El Justo Reclamo

IFE: dos meses de errores

Jesús Cantú

En apenas 70 días de gestión, el presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita, ha incurrido en una larga y variada serie de yerros y deslices: Las desafortunadas propuestas para los nombramientos que debe aprobar el Consejo y las designaciones directas que realiza el consejero presidente; el desproporcionado e incoherente aumento presupuestal solicitado para el IFE; el aprobado incremento de 20% en los salarios de los consejeros; el absurdo propósito de exhibir las boletas electorales de la elección presidencial de 2006 antes de destruirlas; el apoyo a la decisión de dar carpetazo al asunto de los 280 mil spots no reportados por los partidos políticos en aquel proceso, y la incapacidad de conducir a buen puerto un concurso para ocupar las plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral.Tres de esos errores se resaltaron en la última sesión del Consejo General del IFE, el pasado miércoles 16 de abril, cuando repentinamente Valdés Zurita cambió de secretario del Consejo y, en la mesa, modificó su propuesta de orden del día de la sesión.El cambio de secretario de Consejo, y de encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva, tiene que ver con el fracaso en la conducción de los concursos del Servicio Profesional Electoral –en marcha desde enero pasado– para ocupar plazas de vocal ejecutivo local y distrital, así como de otros puestos, lo cual ocasionó que se revocara la designación inicial de Ignacio Ruelas como encargado de despacho.En cuanto a la determinación de retirar del orden del día de la sesión el punto número 3, “Designación de funcionarios (Presidencia del Consejo)”, tiene que ver con la incapacidad del consejero presidente para lograr una mayoría calificada, de al menos seis votos, en su propósito de nombrar nuevo secretario ejecutivo del IFE.Cuando rindió protesta el pasado 8 de febrero, Valdés Zurita se encontró con dos direcciones ejecutivas vacantes: la de Administración y la del Servicio Profesional Electoral, además de otra vacante en la Dirección de Comunicación Social. Logró el número de votos necesarios para sacar adelante la designación de Fernando Santos en la primera Dirección Ejecutiva, y de Ignacio Ruelas en la segunda; en cambio, en el caso de la Dirección de Comunicación Social tuvo que retirar su propuesta –que era en favor de Luis Fernando Ramírez– porque en la misma sesión del Consejo se percataron de que no cumplía con los requisitos establecidos en la normatividad del IFE.Además, durante el desempeño de Valdés Zurita ya se generaron otras dos vacantes: en las titularidades de la Secretaría Ejecutiva y de la Unidad Técnica de Fiscalización. En consecuencia, ahora hay tres vacantes que tiene que llenar el Consejo General, una por mayoría simple (cinco votos), y dos, las de la Secretaría Ejecutiva y la Unidad Técnica, por mayoría calificada (seis votos). En el caso de Comunicación Social, Valdés Zurita optó por buscar la reforma al Reglamento Interior para eliminar el requisito de que su ocupante tenga título profesional; respecto a la Unidad, ha hecho varias propuestas que no han alcanzado los votos necesarios en las reuniones previas y ha determinado no llevar el asunto al Consejo; y en el caso de la Secretaría Ejecutiva, propuso a Juliana Araujo, actualmente presidenta del Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, quien contaba apenas con dos votos a favor (el suyo y el del consejero Andrés Albo). Valdés Zurita decidió no dar opciones a los consejeros electorales, sino simplemente hacer su propuesta y obligarlos a pronunciarse a favor o en contra. Este método ya ocasionó fricciones en el Consejo. El martes 15 por la mañana hizo su último esfuerzo por convencer al menos a otros cuatro consejeros de apoyar su propuesta, pero no logró sumar ni un voto más, y eso lo molestó.Ninguna de las dos designaciones del Consejo fue aprobada por unanimidad, ya que ambas tuvieron votos en contra, por motivos diversos. Tampoco fue bien recibido el nombramiento directo que hizo de Ruelas como encargado de despacho, pues aunque hacerlo es prerrogativa del consejero presidente, la costumbre era depositar la confianza en el director ejecutivo con mayor antigüedad en su puesto, y en este caso Ruelas era, por el contrario, el más reciente.Pero ese fue un problema menor ante la probada incapacidad de Ruelas para cumplir con sus obligaciones como director ejecutivo del Servicio Profesional Electoral, ya que por errores operativos dio al traste con el Concurso de Incorporación. Para mantener la confidencialidad de los aspirantes y evitar los favoritismos al calificar los exámenes, éstos se identifican únicamente con un número de folio y el puesto al que aspira el candidato y, en un sobre cerrado (que se abre después de conocer los resultados, y únicamente de los aspirantes que resultan aprobados y que pasan a la siguiente etapa), aparecen los datos personales de los aspirantes relacionados por la vía del número de folio.En esta ocasión, cuando se disponían a enviar los exámenes al Ceneval para su calificación, se dieron cuenta de que más de 200 aspirantes (de una cifra superior a los 2 mil 100) carecían de la información del puesto al que aspiraban, por lo cual tuvieron que abrir los sobres cerrados y violar la confidencialidad, con lo cual se perdió la credibilidad del proceso. Para colmo, han empezado a llegar al IFE denuncias, algunas anónimas y otras con nombre y apellido, de que durante la aplicación del examen algunos aspirantes recibieron trato privilegiado y pudieron utilizar sus calculadoras, a pesar de que está prohibido.Al enterarse de estas deficiencias, algunos consejeros cuestionaron la capacidad de Ruelas para seguir al frente de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral (DESPE), y el consejero presidente no tuvo más remedio que reconocer que se equivocó al designarlo encargado de despacho. Decidió entonces removerlo y designar a Hugo Concha director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica.Éstos son apenas los últimos eslabones de una cadena de yerros que empezó unos días después de la toma de protesta de Valdés Zurita. El 20 de febrero, en la tercera sesión que presidía, dedicada a revisar los spots inexplicados del proceso electoral de 2006 (aunque fueron registrados por los monitoreos del IFE, los partidos políticos no los reportaron ni los reconocieron), el nuevo consejero presidente del IFE se opuso a la investigación de oficio para determinar quién pagó por ellos. De ese modo, dio carpetazo a una revisión que podía haber desembocado en un escándalo similar –y con sanciones parecidas– a los casos Pemexgate y Amigos de Fox (Proceso 1634).Unos días antes, en la Junta General Ejecutiva que preside Valdés Zurita, se aprobó un aumento neto de 20% –aproximadamente 25 mil pesos– al sueldo mensual neto de los consejeros electorales y del consejero presidente del IFE, bajo el argumento de que el año pasado sus antecesores se lo habían rebajado 10% y ahora simplemente se homologaba, tal como lo marca la Constitución, al de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.Aún más, el último día de marzo, el Consejo General aprobó en sesión extraordinaria solicitar un aumento de mil 453 millones de pesos al presupuesto de este año. El argumento: que mil 140 millones se destinarían a la compra de equipo y a la reestructuración necesaria para monitorear la radio y la televisión, de conformidad con las nuevas atribuciones establecidas en la Constitución y en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.Pero pronto se advirtió que esa solicitud era exagerada y carecía de un planteamiento operativo lógico, pues propone equipar 333 oficinas (300 Juntas Distritales, 32 Juntas Locales y las oficinas centrales), cuando en varias áreas metropolitanas se concentran un buen número de distritos que estarían realizando tareas similares a las de la Junta Local y otras Juntas Distritales. Únicamente en el área metropolitana del Distrito Federal se localizan 50 distritos, una Junta Local y las oficinas centrales; en Monterrey existen 11 distritos y una Junta Local; y en Guadalajara se dispone de 10 distritos y de una Junta Local. Así, únicamente en esas tres áreas metropolitanas podría ahorrarse una cuarta parte de los equipos presuntamente requeridos.Y lo mismo sucede en muchas otras ciudades, como Puebla, Chihuahua, Ciudad Juárez, Tijuana, Mexicali, Saltillo, Torreón. Basta elaborar el mapa de coberturas para identificar claramente cuántos equipos se requieren con el fin de realizar un monitoreo adecuado. Y un análisis somero arroja que serían alrededor de la tercera parte de los solicitados.Unos días antes, en el mismo mes de marzo, al participar en Veracruz en una reunión de los órganos electorales estatales, Valdés Zurita declaró que propondría al Consejo General que, antes de proceder a la destrucción de las boletas electorales de la elección presidencial de 2006, se exhibieran en sus respectivos distritos. El 25 de marzo, El Universal publicó que la idea era exhibirlas en vitrinas y sin posibilidad de proceder a un nuevo escrutinio. Sólo podrían ser contempladas a través de los cristales. Las preguntas que de inmediato brotaron fueron: ¿Cuál sería el sentido de hacerlo? ¿Para qué serviría? ¿Cuántos kilómetros de vitrinas se requerirán para exhibir casi 42 millones de boletas? Tal parece que el consejero presidente del IFE ya abandonó su descabellada idea, pues hace casi un mes que no se comenta nada al respecto.Falta aún ver qué pasará con la obligación de transmitir en todas las estaciones de radio y canales de televisión los promocionales y programas de los partidos políticos dentro de los horarios establecidos en la ley. Como se analizó en Proceso (1638), los concesionarios están acostumbrados a ignorar las solicitudes iniciales del IFE (que anteriormente se hacían a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación) para obligar a negociar otros horarios o emisoras.Por ejemplo, TV Azteca todavía persiste en su actitud desafiante y ya llevó su caso a los tribunales, mediante un amparo, de acuerdo a lo que declaró su representante legal, Salvador Rocha Díaz. En este asunto, el IFE tiene una responsabilidad histórica y en este momento está pendiente de resolución.Registrar toda esta serie de desatinos que se producen en una etapa de preparación del proceso electoral, puede servir para impedir que ocurran éstos u otros peores cuando el IFE se encuentre sometido a la presión de los tiempos fatales, en medio de la virulencia y el encono de las campañas electorales. l