El Justo Reclamo

La maraña Unefon

Salinas Pliego. Guerra mediática

Jenaro Villamil

El litigio que enfrenta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con Unefon, empresa que ahora reclama la devolución de 3 mil 57 millones de pesos, no avanza. El propietario de la empresa de telefonía, Ricardo Salinas Pliego, aprovecha la situación y a través de los espacios noticiosos de TV Azteca –otro de sus negocios– presiona a las autoridades para que le paguen. Peor aún, los exfuncionarios implicados en el asunto se echan la pelota entre sí, lo que en el fondo beneficia al demandante.El reclamo de la compañía Unefon a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para que esta dependencia le devuelva poco más de 3 mil millones de pesos por concepto de actualizaciones, intereses acumulados y recargos derivó ya en una guerra mediática.Y en esta disputa los viejos aliados de Ricardo Salinas Pliego, dueño de la empresa de telefonía inalámbrica, como Javier Lozano Alarcón –quien durante 1998 fue presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel)–, son cuestionados por su actuación e incluso podrían ser investigados por la Secretaría de la Función Pública.El nuevo capítulo de este diferendo se inició en las últimas semanas a raíz de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) consideró que no había irregularidad alguna en la entrega de 550 millones de pesos a Unefon hecha el 30 de noviembre de 2006, último día de la administración foxista. En su resolución, el órgano fiscalizador no aclaró si la SCT debe pagar los 46 millones de pesos restantes a la telefónica ni se pronunció en torno del reclamo de 3 mil 57 millones de pesos que esa misma compañía litiga en la sexta sala regional metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (Proceso 1639).Lo que sí dejó en claro la ASF fue que el origen de la disputa con Unefon, que originalmente perteneció a Moisés Saba, radica en el otorgamiento “indebido y sin facultades para ello” de dos prórrogas en 1998 y 1999 autorizadas por el entonces presidente de la Cofetel, Javier Lozano Alarcón.Por lo anterior Salinas Pliego insiste en que se le retribuyan los restantes 46 millones de pesos de un total de 596 millones, según la resolución emitida por el Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa, así como otros 3 mil 57 millones de pesos por “actualizaciones”, intereses acumulados y recargos.Y ya movió sus piezas en la sexta sala regional metropolitana para conseguir esos dividendos. En el expediente 16383/07-17-06-6, al cual tuvo acceso este semanario, aparecen como defensoras de Unefon las exfuncionarias de la Secretaría de Hacienda María de la Concepción Patiño Cestafe y Ana Berta Thierry Aguilera.Estas nuevas abogadas de Unefon formaron parte del entramado burocrático para que a la compañía telefónica se le pagaran 550 millones de pesos. Como administradora de grandes contribuyentes del Sistema de Administración Tributaria, Thierry Aguilera autorizó en septiembre de 2006, mediante oficio, que el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Álvarez Hoth, pagara a Unefon “con sus recursos” el monto litigado.
La ofensiva
En paralelo, Unefon emprendió una ofensiva mediática y política. El martes 15 la empresa pagó un desplegado que fue publicado en diversos medios impresos. En el documento, difundido también en los espacios noticiosos de los canales televisivos 7 y 13, pertenecientes al corporativo TV Azteca, la empresa llama mentiroso al titular de la SCT, Luis Téllez, quien se niega a pagarle los 46 millones de pesos reclamados en el juicio contencioso administrativo iniciado en junio de 2007 y “que se encuentra en trámite” en la sexta sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.Unefon aduce que solicitó dos prórrogas ante la Cofetel debido a “un deterioro súbito en los mercados financieros”. Incluso sostiene que ambas peticiones, autorizadas por Lozano Alarcón, no fueron irregulares. Lo que sí fue indebido, dice, son las dos sanciones aplicadas a la empresa: “un pago de intereses de más de 596 millones de pesos y un retraso de nueve meses en la liberación de las frecuencias para iniciar operaciones”.“Esta última decisión tuvo un doble impacto para Unefon, la ventaja que obtuvieron sus competidores y el costo financiero acumulado en nueve meses de inactividad y sin haber usufructuado las frecuencias subastadas”, afirma Unefon en su desplegado.Lo que no menciona es un punto clave en la resolución de la ASF, organismo que plantea que al incumplir con el pago de 80% de la contraprestación, “Unefon se situó en la causal de descalificación, acción que no fue aplicada por la Cofetel, habiéndose en su lugar autorizado indebidamente dos prórrogas para el pago del 80% restante citado” (Proceso 1639).La SCT respondió con un comunicado en el que insiste que las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa referidas por Unefon “no ordenaron al secretario, ni a ningún otro funcionario de la secretaría, el pago de cantidad alguna a favor de esa empresa por ningún concepto, ni incluyeron o determinaron cuantificación alguna como se argumenta en el desplegado”.Así mismo, anunció que en el nuevo juicio por 3 mil 57 millones de pesos que Unefon promueve en la sexta sala regional metropolitana del mencionado tribunal, “continuará utilizando todos los instrumentos jurídicos necesarios para evitar realizar el pago solicitado, por considerarlo improcedente”.En este litigio que enfrenta a Unefon con la SCT destaca Gonzalo Martínez Pous, un abogado de esa dependencia que participó en 1998 como testigo en la segunda prórroga que su jefe en aquella época, Javier Lozano Alarcón, otorgó a la empresa de Ricardo Salinas.Consultado por Proceso, Martínez Pous asegura que su papel como testigo en la expedición de la segunda prórroga no implica conflicto de interés alguno, pues el testigo sólo conoce y se vincula con la apreciación que del hecho mismo se actualiza sobre sus sentidos.
Alarcón en la mira
En las últimas semanas, el caso Unefon ha cobrado relevancia política y los comentaristas de TV Azteca han aprovechado para defender a su patrón, Ricardo Salinas. La resolución de la ASF concluye que el origen del conflicto no está en el pago indebido de los 550 millones de pesos, sino en las prórrogas que autorizó Javier Lozano Alarcón, con el visto bueno del entonces titular de la SCT, Carlos Ruiz Sacristán.Esta situación llevó a la auditoría a solicitar a la Secretaría de la Función Pública una investigación en torno de las presuntas responsabilidades de los funcionarios involucrados en el caso Unefon. En paralelo, el martes 8, los diputados del PRI, del PRD y del Partido Verde pidieron a Felipe Calderón que separara de la Secretaría del Trabajo a Javier Lozano para que sea investigado por la Secretaría de la Función Pública.A su vez, el senador panista Federico Döring, defensor de las televisoras durante la reforma electoral, pidió el miércoles 9 que Gonzalo Martínez Pous, abogado de la SCT, renunciara a su cargo por el presunto conflicto de interés.Javier Lozano se defiende y alega que las prórrogas que él otorgó fueron correctas; propone incluso que la Secretaría de la Función Pública concentre su investigación en el pago de los 550 millones de pesos hecho a Unefon. Y se lanza contra los funcionarios de la SCT durante el foxismo: Pedro Cerisola, quien fue titular de la dependencia, y Jorge Álvarez Hoth, quien se desempeñó como subsecretario. Y acusa a la ASF por “extralimitarse” al sugerir que lo investigaran.El miércoles 16, el funcionario declaró a Reforma: “Que alguien haya perdido con un expediente como éste cualquier juicio me parece lamentable, pero lo más lamentable es que, además de perder, entregaron el dinero.” Señaló también que él nunca fue consultado por Álvarez Hoth para el pago de los 596 millones de pesos litigados por Unefon.En el fondo, este pleito que enfrenta a funcionarios que durante los dos últimos sexenios estuvieron en la Cofetel y en la SCT sólo beneficia a Unefon. El dueño de esta compañía, Ricardo Salinas Pliego, le apuesta a que el litigio se prolongue y el gobierno acabe pagándole más del doble de lo que su negocio obtuvo por usufructuar la primera gran licitación de telefonía inalámbrica en el sexenio de Ernesto Zedillo.