió en estos días, dentro y fuera del Congreso de la Unión, es el que contempla la creación de un consejo de seguridad nacional, integrado por los secretarios de Defensa, Marina, Seguridad Pública, Gobernación, la PGR y el Cisen –es decir, una junta cívico-militar al estilo sudamericano–, que tendría facultades para ordenar la intervención de las fuerzas armadas en situaciones que a su juicio pudieran poner en peligro la seguridad interior, un privilegio del que también disfrutaría, por su solitaria parte, el titular del Ejecutivo federal cuando le diera la gana.

Los únicos requisitos que tanto la junta como el Ejecutivo estarían obligados a cumplir para que su actuación se considerara legal en este aspecto serían dos: el primero, publicar en el Diario Oficial de la Federación su decisión de enviar tropas al combate en cualquier lugar del país, y el segundo, informar de lo que suceda en el frente de batalla a una comisión formada por senadores y diputados, a más tardar 30 días después del incio de las hostilidades.

Resulta innecesario decir que esta fórmula burocrática para establecer una dictadura constitucional en nuestro país ostenta el sello made in USA. Se trata de un obsequio del gobierno de Hillary Clinton (y de su elegante mayordomo) al régimen espurio de la olinarquía mexicana a través de la Iniciativa Mérida.

Sin embargo, la enjundia y el entusiasmo frenético –y por momentos histérico– que derrocharon los diputados leales a Enrique Peña Nieto para tratar de imponer esta monstruosidad en San Lázaro, dispuestos a pagar por ella cualquier costo político, revela que el gobernador mexiquense trata de convertirse en el hombre clave de Washington en Toluca, y en el candidato de las barras y las estrellas para el año entrante, con pésimos resultados, por fortuna... y por ahora.

Sólo por ahora. Podemos prever, con toda certeza, que en caso de llegar a Los Pinos en 2012, Peña Nieto impulsará nuevamente la aprobación de estas reformas golpistas y dictatoriales, que legalizarían el terrorismo de Estado y convertirían a las fuerzas armadas en policía política.

¿Por qué Peña Nieto apostó su futuro a esta carta? ¿Por qué Humberto Moreira, el dizque líder nacional del PRI, lo respaldó con los ojos cerrados? ¿Por qué Beatriz Paredes tuvo que bajarse al ruedo a pedirles un poco de calma a sus compañeros de partido, preguntándoles a qué obedecían sus prisas, cuando los del PAN, dijo textualmente, ni siquiera se despeinan por esta ley que en teoría les interesa mucho más que se apruebe?

Hay conclusiones evidentes. Hillary Clinton, Carlos Salinas de Gortari y antes que ellos el propio Calderón, saben que en el PAN no hay nadie que pueda competir con éxito en la contienda presidencial de 2012. Como antes, como siempre, necesitan al PRI, para que éste garantice el dominio de la olinarquía nacional y extranjera durante seis años más. En otras palabras, Peña Nieto es ya el candidato de Calderón, y lo seguirá siendo después del próximo 3 de julio si retiene la gubernatura del estado de México. Porque si pierde en su propia cancha ante Alejandro Encinas y las fuerzas que simpatizan con López Obrador, Calderón tendrá que empezar a platicar con Manlio Fabio Beltrones.

Lo cierto, lo inocultable, es que en Estados Unidos y mucho menos acá, quienes mandan y quienes obedecen no pretenden, de ninguna manera, modificar la política económica ni la política social, pero tampoco planean rectificar su supuesta estrategia de guerra –si algún día la tuvieron– contra el narcotráfico.

Todo lo contrario: intentarán mantenerla y profundizarla, para justificar de tal modo la presencia de las fuerzas armadas en las calles, aunque soldados, marinos y policías federales no hayan sido capaces de contener o frenar esta carnicería que ahora nos enseña un rostro nuevo y aun más terrible en las narcofosas que se multiplican por todo el norte del país, pero que pronto, no hay por qué dudarlo, aparecerán también en el sur.

Ahora que Calderón y Peña Nieto han exhibido sus intenciones de preservar esta violencia, cobra mayor importancia la campaña No + sangre, que a partir de hoy va a extenderse e intensificarse, con vistas a la concentración del próximo domingo 8 de mayo en el Zócalo, que recibirá a los caminantes silenciosos de Cuernavaca, a cuyo encuentro acudiremos miles y miles de capitalinos. Ese día, por el bien de todos, debe comenzar una nueva etapa de la lucha contra la guerra estúpida e hipócrita, que sólo estaremos en verdaderas condiciones de terminar cuando la olinarquía que se nutre de ella sea echada del poder.

Carta a los romanos

Mañana, Felipe Calderón Narcofosa asistirá a una reunión de negocios en el Vaticano. Los amigos de México en Roma, aquellos que contemplan con horror el genocidio que nos han condenado a sufrir indefinidamente pero que, nos lo garantizan desde ahora, se prolongará todavía muchos años, podrían manifestar su repudio al principal responsable de esta catástrofe, imitando, por ejemplo, a los ingeniosos y valientes activistas de Cuernavaca que, hace algunos días, tiñeron de rojo las aguas de la fuente de la paloma de paz.

Roma, cari amici, es la ciudad de las fuentes. Y para convertirlas en una metáfora y al mismo tiempo en una denuncia del baño de sangre que nos ahoga, se necesita poner en práctica un procedimiento muy sencillo. Para no envenenar a los pajaritos, a las abejas, a las mariposas, pero tampoco a los perros y gatos sin dueño que calman su sed bebiendo el agua de las fuentes públicas, los de Cuernavaca utilizaron pintura vegetal color rojo grosella, que sirve para decorar pasteles y no contamina.

Imaginen el efecto que lograrían, amigos romanos, al solidarizarse con nuestro desdichado país, si tiñeran la fontana di Trevi, las de Piazza Navona y Piazza di Spagna, y tantas más. A la mejor, si lo hacen y la prensa lo difunde, en otras grandes ciudades de Europa y de América Latina, donde México tiene tantos amigos, otras personas podrían animarse a decorar las fuentes más cercanas a su corazón, por ejemplo, la del bulevar Saint-Michelle, a la salida del metro del mismo nombre en París, o la de Cibeles en el corazón de Madrid, o las de las Ramblas allá en Barcelona, o las de Plaza Cagancha en Montevideo, o la hermosa y siempre concurrida de la placita Serrano en Buenos Aires, por mencionar algunas.

Sería una trágica pero hermosa forma de recordarle al mundo –sobre todo en los países que exportan pobres a Estados Unidos a través del territorio mexicano, donde éstos son víctimas de la policía, los narcos, los traficantes de órganos y de personas, pero también de los policías federales y un largo etcétera– que si bien el agua dulce brota del fondo de la tierra, se mancha de sangre inocente al pasar por las narcofosas, y las fuentes no deben disimular con su belleza hipócrita lo que nos está sucediendo.

Porque es injusto. Porque es inhumano. Y porque no tiene ninguna razón de ser. Si se atreven a teñir sus fuentes, amici di Roma, tengan presente que por cada metro cúbico de agua se requiere un kilo de anilina. Además, la visita de Calderón a Benedicto XVI coincidirá con las fiestas del 1º de mayo. A presto!

El escándalo


La Ley de Seguridad Nacional de Felipe Calderón y los priístas, que intereses espurios insistieron torpemente en hacer aprobar en estos días (junto con una nueva contrarreforma político-electoral y la contrarreforma laboral), generando un enorme escándalo en el país, no puede ser moral o jurídicamente aprobada, pero tampoco políticamente, pues de hacerlo los legisladores convertirían a México en el ridículo del mundo occidental: un Estado policiaco-militar que se pretende moderno.

1. La aberración principal de la iniciativa de modificaciones constitucionales y legales en materia de seguridad que Felipe Calderón envió en 2010 al Congreso está en su pretensión fundamental: busca hacer viable y seudolegal el que las fuerzas armadas asuman en México funciones policiacas (lo que en los hechos ha acontecido en los últimos cuatro años en abierta violación al principio consignado en el artículo 21 constitucional), principio que no se ha establecido en la legislación de ningún país euro-occidental, salvo los casos de la Alemania nazi (1933-1945) y de la España franquista (1939-1976), que es en mucho el modelo del actual gobierno panista y de sus asesores del PP español.

2. La discusión sobre la minuta que envió el Senado a los diputados y los cambios que un reducido grupo de diputados priístas le hicieron es por consiguiente irrelevante pues toda la discusión debe hacerse sobre el tema de fondo, que es gravísimo: los militares y los marinos no pueden cumplir en un Estado moderno funciones de Ministerio Público ni de policías judiciales o ministeriales, ni mucho menos a nivel federal y local. Las modificaciones del diputado priísta Alfonso Navarrete Prida, aclaradas en La Jornada del jueves 28, sólo la hacen más fascista al pretender que la ilegalidad se puede vigilar y compartir, y por ese hecho deja de serlo.

3. La ley por esto mismo no es susceptible de ser mejorada o revisada en las cámaras sino que debe ser desechada en su totalidad: porque constituye una aberración jurídica que hundiría más al país en la inseguridad al darle a las fuerzas castrenses seudolegalmente facultades policiales y de MP, tanto en la supuesta “guerra contra el narco” como en materia política o social. Constituiría un ejercicio inútil el debatir durante semanas cómo hacer pasar ante la ciudadanía la tesis de que es legítimo el que el Ejército o la Marina actúen en un marco que la comunidad internacional estima es ilegal y para cumplir tareas en las que se considera universalmente que su participación constituye una amenaza para los derechos humanos fundamentales.

4. Los militares no pueden cumplir funciones policiacas en los regímenes constitucionales modernos, ni siquiera como excepción, porque su preparación se supone es para defender a su nación de agresiones del exterior y no para investigar los delitos, tarea para la que no tienen la mínima preparación y los conocimientos requeridos y para la que se crean policías especializadas, a lo que se agrega la cuestión de su inercia impulsiva que en el México panista los ha llevado a cometer innumerables crímenes impunes.

5. La militarización del país instaurada por Calderón no ha permitido que las fuerzas armadas mexicanas desarrollen capacidades para realizar tarea alguna de investigación (las que llevan a cabo las agencias estadunidenses), pero sí ha conducido a que decenas de miles de militares y marinos se sumen a las filas del narcotráfico junto con su armamento, que integren ahora los grupos paramilitares organizados tanto por el gobierno federal como por los narcos, y que coadyuven con Washington para reorganizar en su favor el negocio. Y con la nueva ley se daría un impulso a este proceso que no ha hecho otra cosa que fortalecer a los cárteles como organizaciones armadas.

6. La Ley de Seguridad Nacional, con todas sus correcciones y manoseos, en la hipótesis improbable de que fuese aprobada, se convertiría en consecuencia en la mayor aberración jurídica en la historia constitucional de México, junto con la Constitución llamada de las Siete Leyes de 1836, que estableció en su segunda ley el llamado Supremo Poder Conservador, un cuarto poder por encima de los otros tres poderes, que podía decretar la nulidad de los actos de éstos, y que como es de suponerse fue de efímera duración. No ha dejado empero de recordarse en la historia constitucional de México como un ejemplo de las aberraciones a las que conduce el pensamiento fanático de la derecha mexicana, que entonces, como ahora, era un almácigo de militares, miembros de la jerarquía eclesiástica y ricos propietarios. A nadie extraña hoy por lo mismo que diversas organizaciones empresariales estén ciegamente pidiendo la aprobación de esta ley.

7. Las otras aberraciones de la ley derivan del uso discrecional que se pretende dar al Ejecutivo de las fuerzas armadas para luchar contra el narco, pero también contra el descontento social y político, autorizándolo a suspender a su capricho las garantías individuales y a quebrantar el federalismo al hacer entrar a su voluntad a las fuerzas armadas en la entidad federativa de su antojo, creando lo que se está denunciando todosa los días: un Estado policiaco-militar, y esto es absolutamente inadmisible.

8. El mantenimiento del fuero militar en México que se propone, en fin, a pesar de que ha sido cuestionado por múltiples agrupaciones internacionales, propiciaría que en el futuro inmediato marinos y militares actuaran sin temor alguno en materia de derechos humanos, sabiéndose de antemano impunes, por lo que no sería más que la cereza en el pastel del autoritarismo, y por eso es menester que se multipliquen las reflexiones.

9. En este momento de graves definiciones, cuya trascendencia no ha sido advertida por muchos sectores, aunque las decisiones a tomarse comprometan el destino de muchas generaciones, urge una movilización más vigorosa del pueblo mexicano. La situación crítica actual no ha sido creada por las circunstancias sino que la ha forzado el gobierno de la derecha, que no tiene otro argumento para seguirse apropiando de los recursos estratégicos de los mexicanos que el de hacer resurgir las primitivas doctrinas del fascismo y del franquismo, mal encubiertas por los sibilinos discursos de Felipe Calderón, el PAN y sus aliados priístas. Si México ha de prevalecer como una nación independiente y un espacio de libertades ha de ser por la lucha de todos.

10. Es imperioso que el pueblo de México tenga claridad de lo que representa una guerra de objetivos inconfesables y una legislación perversa que tiende a crear un Estado policiaco-militar, y no se frene para decirle a Felipe Calderón, al PAN y a sus aliados priístas que ellos son los verdaderos responsables de los crímenes y que: ¡Ya basta!

Beltrones y Peña Nieto, la puja

Peña Nieto y Beltrones.

Jesusa Cervantes

MÉXICO, DF, 29 de abril (apro).- La pretensión de sacar a toda costa la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, y legalizar con ello las acciones del sector militar en el combate al narcotráfico, puso de relieve las luchas al interior de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) en sus carreras por la candidatura presidencial.

El aspirante más sonado del PRI, el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, recurrió a Francisco Rojas para que operara la reforma a la ley y lograr con ello el respaldo del sector castrense.

El diputado Alfonso Navarrete Prida, que durante meses estuvo al frente de la confección de la reforma y quien trabajó junto con los asesores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), retrasó los trabajos debido a que, con cada modificación propuesta por los militares, intentaba salvar que se mantuviera el respeto a los derechos humanos y se evitara la violación a las garantías individuales.

Después de varios meses, y en forma sorpresiva, el trabajo dejó de tener escollos, se apresuró y concluyó el documento.

Al hacerse público, la molestia entre las organizaciones civiles en defensa de los derechos humanos y el malestar de connotados personajes de la vida pública, como el poeta Javier Sicilia o el padre Alejandro Solalinde, dieron la pauta para que la reforma quedara sepultada.

Y es que una primera lectura de los cambios llevaba irremediablemente a ver cómo se le daba potestad al Ejecutivo para hacer uso de la fuerza castrense, casi al libre albedrío.

Sin embargo, en el camino de la discusión, en la semana que concluyó, Peña Nieto, aspirante a la candidatura presidencial del PRI en el 2012, se evidenció como el principal promotor de los cambios en beneficio de los militares.

Aprobar la reforma de seguridad nacional le daría un punto más de ventaja sobre sus principales contendientes.

Del otro lado, el también priista Manlio Fabio Beltrones, otro de los aspirantes presidenciales, quedaba en desventaja, pues la reforma que había logrado en el Senado de la República, y que incluyó notoriamente propuestas de la izquierda, se mandaba al cesto de la basura.

El documento había sido modificado en su esencia.

Así, peñistas y beltronistas se enfrentaron de cara al 2012. Y fue en la Cámara de Diputados, donde en ocasiones parece prevalecer la influencia peñista, que estalló la bomba.

La estrategia de Beltrones fue la paciencia. Y en un golpe de suerte, ante el rechazo de la ciudadanía al nuevo documento que se atribuyó a Peña Nieto, los beltronistas tomaron ventaja.

El PRI se resquebrajó en San Lázaro cuando varios grupos en defensa de los derechos humanos, hombres respetados por su calidad moral, prestigio social y su largo camino en defensa de los más desprotegidos, arribaron a la Cámara de Diputados e increparon a los legisladores; entonces todo se modificó.

La papa caliente en que se convirtió la reforma fue rechazada por el PRI. Los beltronistas aprovecharon y tanto en la reunión de su consejo consultivo como en la plenaria de la fracción, destacaron los negativos efectos electorales que les daría dicha aprobación.

Los peñistas se plegaron ante la avasalladora oposición a la reforma, en tanto que Alfonso Navarrete Prida, autor da los cambios, enfrentó a los medios, asumió los costos y aclaró que él sólo hizo lo que le pidieron: trabajar en una nueva ley de seguridad.

Navarrete Prida salió indemne, no así Peña Nieto, quien ante los ojos de la ciudadanía figuró como el impulsor de una reforma regresiva para la democracia.

Pero del otro lado también se evidenciaron divisiones. En el PAN, Josefina Vázquez Mota y Santiago Creel midieron fuerzas en su lucha por la candidatura presidencia.

Inicialmente, el gobierno federal respaldaba los cambios, y por ello la coordinadora de los panistas en San Lázaro estaba obligada a operar en favor de Felipe Calderón; de lograrlo, quedaría como una persona astuta que habría alcanzado los consensos entre todos los partidos y, por lo tanto, como puntera en la carrera por la candidatura presidencial panista.

En los corrillos de la Cámara de Diputados se comenta que detrás de Vázquez Mota hay grandes aportaciones de dinero que apuestan por ella, y que tiene los recursos suficientes para mejorar su imagen y avanzar como una gran operadora política.

Del otro lado, Santiago Creel, quien ha pedido su apoyo a empresarios y éstos le han dicho que sí pero no cuándo, se encontraba en desventaja total.

Curiosamente, cuando ya nadie quería la papa caliente en que se había convertido la reforma, el diputado Javier Corral, a quien muchos panistas identifican como cercano a Creel, tomó las riendas de la discusión y se ubicó como el más coherente defensor de la ley, de los derechos humanos y, sobre todo, aliado de quienes demandaron abrir el tema a debate antes de aprobarlo.

Con la pelota en sus manos, pues la minuta del Senado fue enviada en primera instancia a la Comisión de Gobernación que Corral encabeza, éste decidió no dictaminar “a bote pronto”, “por imposiciones de arriba” o “por acuerdos entre algunos priistas y algunos panistas”.

Con su negativa a aprobar el dictamen o el documento elaborado por el priista Navarrete Prida, Corral colocaba a resguardo a la Presidencia, que ya no deseaba cargar con más costos políticos luego de que las organizaciones civiles cobraron relevancia y se manifestaron en contra de la polémica ley.

Sin embargo, Corral también rescató al Ejército, que ya no estaba interesado en la reforma luego de los cambios que sufrió el documento de Navarrete Prida y en el que la Sedena había participado activamente.

Corral evidenció la ausencia de eficacia en la operación política de Josefina Vázquez Mota, sepultó la controvertida reforma y colocó a Santiago Creel un paso delante de la líder de los diputados panistas.

Pero Corral también beneficio, indirectamente, al priista Manlio Fabio Beltrones, quien tenía como única salida congelar la reforma cuando ésta regresara al Senado luego de lo que parecía inevitable: que aprobaran y rehicieran su propuesta inicial.

Además, al mantenerse en su posición Corral y lograr frenar el proceso de aprobación, Francisco Rojas --uno de los más interesados en que se aprobara el documento trabajado con la Sedena— hizo quedar mal al grupo peñista.

Fracasada la intentona de Peña Nieto por darle todo a las Fuerzas Armadas, retrocedió unos pasos en su carrera por la Presidencia y pareciera que Beltrones Rivera avanzó en sus aspiraciones rumbo al 2012.

Visto de otra manera, se podría decir que al no aprobarse la ley, uno y otro connotados priistas quedaron “parejos”.

Una certeza sobre los efectos que pudo tener entre los militantes de uno y otro partido sobre lo ocurrido esta semana en San Lázaro, pues no se puede tener. Lo único verdadero es que en este afán por impulsar la reforma, los aspirantes presidenciales pudieron medir sus fuerzas.

Dato: La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aseguró que el 17 de mayo “evaluará” la posibilidad de dictaminar la reforma en un periodo extra; sin embargo, ello difícilmente ocurrirá, pues las campañas electorales en el Estado de México inician el 15 de mayo y seguramente a Eruviel Ávila, el priista que podría suceder a Peña Nieto, no le gustará que el PRD aproveche esta situación para recriminarle en cada acto político que el priismo apoya un Estado militar.

Adolescencia truncada: asesinatos y maternidad anticipada

El hallazgo de dos mujeres en Ciudad Juárez.

Sara Lovera

MÉXICO, D.F., 28 de abril (apro).- Entre el viernes y sábado de la santa semana se supo que nueve mujeres fueron asesinadas en cuatro entidades del país, dos de ellas de 14 y 16 años, cinco más trabajadoras de la estética Ludwika en Acapulco e identificadas con nombre y apellido. En Nayarit una madre y su hija. Una fue hallada en Ciudad Juárez y otra en la ciudad de México.

Por las crónicas de los periodistas sabemos que los asesinatos fueron en extremo violentos. Los reportes son de evidente feminicidio, y la crueldad es inenarrable. Cinco fueron degolladas y una desmembrada; las balas mataron a la madre e hija, ahora sin nombres.

Casi de inmediato, por los asesinatos en Acapulco, surgieron voces de nueva alerta. Lo grave es que a esta noticia se suman reportes preocupantes, que describen la sordidez en que viven las jóvenes y los jóvenes de este país: cerca de 33 millones de menores de 15 años.

Entre las asesinadas se encuentran dos jovencitas, casi niñas. Según declaraciones de Nashely Ramírez, de la organización Kiriki Intervención Social, ocho mil niñas de zonas urbanas, de entre 12 y 14 años de edad, fueron madres en el último año. Como signo, dijo, de un proceso de discriminación, exclusión y pobreza en que las niñas y los niños viven en México. Ahora expuestas a ejecuciones.

Abundantes fueron las informaciones declarativas sobre la condición de la población menor de 20 años. De este modo se sabe que el 12.4% de las jóvenes de 15 a 19 años ya han sido madres (unas 700 mil), y se las compara con la versión "ninis" en femenino, porque si antes del embarazo estudiaban, después del parto seguramente no, según Nashely Ramírez.

También los diarios informaron que la detención de adolescentes implicados en el crimen organizado creció 70% de 2007 a 2010. Y que en las universidades ya se enfrenta con preocupación la incursión de los narcotraficantes.

La conmoción que estas informaciones produce es tal que una puede quedarse sin aliento porque a cambio hay solamente declaraciones, mientras no se hace nada por reorientar la política anticrimen, ni existe la voluntad política para modificar el sistema educativo nacional, nadie pide cuentas porque las autoridades están conscientes que para las adolescentes existe un déficit de anticonceptivos de 20 por ciento; tampoco nadie pide cuentas a las autoridades federales de salud.

Las informaciones debieran servir para algo. Relevar a ocho columnas que se asesinó una mujer en el Distrito Federal, que se la halló en varias bolsas de plástico desmembrada e incluir los otros ocho crímenes en el reporte policíaco de todo lo sucedido el fin de semana, como nos han acostumbrado a mirar un asesinato tras otro y muchos más, levanta por lo menos varias preguntas:

¿Quién se hace cargo de tamaña realidad? ¿Quién puede explicar porque no reaccionan los dirigentes de los partidos políticos? ¿Por qué se tardan tanto en aplicar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia? ¿Por qué el director del diario Milenio, Carlos Marín, se burla de la lucha por la igualdad, al analizar un texto de lenguaje no sexista? ¿En manos de quién estamos? ¿Es una selva espesa, dura, patriarcal, violenta, donde solamente los intereses económicos, electorales y empresariales interesan?

Los asesinatos de las trabajadoras de la estética en Acapulco: Luvia Vázquez de 30 años, Elena Baños de 19, Jacqueline de la Rosa de 14, Rubí Celia García de 39, a quien le dejaron un cartel llamándola bruja y egoísta, ¿serán resueltos? El procurador de Guerrero, Alberto López Rosas, habló de cómo un hombre se introdujo en la estética ¿Irá por él? ¿No habrá impunidad? Lo dudo.

Paralelamente, como si no fuera suficiente, encontré en las noticias que el responsable de la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa, llegó a la conclusión de que al menos hay 60 mil huérfanos de esta larga y tremenda política "por la seguridad de nuestros hijos" y contra los narcos.

¿Cuántas viudas están detrás de las más de 35 mil ejecuciones de este sexenio que empieza a ser pesado y doliente, no por plañideras crónicas de desesperación sino por lo que urge saber ¿cómo viven y vivirán estas mujeres? Estas que se quedan con sus hijos, con sus vidas, con sus necesidades y nadie atina a identificar y ver, atender, buscar, más allá del llanto y la conmiseración. ¿Qué hacen las diputadas y las mujeres con recursos para ser líderes?

El reporte sobre la situación de la juventud, en Semana Santa, es un recurso mediático por la cercanía del día de compras por celebrar a la niñez que se cumple cada 30 de abril, no está mal.

Sin embargo, esta llamada de atención que vuelve a poner sobre el tapete la insuficiencia en el aprendizaje, la existencia de cerca de un millón de niñas y niños en riesgo nutricional o el 83.5% de adolescentes de 17 años que no tienen computadora en su casa y vivirán la brecha del conocimiento, mientras que hay quien cree que todos la juventud de este país está "perdiendo el tiempo" en las redes sociales y lo cierto es que están marginados.

En todo caso habría que festejar que no hay muerte materna el Distrito Federal desde que hace cuatro años, donde el aborto es un recurso legal para quienes tienen claro que no desean tener un hijo, pero es una tragedia la muerte de dos adolescentes en 24 horas a manos de la crueldad y es una tragedia que un millón de jovencitas se hagan madres sin haberse hecho adultas, educadas, libres y vertiginosas.

Es una tragedia tremenda que haya tantos huérfanos por una política equivocada y tantas viudas anónimas que deben andar deambulando en busca de recursos para enfrentar la vida, tanto espiritual como material, porque la viudez es un estado crítico porque hay que reorganizar toda la vida, digo, porque en esta sociedad aún se piensa que una mujer debe depender de un hombre siempre. ¿Quién las cuida, y las ama ahora?

Comentarios: saralovera@yahoo.com.mx

Lujambio y las telenovelas

MÉXICO, D.F., 27 de abril.- El secretario Lujambio abrió la caja de Pandora, una de las muchas que deberían abrirse en México cada sexenio, con una pregunta aparentemente sencilla: ¿podría la telenovela ayudar a la labor de la Secretaría de Educación Pública? ¿Inocencia de político inexperto panista o jugada maestra de sagaz precandidato? Como sea, la respuesta señor ministro es: Sí.

Desde el año de 1974, en el Instituto Mexicano de Estudios de la Comunicación fundado por mí, desarrollé una metodología llamada “Entretenimiento Educativo” que se define como: toda telenovela que logre un bien social comprobado sin bajar el rating ni el share ni las ventas.

Lo fundamental de esta metodología y lo que le ha dado un prestigio mundial es el hecho de haberla podido comprobar plenamente y, con ello, liberarla del desorientador opinionismo sin fundamento, que, por desgracia, es tomado como una verdad contundente en nuestro país.

En 1974 con la telenovela Ven conmigo, diseñada conforme a mi metodología y escrita por Celia Alcántara y Miguel Sabido, logró que se inscribieran en el Plan Nacional de Educación para Adultos 536 mil personas. El dato fue plenamente certificado por la propia SEP y por el entonces subsecretario, don Roger Díaz de Cosío que, por fortuna, es un testigo vivo de ese logro.

A Ven conmigo le siguieron las telenovelas Acompáñame, Caminemos y Vamos juntos diseñadas para promover el valor Planeación de vida familiar, transmitidas en horarios comerciales por el canal 2 de Televisa, y que, según el experto en comunicación David Poindexter y la organización filial de la ONU, Population Communication-International PCI, fueron el factor determinante para la espectacular baja de la tasa de explosión demográfica en México de 3.7 al 2.4 en un periodo de cinco años.

Este esfuerzo conocido como el milagro demográfico mexicano, llevó a que la primer ministro de la India, Indira Gandhi, me pidiera asesorar la producción de dos telenovelas dedicadas a la planeación de vida, llamadas Hum Log (Acompáñame) y Hum raavi (Vamos juntos). El éxito de esas dos telenovelas fue tal que se convirtieron en una noticia mundial, acreedoras de primeras planas en el NY Times y la revista Time. Todo esto puede ser comprobado de una manera facilísima: en su buscador de internet simplemente con poner Miguel Sabido Entertainment-Education encontrará usted cien mil conexiones sobre el tema.

Mi metodología en la actualidad es tema de posgrado en maestrías y doctorados en varios universidades del mundo, entre ellas la más prestigiada en comunicación, Annenberg de la Universidad del Sur de California. Ha sido aplicada además de México y la India, en Tanzania, Filipinas, Etiopía, China entre otras naciones.

Por más de 20 años diferentes instituciones, tanto privadas como gubernamentales, en 22 países me han invitado a dar cursos y talleres, donde invariablemente siempre surgen en forma inmediata dos preguntas que son: 1) ¿Por qué el canal 2 comercial produjo y pagó la investigación de estas telenovelas? 2) ¿Por qué se dejaron de hacer y de investigar en el tema? ¿Por qué se hicieron? Lo describo prolijamente en el libro El tono, publicado por la UNAM en 2002, y la compleja historia incluye personajes tan importantes como el presidente Echeverría, Porfirio Muñoz Ledo, Emilio Azcárraga Milmo y Miguel Alemán Velasco, lo que será objeto de otro artículo en esta serie para Proceso.

¿Por qué dejaron de hacerse conforme a mi metodología? Me resulta a mí tan sorprendente y misterioso como a aquellos estudiosos que en Berlín, Nueva York, Los Ángeles, Ámsterdam, Beijing y Manila me lo preguntan. Yo me pregunto: ¿por qué si estas telenovelas no bajaron ni el rating ni el share ni las ventas, y si produjeron un beneficio social comprobado dejaron de producirse?

¿Por qué México, siendo el país pionero que probó que la telenovela puede ser un excepcional instrumento para combatir la pobreza extrema, la explosión demográfica, alentar la educación de adultos, etcétera, ya no sigue ejerciendo esta metodología?

¿Por qué si se tiene el procedimiento comprobado a los más altos niveles académicos, no se emplea para ayudar a resolver los grandes problemas de México?

¿Por qué si en nuestro país está comprobado que el tejido social se ha debilitado debido a la exaltación de la figura de los narcos promovida por la cultura del narcocorrido y los narcogrupos en grandes bailes masivos, por la payola en las estaciones de radio, en las televisoras y las revistas del género, no se fortifica con esta metodología comprobada?

Es urgente trazar un plan de comunicación en el que intervinieran la SEP, el Conaculta, el Consejo de la Comunicación y por supuesto los concesionarios de los medios electrónicos, en especial de televisión, y más en especial aquellos que producen telenovelas, para fortalecer nuestro tejido social.

Lo único que puedo contestar es que en el año 2000 yo, estando aún en Televisa, le presenté al señor Emilio Azcárraga Jean tres proyectos:

1) Una nueva versión de Ven conmigo para apoyar la educación de adultos. 2) Una nueva telenovela para combatir la pobreza. 3) Una serie de 52 capítulos de una hora que relatara la generación de esta metodología, que se inicia con el Primer Encuentro Mundial de Comunicación en 1974 hasta Los hijos de nadie en 1996.

El señor Azcárraga Jean muy amablemente los rechazó, motivo por el cual yo le pedí mi separación de la empresa en la que había trabajado 40 años y que me había permitido redactar las telenovelas históricas La tormenta, La Constitución, Los caudillos y Senda de gloria y diseñar El Carruaje; diseñar y producir los Encuentros Mundiales de Comunicación; diseñar y producir el Canal Cultural 9.

Así, salí de Televisa por decisión propia porque la televisión que me interesa hacer es aquella que comprobadamente sirva a la sociedad.

Al salir de Televisa, me entrevisté con el entonces director de la Fundación Azteca. Lo invité a comer para proponerle la producción de una telenovela dedicada a combatir la pobreza en el canal 13. Me escuchó atentamente y me prometió que lo plantearía inmediatamente al señor Raúl Salinas. Nunca volví a saber de él y las múltiples llamadas que hice a su oficina, jamás fueron contestadas.

Pero reitero lo que constantemente he dicho en los últimos años: cualquier casa productora de telenovelas que quiera que yo diseñe, escriba, produzca y evalúe una telenovela dedicada a la educación de adultos, la explosión demográfica, la igualdad de género, el combate a la pobreza, el refuerzo del tejido social, estaré dispuesto a hacerlo, sea en Televisa, en TV Azteca, en Argos o cualquier nuevo concesionario, como lo he hecho en la India y Etiopía.

Por fortuna, el entretenimiento con un beneficio social (conocido mundialmente como Entertainment-Education –EE) ha llamado la atención de las más altas autoridades mundiales, como la ONU y el Banco Mundial. En este momento se está implementando un hermoso proyecto de radio novela en Oaxaca destinado a enfrentar el problema de las “cajas de ahorro” del Estado. Estamos involucrados en él profesionales de la comunicación y el Banco Mundial observa este experimento para llevar adelante un ejercicio global del entretenimiento con un beneficio social.

El actual gobierno de Oaxaca –menos miope que los gobiernos de otros estados– ya ha acogido con serenidad y agudeza política el proyecto. Y no olvidemos que el de Cué es el primer gobierno de Convergencia. Ha dado un paso gigantesco al respecto del PRI, y no digamos del PAN, al advertir que los medios de comunicación masivos, multitudinarios, deben ser el punto de reunión de esfuerzos de gobiernos, iniciativa privada y universidades.

El presidente Calderón me entregó hace unos meses el Premio Nacional de Comunicación. Curiosamente en su improvisado discurso de entrega dijo: “No sabía yo de la trayectoria profesional de Miguel Sabido”. Quizás yo he tenido la culpa por no haber revalidado a mi salida de Televisa los esfuerzos en la búsqueda de un “uso social de la televisión comercial” que me permitió realizar el señor Emilio Azcárraga Milmo y, lo más importante, haber pagado por las investigaciones realizadas por impecables investigadores, como la doctora Ana Cristina Covarrubias y el doctor Rubén Jara. Pero las cien mil entradas de Google, la decisión del Banco Mundial de apoyar globalmente mi metodología, el aval de grandes universidades del mundo entero y el apoyo de Convergencia del Gobierno de Oaxaca me llevan a aclarar posiciones.

Ahora bien, las preguntas que salen atropelladamente de la caja de Pandora abierta por el licenciado Lujambio no paran aquí. Es el fin de los tiempos: el sexenio expira y todos nos preguntamos: ¿por qué si en otros países se hacen juicio acerca del desempeño de los funcionarios públicos, en México sólo nos limitamos a esperar que el siguiente no cometa los mismos errores y abusos. Por ejemplo:

¿Qué, el ex presidente Fox no debería haber sido sometido a un severísimo juicio político por haberle condonado a los canales de aire el impuesto del 12.5%? ¿Nos damos cuenta del brutal costo social que tuvo para México una decisión tan infortunada? Para empezar, ahora el IFE tiene que pagar cientos y cientos de millones por que pasen los anuncios de los partidos políticos. El sin sentido es flagrante. Fox cercenó la voz del gobierno para poder comunicarse fluidamente con su pueblo. ¿Por qué´?

¿Por qué nadie señaló la infinita petulancia del secretario de Comunicaciones del sexenio pasado, arquitecto Pedro Cerisola, quien afirmó al principio del sexenio que iba a sanear el “triángulo vicioso” que existía entre gobierno, concesionarios de televisión y audiencia, y que, por supuesto, no solamente no saneó, sino que lo corrompió más de lo que parecía posible?

Las preguntas de la caja de Pandora
sobre las comunicaciones en México brotan atropelladamente.

La inocente (aparentemente) pregunta de Lujambio ha sido contestada. Sí, licenciado, una magnífica alternativa para el problema de la educación en México es la aplicación del Entretenimiento Educativo con un beneficio social comprobado. Pero no solamente para ese problema, licenciado. Para muchísimos más. Queda pues sin contestar la pregunta ¿Por qué?

Gracias por haber abierto la caja de Pandora.