Imponen el colonialismo, afirma el presidente Evo Morales
Reuters y Dpa
La Paz, 6 de junio. El presidente boliviano, Evo Morales, anticipó hoy, durante la celebración del Día del Maestro, la pronta salida de la editorial española Santillana, que se dedica a la impresión de textos escolares en Bolivia, así como de otros países de América Latina, porque considera que impone una formación colonialista.
En un acto en el Palacio Quemado, Morales homenajeó a los docentes y promulgó tres decretos, uno de los cuales incentiva a los profesores a que escriban textos escolares, otro crea la Universidad Pedagógica Mariscal Sucre y el último promueve la carrera magisterial.
Ustedes saben cómo estaban siendo impuestas normas bajo un Estado colonial, normas que venían desde afuera. Nuestro ministro de Educación me informaba esta mañana sobre editorial Santillana, una forma de imposición colonial para la formación de nuestros estudiantes, señaló.
Santillana pertenece al principal grupo multimedia español, Prisa, que entre sus publicaciones más destacadas tiene el diario El País y 400 emisoras de radio en España y Latinoamérica.
Es decir el brazo armado de la ultraderecha española.
En Bolivia está presente desde hace una década con libros de texto para prescolar, primaria y secundaria. Publica además los diarios La Razón y Extra, y recientemente transfirió sus acciones de la red de televisión ATB.
El magisterio que está al lado del niño, del joven, debe convertirse en el verdadero instrumento de liberación nacional, para educar y orientar ideológica y culturalmente como la única forma de cómo combatir al colonialismo interno, remarcó Morales, citado por la Agencia Boliviana de Información.
domingo, junio 07, 2009
Ahora a privatizar las cárceles
Con tanta delincuencia y tanto preso político son sin duda un buen negocio. Crea delincuencia con pobreza y falta de educación y trabajo y luego construye cárceles parece ser la fórmula de las oligarquías y los gobiernos.
Administradores de Abu Ghraib buscan invertir en reclusorios mexicanos: PRD
Roberto Garduño
El anuncio del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, sobre la participación de la iniciativa privada en la construcción de 12 penales en el país, ya tiene destinatarios, porque favorecería a la firma Wackenhut, propiedad de Richard Cheney, ex vicepresidente de Estados Unidos, y al grupo financiero Interacciones, en manos de la familia Hank González, afirmó el diputado Alfonso Suárez del Real.
El legislador perredista documentó la pretensión gubernamental de entregar la construcción y administración de las cárceles a manos privadas. El esquema invoca las experiencias en Chile y en Estados Unidos en la materia.
Cheney, a través de Halliburton y su empresa Wackenhut, es el propietario del mayor número de las cárceles privadas del sur de Texas. Lo más grave es que estas compañías ya están en México, y están ofreciendo empleo en el país para jefe de turno bilingüe, recepcionistas, auxiliar de compras, gerente de seguridad, encargado de capacitación. Pero, curiosamente, estas solicitudes se dieron al día siguiente del anuncio de García Luna, refirió.
Desde el sexenio de Vicente Fox, en abril de 2006, Grupo Financiero Interacciones –que encabeza el nieto de Carlos Hank González del mismo nombre– dio a conocer públicamente su interés de invertir 600 millones de dólares en la construcción de cárceles.
Interacciones aportaría el capital, construiría el edificio y operaría los centros de readaptación, bajo el esquema de los PPS (proyectos de prestación de servicios).
En Estados Unidos estos proyectos en materia de penales se inspiraron en los PPS de hospitales. Así, los reclusorios privados del país vecino están organizados en ese mismo esquema, dijo.
En el esquema chileno, el criterio ha sido siempre la transparencia. La sociedad chilena sabe quién invirtió, quién construyó y cuánto cuesta al erario cada preso, y la seguridad queda a cargo del Estado, a manos de los carabineros.
Resquicios legales
La cuestión de cómo constitucionalmente se puede dar esta situación es grave y dramática, refiere Suárez del Real. La reforma al artículo 18 de la Carta Magna en 2008 liberó de responsabilidad al gobierno en materia penitenciaria y se abrió una fisura por donde podrán participar los particulares.
Deja de ser una facultad de Estado para, a través de la indefinición, privatizar las cárceles. El artículo 18 de la Constitución manifiesta que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, el deporte y la salud, y ya no precisa, como antes, que el sistema penitenciario estará bajo la tutela del Estado.
En el artículo 28 también se confirma que el Estado, sujetándose a las leyes, podrá, en caso de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación de ellos, y no se habla de la tutela de los reos.
No obstante, en el artículo 132 se refiere a los fuertes, cuarteles, almacenes de depósito y demás bienes destinados por el gobierno de la Unión al servicio público o al uso común, que estarán sujetos la jurisdicción del poder federal.
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala en el artículo 30 bis, fracción XXIII, que es obligación del Estado ejecutar las penas por delitos del orden federal y administrar el sistema penitenciario del país, así como organizar y dirigir las actividades de apoyo a liberados.
“Aquí queda demostrado que lanzan sus proyectos y programas y no revisan todo. Aquí ya estarían en un problema legal. Pero la orden ya está girada, y este proyecto viene desde el ‘gobierno del cambio’, cuando Interacciones dice que está dispuesto a invertir 600 millones de dólares en la construcción de cárceles. Lo gravísimo del asunto es que esto tiene nombre y apellido: es evidente que esta decisión de Felipe Calderón, según García Luna, va con dedicatoria al grupo Interacciones y a las empresas estadunidenses encabezadas por Cheney.
Y estamos hablando que estas empresas estadunidenses son las que mantienen y administran los espacios carcelarios de Guantánamo, Abu Ghraib y el sistema de penales de Estados Unidos.
Es decir, nos van a construir nuestro Guantánamo y nuestro Abru Ghraib.
–¿Cómo habrá de trasparentar el gobierno el proceso de privatización de los penales?
–Parto de un hecho: nosotros como izquierda estamos en contra de que estos procesos de reclusión se concesionen y los reos sean considerados una mercancía, y si bien estamos conscientes de que el culpable debe purgar su pena, aquí estamos en contra de que el Estado claudique en su obligación de reinsertar a quien haya violado la ley. Se busca no la sanción, sino la reinserción. ¡Esto definitivamente sería la claudicación del gobierno del PAN a hacerse cargo de una responsabilidad legal y moral en el proceso de reinserción del delincuente! Ya tiene destinatarios el anuncio de construcción de cárceles por la IP, acusa diputado
Administradores de Abu Ghraib buscan invertir en reclusorios mexicanos: PRD
Roberto Garduño
El anuncio del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, sobre la participación de la iniciativa privada en la construcción de 12 penales en el país, ya tiene destinatarios, porque favorecería a la firma Wackenhut, propiedad de Richard Cheney, ex vicepresidente de Estados Unidos, y al grupo financiero Interacciones, en manos de la familia Hank González, afirmó el diputado Alfonso Suárez del Real.
El legislador perredista documentó la pretensión gubernamental de entregar la construcción y administración de las cárceles a manos privadas. El esquema invoca las experiencias en Chile y en Estados Unidos en la materia.
Cheney, a través de Halliburton y su empresa Wackenhut, es el propietario del mayor número de las cárceles privadas del sur de Texas. Lo más grave es que estas compañías ya están en México, y están ofreciendo empleo en el país para jefe de turno bilingüe, recepcionistas, auxiliar de compras, gerente de seguridad, encargado de capacitación. Pero, curiosamente, estas solicitudes se dieron al día siguiente del anuncio de García Luna, refirió.
Desde el sexenio de Vicente Fox, en abril de 2006, Grupo Financiero Interacciones –que encabeza el nieto de Carlos Hank González del mismo nombre– dio a conocer públicamente su interés de invertir 600 millones de dólares en la construcción de cárceles.
Interacciones aportaría el capital, construiría el edificio y operaría los centros de readaptación, bajo el esquema de los PPS (proyectos de prestación de servicios).
En Estados Unidos estos proyectos en materia de penales se inspiraron en los PPS de hospitales. Así, los reclusorios privados del país vecino están organizados en ese mismo esquema, dijo.
En el esquema chileno, el criterio ha sido siempre la transparencia. La sociedad chilena sabe quién invirtió, quién construyó y cuánto cuesta al erario cada preso, y la seguridad queda a cargo del Estado, a manos de los carabineros.
Resquicios legales
La cuestión de cómo constitucionalmente se puede dar esta situación es grave y dramática, refiere Suárez del Real. La reforma al artículo 18 de la Carta Magna en 2008 liberó de responsabilidad al gobierno en materia penitenciaria y se abrió una fisura por donde podrán participar los particulares.
Deja de ser una facultad de Estado para, a través de la indefinición, privatizar las cárceles. El artículo 18 de la Constitución manifiesta que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, el deporte y la salud, y ya no precisa, como antes, que el sistema penitenciario estará bajo la tutela del Estado.
En el artículo 28 también se confirma que el Estado, sujetándose a las leyes, podrá, en caso de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación de ellos, y no se habla de la tutela de los reos.
No obstante, en el artículo 132 se refiere a los fuertes, cuarteles, almacenes de depósito y demás bienes destinados por el gobierno de la Unión al servicio público o al uso común, que estarán sujetos la jurisdicción del poder federal.
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala en el artículo 30 bis, fracción XXIII, que es obligación del Estado ejecutar las penas por delitos del orden federal y administrar el sistema penitenciario del país, así como organizar y dirigir las actividades de apoyo a liberados.
“Aquí queda demostrado que lanzan sus proyectos y programas y no revisan todo. Aquí ya estarían en un problema legal. Pero la orden ya está girada, y este proyecto viene desde el ‘gobierno del cambio’, cuando Interacciones dice que está dispuesto a invertir 600 millones de dólares en la construcción de cárceles. Lo gravísimo del asunto es que esto tiene nombre y apellido: es evidente que esta decisión de Felipe Calderón, según García Luna, va con dedicatoria al grupo Interacciones y a las empresas estadunidenses encabezadas por Cheney.
Y estamos hablando que estas empresas estadunidenses son las que mantienen y administran los espacios carcelarios de Guantánamo, Abu Ghraib y el sistema de penales de Estados Unidos.
Es decir, nos van a construir nuestro Guantánamo y nuestro Abru Ghraib.
–¿Cómo habrá de trasparentar el gobierno el proceso de privatización de los penales?
–Parto de un hecho: nosotros como izquierda estamos en contra de que estos procesos de reclusión se concesionen y los reos sean considerados una mercancía, y si bien estamos conscientes de que el culpable debe purgar su pena, aquí estamos en contra de que el Estado claudique en su obligación de reinsertar a quien haya violado la ley. Se busca no la sanción, sino la reinserción. ¡Esto definitivamente sería la claudicación del gobierno del PAN a hacerse cargo de una responsabilidad legal y moral en el proceso de reinserción del delincuente! Ya tiene destinatarios el anuncio de construcción de cárceles por la IP, acusa diputado
Devuelven a grandes empresarios $133 mil millones por impuestos
Subejercicio superior a $60 mil millones en 2007 afectó 5 rubros
Roberto Garduño
Al desvío de 120 mil millones de pesos del gasto público a fideicomisos –de los cuales se ignora su destino– durante el primer año de gobierno de Felipe Calderón se suma el subejercicio de 60 mil 723 millones de pesos, que afectó los rubros de educación, energía, agricultura, ganadería y comunicaciones y transportes.
La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, en el análisis al informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2007, dan cuenta del favoritismo de la administración calderonista por los grandes empresarios, a quienes dio 133 mil 217 millones de pesos por devolución de impuestos.
El documento, entregado al auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, revela anomalías, pues se identificaron desvíos estratégicos significativos en el ejercicio del gasto público. Un caso se localiza en el ramo 23, denominado Provisiones salariales y económicas, en el cual Hacienda incrementó los recursos 10.4 por ciento, es decir, se engrosó el gasto para el pago de nómina a una franja sustantiva de altos burócratas conocidos como neopanistas.
El documento –del cual se tiene copia– refiere que en 2007 el gobierno calderonista obtuvo ingresos excedentes por 247 mil 372 millones de pesos. No obstante, la dinámica macroeconómica de México mostró una desaceleración importante, ya que en el año mencionado el producto interno bruto (PIB) apenas creció 3.3 por ciento en comparación con el 4.8 por ciento del último año de gobierno de Vicente Fox.
Al momento de erogar recursos –autorizados por el Congreso en el Presupuesto de Egresos– para asuntos trascendentales, como infraestructura, restructuración de pensiones, atención de desastres naturales, proyectos metropolitanos de impacto ambiental y estabilización de ingresos de las entidades federativas, entre otros, el gobierno panista incurrió en graves faltas. Una es la siguiente:
En este grupo de auditorías llama la atención el resultado de la revisión al Fondo de inversión de infraestructura (Finfra), que no obstante contar con 27 mil 541 millones de pesos para apoyar proyectos y estudios de infraestructura, sólo aplicó a esos fines 4 mil 428 millones, que representaron 16.1 por ciento del total. Ese grave subejercicio se dio no obstante que en la cartera de proyectos hay 26 no atendidos y fueron autorizados entre 2003 y 2007.
Los resultados para 2007 en materia de recaudación no son alentadores, refiere el análisis. La Auditoría Superior de la Federación detectó la disminución de los llamados grandes contribuyentes en 9.8 por ciento respecto de 2006.
Así, la recaudación secundaria de los grandes contribuyentes fue menor en 9 por ciento. Esto se explica porque la devolución de impuestos a los empresarios alcanzó 133 mil 217 millones de pesos, establece el texto.
El mayor impacto económico por concepto de devoluciones se dio en el impuesto al valor agregado (IVA ), por 114 mil 145 millones. Esto representa 85.7 por ciento del total de devoluciones.
“Los regímenes especiales, particularmente los relacionados con tributación indirecta –tomando como ejemplo el IVA–, han significado una merma en la capacidad recaudatoria. La ASF, en su informe de revisión, constató que el importe por ese concepto fue de 114 mil 145 millones de pesos en el rubro de devoluciones autorizadas. No obstante, la alternativa de simplificación tributaria en rubros especiales del IVA, como alimentos y bebidas, es de difícil aplicación por el fuerte impacto negativo que ocasionaría a sectores de bajos ingresos”.
La Comisión de Vigilancia y la Unidad de Evaluación descubrieron un golpe más a los recursos públicos en 2007. En el rescate bancario y liquidación de bancos el costo pagado por el gobierno federal pasó de 470 mil millones de pesos en 2004 a 766 mil 200 millones en 2007.
Así, de 2004 a 2007 el costo fiscal pagado se incrementó anualmente en casi 100 mil millones de pesos, representando esta alza 1.69 por ciento del PIB.
Al revisar el manejo del fondo petrolero (Feip) se encontró una perla más. La hacienda pública recibió 55 mil 513 millones de pesos en 2007, que fueron traspasados a distintos fondos.
La ASF confirmó la discrecionalidad de Hacienda en el manejo del Feip, así como la opacidad que lo rodea (al manejarse de manera agregada en sólo dos subcuentas), que impide una adecuada fiscalización. Ésta se observó en el manejo de montos aplicados a la contratación de coberturas de pecios de petróleo, que se realizaron sin transparencia, pagando Hacienda, por prima, 7 mil 105 millones de pesos. En su análisis, la ASF concluyó que estas operaciones no fueron las más adecuadas.
Roberto Garduño
Al desvío de 120 mil millones de pesos del gasto público a fideicomisos –de los cuales se ignora su destino– durante el primer año de gobierno de Felipe Calderón se suma el subejercicio de 60 mil 723 millones de pesos, que afectó los rubros de educación, energía, agricultura, ganadería y comunicaciones y transportes.
La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, en el análisis al informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2007, dan cuenta del favoritismo de la administración calderonista por los grandes empresarios, a quienes dio 133 mil 217 millones de pesos por devolución de impuestos.
El documento, entregado al auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, revela anomalías, pues se identificaron desvíos estratégicos significativos en el ejercicio del gasto público. Un caso se localiza en el ramo 23, denominado Provisiones salariales y económicas, en el cual Hacienda incrementó los recursos 10.4 por ciento, es decir, se engrosó el gasto para el pago de nómina a una franja sustantiva de altos burócratas conocidos como neopanistas.
El documento –del cual se tiene copia– refiere que en 2007 el gobierno calderonista obtuvo ingresos excedentes por 247 mil 372 millones de pesos. No obstante, la dinámica macroeconómica de México mostró una desaceleración importante, ya que en el año mencionado el producto interno bruto (PIB) apenas creció 3.3 por ciento en comparación con el 4.8 por ciento del último año de gobierno de Vicente Fox.
Al momento de erogar recursos –autorizados por el Congreso en el Presupuesto de Egresos– para asuntos trascendentales, como infraestructura, restructuración de pensiones, atención de desastres naturales, proyectos metropolitanos de impacto ambiental y estabilización de ingresos de las entidades federativas, entre otros, el gobierno panista incurrió en graves faltas. Una es la siguiente:
En este grupo de auditorías llama la atención el resultado de la revisión al Fondo de inversión de infraestructura (Finfra), que no obstante contar con 27 mil 541 millones de pesos para apoyar proyectos y estudios de infraestructura, sólo aplicó a esos fines 4 mil 428 millones, que representaron 16.1 por ciento del total. Ese grave subejercicio se dio no obstante que en la cartera de proyectos hay 26 no atendidos y fueron autorizados entre 2003 y 2007.
Los resultados para 2007 en materia de recaudación no son alentadores, refiere el análisis. La Auditoría Superior de la Federación detectó la disminución de los llamados grandes contribuyentes en 9.8 por ciento respecto de 2006.
Así, la recaudación secundaria de los grandes contribuyentes fue menor en 9 por ciento. Esto se explica porque la devolución de impuestos a los empresarios alcanzó 133 mil 217 millones de pesos, establece el texto.
El mayor impacto económico por concepto de devoluciones se dio en el impuesto al valor agregado (IVA ), por 114 mil 145 millones. Esto representa 85.7 por ciento del total de devoluciones.
“Los regímenes especiales, particularmente los relacionados con tributación indirecta –tomando como ejemplo el IVA–, han significado una merma en la capacidad recaudatoria. La ASF, en su informe de revisión, constató que el importe por ese concepto fue de 114 mil 145 millones de pesos en el rubro de devoluciones autorizadas. No obstante, la alternativa de simplificación tributaria en rubros especiales del IVA, como alimentos y bebidas, es de difícil aplicación por el fuerte impacto negativo que ocasionaría a sectores de bajos ingresos”.
La Comisión de Vigilancia y la Unidad de Evaluación descubrieron un golpe más a los recursos públicos en 2007. En el rescate bancario y liquidación de bancos el costo pagado por el gobierno federal pasó de 470 mil millones de pesos en 2004 a 766 mil 200 millones en 2007.
Así, de 2004 a 2007 el costo fiscal pagado se incrementó anualmente en casi 100 mil millones de pesos, representando esta alza 1.69 por ciento del PIB.
Al revisar el manejo del fondo petrolero (Feip) se encontró una perla más. La hacienda pública recibió 55 mil 513 millones de pesos en 2007, que fueron traspasados a distintos fondos.
La ASF confirmó la discrecionalidad de Hacienda en el manejo del Feip, así como la opacidad que lo rodea (al manejarse de manera agregada en sólo dos subcuentas), que impide una adecuada fiscalización. Ésta se observó en el manejo de montos aplicados a la contratación de coberturas de pecios de petróleo, que se realizaron sin transparencia, pagando Hacienda, por prima, 7 mil 105 millones de pesos. En su análisis, la ASF concluyó que estas operaciones no fueron las más adecuadas.
El robo y la corrupción de la mafia política se ha vuelto objeto de análisis científico
Académico estadunidense analizó cómo políticos incrementan sus fortunas desde el poder
Estudian el caso de Raúl Salinas para detectar modelos de lavado de dinero
Roberto González Amador
Hay más de un tema en común entre Raúl Salinas de Gortari, el ex presidente nicaragüense Arnoldo Alemán y Vladimiro Montesinos, el antiguo jefe de espionaje del ex mandatario peruano Alberto Fujimori. Uno es la forma en que desde posiciones dentro del poder político en sus respectivos países estos tres personajes hicieron crecer sus fortunas. Los casos de cada uno fueron incluidos en un amplio reporte sobre el abuso de posiciones públicas para obtener ganancias privadas, que busca generar propuestas para combatir prácticas de corrupción y lavado de dinero en el mundo.
Se trata del estudio El lavado de las ganancias de la corrupción en el sector público, elaborado por Richard K. Gordon, profesor de la escuela de Derecho en la Universidad Case Western de Estados Unidos y uno de los mayores expertos en el mundo en temas de corrupción y lavado de dinero.
El documento, concluido en marzo pasado, tiene el propósito principal de examinar ejemplos pasados de corrupción de alto nivel desde el sector público, detectar modelos de lavado de dinero, analizar la forma en que se dieron los casos e identificar posibles formas en que las instituciones financieras, agencias gubernamentales y las unidades de inteligencia financiera pueden identificar transacciones legales de aquellas que tratan de movilizar recursos de la corrupción.
Reportes de corrupción
Los casos identificados para el estudio fueron seleccionados tras una exhaustiva búsqueda en reportes de corrupción, tanto en documentos oficiales, como en registros de juzgados y reportes anticorrupción de comisiones públicas, así como de fuentes académicas y privadas, indica el documento de Gordon, quien ha sido subdirector del Instituto de Finanzas Internacionales y experto principal del Fondo Monetario Internacional para el sector financiero, con la responsabilidad específica de abordar temas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Uno de los casos que expone Gordon es el de Raúl Salinas, hermano de Carlos Salinas de Gortari, presidente de México de 1988 a 1994.
Es así como Gordon presenta a Raúl Salinas: Tras la elección de su hermano, Carlos Salinas, como presidente de México, Raúl Salinas se involucró profundamente en la administración de su hermano. Fue nombrado para ocupar varios puestos públicos, uno de los cuales fue como directivo de la Conasupo (la extinta Comisión Nacional de Subsistencias Populares), entidad que vendía a precios subsidiados artículos de uso general a sectores menos privilegiados. Raúl Salinas usó su posición para obtener ganancias disfrazadas que pudo desviar para sí, en algunos casos reportando precios más altos a los que en realidad compraba.
Cita a Salinas como responsable de la compra por parte de Conasupo de leche contaminada por la planta nuclear de Chernobyl, en la antigua Unión Soviética, que fue adquirida a bajo precio y luego vendida a la población más pobre del país. En otro caso, añade el reporte, maíz proporcionado por Estados Unidos para su distribución entre los pobres fue vendido por Conasupo a precios de mercado; con el maíz se hicieron tortillas que después fueron vendidas a Estados Unidos.
Habla de que Raúl Salinas obtuvo ganancias de la privatización de empresas públicas durante el mandato de su hermano Carlos. “Un ejemplo fue la venta del canal gubernamental de televisión (Canal 13, luego Tv Azteca) a Ricardo Salinas a través de ‘Salinas Asociados’. Las ganancias de Tv Azteca fueron usadas en parte para hacer pagos a Raúl Salinas, los cuales Ricardo Salinas argumentaba que eran abonos a un préstamo que le había hecho Raúl Salinas para financiar la adquisición. El préstamo fue hecho a una sospechosamente baja tasa de interés”.
Raúl Salinas depositó parte del dinero en bancos mexicanos. Entonces, su esposa Paulina Castañón, usando el alías Patricia Ríos movió el dinero a la oficina en México de Citibank. De ese banco, pasaron a una cuenta concentradora fuera del control oficial, para después ser transferidos a Inglaterra y Suiza, a través de una empresa de Citibank en islas Caimán, llamada London of Troca. El reporte indica que Raúl Salinas movió influencias en dos bancos que habían sido privatizados por su hermano, Probursa (adquirido en su momento por José Madariaga, quien después vendió a BBVA Bancomer) y Serfin (comprado por Adrián Sada y hoy propiedad de Santander) para evitar los controles sobre su dinero.
Los hechos narrados por Gordon son quizá conocidos por el público mexicano, pero el autor del reporte los encuentra, vistos a la distancia, como acontecimientos que dejan ver características que hacen diferente el lavado de dinero producto de la corrupción política de otros tipos de lavado de dinero.
No es sorpresa que las fuentes de las ganancias de la corrupción sean principalmente pagos por obtener contratos gubernamentales o sobornos por recibir favores del gobierno.
Otros casos citados en el reporte, que analiza 21 situaciones de corrupción desde el poder político, son: el ex presidente de Nicaragua Arnoldo Alemán, quien malversó millones de dólares de fondos públicos para su beneficio personal. O el de Vladimiro Montesinos, jefe del espionaje del hoy preso Alberto Fujimori en Perú. De Montesinos dice que armó un esquema para beneficiarse de las compras de equipo militar.
El reporte completo puede ser consultado en: http://ssrn.com/abstract=1371711.
Estudian el caso de Raúl Salinas para detectar modelos de lavado de dinero
Roberto González Amador
Hay más de un tema en común entre Raúl Salinas de Gortari, el ex presidente nicaragüense Arnoldo Alemán y Vladimiro Montesinos, el antiguo jefe de espionaje del ex mandatario peruano Alberto Fujimori. Uno es la forma en que desde posiciones dentro del poder político en sus respectivos países estos tres personajes hicieron crecer sus fortunas. Los casos de cada uno fueron incluidos en un amplio reporte sobre el abuso de posiciones públicas para obtener ganancias privadas, que busca generar propuestas para combatir prácticas de corrupción y lavado de dinero en el mundo.
Se trata del estudio El lavado de las ganancias de la corrupción en el sector público, elaborado por Richard K. Gordon, profesor de la escuela de Derecho en la Universidad Case Western de Estados Unidos y uno de los mayores expertos en el mundo en temas de corrupción y lavado de dinero.
El documento, concluido en marzo pasado, tiene el propósito principal de examinar ejemplos pasados de corrupción de alto nivel desde el sector público, detectar modelos de lavado de dinero, analizar la forma en que se dieron los casos e identificar posibles formas en que las instituciones financieras, agencias gubernamentales y las unidades de inteligencia financiera pueden identificar transacciones legales de aquellas que tratan de movilizar recursos de la corrupción.
Reportes de corrupción
Los casos identificados para el estudio fueron seleccionados tras una exhaustiva búsqueda en reportes de corrupción, tanto en documentos oficiales, como en registros de juzgados y reportes anticorrupción de comisiones públicas, así como de fuentes académicas y privadas, indica el documento de Gordon, quien ha sido subdirector del Instituto de Finanzas Internacionales y experto principal del Fondo Monetario Internacional para el sector financiero, con la responsabilidad específica de abordar temas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Uno de los casos que expone Gordon es el de Raúl Salinas, hermano de Carlos Salinas de Gortari, presidente de México de 1988 a 1994.
Es así como Gordon presenta a Raúl Salinas: Tras la elección de su hermano, Carlos Salinas, como presidente de México, Raúl Salinas se involucró profundamente en la administración de su hermano. Fue nombrado para ocupar varios puestos públicos, uno de los cuales fue como directivo de la Conasupo (la extinta Comisión Nacional de Subsistencias Populares), entidad que vendía a precios subsidiados artículos de uso general a sectores menos privilegiados. Raúl Salinas usó su posición para obtener ganancias disfrazadas que pudo desviar para sí, en algunos casos reportando precios más altos a los que en realidad compraba.
Cita a Salinas como responsable de la compra por parte de Conasupo de leche contaminada por la planta nuclear de Chernobyl, en la antigua Unión Soviética, que fue adquirida a bajo precio y luego vendida a la población más pobre del país. En otro caso, añade el reporte, maíz proporcionado por Estados Unidos para su distribución entre los pobres fue vendido por Conasupo a precios de mercado; con el maíz se hicieron tortillas que después fueron vendidas a Estados Unidos.
Habla de que Raúl Salinas obtuvo ganancias de la privatización de empresas públicas durante el mandato de su hermano Carlos. “Un ejemplo fue la venta del canal gubernamental de televisión (Canal 13, luego Tv Azteca) a Ricardo Salinas a través de ‘Salinas Asociados’. Las ganancias de Tv Azteca fueron usadas en parte para hacer pagos a Raúl Salinas, los cuales Ricardo Salinas argumentaba que eran abonos a un préstamo que le había hecho Raúl Salinas para financiar la adquisición. El préstamo fue hecho a una sospechosamente baja tasa de interés”.
Raúl Salinas depositó parte del dinero en bancos mexicanos. Entonces, su esposa Paulina Castañón, usando el alías Patricia Ríos movió el dinero a la oficina en México de Citibank. De ese banco, pasaron a una cuenta concentradora fuera del control oficial, para después ser transferidos a Inglaterra y Suiza, a través de una empresa de Citibank en islas Caimán, llamada London of Troca. El reporte indica que Raúl Salinas movió influencias en dos bancos que habían sido privatizados por su hermano, Probursa (adquirido en su momento por José Madariaga, quien después vendió a BBVA Bancomer) y Serfin (comprado por Adrián Sada y hoy propiedad de Santander) para evitar los controles sobre su dinero.
Los hechos narrados por Gordon son quizá conocidos por el público mexicano, pero el autor del reporte los encuentra, vistos a la distancia, como acontecimientos que dejan ver características que hacen diferente el lavado de dinero producto de la corrupción política de otros tipos de lavado de dinero.
No es sorpresa que las fuentes de las ganancias de la corrupción sean principalmente pagos por obtener contratos gubernamentales o sobornos por recibir favores del gobierno.
Otros casos citados en el reporte, que analiza 21 situaciones de corrupción desde el poder político, son: el ex presidente de Nicaragua Arnoldo Alemán, quien malversó millones de dólares de fondos públicos para su beneficio personal. O el de Vladimiro Montesinos, jefe del espionaje del hoy preso Alberto Fujimori en Perú. De Montesinos dice que armó un esquema para beneficiarse de las compras de equipo militar.
El reporte completo puede ser consultado en: http://ssrn.com/abstract=1371711.
Esta es la respuesta a la tragedia:
Aumenta a 38 la cifra de niños muertos; otros 15, muy graves
Testigo tilda de negligente al IMSS
Aparentemente la guardería cumplía normatividad: Karam
Deslindar responsabilidades, ofrece Felipe Calderón a familiares de niños muertos
Unicef llama a prevenir riesgos en estancias infantiles
La PGR participará en pesquisas del percance en que fallecieron los menores
Nada cambiará si no tenemos una participación activa, si no exigimos la renuncia de esta mafia de corrupción y negligencia. No se incendió una estancia infantil, México entero está en llamas y muchos parecen no darse cuenta de que también en este caso no tenemos salidas de emergencia ni extintores.
Testigo tilda de negligente al IMSS
Aparentemente la guardería cumplía normatividad: Karam
Deslindar responsabilidades, ofrece Felipe Calderón a familiares de niños muertos
Unicef llama a prevenir riesgos en estancias infantiles
La PGR participará en pesquisas del percance en que fallecieron los menores
Nada cambiará si no tenemos una participación activa, si no exigimos la renuncia de esta mafia de corrupción y negligencia. No se incendió una estancia infantil, México entero está en llamas y muchos parecen no darse cuenta de que también en este caso no tenemos salidas de emergencia ni extintores.
El duro racismo mexicano
El Despertar
José Agustín Ortiz Pinchetti
Escribo de nuevo sobre el racismo. Mis lectores me lo piden constantemente en los medios electrónicos y cuando me ven en los actos políticos.
La discriminación, la supervivencia de las cartas, la hegemonía blanca de origen europeo sobre 85 por ciento de la población son a la vez obvias y enérgicamente negadas tanto por el gobierno como por la mayoría de las instituciones. Muchos pensadores inteligentes y sinceros (casi todos ellos criollos) se niegan a aceptarlo y mantienen el mito de que México es una sociedad homogénea y que las únicas discriminadas son las etnias indígenas en proceso de desaparición.
Nuestro racismo es hipócrita, sutil, eficaz. Para poder denunciarlo eficazmente necesitaríamos un apoyo científico como el que tuvieron los que impugnaron el racismo en Estados Unidos, con excelentes resultados. Aquí, las universidades, los institutos de investigación y el gobierno se muestran renuentes a proporcionar elementos y a orientar una pesquisa a fondo.
División de la sociedad
Nuestro racismo es muy duro porque se disfraza. Si usted quiere comprobar cómo está dividida la sociedad mexicana no tiene sino que observar la realidad cotidiana. Vea usted quiénes viven en los barrios más elegantes de la ciudad de México. Quiénes son servidos y quiénes sirven en los mejores restaurantes. Quiénes tienen acceso a los puestos de mando en las empresas, en el poder cultural, en la política. Los paradigmas estéticos-eróticos que sirven como base a la publicidad comercial utilizan modelos de raza blanca, caucásicos y generalmente nórdicos. Los extranjeros se asombran tanto de la discriminación como de nuestras negaciones.
Como señaló Agustín Basave, en 2006 la campaña sucia contra Andrés Manuel tuvo el propósito de activar el odio entre las castas e identificó a los obradoristas como nacos, pelados; como gente inferior y peligrosa.
En el futuro esto puede reaparecer y detonar una explosión social. Mientras tanto, nuestro racismo perpetúa nuestra desigualdad. Vivimos en una sorda guerra de clases y de castas.
jaorpin@yahoo.com.mx
José Agustín Ortiz Pinchetti
Escribo de nuevo sobre el racismo. Mis lectores me lo piden constantemente en los medios electrónicos y cuando me ven en los actos políticos.
La discriminación, la supervivencia de las cartas, la hegemonía blanca de origen europeo sobre 85 por ciento de la población son a la vez obvias y enérgicamente negadas tanto por el gobierno como por la mayoría de las instituciones. Muchos pensadores inteligentes y sinceros (casi todos ellos criollos) se niegan a aceptarlo y mantienen el mito de que México es una sociedad homogénea y que las únicas discriminadas son las etnias indígenas en proceso de desaparición.
Nuestro racismo es hipócrita, sutil, eficaz. Para poder denunciarlo eficazmente necesitaríamos un apoyo científico como el que tuvieron los que impugnaron el racismo en Estados Unidos, con excelentes resultados. Aquí, las universidades, los institutos de investigación y el gobierno se muestran renuentes a proporcionar elementos y a orientar una pesquisa a fondo.
División de la sociedad
Nuestro racismo es muy duro porque se disfraza. Si usted quiere comprobar cómo está dividida la sociedad mexicana no tiene sino que observar la realidad cotidiana. Vea usted quiénes viven en los barrios más elegantes de la ciudad de México. Quiénes son servidos y quiénes sirven en los mejores restaurantes. Quiénes tienen acceso a los puestos de mando en las empresas, en el poder cultural, en la política. Los paradigmas estéticos-eróticos que sirven como base a la publicidad comercial utilizan modelos de raza blanca, caucásicos y generalmente nórdicos. Los extranjeros se asombran tanto de la discriminación como de nuestras negaciones.
Como señaló Agustín Basave, en 2006 la campaña sucia contra Andrés Manuel tuvo el propósito de activar el odio entre las castas e identificó a los obradoristas como nacos, pelados; como gente inferior y peligrosa.
En el futuro esto puede reaparecer y detonar una explosión social. Mientras tanto, nuestro racismo perpetúa nuestra desigualdad. Vivimos en una sorda guerra de clases y de castas.
jaorpin@yahoo.com.mx
Un poco de cordura
Guillermo Almeyra
Si un esquimal desembarcase en México, creería que el centro de la vida nacional y de la preocupación popular son las elecciones, pero éstas son, simplemente, la densa polvareda que oculta lo que está sucediendo en el país y enceguece a sus habitantes.
Por supuesto, sé que el control por el gobierno clerical reaccionario de las cámaras le permitiría cubrir, con la ficción de un manto legal, cualquier atropello a la Constitución y todas sus violaciones de los derechos ciudadanos y humanos en general. Por tanto, si usted conoce a un candidato honesto y que tenga claro qué debe impedir y qué defender, vótelo; o si alguien cree, con razón, que todos los partidos son defensores del sistema, que es precisamente lo que hay que tirar al basurero de la historia, y quiere ayudar a que las urnas se llenen de votos nulos, programáticos o simplemente de bronca y repudio, anule su papeleta pero, por favor, en uno o en otro caso evite caer en el fetichismo y creer que un pedazo de papel va a impedir por sí solo los planes de delincuentes cotidianos y encallecidos, entronizados por un fraude electoral gigantesco, que se mantienen y afirman en el poder mediante la violencia y la ilegalidad.
Lo que hay que cambiar es la relación de fuerzas entre los explotadores nacionales y extranjeros y sus víctimas, entre los trabajadores y los pobres, y el gobierno del gran capital. Los votos contra la dictadura de los que legislan para ellos mismos y violan todas las leyes que protegen los intereses de la mayoría y de la nación en su conjunto, en el mejor de los casos tienen un valor propagandístico y moral. Pero lo único que puede frenar la política del grupo clerical reaccionario que gobierna al servicio del capital es la resistencia, la movilización, la organización independiente de sus víctimas y la lucha por objetivos democráticos, nacionales, que sirvan para combatir al capital.
En plenas elecciones, el gobierno ha hecho pasar una ley inconstitucional más, calcada de la de Bush, que Obama dejó sin efecto. Permitió que por simple decisión policial o militar se intercepten los teléfonos o se cateen domicilios, sin orden judicial previa. Esta medida, violentamente inconstitucional, que quebranta las más elementales libertades ciudadanas, no va dirigida contra los sospechosos de ser delincuentes sino contra todos los ciudadanos, que quedan en libertad vigilada, con sus derechos suspendidos y amenazados constantemente de ser víctimas de un secuestrador informado por los que controlan su teléfono, de un asalto o un asesinato organizado desde las llamadas fuerzas de seguridad o de medidas policiales so pretexto de combatir a los narcos decididas por sus adversarios políticos.
Este atentado a la Constitución y a los derechos ciudadanos, aunque por sí mismo anula la legalidad de la campaña electoral, no levantó alguna protesta importante de ningún partido. Sin embargo, el gobierno hace política con la policía, deteniendo funcionarios en las regiones opositoras y hasta allanando las casas de gobierno, utiliza al Ejército, degradando sus funciones a las de policía, avala una justicia de clase y corrupta en sus fallos aberrantes que cubren a los mandantes y los ejecutores de las violaciones masivas de jóvenes y señoras, los asesinatos, la más cruel represión a los campesinos, como los de Atenco.
Sin embargo, mientras el gobernador asesino de Oaxaca está libre y los lazos de los Salinas de Gortari con el narcotráfico son ventilados públicamente por un ex presidente sin que nadie en el gobierno investigue nada, los agentes del capital en el poder condenan a 113 años de cárcel o a 63 años a los que califican de líderes de Atenco, para disuadir y aterrorizar a todos los que piensan resistir su política de hambre y de despojo.
No es posible cultivar la ilusión de que un gobierno nacido del fraude, que usa la violencia como política, sea democrático y permita elecciones libres en 2012. ¡Hay que cambiar la relación de fuerzas sociales mediante un amplio frente de todas las organizaciones por la libertad de los presos políticos y sociales; la defensa de los derechos ciudadanos, hoy pisoteados e ignorados; una política de creación de empleos; un aumento inmediato de los ingresos de los jubilados y los más pobres; leyes de emergencia que impidan suspender o despedir de sus empleos a los trabajadores, y por un plan de apoyo a los campesinos y de defensa de los recursos energéticos y naturales!
En las regiones más afectadas por la caída de las remesas, en las que los campesinos más pobres reciben un nuevo golpe, es posible organizar comités amplios que organicen autónomamente el territorio y los recursos, aseguren solidaridad a los afectados por la crisis provocada por el capitalismo y unir entre sí estos comités para el desarrollo local (si después respaldan sus acciones de modo electoral debe ser algo totalmente secundario).
El gobierno y las cámaras son fruto del fraude y, por consiguiente, están deslegitimados. La legitimidad está en manos de quienes hacen vivir este país a pesar del gobierno clerical reaccionario y de los capitalistas, pero la legitimidad sin fuerza social que la haga valer no basta. Si una empresa cierra o suspende al personal, puede ser ocupada y trabajar bajo administración de sus trabajadores, como sucede ahora mismo en Argentina. Si el gobierno decidiese desalojarlos, la ayuda de la población a los trabajadores le haría pagar caro ese intento. Decenas de Atencos impulsarían la liberación de los presos de Atenco que son rehenes del régimen. Si en todo el país millones comienzan a tomar en sus manos la solución de sus propios problemas y a organizarse y federarse, la sociedad será más fuerte y se creará poder popular. En ese caso, hasta las futuras elecciones –si se hiciesen– serán muy diferentes.
Si un esquimal desembarcase en México, creería que el centro de la vida nacional y de la preocupación popular son las elecciones, pero éstas son, simplemente, la densa polvareda que oculta lo que está sucediendo en el país y enceguece a sus habitantes.
Por supuesto, sé que el control por el gobierno clerical reaccionario de las cámaras le permitiría cubrir, con la ficción de un manto legal, cualquier atropello a la Constitución y todas sus violaciones de los derechos ciudadanos y humanos en general. Por tanto, si usted conoce a un candidato honesto y que tenga claro qué debe impedir y qué defender, vótelo; o si alguien cree, con razón, que todos los partidos son defensores del sistema, que es precisamente lo que hay que tirar al basurero de la historia, y quiere ayudar a que las urnas se llenen de votos nulos, programáticos o simplemente de bronca y repudio, anule su papeleta pero, por favor, en uno o en otro caso evite caer en el fetichismo y creer que un pedazo de papel va a impedir por sí solo los planes de delincuentes cotidianos y encallecidos, entronizados por un fraude electoral gigantesco, que se mantienen y afirman en el poder mediante la violencia y la ilegalidad.
Lo que hay que cambiar es la relación de fuerzas entre los explotadores nacionales y extranjeros y sus víctimas, entre los trabajadores y los pobres, y el gobierno del gran capital. Los votos contra la dictadura de los que legislan para ellos mismos y violan todas las leyes que protegen los intereses de la mayoría y de la nación en su conjunto, en el mejor de los casos tienen un valor propagandístico y moral. Pero lo único que puede frenar la política del grupo clerical reaccionario que gobierna al servicio del capital es la resistencia, la movilización, la organización independiente de sus víctimas y la lucha por objetivos democráticos, nacionales, que sirvan para combatir al capital.
En plenas elecciones, el gobierno ha hecho pasar una ley inconstitucional más, calcada de la de Bush, que Obama dejó sin efecto. Permitió que por simple decisión policial o militar se intercepten los teléfonos o se cateen domicilios, sin orden judicial previa. Esta medida, violentamente inconstitucional, que quebranta las más elementales libertades ciudadanas, no va dirigida contra los sospechosos de ser delincuentes sino contra todos los ciudadanos, que quedan en libertad vigilada, con sus derechos suspendidos y amenazados constantemente de ser víctimas de un secuestrador informado por los que controlan su teléfono, de un asalto o un asesinato organizado desde las llamadas fuerzas de seguridad o de medidas policiales so pretexto de combatir a los narcos decididas por sus adversarios políticos.
Este atentado a la Constitución y a los derechos ciudadanos, aunque por sí mismo anula la legalidad de la campaña electoral, no levantó alguna protesta importante de ningún partido. Sin embargo, el gobierno hace política con la policía, deteniendo funcionarios en las regiones opositoras y hasta allanando las casas de gobierno, utiliza al Ejército, degradando sus funciones a las de policía, avala una justicia de clase y corrupta en sus fallos aberrantes que cubren a los mandantes y los ejecutores de las violaciones masivas de jóvenes y señoras, los asesinatos, la más cruel represión a los campesinos, como los de Atenco.
Sin embargo, mientras el gobernador asesino de Oaxaca está libre y los lazos de los Salinas de Gortari con el narcotráfico son ventilados públicamente por un ex presidente sin que nadie en el gobierno investigue nada, los agentes del capital en el poder condenan a 113 años de cárcel o a 63 años a los que califican de líderes de Atenco, para disuadir y aterrorizar a todos los que piensan resistir su política de hambre y de despojo.
No es posible cultivar la ilusión de que un gobierno nacido del fraude, que usa la violencia como política, sea democrático y permita elecciones libres en 2012. ¡Hay que cambiar la relación de fuerzas sociales mediante un amplio frente de todas las organizaciones por la libertad de los presos políticos y sociales; la defensa de los derechos ciudadanos, hoy pisoteados e ignorados; una política de creación de empleos; un aumento inmediato de los ingresos de los jubilados y los más pobres; leyes de emergencia que impidan suspender o despedir de sus empleos a los trabajadores, y por un plan de apoyo a los campesinos y de defensa de los recursos energéticos y naturales!
En las regiones más afectadas por la caída de las remesas, en las que los campesinos más pobres reciben un nuevo golpe, es posible organizar comités amplios que organicen autónomamente el territorio y los recursos, aseguren solidaridad a los afectados por la crisis provocada por el capitalismo y unir entre sí estos comités para el desarrollo local (si después respaldan sus acciones de modo electoral debe ser algo totalmente secundario).
El gobierno y las cámaras son fruto del fraude y, por consiguiente, están deslegitimados. La legitimidad está en manos de quienes hacen vivir este país a pesar del gobierno clerical reaccionario y de los capitalistas, pero la legitimidad sin fuerza social que la haga valer no basta. Si una empresa cierra o suspende al personal, puede ser ocupada y trabajar bajo administración de sus trabajadores, como sucede ahora mismo en Argentina. Si el gobierno decidiese desalojarlos, la ayuda de la población a los trabajadores le haría pagar caro ese intento. Decenas de Atencos impulsarían la liberación de los presos de Atenco que son rehenes del régimen. Si en todo el país millones comienzan a tomar en sus manos la solución de sus propios problemas y a organizarse y federarse, la sociedad será más fuerte y se creará poder popular. En ese caso, hasta las futuras elecciones –si se hiciesen– serán muy diferentes.
¿El siguiente capítulo en las estancias changarro de Calderón?
Gustavo Leal F.*
En el sur de Hermosillo, Sonora, 38 bebés muertos, y 40 infantes y seis adultos hospitalizados. La guardería ABC –subrogada por el IMSS– operaba habilitada en una antigua nave industrial, al lado de una bodega, en un espacio de 50 por 30 metros que apenas hace tres años era una maquiladora de ropa. No tenía salidas de emergencia. No contaba con extintores. Su personal eran empleadas o maestras. Atendía a más de 200 menores de entre seis meses y cinco años; 142 estaban dentro a las 15 horas de ese 5 de junio. La peor tragedia de que se tenga registro.
Es la calidad del esquema de guarderías subrogadas por Genaro Borrego, Santiago Levy, Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam en el IMSS de los panistas; sistemáticamente denunciado de un peligro para los infantes y, con Felipe Calderón, extendido electoralmente desde Los Pinos, el DIF de Margarita Zavala y la Sedeso de Lía Limón, hoy candidata del PAN a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. (y ayer esposa de Luis Carlos Ugalde, el del IFE que cometió el fraude).
Este esquema del IMSS panista arrancó en 2003, urgiendo incrementar el cupo en 22 mil lugares y apoyado desde el Senado, que inmediatamente aprobó un proyecto de decreto –presentado por Borrego– que permite que sean operadas con subrogación y reversión.
El seguro de guarderías nació en 1973. Diez años después se estableció el esquema participativo, donde el IMSS capacita y las asociaciones civiles edifican y administran. En 1995, gracias al Diagnóstico –que también elaboró Borrego–, surgió el modelo vecinal-comunitario. Una ruta de abierto retiro del instituto en la prestación directa.
El esquema vecinal-comunitario fue objeto de un intenso debate público en 2003, cuando Levy se ensañó con los prestadores del servicio, obligándolos a firmar nuevos convenios de subrogación que, con menor costo, comprometen la calidad de la atención a los infantes.
El foxismo sostenía en 2002 que el Sistema Nacional de Guarderías favorece la condición laboral de las madres trabajadoras, por lo que se ampliaría el número de lugares, conviniendo con otros sectores su participación. Ese año, el sistema contaba con mil 163 guarderías y 140 mil lugares.
El proyecto foxista estancó la oferta pública, legalizó el retiro operador del IMSS, castigó a los prestadores, imponiéndoles diferentes opciones para los pagos mínimos y nunca garantizó una pauta promedio de calidad.
En 2006, aunque la tasa de participación económica femenina creció, la proporción de mujeres en el total de asegurados permanecía estancada. En 2005, para más de 4 millones de mujeres aseguradas y los padres viudos o divorciados, el Sistema de Guarderías IMSS beneficiaba apenas a 174 mil madres y 190 mil infantes, en mil 514 unidades.
Las guarderías subrogadas pasaron de 757 a mil 374, mientras las directas eran las mismas 142 que ya existían en 2000. Pero el IMSS presumía un incremento en el número de unidades de ¡68 por ciento!
Y, ¿cómo lo lograron? Sencillo: acanallando la calidad del servicio y exponiendo a los infantes. ¡Como en Hermosillo!
Las quejas por la calidad se volvieron una norma: sospechas de maltrato infantil; desigual calificación y frecuente rotación del personal (enfermeras, maestras), ausencia de médicos, mala alimentación y difusa responsabilidad de los titulares de las guarderías o sus representantes.
Después de que el IMSS modificara unilateralmente (2003) el contrato que regula su operación (disminuyendo la cuota que pagaba por niño, lo que impactó directamente sobre la reducción de trabajadores, tipo de alimentación y horario de servicio), la Asociación Nacional de Guarderías denunció las consecuencias sobre los infantes, las cuales robusteció la nueva normatividad de 2005.
A partir de ese momento se les impusieron más cargas administrativas, elaboración del historial médico, realización del examen óptico, así como la adquisición de equipo de cómputo para que el IMSS lleve el control electrónico de las asistencias junto con la incorporación de tareas emergentes que facilitan al instituto cumplir con los requisitos que establece la Secretaría de Educación Pública para el nivel prescolar.
Entonces, las subrogadas entraron de lleno en la ruta de la changarrización: mientras el costo por niño en el esquema directo alcanzaba 4 mil pesos promedio, en el subrogado descendía hasta 2 mil 458 pesos. Con ellos se deben cubrir todos los costos: nómina y prestaciones sociales, impuestos, cuotas obrero-patronales, insumos de alimentos, material didáctico, juguetes, renta, teléfono, luz, agua, gas, artículos de limpieza, gastos de oficina y capacitación. Bajo estas condiciones, la calidad de las subrogadas resulta una auténtica quimera.
El desajuste financiero de los prestadores se agudiza, también, porque el pago de la cuota por niño se realiza vía un anticipo de garantía de 65 por ciento; es decir, sólo mil 656 pesos; el restante 35 por ciento depende de que cada niño asista todos los días hábiles del mes, lo cual casi no ocurre.
Además, al flexibilizar los requisitos del servicio se creó un ambiente propicio a las irregularidades y hasta a los fraudes.
Pero para Javier Moreno Padilla, presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Coparmex, las restricciones en el costo niño-servicios se dan por los problemas financieros que enfrenta el IMSS.
Mientras, Karam comunica desde Sonora que ya contactó con cuatro funerarias locales para que reciban a los pequeños sin costo para los padres. ¿Sin costo?
Hermosillo, la peor tragedia de que se tenga registro. ¿Quién sigue? ¿Las estancias electorales changarro de Calderón y Lía Limón?
* Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco
En el sur de Hermosillo, Sonora, 38 bebés muertos, y 40 infantes y seis adultos hospitalizados. La guardería ABC –subrogada por el IMSS– operaba habilitada en una antigua nave industrial, al lado de una bodega, en un espacio de 50 por 30 metros que apenas hace tres años era una maquiladora de ropa. No tenía salidas de emergencia. No contaba con extintores. Su personal eran empleadas o maestras. Atendía a más de 200 menores de entre seis meses y cinco años; 142 estaban dentro a las 15 horas de ese 5 de junio. La peor tragedia de que se tenga registro.
Es la calidad del esquema de guarderías subrogadas por Genaro Borrego, Santiago Levy, Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam en el IMSS de los panistas; sistemáticamente denunciado de un peligro para los infantes y, con Felipe Calderón, extendido electoralmente desde Los Pinos, el DIF de Margarita Zavala y la Sedeso de Lía Limón, hoy candidata del PAN a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. (y ayer esposa de Luis Carlos Ugalde, el del IFE que cometió el fraude).
Este esquema del IMSS panista arrancó en 2003, urgiendo incrementar el cupo en 22 mil lugares y apoyado desde el Senado, que inmediatamente aprobó un proyecto de decreto –presentado por Borrego– que permite que sean operadas con subrogación y reversión.
El seguro de guarderías nació en 1973. Diez años después se estableció el esquema participativo, donde el IMSS capacita y las asociaciones civiles edifican y administran. En 1995, gracias al Diagnóstico –que también elaboró Borrego–, surgió el modelo vecinal-comunitario. Una ruta de abierto retiro del instituto en la prestación directa.
El esquema vecinal-comunitario fue objeto de un intenso debate público en 2003, cuando Levy se ensañó con los prestadores del servicio, obligándolos a firmar nuevos convenios de subrogación que, con menor costo, comprometen la calidad de la atención a los infantes.
El foxismo sostenía en 2002 que el Sistema Nacional de Guarderías favorece la condición laboral de las madres trabajadoras, por lo que se ampliaría el número de lugares, conviniendo con otros sectores su participación. Ese año, el sistema contaba con mil 163 guarderías y 140 mil lugares.
El proyecto foxista estancó la oferta pública, legalizó el retiro operador del IMSS, castigó a los prestadores, imponiéndoles diferentes opciones para los pagos mínimos y nunca garantizó una pauta promedio de calidad.
En 2006, aunque la tasa de participación económica femenina creció, la proporción de mujeres en el total de asegurados permanecía estancada. En 2005, para más de 4 millones de mujeres aseguradas y los padres viudos o divorciados, el Sistema de Guarderías IMSS beneficiaba apenas a 174 mil madres y 190 mil infantes, en mil 514 unidades.
Las guarderías subrogadas pasaron de 757 a mil 374, mientras las directas eran las mismas 142 que ya existían en 2000. Pero el IMSS presumía un incremento en el número de unidades de ¡68 por ciento!
Y, ¿cómo lo lograron? Sencillo: acanallando la calidad del servicio y exponiendo a los infantes. ¡Como en Hermosillo!
Las quejas por la calidad se volvieron una norma: sospechas de maltrato infantil; desigual calificación y frecuente rotación del personal (enfermeras, maestras), ausencia de médicos, mala alimentación y difusa responsabilidad de los titulares de las guarderías o sus representantes.
Después de que el IMSS modificara unilateralmente (2003) el contrato que regula su operación (disminuyendo la cuota que pagaba por niño, lo que impactó directamente sobre la reducción de trabajadores, tipo de alimentación y horario de servicio), la Asociación Nacional de Guarderías denunció las consecuencias sobre los infantes, las cuales robusteció la nueva normatividad de 2005.
A partir de ese momento se les impusieron más cargas administrativas, elaboración del historial médico, realización del examen óptico, así como la adquisición de equipo de cómputo para que el IMSS lleve el control electrónico de las asistencias junto con la incorporación de tareas emergentes que facilitan al instituto cumplir con los requisitos que establece la Secretaría de Educación Pública para el nivel prescolar.
Entonces, las subrogadas entraron de lleno en la ruta de la changarrización: mientras el costo por niño en el esquema directo alcanzaba 4 mil pesos promedio, en el subrogado descendía hasta 2 mil 458 pesos. Con ellos se deben cubrir todos los costos: nómina y prestaciones sociales, impuestos, cuotas obrero-patronales, insumos de alimentos, material didáctico, juguetes, renta, teléfono, luz, agua, gas, artículos de limpieza, gastos de oficina y capacitación. Bajo estas condiciones, la calidad de las subrogadas resulta una auténtica quimera.
El desajuste financiero de los prestadores se agudiza, también, porque el pago de la cuota por niño se realiza vía un anticipo de garantía de 65 por ciento; es decir, sólo mil 656 pesos; el restante 35 por ciento depende de que cada niño asista todos los días hábiles del mes, lo cual casi no ocurre.
Además, al flexibilizar los requisitos del servicio se creó un ambiente propicio a las irregularidades y hasta a los fraudes.
Pero para Javier Moreno Padilla, presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Coparmex, las restricciones en el costo niño-servicios se dan por los problemas financieros que enfrenta el IMSS.
Mientras, Karam comunica desde Sonora que ya contactó con cuatro funerarias locales para que reciban a los pequeños sin costo para los padres. ¿Sin costo?
Hermosillo, la peor tragedia de que se tenga registro. ¿Quién sigue? ¿Las estancias electorales changarro de Calderón y Lía Limón?
* Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco
Desde la Penitenciaría Central del Estado de Oaxaca, México
Los 12 presos políticos y de conciencia de la Región Loxicha, estamos por cumplir 13 años en prisión, por delitos del fuero federal, fabricado por el propio Estado Mexicano
Penitenciaria Central del Estado de Oaxaca, Oax., 1º. De Junio del 2009.
A LAS ORGANIZACIONES DEMOCRATICAS CONCIENTES
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
A LOS DIFERENTES SINDICATOS
A LOS ESTUDIANTES, PROFESIONISTAS, OBREROS, CAMPESINOS
A LAS PERSONAS DE BUENA VOLUNTAD
AL PUEBLO DE OAXACA, DE MEXICO Y AL PUEBLO DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
PRESENTE.
Desde esta Penitenciaria Central del Estado de Oaxaca, México, los 12 presos políticos y de conciencia de la Región Loxicha, estamos por cumplir 13 años en prisión, por delitos del fuero federal, fabricado por el propio Estado Mexicano en nuestros perjuicios. Ante ésta situación que nos encontramos no nos queda otra opción que realizar acciones políticas; en el cual vamos a dar a conocer la siguiente jornada de lucha, que consiste UNA MARCHA CARAVANA, que partirá desde la Región Loxicha hacia la capital del país, el día lunes 8 de junio a las 10:00 horas del presente año; donde participarán las esposas e hijos de los presos, pobladores de la Región, Movimiento de Comunidades Indígenas, Sección XXII del SNTE y Colectivo Zapatista de Oaxaca, Adherente a la Otra Campaña, el objetivo principal de éste Plan de Acción, es en la búsqueda de nuestra libertad; ante las autoridades federales competente, en virtud de que el Gobierno Federal, no ha mostrado voluntad política durante estos largos años para resolver éste añejo problema.
Nuestro único delito es ser una de las regiones más pobres del Estado de Oaxaca y somos un pueblo originario de la Etnia Zapoteca, que hemos vivido durante muchas décadas en el olvido, la marginación, esto nos obligó a organizarnos de manera civil y pacíficamente, para defender nuestros derechos y al mismo tiempo para exigir a las autoridades estatales y federales nuestras demandas económicas, sociales y políticas.
Hacemos un llamado a todas las personalidades antes mencionadas, para que nos acompañen y estén vigilantes durante el desarrollo de la marcha caravana, de cualquier agresión en nuestra contra y en contra de los marchistas, por el Estado.
Por último pedimos la solidaridad del pueblo de Oaxaca y del pueblo de México, que nos ayuden con víveres, apoyo económico, medicamentos y otros, ya que son requerimientos más indispensables para ésta Jornada de Lucha.
RESPETUOSAMENTE
PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DE LA REGION LOXICHA, OAXACA.
El México "ganador" de Fecal
El Salvador ganó 2 - 1 a México en partido eliminatorio del grupo Concacaf con miras al Mundial de Sudáfrica 2010.
Costa Rica en primer lugar, Estados Unidos en segundo, El Salvador está en tercer sitio con 5 puntos, seguido de Honduras con 4, México tiene 3 y, al final de la tabla, Trinidad y Tobago sólo cuenta con 2.
Es decir, somos el penúltimo de la tabla. Cabe mencionar que Costa Rica tiene una población de poco más de 4 millones, El Salvador no llega a los seis millones y Honduras menos de ocho millones. Y no es que esos países estén bollantes económicamente. Sería el colmo que no estuviéramos por encima de Trinidad y Tobago que tiene poco más de un millón de habitantes.
De tal forma México, con 106 millones de habitantes, casi diez veces más que el total de la población de los tres países centroamericanos que nos superan, teniendo una tradición futbolística y muchísimos seguidores no logra ni siquiera ponerse a la cabeza de los países centroamericanos. Fecal dijo que haría un México "ganador" y mucho se pavoneó entre los deportistas que lo apoyaron en su campaña y ¡lo siguen haciendo! que dizque para ayudarlo en su lucha contra el narcotráfico.
Así como el México "ganador" de Fecal que ha resultado uno de los más grandes perdedores mundiales en todo bajo su desgobierno, resultará con su combate al narcotráfico, un perdedor. Lo malo es que eso no es juego sino vidas humanas las que se están perdiendo, ya llevamos más del doble de muertos estadounidenses en Irak en menos de la mitad del tiempo que ha durado esa guerra.
Y todavía salen deportistas apoyando al presidente usurpador en los comerciales, ¡increíble! ¿no les dará vergüenza?
Con información de La Jornada En Línea
Costa Rica en primer lugar, Estados Unidos en segundo, El Salvador está en tercer sitio con 5 puntos, seguido de Honduras con 4, México tiene 3 y, al final de la tabla, Trinidad y Tobago sólo cuenta con 2.
Es decir, somos el penúltimo de la tabla. Cabe mencionar que Costa Rica tiene una población de poco más de 4 millones, El Salvador no llega a los seis millones y Honduras menos de ocho millones. Y no es que esos países estén bollantes económicamente. Sería el colmo que no estuviéramos por encima de Trinidad y Tobago que tiene poco más de un millón de habitantes.
De tal forma México, con 106 millones de habitantes, casi diez veces más que el total de la población de los tres países centroamericanos que nos superan, teniendo una tradición futbolística y muchísimos seguidores no logra ni siquiera ponerse a la cabeza de los países centroamericanos. Fecal dijo que haría un México "ganador" y mucho se pavoneó entre los deportistas que lo apoyaron en su campaña y ¡lo siguen haciendo! que dizque para ayudarlo en su lucha contra el narcotráfico.
Así como el México "ganador" de Fecal que ha resultado uno de los más grandes perdedores mundiales en todo bajo su desgobierno, resultará con su combate al narcotráfico, un perdedor. Lo malo es que eso no es juego sino vidas humanas las que se están perdiendo, ya llevamos más del doble de muertos estadounidenses en Irak en menos de la mitad del tiempo que ha durado esa guerra.
Y todavía salen deportistas apoyando al presidente usurpador en los comerciales, ¡increíble! ¿no les dará vergüenza?
Con información de La Jornada En Línea
Sobrina de Margarita Zavala, dueña de guardería
Sobrina de Margarita Zavala, dueña de guardería
El Registro Público de la Propiedad de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Sonora dio a conocer los nombres de los propietarios de la guardería ABC, subrogada por el IMSS, que se incendió ayer, dejando como saldo 35 menores muertos.Los propietarios son:Gildardo Francisco Urquídes Serrano, Sandra Lucía Téllez Nieves y Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella.
Esta última es sobrina de la momia [esposa] de Felipe Calderón, Presidente Espurio... sino, veamos:
Árbol genealógico de la Familia Zavala Gómez del Campo
La presidenta del PAN en el Distrito Federal, Mariana Gómez del Campo, es prima de doña Margarita Zavala Gómez del Campo de Calderón, quien a su vez es sobrina del hermosillense don Roberto Gómez del Campo Laborín, quien a su vez también es tío de la señora Lourdes Laborín Gómez de Bours, esposa del gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo.El Ingeniero Roberto Gómez del Campo, de quien está divorciado de la encantadora Sra. Marcia Tonella de Gómez del Campo, es padre de varias damas, entre ellas de... Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, la propietaria de la Guardería ABC, lugar donde sucedió la tragedia.
sábado, junio 06, 2009
El repudio toma forma
Ante la frustración de los ciudadanos que no encuentran una oferta electoral creíble, pese a la costosísima infraestructura de los partidos y los órganos electorales, en crecientes segmentos de la sociedad –sobre todo a través del instrumento de moda, las páginas de internet– se extiende una campaña, paralela a la de los partidos, para que el 5 de julio la gente acuda a las urnas y anule su voto. Entre quienes participan en ella hay de todo: jóvenes blogueros, políticos descontentos, analistas y ciudadanos que simplemente están, y así lo dicen, hartos del sistema…
De la frustración, el resentimiento y el desprecio que concita el degradado sistema político mexicano emerge, desde vastas zonas del país, un movimiento de ciudadanos que convoca a poner un “hasta aquí” a los políticos, los partidos y la representación popular, como la Cámara de Diputados, a través de una acción insólita: ir a las urnas sólo para anular el voto.Se trata de un fenómeno espontáneo que empezó a tomar forma organizada en Puebla, en marzo pasado, y que se ha extendido con rapidez a varios estados de la República, sobre todo a través de páginas de internet y blogs y que se propone, en las elecciones del 5 de julio, lo que parece una paradoja estéril: reformar el sistema político mexicano repudiándolo.“Anulando el voto estamos diciendo que este sistema no funciona y que queremos cambiarlo, y tenemos la esperanza de que el mensaje sea de tal manera fuerte e inevitable que fuerce a los políticos a entrar en una reflexión para reformarlo”, explica Gabriel Hinojosa Rivero, dirigente del movimiento Gobierno de Segunda Generación (G2G), pionero de esta singular protesta, que ya le generó amagos de castigo en Puebla.“Rechazo a los partidos y sus candidatos, pero no a la democracia”, aclara el movimiento “Tache a todos” que encabeza Hinojosa, quien con ese nombre lanzó una página de internet que expone las razones para anular el voto, instruye cómo hacerlo e inclusive convoca a un concurso de cartel y video con premios de hasta 21 mil pesos.Primo de Felipe Calderón, jefe del Ejecutivo, y primer alcalde del Partido Acción Nacional de Puebla capital, militancia a la que renunció en 2004, y aspirante a ese mismo cargo en 2007 con el apoyo del Partido del Trabajo, Hinojosa afirma que es preciso que haya candidaturas ciudadanas, reelección de legisladores, reducción de diputados y creación de partidos municipales.En este movimiento, aclara, nada tiene que ver Calderón: “Le tengo aprecio y respeto como pariente y como presidente también, pero queda claro que yo no estoy en su proyecto y que tengo una trayectoria muy clara desde antes”.
–¿Han hablado sobre esto?
–Sí, desde luego. Desde antes de todo esto él dijo: “Tengo gran aprecio por tu capital político en Puebla. Me da mucha pena que no lo insertes en mi partido, pero respeto profundamente que sigas tus propias convicciones”. Él lo lamenta, pero lo respeta. Y yo lo aprecio y lo respeto a él.Con diversos nombres, pero con el mismo objetivo de repudio a los políticos mediante la abolición del voto en la casilla, estrategia que contrarresta al mismo tiempo la abstención –dicen sus promotores–, proliferan iniciativas en la Ciudad de México y en varios estados del país, cuyos diagnósticos, agenda de discusión y aun la creatividad para persuadir a los potenciales “anulistas”, difieren. En Jalisco, por ejemplo, el lema del movimiento que inclusive ya irrumpió en las calles de Guadalajara el viernes 22 de mayo, es categórico y ha concitado controversias: “Para políticos nulos, votos nulos”.Carlos Páez Agraz, quien junto con Gladis Martínez, Margarita Sierra, Etienne von Bertrab, Bernardo Jaén, Jaime Meade y Juan Carlos Soto comenzó el movimiento en esa entidad, no tiene duda: “La enfermedad de México es su régimen. Tenemos que cambiarlo de manera no violenta y la primera etapa es: Así no”.Con base en el artículo 39 constitucional, que establece que el pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, el grupo promotor de Jalisco comenzó a reunirse en abril para revisar datos sobre armonía, prosperidad y sustentabilidad, que “demuestran que caemos en picada”.Expone: “Conviven una crisis económica que parece devastadora, la descomposición política, los crecientes niveles de violencia, y estamos entre los tres países más corruptos y violentos del mundo. El tejido social está desgarrado, 84% de mexicanos desconfiamos mucho de otros mexicanos. Estos problemas de primer plano ya no pueden ocultar uno peor, que es el deterioro del territorio”.En entrevista por correo electrónico, Páez Agraz, ingeniero civil de 41 años de edad y consultor de organizaciones sociales, afirma que el primer paso para transformar el sistema político es el grito de “hasta aquí” que representa anular el voto en la casilla.“Existen muchas propuestas de modificaciones a las leyes tremendamente inteligentes y bien planteadas: juicios orales, revocación de mandato, candidaturas ciudadanas, el agua como derecho humano, ordenamiento territorial, control social de lo público, etcétera. Muchos ciudadanos y organizaciones están preparados para construir una agenda y empezar a deliberar. La pregunta es si debemos meterle más parches a nuestro contrato social o si tenemos que diseñar uno nuevo.” El movimiento “políticos nulos, votos nulos” ha establecido una red de comunicación con activistas de Puebla; Torreón, Coahuila; Mexicali, Baja California; y el Distrito Federal, con los que se trabaja vía electrónica, sin conocerse personalmente, cada cual con sus peculiaridades. “Ver a México como un todo es muy complejo en este momento. Cada estado de la República tiene sus particularidades, cacicazgos, pero también tiene ciudadanos interesados. Lo que está claro es que, sin distinguir colores, los políticos no tienen nada que presumir ni nada que prometer que sea creíble”, subraya el activista.Y pone el ejemplo de su propio estado: “Jalisco ha hilvanado 14 años de gobiernos estatales panistas, quienes han encontrado el camino para coexistir con los demás partidos mediante el reparto de puestos, poderes y presupuestos. Los sindicatos siguen controlados por el PRI, Francisco Ramírez Acuña tiene sometido al PAN, Raúl Padilla López, exrector de la Universidad de Guadalajara, controla brutalmente a muchos académicos, al PRD estatal y a un sector importante del PRI.” Resume: “Jalisco parece estancado políticamente en los setenta, pero con el PAN al mando. Para muestra el Chinguen a su madre que nos propinó el actual gobernador, Emilio González Márquez, el año pasado. En democracia, en cuatro horas estaría fuera y con proceso legal abierto”.En San Luis Potosí el movimiento se reduce sólo a la capital, reconoce Noel Algara, un expanista de 29 años de edad y líder de un grupo de rock, quien sin embargo prevé crecimiento de la propuesta de anular el voto por el desencanto generalizado en la política, como a él le ocurrió:“El cansancio por nuestro desigual y excluyente sistema político, la molestia de ver consolidada una partidocracia en México, un IFE al servicio de los intereses partidistas y una democracia vapuleada, prostituida y engañada por unos cuantos de siempre, fueron algunos de los motivos que reunieron a varios amigos para buscar la manera de generar una conciencia alternativa.”
–¿Con qué estados se ha establecido comunicación?
–Hemos sido visitados en internet por gente de Aguascalientes y de Chihuahua. Se animan al saber que hay muchas personas con intención de anular su voto y decir ¡ya basta! En sus respectivos estados también se escuchan las mismas voces. Esto está creciendo.
Boicot efectivo, no abstención
El llamado a anular el voto en las elecciones del 5 de julio cobra relevancia en el contexto de la guerra sucia entre los partidos políticos, el selectivo embate policiaco del gobierno de Calderón contra opositores y, sobre todo, el desastre económico del país acreditado por las propias cifras oficiales.Junto con diagnósticos y agenda consistentes para argumentar por qué es políticamente útil anular el voto, aparecen también convocatorias desenfadadas y hasta humorísticas con el mismo fin, como la del blog “Yo voto por quien quiera”, dirigido a los jóvenes y que llama a votar por un ídolo.En vez de cruzar toda la boleta, se propone escribir en el espacio en blanco de la boleta el nombre de personajes como Kurt Cobain, Pancho Villa, Jim Morrison, Tin Tan, Juan Rulfo, John Lennon, Sor Juana Inés de la Cruz, Jimi Hendrix, María Félix, Aristóteles, Frida Kahlo, Simone de Beauvoir, Che Guevara, Heath Ledger, Emiliano Zapata, Benito Juárez o Ricardo Flores Magón…“Esta es la forma como protestaremos contra la corrupción del sistema político mexicano. Queremos que nos escuchen, que nos vean, que nos lean”, subraya la convocatoria, y aclara que no se debe votar por alguien que esté vivo, y pone el ejemplo del actor Diego Luna.“Nadie nos asegura que el PAN, PRI, PRD, Verde, Convergencia, Panal, PT, PSD o el que sea, después lo contraten para que salga en un anuncio televisivo pagado por nosotros y diga: ‘Soy Diego Luna, no puedo ser tu candidato, pero te digo que votes por el X diputado…’. Es muy peligroso porque no faltará quien desvirtúe el movimiento y diga que todos los jóvenes somos de determinado partido. Por eso mejor difundir que votaremos por muertos... ¡Así no hay pierde!”Ese blog se ufana de que a esta iniciativa se han sumado otros espacios en internet, entre ellos Ciudadanos en Red, que en efecto reproduce la convocatoria. Lo paradójico es que esa iniciativa forma parte de Metrópoli 2025, cuyo consejo directivo preside Demetrio Sodi, candidato panista a delegado de Miguel Hidalgo.Los “anulistas” coinciden con los abstencionistas en que todas las opciones son inaceptables, pero no comparten su pasividad e indiferencia. “Levantarnos a anular nuestro voto nos convierte en ciudadanos ejerciendo el derecho de rechazar a los partidos y sentar las bases para construir una mejor democracia”, establece el movimiento “políticos nulos, votos nulos”.Por su parte, en su blog “Anúlalos”, Germán Petersen, estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) de Guadalajara y ganador del primer lugar del Certamen Nacional Juvenil de Ensayo Político 2007, expone las diferencias entre anular el voto y abstenerse: “Para nada es nuevo que muchos mexicanos no se presentan a votar el día de las elecciones con el pretexto más burdo que uno se pueda imaginar. El abstencionismo consciente como forma de protesta corre el riesgo de perderse entre ese grupo de personas que por flojera, desidia o cualquier otra razón sin sentido, simplemente no se presentan a votar. Además, la cifra de abstencionistas varía mucho de elección a elección; en cambio, el porcentaje de votos nulos prácticamente nunca ha rebasado el 2.5% en el estado. Vayamos a votar, pero de una forma que transmita nuestro descontento. La anulación es la mejor que podemos encontrar.”
Traición a la patria
A la discusión entre los promotores de la abolición del voto, de extendida presencia en la red –que focaliza su público clasemediero, si bien se han impreso volantes que se distribuyen en algunas ciudades–, se han sumado analistas que ponderan el fenómeno y aun políticos como la experredista Rosalbina Garavito.El más tenaz promotor del voto nulo es José Antonio Crespo, miembro del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y autor de rigurosas indagaciones electorales como Hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana, quien sostiene que anular el voto no significa apatía, sino rechazo activo y deliberado a todos los partidos.“Es lo que suele llamarse ‘abstencionismo activo, o cívico’, pero que fácilmente puede confundirse con el abstencionismo apático o indiferente si no se plasma en una boleta anulándola con claridad”, escribió Crespo en el diario Excélsior el 18 de mayo, al recordar que la legislación mexicana no considera el voto en blanco, como en varias democracias.Se trata, explicó, de un espacio en la boleta, creado como una opción legítima y especial para quien quiera votar “ninguno”. “Habrá que empujar que en adelante se incluya ese derecho (que en general, aun los ‘participacionistas’ reconocen como menos perjudicial institucionalmente que sólo abstenerse de ir a las urnas)”.Al respecto, Hinojosa afirma que, mientras no exista en México el espacio para votar por “ninguno”, es preciso anular el voto como señal de repudio al sistema actual, “que es una jaula de oro democrática, una gran simulación”, y la sociedad no tiene opciones.Al margen de militancia partidista, Hinojosa dice que ha “apostado” todo su capital político a esta iniciativa que va más allá del rechazo que se manifiesta a través de la abstención, que a los políticos no les importa. “Vamos a demostrar que habemos muchos que ya le estamos dando la espalda al jueguito, porque no está dando resultados –afirma–. Un éxito excepcional en Puebla sería que 10% de la gente anulara su voto.”Pero este viernes 29 sobrevinieron reacciones: el Partido Nueva Alianza acusó a Hinojosa de que, llamando a anular el voto, promueve acciones contra el proceso electoral previstas en el artículo 345 de la ley electoral federal, cuyo castigo es una multa de hasta 500 días de salario mínimo, y Sergio Cházaro, consejero local del IFE, afirmó que esa campaña atenta contra los fundamentos de la democracia.El político poblano dice que son señales “muy raras”, porque además se le acusa de querer ser candidato: “Es una visión muy tonta. Ya fui candidato y este no sería mi camino para volverlo a ser, ni siquiera es seguro. No conecta una cosa con la otra. Lo interesante aquí es qué va a hacer el IFE. Tiene de dos: desechar o imponer la multa. Deberían desecharla, pero ¿me van a agarrar de caso ejemplar para que no se insubordine la ciudadanía?”.También en Jalisco ha habido reacciones adversas: el presidente del órgano electoral, David Gómez, desautorizó la nulidad del voto, y la campaña fue calificada por el exgobernador Ramírez Acuña como “cobardía” y “acción contra México”, expresión semejante a la del cardenal Juan Sandoval: “No hace labor de patria”.Al respecto, el activista potosino Noel Algara dice: “¿Anular el voto convierte en un criminal democrático? No. Muy al contrario, lo convierte en un ciudadano modelo, que no rechazó sus deberes y obligaciones. Pero cuidado, hay opiniones que realmente ‘matan a la democracia’ y un cardenal que las expresa”.Páez Agraz reflexiona: “Anular es un derecho constitucional que el Estado nos debe garantizar. Estas declaraciones evidencian que los políticos y líderes formales no han desarrollado comportamientos democráticos. La democracia es un vehículo que funciona con demócratas; de izquierda, derecha o centro, pero demócratas”.
–¿No se corre el riesgo de que, luego de las elecciones, se diluya el movimiento y, después de lo que podría ser un “desahogo”, venga la frustración?
–Si esto se diluye será cierto que los ciudadanos tienen el gobierno que se merecen. Nosotros creemos que se puede tejer una red social que se convierta en escuela de ciudadanos. Los ciudadanos tenemos que preocuparnos por nuestro país.
Táctica ineficaz
José Woldenberg, expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), advierte que el movimiento que convoca a ir a las urnas el 5 de julio para anular el voto y el creciente abstencionismo deben preocupar a los políticos y a los partidos.“Darle la espalda a la inasistencia a las urnas o a quienes van a anular su voto es suicida. Esto está expresando algo –dice el experto–: expresa malestar, desencanto y desafección a los partidos”.
Sin embargo, Woldenberg no tiene duda: este movimiento para acudir a las casillas el día de la jornada electoral y abolir el sufragio va a fracasar porque tiene enormes debilidades. La principal: dejará a los que sí votan la decisión de cómo se integrará la representación popular, como la Cámara de Diputados, o quiénes se convertirán en autoridades.“Ahí reside su mayor debilidad –señala–. Y su otra debilidad es conceptual: la única manera que se tiene para decir que hay que anular es que, para ellos, todos los partidos significan lo mismo. Y esa es una gran falacia.”Según él, los partidos en México en muchas cosas se pueden parecer, pero sin duda expresan diversidad de diagnósticos, propuestas, plataformas. Por eso, Woldenberg niega que anular el voto se equipare a la “abstención activa”, porque ésta tiene sentido sólo cuando alguna corriente político-ideológica está excluida, como ocurrió con el Partido Comunista Mexicano en 1970.En entrevista en su austero cubículo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Woldenberg afirma que “la manera de revertir la abstención es elevando el nivel de la discusión política, generando un circuito más productivo o político, es dignificando esa actividad”. –Eso es justamente a lo que apelan los anulistas…
–¿Pero van a lograrlo con eso? En esa operación hay algo que es absolutamente cierto e incontrovertible: quienes vamos a decidir somos los que votamos y hay una probabilidad de que eso genere la reflexión de los partidos para corregirse y demás. Autor de La mecánica del cambio político en México y El cambio democrático y la educación cívica en México, entre otros libros especializados, explica que normalmente, cuando ha habido reformas, no es porque la abstención haya crecido, sino que “se han dado cuando se genera un diagnóstico de algún problema y se hacen avanzar algunas propuestas, es decir, se crea un contexto de exigencia real con diagnóstico, con medidas y con horizonte”.
–Dicen los activistas que anular el voto implicará un sacudimiento a los partidos y que haya reformas que hagan más eficiente el sistema. ¿Es algo ingenuo o es producto de este estado de ánimo contra los partidos?
–Yo creo que tiene que ver, en efecto, con un estado de ánimo muy encendido que no es solamente mexicano, que lo han medido encuestas como el Latinobarómetro, en donde el aprecio por los partidos, los políticos y los congresos es muy bajo.
Las razones de la ira
De hecho, dice, la motivación profunda del desencanto no es política, sobre todo cuando se ha avanzado en el proceso democratizador: “Yo creo que los nutrientes fundamentales del desencanto vienen de otro lado, vienen del no crecimiento de la economía, del deterioro de las condiciones de vida de la gente, de una sociedad cada vez más desigual, con franjas de pobres enormes”.Explica: “Hoy cuesta trabajo pensar a México como país. Parece más bien un archipiélago de grupos, de tribus, de pandillas, escasamente integrados. Entonces, el sentido de pertenencia a una comunidad nacional está, de alguna manera, roto, trastocado. “Yo creo que de ahí viene el desencanto. Incluso, para decirlo en términos de las personas, yo creo que el desencanto se nutre mucho, al no crecer la economía, de la expectativa de cómo van a vivir los hijos, y van a vivir peor que los padres. Entonces hay un mal humor público, agrio, irritado, que se explica por eso, más que por la política en sí misma. Y dicen: todo esto es culpa de los políticos, del Congreso, de los partidos. Pero el malestar es por eso.”Pone como ejemplo el período de 1932 a 1982, cuando la economía creció en un régimen autoritario y había una especie de consenso pasivo más fuerte. “¿Y cómo se explica ese consenso? Por el crecimiento de la economía. Siempre fue un crecimiento polarizador, nunca fuimos una sociedad equitativa ni igualitaria, pero al crecer la economía las expectativas de vivir mejor se cumplían, y hoy no. Por eso también me parece que este método no va a lograr los fines que busca, por desgracia”.Woldenberg aclara también que jamás se podrá saber si el movimiento fue exitoso: “Van a aparecer los tradicionales votos por Batman y Cantinflas, los errores y los que van a anular para manifestar un malestar con los partidos. ¿Qué porcentaje de esos votos expresa cada uno de ellos? Nunca lo vamos a saber”.Lo que le preocupa de este tipo de movimientos es la “retórica antipolítica”, que “es muy efectiva pero suele ser muy mentirosa”. Consiste en que los políticos, sus partidos y el mundo institucional son un bloque llamado la clase política, que es perverso, corrupto, ineficiente; explica. “Hay también un pueblo que porta todas las virtudes: es noble, incorruptible, trabajador. Y entonces hay una contradicción entre la clase política y el pueblo. Y curiosamente siempre hay un salvador, que puede ser un movimiento, un líder carismático, alguien que, ese sí, va a romper con la dinámica autorreferencial. Yo creo que es una falacia de principio a fin.”Reflexiona: “El discurso antipolítico lo único que hace es fomentar el desencanto en muchas de las instituciones que son necesarias para la democracia. Porque no hay democracia sin partidos, sin políticos, sin Congreso. Entonces, más bien yo me orientaría a cómo vamos a reformar la vida política a través de los políticos, de los partidos y de los congresos, y no a tratar de exorcizarlos”.
–El cardenal Juan Sandoval dice que quienes llaman a anular el voto no hacen patria y que el abstencionismo va a matar a la democracia.
–Ese lenguaje tampoco ayuda en nada. Yo insisto en que reconozco como un derecho que la gente se abstenga o que la gente vaya y anule su voto. Lo que digo es que para los fines que se plantean ese no es el mejor método. “Los partidos, los políticos, la escuela, los medios deberían tener políticas permanentes para explicar qué son los principales regímenes de gobierno, cuáles son sus valores, sus principios, sus conductos de participación, por qué es mejor vivir en democracia que en un sistema autoritario. Nos hace falta, como sociedad, una enorme pedagogía para llegarle a todo ese mundo de gente que hoy está absolutamente divorciado de la política. “Me da la impresión de que cuando desde el púlpito se meten a la política, siempre lo hacen de manera muy mala. Hasta en el lenguaje, como en este caso. Acostumbrado a pensar en pecados, trasladan ese lenguaje a la vida política y desnaturalizan todo. Insisto: es un derecho no participar, no hay que anatemizar a nadie, pero no creo que sea una fórmula para cambiar las cosas.”
Suena sensato el tal Woldenberg ¿verdad? Pues es uno de esos intelectuales que le lamió la cola a Fecal y sabiendo que había habido fraude declaró lo contrario. ¡Cuidado con estos oportunistas que se quieren hacer los muy serios y son unos traidores! Por muy bien que argumente, moralmente es una gentuza.
Suena sensato el tal Woldenberg ¿verdad? Pues es uno de esos intelectuales que le lamió la cola a Fecal y sabiendo que había habido fraude declaró lo contrario. ¡Cuidado con estos oportunistas que se quieren hacer los muy serios y son unos traidores! Por muy bien que argumente, moralmente es una gentuza.
Solá, el alma de las campañas sucias, ya es “mexicano”
De las oleadas de estiércol y lodo que el PAN arroja contra sus adversarios políticos emerge un viejo conocido, experto en campañas sucias: Antonio Solá, el español que en 2006 fue el artífice de una de ellas: “AMLO, un peligro para México”… Fuentes consultadas por Proceso revelan que, para evitar eventuales reclamos por una nueva injerencia de Solá en asuntos de política interna, la Presidencia de la República dispuso todo para la naturalización del español como mexicano… Siendo así, la guerra sucia del PAN apenas comienza…
“La necesidad de mantener una alianza táctica con el PAN y su gobierno ya pasó. Entiéndelo: estamos en otra etapa”. Este fue el reclamo que los 18 gobernadores priistas hicieron a su dirigente nacional, Beatriz Paredes Rangel, quien aceptó reunirse con ellos y los coordinadores parlamentarios en las cámaras de Senadores y Diputados: Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón.“Necesitamos responder a esta guerra sucia, no podemos seguir con tibiezas”, dijo uno de los mandatarios estatales. “Queremos saber cuál es la estrategia del partido”, secundó otro.Era la tarde del 19 de mayo en Metepec, Estado de México, y lo que ellos califican como “campaña negra” emprendida en su contra por el dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, llevaba ya tres meses.El pasado 22 de febrero, Martínez fue el protagonista de un video que su partido “subió” al sitio YouTube, en internet, en el que acusa a los gobiernos del PRI de no haber frenado el narcotráfico y les pregunta a los priistas “si están o no con el presidente Calderón del lado del combate a las mafias criminales”.Beatriz Paredes se defendió. Respondió que hasta el momento les había ido bien con lo que ella considera una campaña electoral propositiva y que no era bueno enfrentarse con el presidente de la República. Y aún más: les aseguró que Calderón no forma parte de la campaña de denostación contra su partido.En la medida en que respondía Paredes Rangel, coordinadores y gobernadores se enfurecían más con ella no sólo por su tibieza, sino por defender al mandatario.A pesar de ella y contra ella, las 20 personas con las que Paredes Rangel comparte el poder en el PRI decidieron dar un giro a la campaña, para responder a cada una de las acusaciones de los panistas y, sobre todo, señalar los errores en que, desde su perspectiva, ha incurrido Calderón, como la forma en que enfrentó la contingencia sanitaria, así como la crisis económica.A esta decisión siguió un comunicado que empezó a circular en internet, con diversos remitentes, y en el cual se establece la liga para un sitio en YouTube donde figura un video en el cual se denuesta a Felipe Calderón y a Germán Martínez. En el texto que lo acompaña se anuncia que los priistas de “línea dura” se unen para hacer una contracampaña “y responder a los golpes que el PAN ha propinado con la campaña negra de Germán Martínez, asesorado por Antonio Solá y con la venia del presidente Calderón”.
Maniobras presidenciales
En marzo de 2006, el reportero Álvaro Delgado (Proceso 1531) detalló las andanzas de Solá en territorio nacional, y cómo este ciudadano español hacía política en México al asesorar a Calderón, entonces precandidato presidencial. De esta manera violaba la Constitución, que en su artículo 33 prohíbe a todo extranjero inmiscuirse en asuntos de política interna.En aquel año de elecciones presidenciales, el enemigo a vencer era Andrés Manuel López Obrador, y a Solá se le atribuye la campaña sucia en su contra, cuyo principal eslogan rezaba que AMLO era “un peligro para México”.Durante algún tiempo los panistas negaron la participación del español en estas acciones. Incluso en marzo de ese año, Germán Martínez, entonces representante del PAN ante el Instituto Federal Electoral, dijo: “Es necesario que se haga una investigación para saber qué extranjeros están laborando como asesores, consultores y cargaportafolios de los candidatos”.Hoy, a tres años de distancia, el PAN retomó la campaña sucia, y Proceso averiguó que la Presidencia de la República dispuso que se nacionalizara al español para evitarse reclamos de que un extranjero se inmiscuía en política interna.Una prueba de que en Los Pinos se maniobró para que a Solá se le otorgara la nacionalidad mexicana se encuentra en el oficio que el 5 de diciembre de 2006 el subsecretario de Población Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Lauro López Sánchez, envió a César Nava Vázquez, entonces secretario particular de Felipe Calderón.En ese documento –con copia al secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña– le informa que el trámite concluyó de manera exitosa.En el oficio se adjuntó la carta de naturalización 0029065 con expediente de referencia ASI/521.2/ESP1/0064553/06. En esa carta, Solá manifiesta que nació el 14 de enero de 1972 en Terrassa, Barcelona, Reino de España; que su padre es Antonio Matías Solá Ortigosa y su madre Josefina Reche Carricondo, y que su cónyuge es Laura Gómez Padilla.El mismo documento da cuenta de que la carta se otorgó el 4 de diciembre de 2006, aunque fue un día después cuando se le notificó del trámite concluido al secretario particular del presidente de la República, César Nava, hoy candidato a diputado federal por el XV Distrito.A Solá se le brindaron todas las facilidades para que obtuviera la nacionalidad mexicana. Fue el pago por diseñar la campaña negra contra López Obrador, la cual le ayudó a Calderón para ganar la contienda presidencial.Ahora, ningún político de oposición podrá reclamar que un extranjero interviene en política mexicana, aunque Solá se dedique a diseñar una estrategia mediática para golpear al PRI, sobre todo, así como al PRD. La situación amerita este tipo de acciones, pues se encuentra en juego la mayoría en la Cámara de Diputados.Legisladores del PRD –quienes hoy están siendo afectados por la campaña negra emprendida por el PAN en su contra– criticaron que uno de los primeros actos de gobierno de Calderón haya sido emitir una orden con el fin de que su asesor español obtuviera la nacionalidad mexicana.Este hecho prueba, asegura el diputado federal por el PRD Juan N. Guerra, que “Solá siempre estuvo de manera ilegal en el país violando las leyes, y que se le pudo haber aplicado el artículo 33 de la Constitución por haber hecho lo que está prohibido: que un extranjero participe en política interna de México”.Y añade: “Ahora con estos documentos ya no puedes cuestionar a quien está dirigiendo nuevamente la campaña negra, la guerra sucia. Esa es la política que aplican los panistas, convertir lo ilegal en legal mediante el uso del poder”.Humberto Zazueta, legislador federal perredista, no se sorprende de la carta de naturalización promovida por el gobierno federal panista: “Lo mismo hicieron con Zhenli Ye Gon. Fueron ellos quienes lo hicieron mexicano y le dieron a su vez carta para introducir grandes cantidades de metanfetaminas a través de las aduanas. A Solá lo naturalizaron para evitarse cuestionamientos y que siguiera diseñando la campaña negra”.Igual que en 2006Priistas y perredistas están convencidos de que la estrategia electoral del PAN y del gobierno federal está siendo orientada por Solá, y su único objetivo consiste en mantener el poder a toda costa.Samuel Aguilar, diputado federal del PRI y secretario adjunto del Comité Ejecutivo Nacional, explica que el PAN, desde siempre, ha usado la campaña negra como arma. Esta estrategia define un tema, en este caso la seguridad y, en segundo lugar, identifica a los adversarios: en este caso el PRI y el PRD, que disputarán la mayoría en la Cámara de Diputados.Comenta que el proceso electoral del 5 de julio de 2009 será una reedición del realizado en 2006 “que dividió al país y terminó cuestionando la legitimidad de quien hoy está en la Presidencia”.El diputado Zazueta ubica la campaña sucia panista en los acontecimientos de Zacatecas y Michoacán. Sostiene que en el primer caso, por medio de una filtración periodística al diario Reforma, se pretendió vincular con el narcotráfico al senador Ricardo Monreal, ahora del PT, pero colaborador cercano de Andrés Manuel López Obrador. Considera que la detención en Michoacán de 10 ediles en su mayoría priistas y perredistas (sólo dos son del PAN), así como de colaboradores cercanos del gobernador Leonel Godoy, es una maniobra de tipo electoral.Y precisa: “Todo esto es parte de la guerra sucia orquestada por Solá, ambos casos forman parte de una guerra sucia para fortalecer al PAN y generar la idea de que la figura presidencial está atacando el narcotráfico en serio, hacerlo aparecer como el que salva al país”. Agrega: se trata ahora de desprestigiar a los políticos de oposición. Y cita inmediatamente el supuesto documento de “inteligencia federal” que publicó Reforma, en el que se vincula con el narcotráfico a diputados federales del PRI y del PRD.La campaña de desprestigió que inició el PAN fue diseñada a principios de enero de este año. De ello dio cuenta el reportero de Reforma Ernesto Núñez, quien detalló cómo se planeó todo en las oficinas de la dirigencia nacional panista, con la anuencia del gobierno federal.Además de Solá –a quien no menciona el reportero– participaron en el diseño de la estrategia Germán Martínez; Juan Ignacio Zavala, coordinador de proyectos especiales del PAN y cuñado de Calderón; Jorge Manzanera, secretario general adjunto del CEN panista; Alejandro Villalobos, secretario de Elecciones; Rogelio Carvajal, secretario general; Roberto Gil, director general jurídico y representante ante el IFE, y Héctor Villarreal, director de Comunicación Social.Esa estrategia fue avalada por los grupos parlamentarios panistas en sus plenarias del 1 y 5 de febrero pasado. Se acordó que la primera acción consistiría en atacar al PRI por no respaldar la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio, así como la Ley de Combate al Narcomenudeo.Para esas fechas, el PRI estaba casi 10 puntos arriba del PAN en las preferencias electorales, según las encuestas publicadas. El PRI no respondió a los ataques y un mes después, en la siguiente encuesta, descendió de 39.9 a 30.3 puntos en las preferencias. Por el contrario, el PAN subió de 25 a 27 puntos lo que ocasionó que los priistas reclamaran a su dirigente nacional.El 29 de marzo pasado, durante la toma de protesta de Rodrigo Medina como candidato del PRI al gobierno de Nuevo León, los 18 gobernadores priistas y los dos coordinadores parlamentarios solicitaron la primera reunión con Beatriz Paredes. Le reclamaron su tibieza y exigieron que dijera cuál será la estrategia para responder al PAN.Acosada por sus correligionarios, la dirigente priista prometió que en un lapso de tres días les haría llegar la estrategia que contrarrestaría los ataques del panismo. El plazo se cumplió y no hubo nada. Los ataques siguieron. Los priistas aprobaron el 29 y 30 de abril las leyes que les reclamaba Germán Martínez en los videos, pero todo siguió igual.El lunes 18 apareció la nota que involucra a familiares del senador Monreal con el narcotráfico. Enfurecidos los priistas decidieron que no esperarían más y llamaron a cuentas a la dirigente nacional en el cónclave realizado en Metepec al día siguiente, 19 de mayo. Ahí decidieron que contrarrestarían la propaganda negra.El miércoles 20, cuando el senador Monreal solicitó licencia, el PRI, por medio del presidente de la Mesa Directiva, César Duarte, pidió que no se utilizara la justicia con propósitos electorales para denostar a los adversarios y reposicionarse. Por parte del PRD sólo hubo silencio. l
Operación gubernatura
Luisa María Calderón Hinojosa....la hermana del FECAL, que horror! (y con chicle verde y babas focifera)El PRD resiente el golpe calderonista contra la administración de Leonel Godoy y denuncia que el objetivo es que el PAN gane el bastión cardenista en 2012. De paso, dirigentes perredistas acusan a la hermana del presidente de la República de operar electoralmente en estados gobernados por la izquierda con el pretexto del combate al crimen organizado.
Para la secretaria general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Hortensia Aragón, el operativo en Michoacán, tierra natal del presidente Felipe Calderón, tiene el claro objetivo electoral de que el Partido Acción Nacional (PAN) obtenga la gubernatura en 2012.Para ello utiliza a su hermana Luisa María Calderón Hinojosa, quien “opera con listados electorales en la mano, hasta para ver qué funcionarios hay que levantar”. En entrevista con Proceso, la dirigente perredista asegura que el gobierno federal, mediante Luisa María, está tocando el mapa electoral en estados vinculados con el PRD para afectarlos con el pretexto de la lucha al crimen organizado.Incluso, aunque el “espectáculo” que se montó como operativo antinarco involucró a los tres principales partidos políticos (cayeron seis alcaldes del PRI, dos del PAN y dos del PRD), fue un golpe bajo y directo al gobierno de Leonel Godoy, ya que se detuvo a gente cercana a su administración, como Ramón Ponce Ponce, coordinador de asesores del procurador de Justicia del Estado y exsubprocurador; a Citlalli Fernández González, asesora del gobernador de Michoacán y exsecretaria de Seguridad Pública estatal; al que era procurador General de Justicia de la entidad, Miguel García Hurtado, y al ahora exsubprocurador, Ignacio Mendoza. Aragón reconoce el impacto negativo para su partido en las elecciones intermedias del próximo 5 de julio, tanto a nivel estatal como nacional, y critica que el gobierno federal realice operativos diferenciados y con tinte electoral.Además, dice, la detención de funcionarios michoacanos no sólo golpea al PRD, sino que además pretende ocultar grandes problemas nacionales, como la crisis económica o el desempleo, mediante el escándalo.“Por eso se montan estos espectáculos, porque eso son, espectáculos. Si no, ¿por qué no detuvieron a ningún capo de la droga?”, inquirió en entrevista telefónica. “Sí fue un golpe a la corrupción, pero este operativo no fue un golpe al narcotráfico como dicen las autoridades”, sostiene. De paso, cuestiona que la administración de Felipe Calderón haya “encontrado” a la delincuencia organizada en Michoacán y no en lugares como Ciudad Juárez, Chihuahua, donde la corrupción y el narco “son evidentes”.
Palo dado…
En la reunión del Consejo Político Nacional (CPN) del PRD, el martes 26, para tratar el caso Michoacán, destacó el enojo de los perredistas por el golpe, pese a que Godoy ha tenido disposición para colaborar con el gobierno federal en la lucha contra el narcotráfico.Ahí se definieron dos posiciones: Nueva Izquierda enfatizó que sería un error oponerse a la realización de un operativo de esta naturaleza y que se debía apoyar, mientras que Izquierda Unida consideró necesaria una posición más enérgica contra el manejo mediático y electoral del gobierno federal.Al final cerraron filas, reconoce Dolores Padierna, miembro del CPN que ha estado presente en las reuniones del comité, así como en el encuentro con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, el jueves 28.La también integrante de la corriente Izquierda Democrática Nacional comentó que parte de la discusión se centró en la indignación del PRD por la arbitrariedad calderonista, pues los dardos de la lucha contra el crimen van dirigidos al PRD.“Hubo un cierre de filas previniendo que nos pusiéramos muy duros, no en la defensa de quien esté involucrado en actividades ilícitas. El que la hace, que la pague. Nadie quiere impunidad. Lo que sí nos preocupa es que sea un método de la ultraderecha para perseguir gente”, indicó.Cuestionó que el gobierno federal no haya realizado ese operativo en Durango, donde un sacerdote denunció que radica Joaquín El Chapo Guzmán, o en Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa o en otras entidades. “¿Por qué tiene que ser con los perredistas? Es una actitud de la ultraderecha que quiere desaparecer los gobiernos de izquierda y pretende gobernar Michoacán a toda costa”.Padierna contó que en la reunión con Gómez Mont notó preocupado al secretario de Gobernación por el “reclamo enérgico” que le hicieron los dirigentes del PRD, encabezados por el presidente nacional, Jesús Ortega, por la actuación del gobierno federal en Michoacán.Ahí le exigieron evitar la partidización de temas como el narcotráfico y cancelar operativos facciosos, de tipo electoral. Además, reclamaron que se presenten pruebas irrefutables contra los funcionarios detenidos.Según Padierna, el gobernador Leonel Godoy “nos dijo que había varios culpables y con ellos no habría que dar marcha atrás, pero que también había inocentes entre los detenidos, según la información que él tenía. La pregunta es ¿cómo van a reivindicar a los inocentes?”.Los perredistas solicitaron a Gómez Mont celeridad en la investigación, porque sospechan que se quiere mantener arraigados a los funcionarios y exfuncionarios hasta después de la elección del 5 de julio.En el encuentro con el secretario de Gobernación, el coordinador de los diputados del PRD, Javier González Garza, expuso que el gobierno federal estaba actuando con parcialidad, pues el problema del narcotráfico era nacional y solamente se afectaba a perredistas. La queja, dijo Padierna, no es porque se opongan al combate al narcotráfico, “sino por la forma tan parcial y discrecional con la que actúan contra unos y se muestran complacientes con otros”, como el reciente operativo en Morelos, en el que sí fue avisado el gobernador panista, quien pidió la renuncia a estos funcionarios para que fueran investigados.Comentó que el mismo González Garza expuso que el procurador general de la República, Genaro Medina Mora, es un funcionario “que ha perseguido perredistas”, partidizando la lucha contra el narcotráfico y “buscando chivos expiatorios en el PRD” para que queden libres los culpables.Ortega le espetó que se está impulsando una estrategia electoral basada en la seguridad pública. “Se acusó a Felipe Calderón Hinojosa como el diseñador de estas estrategias, junto con Antonio Solá –autor de la guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador en 2006–, con fines electorales y es una cortina de humo para ocultar el problema económico. “Cuando se dio el desplome del PIB estalló lo de Zacatecas; ahora, cuando se iban a dar a conocer las cifras del desempleo, montan este operativo.”De acuerdo con Padierna, Gómez Mont no avaló la vinculación electoral del PRD respecto del operativo y aseguró que, por el contrario, tenían razones de peso para detener a los alcaldes y funcionarios. Se dijo preocupado por la forma como estaban interpretando la actitud del gobierno federal y que “no hubo intención de afectar” a su partido.El funcionario les preguntó cómo se podría amortiguar el impacto electoral. Para Padierna, la respuesta es un debate con el PRI y el PAN.Por lo pronto, “el golpe está dado”, dice Padierna, y “nos afecta muy duro en materia electoral. Deben hacer estrategias de Estado, no estrategias parciales.”El miércoles 27 se reunió la dirigencia con los gobernadores del PRD, ante el temor de que los operativos se extiendan a otras entidades gobernadas por los perredistas. El próximo 1 de junio habrá otro encuentro similar. El martes 2 de junio se efectuará otro con el Consejo de Seguridad, y el miércoles 3, el Consejo Político Nacional del PRD sesionará en Michoacán.Este conflicto se suma al pleito entre la gobernadora de Zacatecas, Amalia García, y el senador Ricardo Monreal, a quien se acusa de vínculos con presuntos narcotraficantes, así como al arraigo del candidato de Ixtapaluca, Estado de México, Mario Moreno Conrado, en marzo pasado.
Un golpe policiaco-electoral
Michoacán es territorio que controla La Familia, ?según testimonios del propio gobernador Leonel Godoy, quien a principios de su mandato se reunió con el titular de la Secretaría de la Defensa, general Guillermo Galván, y le comentó que esa organización estaba presionando a algunos alcaldes. Pero el gobierno federal se reservó la respuesta y sólo ?en vísperas de los comicios del próximo 5 de julio instrumentó el golpe contra un bien seleccionado grupo de alcaldes y funcionarios cercanos a Godoy. Poco le importó violentar la soberanía del estado.
MORELIA, MICH.- Derrotado una y otra vez en las urnas de su estado, Felipe Calderón aprovechó la vulnerabilidad del gobierno de Leonel Godoy por su presunta protección al narcotráfico para hacer del combate a la delincuencia organizada bandera electoral.En apenas un año y tres meses de gobierno, Godoy está por segunda ocasión sometido a una fuerte presión por hechos relacionados con la delincuencia organizada en una crisis de inseguridad que Calderón ha administrado políticamente y lo ha llevado al extremo de considerar el estado de excepción en la entidad.A pesar de que a través de su gran aliado, el Ejército, supo desde hace más de un año de las presiones de La Familia michoacana a varios de los alcaldes ahora detenidos, Calderón se guardó la oportunidad para actuar. Lo hizo a 40 días de las elecciones federales en las que en la entidad se prefiguraba una nueva derrota para el PAN.Con una actividad narcopolítica tan intensa como en otros estados, Michoacán es desde el martes 26 escenario donde los cárteles de la droga se convirtieron en actores determinantes durante el proceso electoral que culminará el 5 de julio próximo.Los informes de inteligencia civil y militar que circulan en el estado sobre las alegadas relaciones de funcionarios federales, estatales y municipales con la delincuencia organizada que operan en el estado sustituyeron a las plataformas electorales.Encaminado hasta ese día a una nueva derrota en el que aún es bastión perredista, el PAN espera capitalizar en los comicios el operativo policiaco militar que el gobierno federal ejecutó en las primeras horas del martes 26, en forma simultánea, en distintos municipios del estado, incluida esta capital.La redada acabó con la detención de 10 presidentes municipales de distintos partidos, 17 funcionarios estatales y municipales y el juez de primera instancia Jaime Liera, coordinador de la Policía Ministerial durante el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel. Además, la entrega voluntaria del exprocurador de Justicia Miguel García Hurtado, y del exsubprocurador Ignacio Mendoza Jiménez.Los 30 están acusados por la Procuraduría General de la República (PGR) de proteger al grupo conocido como La Familia michoacana, a Los Zetas –brazo armado del cártel del Golfo– o a la organización de los hermanos Beltrán Leyva.
Junto con los cárteles de Sinaloa y del Milenio, esas organizaciones se disputan el control de la ruta michoacana para el tráfico de mariguana, cocaína y heroína entre Sur y Norteamérica y de la materia prima que llega desde Europa y Asia para la elaboración de metanfetaminas.A todos los detenidos les fue decretado el viernes 29 un arraigo por 40 días que se puede duplicar antes de que se defina su situación jurídica. El primer plazo del arraigo se vence tres días después de las elecciones.Con su hermana Luisa María como ariete, responsable de acción electoral del PAN en Michoacán, Calderón ordenó el operativo que los propios panistas en el Congreso local reconocieron como violatorio de la soberanía del estado, toda vez que elementos de la Policía Federal irrumpieron armados y encapuchados en el Palacio de Gobierno para detener a un agente de la Secretaría de Gobernación local.Desde el inicio de la campaña electoral, Luisa María Calderón –quien ejerce como estratega electoral con una ostentosa protección del Estado Mayor Presidencial– acusó al PRI y al PRD de tener candidatos apoyados por el narcotráfico.Incluso, un día antes del operativo ella buscó a la presidenta del PRD en el estado, Fabiola Alanís, para que le informara sobre las presiones de los grupos de narcotraficantes a los candidatos perredistas.Como responsable de la acción electoral en su estado, se encargó de operar la definición de los actuales candidatos del PAN, que hasta antes del operativo aparecía rezagado frente al PRD y al PRI en las preferencias electorales. Según las encuestas de Parametría y Consulta Mitofsky, elaboradas para el PRD, éste aparecía favorito en ocho de los 12 distritos electorales federales con 37% de las intenciones de voto, contra 31% del PRI y 25% de Acción Nacional.Hasta antes del operativo, el PAN tendía a repetir el fracaso en la tierra de Calderón, quien en 2006 perdió por 100 mil votos de diferencia contra Andrés Manuel López Obrador, y en 1995 sufrió su primer descalabro electoral en Michoacán al quedar en tercer lugar en las elecciones a la gubernatura que ganó el priista Víctor Manuel Tinoco Rubí.En las elecciones de 2007, cuando Godoy resultó electo, el PAN perdió con una diferencia de 72 mil votos y sólo obtuvo 12 de las 113 presidencias municipales, contra 40 del PRD y 54 del PRI. El PAN, sin embargo, se convirtió en la segunda fuerza del Congreso con 12 curules, debido al reparto plurinominal. El PRD tiene 14 diputados.
Presión de “La Familia”
Contrario a lo señalado por la PGR de que el operativo fue resultado de una investigación de medio año sobre las relaciones de funcionarios del estado con el narcotráfico, por lo menos desde febrero de 2008 el gobierno federal ya sabía de las presiones de los narcotraficantes, en particular de La Familia michoacana, a una veintena de alcaldes.Según el coordinador del PRD en el Senado, Carlos Navarrete, fue el propio Godoy quien le entregó esa información al secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván.En entrevista con Proceso, el senador relata que al inicio del actual gobierno una veintena de alcaldes del PRD, el PAN y el PRI, también recién electos en ese momento, fueron levantados por La Familia y concentrados en un salón de Nueva Italia, en la cabecera del municipio de Múgica.Rodeados por gente armada y numerosas camionetas, fueron advertidos: “los dueños del territorio donde van a gobernar somos nosotros. No se confundan: los directores de Seguridad Pública nosotros los vamos a poner”. En seguida, refiere el senador, vino la amenaza: “No deben meterse en ninguno de los asuntos de La Familia”.Uno de los alcaldes amenazados –cuya identidad no fue revelada por el legislador– le contó lo sucedido al gobernador, quien le pidió al entonces presidente interino del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, que buscara una entrevista con el general Galván.El encuentro se realizó en el Campo Militar número 1 con la presencia de Godoy, Naranjo, Navarrete y el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Javier González Garza. De la Sedena, el general fue el único participante, en tanto que Godoy fue el encargado de relatar los hechos y solicitar la intervención de la secretaría.De acuerdo con Navarrete, el general aseguró que el Ejército ya sabía de esa reunión y que el reporte de Godoy reforzaba los informes que hasta entonces tenía.Acordaron que se coordinarían a través de la 43 Zona Militar, con sede en Apatzingán, y de la 21 Zona Militar, en Morelia. Nada ocurrió hasta la noche del 15 de septiembre de 2008, cuando supuestos narcotraficantes –zetas, según la PGR– arrojaron dos granadas contra la multitud que celebraba el Grito de Independencia en el Centro Histórico de esta capital.El ataque, que después de ocho meses no ha sido esclarecido por la PGR, dejó nueve muertos y más de un centenar de heridos, y colocó al gobierno de Godoy en un lugar destacado en los informes de los organismos de seguridad sobre el narcotráfico en la entidad, según constató Proceso en su edición 1664 del 21 de septiembre de 2008. El senador del PRD por Michoacán, Jesús Garibay García, asegura también en entrevista que en ese momento Calderón consideró decretar el estado de excepción en la entidad para suspender las garantías individuales y militarizar la entidad.“Pocos días después del atentado, el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, acudió al Congreso como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno y negó que el gobierno federal hubiera considerado esa opción, pero la información que tuve en ese momento era sólidamente la contraria. Aún ahora, lo sostengo”, dice el senador.Godoy, quien fue secretario de Gobierno con Cárdenas Batel, en momentos en que se recrudeció el narcotráfico en la entidad, está ahora atrapado entre las presiones del perredismo local que quiere movilizarse en contra de Calderón y la información sobre la supuesta relación de algunos de sus más cercanos colaboradores con el narcotráfico, en especial con La Familia.En unas cuantas horas, Godoy pasó de la indignación a la búsqueda de reconciliación con el gobierno federal. Inicialmente molesto porque Calderón no le informó sobre el operativo y violentó uno de los tres Poderes del estado, en menos de 48 horas pidió “dar vuelta a la página” sobre la redada.Aunque el mismo martes 26 públicamente aseguró que se trataba de un hecho ilegal que violó la soberanía del estado, el jueves 28 pidió en Guanajuato cerrar la controversia, “porque la federación y Michoacán no pueden estar confrontados”. Un día antes, ya había expresado su tibieza ante el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, al calificar el operativo como “necesario” y “un gran golpe” a la delincuencia organizada.
Vulnerabilidad
El ánimo conciliatorio del mandatario michoacano contrastó con el mensaje del encargado de la política interior del país, quien en Morelia, el miércoles 27, dejó en claro que si no habían compartido la información fue porque no confían en Godoy. “Yo sólo confío en la ley y el gobierno”, expresó Gómez Mont a la prensa al final de un breve encuentro con el gobernador. El pretexto de la reunión fue la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública.En una respuesta pública a los primeros reclamos de Godoy, Gómez Mont dijo: “Se determinó confinar la información para que la acción judicial tuviera menos riesgos” para la población. Esa actitud contrastó con lo ocurrido en Morelos, donde el gobierno panista fue avisado de la detención de dos alcaldes.En una confirmación de su ambivalencia, la tarde del viernes 29, luego de conocer el arraigo contra los detenidos, el gobernador dijo que esa acción judicial “sin duda tiene tintes electorales y levanta sospechosismo”.Godoy está en una situación vulnerable. No sólo porque siete de los detenidos fueron cercanos o estrechos colaboradores suyos, sino porque su hermano Julio César Godoy es candidato por el distrito federal I con cabecera en Lázaro Cárdenas, que abarca los municipios considerados por la PGR como focos rojos del narcotráfico en el estado.El hermano del gobernador fue detenido por el Ejército durante el operativo y, según él mismo, declaró durante una hora ante las autoridades federales. Apenas el 7 de abril pasado su compañero de fórmula, Gustavo Bucio Rodríguez, fue ejecutado en un restaurante de Nueva Italia, zona controlada por La Familia.Tres de los arraigados fueron hombres de confianza de Godoy en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), una de las dependencias más infiltradas por la delincuencia organizada: el titular, Miguel García Hurtado; el exsubprocurador en Morelia, Ignacio Mendoza Jiménez, y el coordinador de asesores, Ramón Ponce Ponce. La PGJE prácticamente quedó desmantelada con la detención también de dos primeros comandantes y dos jefas de grupo.Más cercana aún era su asesora Citlalli Fernández González, quien fue su primera secretaria de Seguridad Pública, otra de las instituciones penetradas por el narcotráfico. También, Mario Bautista Ramírez, director del Instituto Estatal de Formación Policial, que al principio de la actual administración fue director de Policía y Tránsito del estado.Otro de los detenidos del entorno del gobernador fue el empresario Ricardo Rubí Bustamante, director de Fomento Industrial de Michoacán, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial del estado y sobre quien pesan señalamientos de lavado de dinero. También fue detenido Juan Gaona Gómez, jefe de agentes de la Dirección de Gobernación estatal, para cuya aprehensión la Policía Federal entró a la fuerza al Palacio de Gobierno.De los presidentes municipales detenidos, seis son del PRI, dos del PAN y dos del PRD. Se trata de los priistas José Cortés Ramos, de Aquila; Jairo Germán Rivas Páramo, de Arteaga; Audel Méndez Chávez, de Coahuayana, y Uriel Farías Álvarez, de Tepalcatepec, hermano de El Abuelo Farías, señalado por la PGR como miembro del cártel de los Valencia y proveedor de efedrina del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon.También del PRI está Adán Tafoya Ortiz, de Tumbiscatío; y Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, de Zitácuaro, conocido como el “Enrique Peña Nieto purépecha” por su juventud y cercanía con el gobernador mexiquense; además de ser sobrino del actual diputado federal priista Ascensión Orihuela Bárcenas.Del PRD fueron detenidos Osvaldo Esquivel Lucatero, de Buena Vista Tomatlán, y Genaro Guízar Valencia, de Apatzingán; mientras que los presidentes municipales panistas arraigados son José Luis Ávila Franco, de ciudad Hidalgo, y Antonio González Rodríguez, de Uruapan, la segunda ciudad más importante de Michoacán.
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