Guillermo Velasco Arzac
México, D.F., 21 de abril (apro).- “Mejor sociedad, mejor gobierno”, que firma el spot que compara a Andrés Manuel López Obrador con dictadores como Adolfo Hitler, y que desde la noche del pasado jueves 17 se transmite por televisión en horario estelar, es uno de los organismos que auspiciaron, en la campaña presidencial de 2006 y al margen de la ley, campañas en medios contra el entonces candidato presidencial perredista y en favor de Felipe Calderón.El presidente de “Mejor Sociedad, mejor gobierno” es Guillermo Velasco Arzac, coautor, junto con José Antonio Ortega Sánchez, de la denuncia presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto delito de “terrorismo” contra los mexicanos asesinados en Ecuador a manos del ejército de Colombia, con cuyo presidente, Alvaro Uribe, ambos se entrevistaron, apenas la mañana del miércoles.El tercer invitado en la entrevista con Uribe, quien calificó de “terroristas” a los cuatro jóvenes mexicanos muertos por las tropas colombianas y la sobreviviente Lucía Morett, fue el gobernador panista de Jalisco, Emilio González Márquez, quien paga del presupuesto estatal un sueldo de asesor a Ortega Sánchez. Este último es también abogado del cardenal Juan Sandoval Iñiguez, a quien el mandatario recientemente le dio un donativo de 90 millones de pesos.Velasco Arzac preside la Coordinadora Ciudadana, agrupación política nacional registrada ante el Instituto Federal Electoral (IFE), y Ortega Sánchez --quien preside el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, un organismo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)-- son operadores de El Yunque, la organización de extrema derecha a la que pertenecen, por ejemplo, el secretario particular de Calderón, César Nava, y la subsecretaria de Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Ana Teresa Aranda.Los dos tienen un abultado expediente de andanzas como activistas de El Yunque y las numerosas fachadas que ha tenido esta organización secreta en su medio siglo de historia:Velasco Arzac, cuyo seudónimo es Jenofonte, se inició como miembro del Movimiento Universitario de Renovadora Orientación (MURO) en la Universidad Iberoamericana, en la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) y luego en México Unido contra la Delincuencia, del que fue expulsado, junto con Ortega Sánchez, por pretender utilizar la agrupación como una fachada más de El Yunque. Fue funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública en los albores del del gobierno de Vicente Fox, pero fue despedido por Alejandro Gertz y se refugió como asesor de Marta Sahagún, de quien su hijo, Guillermo Velasco Barrera, fue su publirrelacionista, junto con otra militante de El Yunque, Ana García García.Ortega Sánchez, por su parte, milita en El Yunque desde que era estudiante de preparatoria y fue compañero de la exsubprocuradora María de la Luz Lima Malvido, quien pretendió, en coordinación con el cardenal Sandoval Iñiguez, reabrir las investigaciones del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo para acreditar la tesis del complot y convertirlo en santo. De hecho, con ese propósito el gobierno de Jalisco le paga una asesoría a Ortega Sánchez, cuyo jefe inmediato es el secretario general de gobierno del estado, Fernando Guzmán Pérez-Peláez, penúltimo presidente de Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana (DHIAC), otra fachada de El Yunque.“Mejor sociedad, mejor gobierno” inició anoche la campaña con tiempos que compró en la televisión y, por ello, el IFE inició este mediodía un procedimiento para determinar si Velasco Arzac, quien preside una agrupación política nacional, tiene prohibido hacerlo, conforme al artículo 41 de la Constitución, y también a solicitud del Partido de la Revolución Democrática (PRD).El representante del PRD ante el IFE, Rafael Hernández, presentó una queja con solicitud de medidas cautelares para que deje de difundirse en Televisa un spot contratado por miembros y simpatizantes del PAN, como Velasco Arzac, quien a su vez, en entrevista radiofónica con Carlos Loret de Mola, reconoció públicamente que es suya la idea del spots, pero rechazó revelar el origen del financiamiento para transmitirlo por televisión. El spot, en el que aparece el rostro de López Obrador, junto con los dictadores, es relatado por una voz en off: “¿Quiénes clausuran los Congresos? 1933, Adolfo Hitler en Alemania; 1939 Benito Mussolini en Italia; 1973, Augusto Pinochet, en Chile; 1913 Victoriano Huerta fue el último que había clausurado el Congreso en México. Ahora, 2008, PRD, PT y Convergencia han clausurado el Congreso. ¡Nuestra democracia está en peligro, nuestra paz está en riesgo! ¡México no merece esto!.” Un spot semejante se difundió profusamente en televisión en el proceso electoral del 2006, cuando López Obrador fue comparado con Hugo Chávez no en funciones de presidente de Venezuela, sino cuando encabezó un golpe de Estado, en el 2001, y que mezclaba imágenes de armas y cadáveres en las calles de Caracas. Los spots estaban firmados por el Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano (Celiderh), Compromiso Joven y Alianza Sindical Mexicana (ASM), organismos formados por Velasco Arzac y encabezados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), como el caso de los hermanos Terrazas Torres, dueños de Cementos Chihuahua.Tal como se acredita en el libro El engaño. Prédica y práctica del PAN, cuyo autor es el reportero, Celiderh, Compromiso Joven y ASM contrataron tiempos en radio y televisión contraviniendo la ley electoral que, en su artículo 48, establece: “Es derecho exclusivo de los partidos políticos contratar tiempos en radio y televisión para difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante las campañas electorales, conforme a las normas y procedimientos que se establecen en el presente artículo...”.A pesar de esta prohibición expresa, el Consejo General del IFE presidido por Luis Carlos Ugalde impidió la difusión de las campañas de estos organismos vinculados con el PAN que, además, formaban parte de la organización Sociedad en Movimiento, patrocinado por la Coparmex y por otros organismos del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que, también, ilegalmente, contrataron tiempos en radio y televisión para hacer campaña por Calderón y contra López Obrador.“Mejor sociedad, mejor gobierno” fue, también, uno de los membretes que formaban parte de Sociedad en Movimiento y, de hecho, Velasco Arzac fue habilitado como vocero y uno de los representantes era el jefe nacional del Yunque, Bernardo Ardavín Migoni.Tal como se describe en los capítulos “Los financieros del odio” y “El jefe Ardavín”, Velasco Arzac hizo abierta campaña contra López Obrador, a menudo de manera ilegal como lo acreditó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y a favor de Calderón, a quien supuestamente le hizo ganar más de un millón de votos.Después de que el TEPJF decidió que Calderón era el ganador de las elecciones, y como habían hecho campaña por él, Velasco Arzac hizo pública su intención de ser tomados en cuenta en el nuevo gobierno.“No le hemos pedido ningún premio, no estamos cobrando facturas, pero que tome en cuenta la agenda de los ciudadanos que lo apoyamos, que fuimos muchos”, declaró velasco Arzac, el 3 de octubre.Velasco Arzac no consiguió chamba en el gobierno de Calderón, pero sí prominentes miembros de El Yunque y, al mismo tiempo, militantes del PAN: Uno de ellos es José Ramón Ardavín Ituarte, hijo del jefe nacional de la organización, quien es subdirector de la Comisión Nacional del Agua, con José Luis Luege, y otro es César Nava, secretario particular de Calderón, entre decenas de ellos en el gobierno federal...
Del desalojo mediático al policiaco
Suspendidas las negociaciones en el Senado para definir el diseño del debate sobre la reforma energética y a 10 días de la ocupación de las tribunas del Congreso, las posiciones del FAP, el PAN, el PRI y los grupos afines a cada uno se han radicalizado, e incluso comienzan a perfilarse tres métodos de “desalojo”: el jurídico, el policiaco y el mediático.Este último inició la noche del jueves 17 con la nueva guerra sucia a través de los spots financiados por organismos como Mejor Sociedad, Mejor Gobierno A.C., justo cuando se negociaba una opción intermedia para definir el formato del debate sobre la reforma energética.De acuerdo con legisladores consultados por Proceso, el lunes 21 o el martes 22 de abril podría clausurarse el período ordinario de sesiones del Congreso, lo que estaba previsto originalmente para el 29 de abril, a pesar de la agenda legislativa pendiente que incluye varias leyes derivadas de la reforma electoral y otros dictámenes, como el referente a la ley del libro.Para el coordinador de los senadores del PT, Alejandro González Yáñez, sería un “desalojo jurídico” a los legisladores del FAP que desde el jueves 10 mantienen ocupadas las tribunas de San Lázaro y de la casona de Xicoténcatl:“La intención clara al acordar los integrantes de la Comisión Permanente podría ser la necesidad de clausurar el período ordinario de sesiones para que las cámaras tomadas se queden sin materia legislativa, y hasta podrían declarar una sede itinerante con acceso aéreo.”El legislador del PT prevé este escenario a raíz de lo sucedido el jueves 17, cuando los 52 senadores del PAN, encabezados por Santiago Creel, tuvieron que trasladarse dos veces de recinto alterno para poder sesionar, ante el endurecimiento del cerco impuesto por “las Adelitas” del movimiento de resistencia civil dirigido por Andrés Manuel López Obrador.Esa tarde los blanquiazules no pudieron disimular su molestia. Para evadir el cerco los panistas tuvieron que ingresar al recinto alterno de Donceles 14 a través de un estacionamiento ubicado en la calle República de Cuba. Los senadores fueron “entregados” en cuatro tandas de camionetas Suburban resguardados por guaruras y agentes del Estado Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública. Dos helicópteros sobrevolaban la zona y cientos de granaderos capitalinos y policías federales impidieron el paso a los grupos de la resistencia civil.Sin embargo, la fracción de los senadores del PRI no pudo ingresar al Centro Histórico. Un grupo quedó varado en los alrededores de La Lagunilla. Su coordinador, Manlio Fabio Beltrones, se comunicó con Creel para volver a cambiar la sede, ahora al piso 5 de la Torre del Caballito, ubicado en la avenida Reforma, lejos del cerco civil del Centro Histórico.Ya en la sesión, Creel, alterado, condenó ante los 75 legisladores reunidos “la violencia que se manifiesta en el cerco impuesto con el objeto de que el Senado no cumpla con sus responsabilidades constitucionales”. A pesar de los duros mensajes, los senadores eligieron por mayoría de 70 votos la lista de los 38 legisladores que formarán parte de la Comisión Permanente, entre ellos a cinco senadores del FAP: Carlos Navarrete, Pablo Gómez, Rosalinda López, Dante Delgado y Alejandro González Yáñez, y como sustitutos José Guadarrama, Francisco Javier Castellón, Claudia Corichi y Gabino Cué.Dante Delgado, coordinador de Convergencia, explicó que decidieron formar parte de la Comisión Permanente para no quedarse fuera de las decisiones que se tomen en esta instancia, que sesiona entre los dos períodos ordinarios anuales.
La “recuperación”
Los grupos más duros del PAN y del PRI mantienen presente la posibilidad de que la tribuna del Senado y las calles aledañas del Centro Histórico sean “recuperadas” con la fuerza policiaca.El jueves 17, los 75 senadores reunidos aprobaron un punto de acuerdo leído por Arturo Escobar, del Partido Verde, en el que le exigen al jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, que “de manera inmediata otorgue garantías al Congreso de la Unión y, en nuestro caso, al Senado de la República, para que podamos realizar nuestro trabajo”.A propuesta del senador priista Jesús Murillo Karam, se le solicitaron las mismas garantías al gobierno federal. Ese mismo día, Ebrard respondió que si pudieron sesionar en dos sitios distintos a la casona de Xicoténcatl fue “gracias a la intervención del Gobierno de la Ciudad de México y la SSP local; estamos cumpliendo nuestro deber; el problema es al interior del Senado”.Sin embargo, el endurecimiento de las medidas policiacas parece corresponder con el recrudecimiento de las medidas de resistencia civil, las cuales dependerán de la suerte que corra en el Senado la demanda del FAP para convocar a un debate sobre la reforma energética que sea nacional, plural y a través de los medios masivos de comunicación.Durante la semana pasada las posiciones se endurecieron hasta el grado de casi provocar una ruptura entre el PRI y el FAP. Manlio Fabio Beltrones, coordinador del PRI y presidente de la Junta de Coordinación Política, propuso el lunes 14 que el debate se realizara durante 50 días ininterrumpidos. Los coordinadores del FAP, después de sostener un encuentro con López Obrador, rechazaron esta propuesta y demandaron que fuera por 120 días, hasta el final de agosto.Suspicaz, Beltrones especuló que esta posición del FAP preocupa en las esferas del gobierno calderonista porque busca “secuestrar” no sólo al Congreso, sino también al primer mandatario, ya que el debate terminaría justo un día antes del informe presidencial del 1 de septiembre.La posición de Beltrones y la respuesta del perredista Ricardo Monreal en el sentido de que el FAP buscaría la interlocución con el PAN porque el PRI era la tercera fuerza, colocó las negociaciones al borde de la ruptura.Creel propuso el jueves una salida intermedia: definir primero el programa de los 14 foros de debate y los 35 subtemas, “con el tiempo que sea necesario tomar”. Tanto Carlos Navarrete como Beltrones saludaron la propuesta.El viernes 18 de abril, Navarrete perfiló en conferencia de prensa la posibilidad de que el debate se realice, no en 50 ni en 120 días, sino en la media, 85 días. La Comisión de Energía, presidida por Francisco Labastida, será la encargada de negociar y procesar las distintas posiciones.
La nueva guerra
Justo cuando las posiciones se distendían y se perfilaba un acuerdo sobre el debate nacional, la transmisión de una serie de spots financiados por grupos de la derecha empresarial provocó un airado reclamo del PRD y un deslinde del PAN.Patrocinado por la organización Mejor Sociedad, Mejor Gobierno, A.C., presidida por Guillermo Velazco Arzac, el spot pregunta: “¿Quiénes clausuran los congresos?”. Una secuencia de imágenes señala que en 1933, Adolfo Hitler en Alemania; en 1939, Benito Mussolini en Italia; en 1973, Augusto Pinochet en Chile, y en 1917, Victoriano Huerta en México clausuraron los congresos. El spot compara a estos personajes con Andrés Manuel López Obrador.La voz en off, muy similar en estilo y tono a la de los spots del “peligro para México” de 2006, remata: “Ahora, 2008, PRD, PT y Convergencia ¡han clausurado el Congreso! ¡Nuestra democracia está en peligro, nuestra paz está en riesgo! ¡México no merece esto!”.Javier González Garza y Carlos Navarrete, coordinadores del PRD en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, respectivamente, condenaron la “campaña de odio”, desmintieron que el FAP haya secuestrado el Congreso y pidieron al IFE que tomara medidas para retirar el spot. Navarrete afirmó en el Senado que con esta campaña “la derecha radical pretende reventar cualquier salida política, porque le apuestan a la crispación mayor y a salidas de fuerza al conflicto que enfrenta el Congreso”. Agregó que todo indica que la campaña “cuenta con el visto bueno de Los Pinos”.La tarde del viernes 18, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN se deslindó de los spots, rechazó la “contratación de promocionales por parte de asociaciones civiles que vulneren la ley” y también pidió al IFE que ordene el retiro de esos anuncios.En respuesta, Guillermo Velazco Arzac negó que el spot viole la ley y afirmó que se trasmitirá hasta que los legisladores del FAP “devuelvan las tribunas”. Por lo pronto, la nueva guerra sucia es una muestra de que el debate sobre la reforma energética se radicalizó y revive los fenómenos de la campaña electoral de 2006. l
sondeo
a) A que reflexionen los del FAP
9.77 % 545 votos
b) A enrarecer el ambiente político
62.37 % 3481 votos
c) A obstaculizar un acuerdo
27.86 % 1555 votos
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