Sin garantías en México
Lucía Morett. En QuitoQUITO.- Lucía Morett salió inesperada y discretamente de Ecuador el pasado 16 de abril a las 6:00 de la mañana hacia Managua, luego de permanecer dos meses en este país. En Nicaragua espera que el gobierno mexicano le garantice todas las condiciones para regresar a su patria, rehabilitarse físicamente y retomar sus labores profesionales y académicas, además de proseguir el tratamiento sicológico que recibe tras el ataque de que fue víctima, el pasado 1 de marzo, por parte del ejército colombiano.Para llegar a Nicaragua, Morett recibió la ayuda de la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (Aldhu), pues se encontraba bajo el Programa de Protección a Víctimas y Testigos. Dos funcionarios de esa organización realizaron todas las gestiones y el operativo para que su salida y arribo se hicieran en sigilo.Desde la capital nicaragüense, uno de esos funcionarios explicó que se optó por Nicaragua porque el gobierno de ese país le ofreció una estancia segura y las condiciones para que Lucía continúe con su rehabilitación y tratamiento de las heridas sufridas. Así mismo, por la cercanía de esa nación con México, en la expectativa de que se den facilidades para su retorno.Lucía Morett recibió esquirlas de bomba en los glúteos y en parte de la espalda, por lo que debe recibir atención para recuperar la movilidad de sus piernas y conseguir el restablecimiento general de su organismo. No decidió viajar directamente a México porque no cuenta en su país con las garantías que le brinda Nicaragua. “Se pidieron a la Cancillería de México las garantías, pero no hay ninguna respuesta, no hay las garantías para que pueda llegar”, declaró una funcionaria de la Aldhu. En cambio, agregó, el gobierno de Daniel Ortega le ofreció todas las facilidades para su permanencia, junto a sus padres, y la atención médica y sicológica necesaria.Se consideró que, debido a la cercanía de Ecuador con Colombia, Lucía Morett corría varios riesgos, aparte de que en Quito recibía mucha presión de los medios de comunicación e inclusive de las personas que se solidarizaban con ella, pues se hallaba sometida a un estrés que no era favorable para su recuperación. Antes de partir para Managua, Lucía mantuvo contacto con varias autoridades ecuatorianas, organizaciones sociales y políticas que se solidarizaron con ella. Prometió volver a este país y conversar con el presidente Rafael Correa, a quien agradeció, en una carta, “por toda la ayuda recibida”. A Lucía Morett no se le inició ningún proceso judicial, y el fiscal general de la nación encargado, Alfredo Alvear, impidió que los investigadores colombianos le tomaran algún tipo de declaración sobre su permanencia en el campamento de Raúl Reyes que fue bombardeado. En comunicación dirigida al exministro de la Defensa Nacional, Wellington Sandoval, el fiscal manifestó que “ninguna autoridad extranjera, sea ésta judicial o policial, podrá realizar diligencias procesales en el Ecuador sin la previa autorización expresa y escrita de este despacho”. En ese escrito, del 28 de marzo, el fiscal ordenó que no se permitiera el ingreso de ninguna autoridad extranjera al Hospital Militar de Quito, donde permaneció Lucía Morett hasta el viernes 4 de abril. La misma Aldhu inició una investigación sobre los hechos que ocasionaron las heridas de Lucía y la muerte de cuatro estudiantes mexicanos. En un comunicado que emitió el 7 de marzo, la Aldhu pidió “identificar a los autores, cómplices y encubridores” del delito de asesinato contra Soren Avilés Ángeles, Fernando Franco, Juan González y Verónica Velásquez, para en seguida “proceder a la sanción en el marco de la ley, incluyendo la extradición al Ecuador (de los responsables) si éstos se encontraban fuera del país”.Si este proceso continúa, implicaría investigar a las autoridades colombianas que ordenaron el ataque al campamento de las FARC en territorio ecuatoriano. Dentro del Código de Procedimiento Penal ecuatoriano, el período de indagaciones no puede sobrepasar los 90 días, luego de los cuales se puede iniciar el juicio acusando a los presuntos culpables o encubridores y pidiendo la orden de prisión si fuera el caso. El jueves 17 Juan de Dios Parra, presidente de la Aldhu, dijo que enviaría una solicitud a la Procuraduría General de la República de México para que dicte orden de aprehensión contra el presidente colombiano Álvaro Uribe por bombardear el campamento de las FARC en que murieron cuatro mexicanos. Al mismo tiempo, en México, la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo en el que exhorta al presidente Felipe Calderón a presentar “una formal protesta ante el gobierno colombiano por el acto de invasión al territorio ecuatoriano” y a solicitar a la Organización de Estados Americanos “la revisión de los actos violatorios a los derechos humanos de los cinco ciudadanos que se encontraban presentes en la selva ecuatoriana” al momento de ser atacados por el ejército de Colombia. l
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