Prepotentes e impunes
Los hijos de Marta Sahagún intentaron mantener en secreto la forma en que la PGR determinó el “no ejercicio de la acción penal” contra ellos por las acusaciones de la comisión especial de la Cámara de Diputados que los investigó por presunto tráfico de influencias. Manuel y Jorge Alberto Bribiesca amenazaron al IFAI para que no abriera el expediente, pero sólo consiguieron indignar a los comisionados. Finalmente, la averiguación será pública.Los hermanos Bribiesca Sahagún reaparecieron en forma inesperada al amenazar al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) por liberar el expediente en el cual la Procuraduría General de la República (PGR) los exoneró de presuntos delitos cometidos durante el sexenio pasado, cuando su madre, Marta Sahagún, fungía como “primera dama” en una lujosa oficina de Los Pinos.Mediante sus abogados, Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún hicieron llegar al IFAI una carta en la que amagan con demandar a los comisionados ante los tribunales y se niegan a que cualquier persona, no autorizada por ellos, conozca la forma en que se les libró de la investigación hecha por una Comisión Especial en la Cámara de Diputados durante seis años.Aún no transcurrían 72 horas desde la recepción de la carta cuando el IFAI rechazó cualquier tipo de presión. Los comisionados advirtieron que los apellidos no influyen en sus decisiones y brindaron a los hijos de Martha Sahagún el mismo trato que a cualquier otro ciudadano.“El IFAI ya tomó una decisión. Es imposible, bajo ninguna circunstancia y por ningún motivo, que pueda detenerse la entrega de ese archivo por parte de la PGR al ciudadano que lo solicitó”, dijo a Proceso el presidente del IFAI, Alonso Lujambio.“Esta es la primera vez, desde que se creó el IFAI, que dos particulares piden a los comisionados que no cumplan con la Ley Federal de Transparencia”, comentó Juan Pablo Guerrero Amparán, encargado del proyecto de sentencia que liberó el expediente de los hermanos Bribiesca Sahagún.Así, los hijastros del expresidente Vicente Fox quedaron contra la pared. El tono amenazante de su carta provocó molestia en el pleno del IFAI, que ordenó la distribución de copias en los medios de comunicación.La carta de los Bribiesca se suma a la férrea resistencia que la PGR opuso al IFAI para dar a conocer el expediente mencionado. La dependencia utilizó prácticamente todos sus recursos para no liberar el expediente. El 31 de octubre de 2007, Guillermo Alfaro Cázares solicitó a la PGR que le diera acceso al expediente en que esa dependencia exoneró a Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún de las acusaciones presentadas por el exdiputado federal Jesús González Schmal. En “respuesta”, la PGR le envió al ciudadano un resumen con las fechas más importantes del caso: cuándo se presentó la denuncia, quién lo hizo, quiénes la recibieron y el día en que se decidió el no ejercicio de la acción penal. La procuraduría agregó que el contenido del expediente en sí era confidencial. Es decir, que estaba bajo llave para siempre por razones de Estado.Inconforme, el peticionario solicitó la intervención del IFAI. Al abrirse el litigio, el comisionado Juan Pablo Guerrero pidió a la PGR que sustentara su respuesta con mayor detalle y presentara los alegatos que considerara pertinentes.El 28 de enero pasado, la PGR dio un giro. Mediante un oficio expuso ante el comisionado ponente Juan Pablo Guerrero que la exoneración de los hermanos Bribiesca está reservada. Es decir, que ya no se trataba de un asunto confidencial, bajo resguardo ante cualquier circunstancia, sino que implicaba una serie de elementos legales que impedían conocerla por el momento.En la resolución 042/08 del IFAI consta que la PGR expuso que el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales le impedían abrir ese archivo al público, además de que hacerlo sería motivo de demandas contra los funcionarios responsables del caso. Además, la procuraduría señaló que el expediente de los hijos de Marta Sahagún estaba relacionado con otras averiguaciones previas y estaba pendiente un amparo de la Cámara de Diputados para que se reactivara el caso.Ante los bandazos de la PGR, el comisionado Guerrero llamó a una audiencia para el 28 de enero pasado. Ahí emplazó a Adriana Báez Ricárdez, directora de Análisis y Proyectos de la PGR, para que presentara una lista con los números de averiguaciones que estaban relacionadas con el caso y el estado legal en que se encontraban. De acuerdo con la resolución, dicha lista no fue proporcionada.Como en otros casos, el pleno del IFAI concluyó que al determinarse el no ejercicio de la acción penal el caso está cerrado y, por lo tanto, el expediente es público. La decisión fue unánime.La información, “inconveniente” La noche del martes 15, alrededor de las 19:00 horas, un representante del despacho jurídico Ayala, Chaurand y Asociados llegó al edificio del IFAI frente a los Viveros de Coyoacán, en la Ciudad de México. Con la misiva de los Bribiesca en las manos, pidió entrar a los despachos del comisionado presidente, Alonso Lujambio, y del comisionado ponente, Juan Pablo Guerrero.El IFAI cuenta con una oficialía de partes para recibir documentación, pero a esa hora ya estaba cerrada. El representante de los hijos de Marta Sahagún no quiso regresar al otro día; insistió en entregar personalmente el documento a la secretaria de Alonso Lujambio y a Juan Pablo Guerrero.Al fin subió a la oficina de Lujambio, en el cuarto piso, y dejó la carta:Manuel y Jorge Alberto Bibriesca Sahagún, por nuestro propio derecho, promoviendo en el expediente al rubro indicado señalando para oír y recibir toda clase de notificaciones el despacho jurídico ubicado en el número 1519 de la Calle San Francisco, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, en esta Ciudad de México, autorizando para recibirlas en nuestro nombre y representación a los lics. Rubén Ayala Chaurand y Guillermo Ostos del Río, comparecemos ante esta instancia y por esta vía para manifestar lo siguiente:...Los hijos de quien fue la “primera dama” presentaron este alegato aun cuando no formaron parte del litigio sobre el carácter público de la información. En el expediente 0042/08 del IFAI –al que tuvo acceso el reportero– consta que los involucrados son la PGR y la persona que solicitó el expediente de no ejercicio de la acción penal, Guillermo Alfaro Cázeres. Nadie más.El comisionado encargado del caso, Juan Pablo Guerrero, sí solicitó alegatos, pero sólo a la PGR y al peticionario de la información. Los hermanos Bibriesca Sahagún no fueron convocados a alguna audiencia ni notificados del avance del litigio, al menos por el IFAI.Aun así, intentaron detener la acción del instituto. La carta continúa:Hemos tenido conocimiento a través de los medios de comunicación que el IFAI ha resuelto, ilegalmente, requerir a la PGR información relativa a la averiguación previa número A.P 59/UEIDCSPCAJ/2006 radicada en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia, en la que ambos tuvimos la calidad de inculpados, misma que, conforme a la ley, ha sido determinada con el acuerdo de NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL debido de que en las constancias que integran dicha indagatoria se contiene información cuyo manejo irresponsable pudiera pararnos perjuicio. Por este medio, venimos a manifestar nuestra inconformidad y nuestra más enérgica protesta y oposición a que este instituto requiera y obligue al Ministerio Público de la Federación a entregar cualquier tipo de información o documentación relacionada con la averiguación previa de mérito, injustamente seguida en nuestra contra.Si ya de por sí dicha investigación nos produjo serios inconvenientes, por ningún motivo permitiremos que por razones ajenas a la “transparencia” y “rendición de cuentas”; a que por razones de tipo político de las que estamos absolutamente sustraídos, se nos perjudique más. No en vano la Justicia de la Unión nos concedió su amparo y protección contra actos ilegales anticonstitucionales del Congreso de la Unión, similares a los que este instituto pretende ejecutar; no en vano yo, Manuel Bribiesca, obtuve una sentencia favorable en contra de la periodista Olga Wornat por publicar infamias en mi contra. Claramente señalamos: NO CONCEDEMOS NUESTRA AUTORIZACIÓN ABSOLUTAMENTE A NADIE PARA QUE SE ENTREGUE NINGUNA CLASE DE INFORMACIÓN NI DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA AVERIGUACIÓN PREVIA RADICADA EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Decisión firme
El miércoles 16, el día siguiente a la recepción de la carta, los cinco comisionados tuvieron una reunión privada tras concluir la sesión pública de la semana. Estaban indignados.En charla con Proceso, Alonso Lujambio destaca que, dado el hecho de que la PGR decidió el no ejercicio de la acción penal contra los Bribiesca, el IFAI no discutió otro tema que no fuera si la resolución debía ser pública.“Hay al menos cuatro precedentes sobre cómo el pleno del IFAI actúa en este tipo de casos. En ningún momento hay distingos de nombres ni de apellidos”, argumenta.
–¿Qué piensa de que los hermanos Bribiesca argumentan que hay consideraciones políticas para abrir su expediente?
–El IFAI no puede tomar en cuenta valoraciones de tipo político. En su carta, los hermanos Bribiesca hablan de una serie de factores, de intereses políticos que han intentado dañarlos; pero dentro del IFAI no tomamos en cuenta ese tipo de variables. Nosotros no actuamos por consigna.
–¿Se puede echar atrás la decisión de abrir ese expediente?
–Ya tomamos una decisión. Es imposible, bajo ninguna circunstancia y por ningún motivo puede detenerse la entrega de ese archivo por parte de la PGR al ciudadano que lo solicitó.
–¿Habrá alguna consecuencia legal en contra de ustedes?
–Se entregará (al peticionario) una versión pública del no ejercicio de la acción penal para que la sociedad conozca cómo las autoridades llegaron a esa conclusión.
La ley dice: si vas a hacer público un documento, elimina los datos confidenciales.
–¿Esto quiere decir que ahora cualquier persona puede pedir ese expediente?
–Si el IFAI ya resolvió el acceso a ese expediente mediante versión pública, esa característica de publicidad es para todos. Ellos están en su derecho de tomar la decisión que mejor convenga a sus intereses. Sin embargo, quiero dejar en claro que en el IFAI no nos interesan los nombres ni los apellidos de una persona. La decisión del pleno se basó en que ya está decretado el no ejercicio de acción penal. En todo caso, ese archivo será sometido al escrutinio público.La carta de los hermanos Bribiesca concluye así:Quebrantar la reserva de una averiguación previa constituye un delito y, por lo tanto, genera responsabilidades penales y civiles, tanto a las personas en lo particular, como a las instituciones en lo general, de manera que responsabilizamos al IFAI, a usted señor comisionado del presidente del instituto, a usted comisionado ponente y a la Procuraduría General de la República, de la comisión de cualquier delito y de los daños y perjuicios que puedan ocasionarnos a razón de la ilícita e ilegal entrega de información o documentación aludida.Les señalamos que nos reservamos el derecho de ejercer cualquier acción ante los tribunales civiles por los daños y perjuicios que se nos puedan ocasionar por la publicación de cualquier información a la que nos hemos referido.Sobre esta amenaza, Juan Pablo Guerrero reitera que en la resolución 42/08 del instituto se trató el tema igual que en otros casos de averiguaciones previas concluidas, y no hubo una atención especial hacia los particulares involucrados en el expediente de la PGR.“Haberlo hecho, poner de por medio una valoración sobre los particulares, hubiera sido tanto como caer en una consideración política. La decisión unánime del pleno en este caso es que las averiguaciones previas concluidas tienen que garantizar el acceso a la información, a fin de que los ciudadanos conozcan la actuación del Ministerio Público”.
–Pero esto es precisamente lo que molesta a los hermanos Bribiesca –se le comenta al comisionado.
–Sobre las averiguaciones previas hay que preguntarse: ¿cómo es que el Ministerio Público consideró que había pruebas para solicitar la acción penal? O bien, como sucedió en este caso, ¿cómo es que el Ministerio Público determinó que no había responsabilidad penal en los inculpados?“Si el IFAI hiciera una interpretación distinta de la Ley Federal de Transparencia, como siempre lo ha querido la PGR, entonces las averiguaciones previas nunca serían públicas. Para ellos, no debería haber acceso para siempre, vaya, ni mis bisnietos podrían conocer las averiguaciones.”
–¿Cómo sustenta esto la PGR?
–La PGR ha sido muy insistente en utilizar cuanto recurso tienen a su alcance para impedir que se conozcan las averiguaciones previas concluidas. Pero independientemente de eso, en el caso de los hermanos Bribiesca no hay duda de que actuamos con todo rigor jurídico. La resolución, aprobada por unanimidad, es obligatoria para la PGR. Nuestra responsabilidad es velar por que se cumplan las resoluciones.
–¿La resolución lastima la intimidad o los datos personales de los Bribiesca o viola la ley, como ellos dicen?
–La resolución establece que la PGR haga una versión pública que protege los derechos de terceros, la privacidad de los involucrados, y mantiene intacta la información confidencial.
“En el IFAI estamos perfectamente tranquilos. En todo caso estos hermanos, como cualquier otro ciudadano, pueden hacer valer lo que mejor les convenga. Bienvenido. Pero estamos sorprendidos por el camino seguido, es la primera vez que se nos pide no cumplir con la ley y además echar atrás una decisión ya tomada.”
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