jueves, diciembre 27, 2007

Aznar debería responder por el fraude de SINTEL

POR JEAN-GUY ALLARD

• En abril de 1996, apenas un mes después de la llegada a la presidencia del gobierno de José María Aznar, la empresa estatal española Telefónica procedió a venderle a la firma MASTEC Incorporated, propiedad del empresario y agente de la CIA Jorge Mas Canosa, la entonces próspera empresa SINTEL.

La transacción levantó serias acusaciones contra Aznar de haber regalado SINTEL, que contaba con una plantilla de más de 1 800 trabajadores, a MASTEC, en agradecimiento por el apoyo abierto y público que Mas Canosa había brindado al candidato del Partido Popular (PP), quien en noviembre de 1995 viajó a Centroamérica desde Miami en el avión particular del entonces "chairman" de la FNCA.

José Antonio "Toñín'' Llamas, miembro del Comité Ejecutivo de la FNCA y de su comité paramilitar —quien estuvo estrechamente vinculado a las bombas que explotaron en 1997 en hoteles de La Habana administrados por empresas españolas y participó en la organización de ese viaje de José María Aznar a Miami— ha señalado cómo Jorge Mas Canosa destinó decenas de miles de dólares tanto al financiamiento de los atentados terroristas como a la campaña presidencial del jefe del PP.

Los afectados de SINTEL manifestaron la semana pasada que, después de ocho años de sufrimiento y espera, juzgan "decepcionante" y "fruto de presiones" la decisión del juez Pedraz que, en un segundo fallo, deja fuera de la acusación a altos cargos de Telefónica y no menciona para nada a José María Aznar.

Jorge Mas Santos, actual "chairman" de la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA), y su hermano Juan Carlos, hijos de Jorge Mas Canosa (después fallecido), son quienes tendrán que responder a la justicia española en lugar de Aznar, luego de que la Audiencia Nacional los acusara por un fraude de 59,4 millones de euros, relacionado con la quiebra de la empresa SINTEL.

El magistrado madrileño Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, alega que los hijos del empresario y fundador de la FNCA Jorge Mas Canosa, Jorge y Juan Carlos Mas Santos, "máximos responsables" de la firma miamense MASTEC, "distrajeron importantes cantidades de dinero" procedente de la firma española SINTEL, "en favor de la familia Mas".

Jorge Más Santos es el actual Jefe de la FNCA, grupo miamense patrocinador de numerosos actos de terrorismo contra Cuba.

En su fallo, el juez instructor señala cómo la familia Mas ha traspasado las acciones de SINTEL a varias sociedades instrumentales en "paraísos fiscales", que después sirvieron para el "vaciamiento patrimonial" de la antigua filial de la operadora Telefónica para lo cual utilizaron una trama de sociedades que pasaba por México, Puerto Rico y EE. UU.

Asimismo, "realizaron actos para la progresiva descapitalización" de la antigua filial, a través del giro de una serie de avales y préstamos que, de una u otra forma, tenían como beneficiarios a MASTEC o firmas de su entorno.

Ya en diciembre de 1998, en un contrato de reconocimiento de deuda por parte de Telefónica y MASTEC, se utilizaba a la propia SINTEL como aval para pagar su compra. La mayor parte de las acciones de SINTEL fueron transferidas a cinco sociedades, cuatro de ellas domiciliadas en las Islas Vírgenes, cuyos administradores están ahora entre los acusados.

Como parte de este comportamiento empresarial mafioso, las filiales de Sintel en cuatro países sudamericanos pasaron también a esas sociedades fantasmas, al mismo tiempo que se descapitalizaba a la firma con la venta de otras diez empresas del conglomerado.

SE ROBARON HASTA EL FONDO DE RETIRO

Un artículo conmovedor publicado en ese año 2001 por la revista española Interviú daba quizás la amplitud del desastre humano del cierre de SINTEL y el elemento común a ambos acontecimientos: el desprecio de la vida humana por parte de Jorge Mas Canosa y de los que los secundaron.

Según la revista, "catorce trabajadores muertos, siete por suicidio, siete por infarto; otro más rehabilitándose tras estar dos meses en coma y 70 empleados en tratamiento psiquiátrico", eran las consecuencias directas, hasta ese momento, de la venta fraudulenta de SINTEL; sin contar que "el 80% de las esposas e hijos de los trabajadores sufren depresión o estrés".

Según dijo entonces Adolfo Jiménez, uno de los trabajadores estafados, los empresarios miamenses, en su afán de apropiarse de aún más dinero, se habían robado "diez nóminas, dos extras, las cuotas de los seguros de vida y los planes de pensiones" de los trabajadores.

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