En el caso de Lydia Cacho

Por 6 votos contra 4, eliminan ministros referencias a pederastia y pornografía infantil

Rasura la Corte el dictamen final del caso Lydia Cacho

Jesús Aranda

Lydia Cacho, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al fondo, los ministros Sergio Valls y Juan N. Silva Foto: Cristina Rodríguez

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminó del dictamen final sobre el caso Lydia Cacho Ribeiro lo relativo a abuso sexual, redes de pederastia y pornografía infantil, al considerar que este asunto no tiene que ver con la investigación acerca de la concertación de autoridades encabezada por el gobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres, para violentar las garantías individuales de la periodista.

Por seis votos contra cuatro, ayer los ministros dejaron de lado la tesis del resolutivo elaborado por Juan N. Silva Meza acerca de que las acciones orquestadas por el gobernador poblano en agravio de Cacho Ribeiro se originaron a partir de la publicación del libro Los demonios del Edén, en el cual la periodista denuncia la existencia de redes de pederastia, lo que motivó el enojo de Kamel Nacif, quien contó con el apoyo de Marín Torres para violentar los derechos de la escritora.

Con esta decisión, el pleno de la Corte se abocará exclusivamente a determinar si el mandatario poblano encabezó la confabulación de autoridades de Puebla y Quintana Roo en perjuicio de Lydia Cacho.

De acuerdo con fuentes consultadas, en la etapa final del debate hay paridad de fuerzas entre quienes apoyan el dictamen y los que avalan la inocencia de Marín. Se dice inclusive que el voto de la diferencia sería el del ministro presidente.

Por el momento hay tres votos abiertamente en favor de declarar responsable al gobernador poblano: los de Silva, Genaro Góngora Pimentel y José de Jesús Gudiño Pelayo; mientras Sergio Aguirre y Mariano Azuela han dejado constancia de su postura en contra.

Mariano Azuela, uno de los magistrados más deleznables que se hayan tenido.

En el segundo día de debate las posturas se dividieron. Sergio Salvador Aguirre Anguiano se destacó como escudero en la defensa de Marín Torres al descalificar en repetidas intervenciones todos y cada uno de los elementos del dictamen que afectaban al funcionario.

Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Aguirre Anguiano, Margarita Luna Ramos, José de Jesús Gudiño Pelayo, Sergio Valls y Mariano Azuela consideraron que el tema de la explotación sexual infantil no está directamente vinculado con el dictamen.

Ni siquiera aceptaron la propuesta de José Ramón Cossío de que la Corte aprobara un exhorto a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, federal y estatales, para que en el ámbito de su competencia establecieran y rehabilitaran las instituciones de salud, de esparcimiento y ayuda física para menores víctimas de abuso.

Dijo que la investigación aporta documentación suficiente sobre el tema y que “ningún daño hace recordarnos, entre todas las instituciones públicas y privadas del país, lo grave que está siendo esta situación”; exhortemos, ya cada quien verá qué peso le da a nuestra exhortación, “esto no va en desdoro de la Corte, sino de quien no la obedece o quien no actúa ante un llamado…”.

Silva Meza planteó en su documento que la comisión a su cargo incluyó diligencias con menores víctimas de abuso sexual, quienes ofrecieron, en presencia de sus abogados, sicólogos y sus madres, testimonios que respaldan su indagatoria. “Esto revela un problema grave, cada una de estas informaciones está perfectamente relacionada, en tanto que éste era el problema, que de ser cierto podría constituir un problema de Estado.

“No se trata de que sean 5 mil (los abusos contra menores), uno es mucho, y nos cumple decirlo aquí, porque si tuvieran la oportunidad de oír las declaraciones de las menores, después de ver y oír eso: uno es mucho.”

Cuestionó que todo el trabajo de la comisión sobre la explotación sexual infantil quedara en la nada, y puntualizó: “(la decisión) la acataré, la que sea, la convicción está en el dictamen”.

En tanto, Góngora Pimentel hizo un infructuoso llamado a la mayoría para que entendiera que “no hay razones bastantes para que un juzgador se convierta en un autómata, obligado a seguir el camino indicado por las partes, cerrando los ojos a la realidad de las cosas, cuando esto afecta de modo directo el interés público”.

Aguirre Anguiano intentó demeritar la actuación de la comisión al señalar que los datos aportados sobre pederastia fueron obtenidos de Internet, y que la existencia de más de 9 mil demandas de abuso sexual contra menores no reflejaban un “problema de Estado”. Para mí, agregó, el dictamen sobre pederastia “es un parche mal pegado”.

Al final, sólo Olga Sánchez Cordero, Cossío y Góngora apoyaron que el tema de la pederastia formara parte del dictamen, votación que fue recibida con júbilo por la defensa legal de Marín: Fabián Aguinaco (hijo del ex presidente de la Corte, José Vicente Aguinaco Alemán) y Alberto Zinser, quienes al igual que Lydia Cacho estuvieron presentes en la sesión.

Una vez votado este asunto, los ministros iniciaron la discusión sobre la validez de las pruebas que forman parte del proyecto: la conversación telefónica entre Marín y Kamel Nacif; la intervención de teléfonos de funcionarios poblanos ordenada por la comisión investigadora, y la validez del registro de llamadas entre la oficina de Marín y los funcionarios involucrados en la acción concertada, proporcionado por las compañías telefónicas.

Para no variar su postura, Aguirre Anguiano descalificó todas las pruebas.

En cuanto a la conversación entre Marín y Kamel Nacif publicada inicialmente en este diario, la importancia radica en que al haber sido obtenida de manera ilícita, no tendría valor probatorio, aunque el dictamen especifica que dicha plática fue considerada únicamente como “hipótesis a confirmar”; la intervención telefónica realmente no tiene relevancia porque no aportó ninguna prueba, y el registro de llamadas parece que no enfrentará mayor problema.

La sesión continuará mañana.

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La decisión de la SCJN favorece a Mario Marín Torres, sostiene

“Gravísimo y peligroso”, eliminar la pederastia del dictamen: Lydia Cacho

Jesús Aranda

Al concluir la sesión del pleno de ayer, Lydia Cacho advirtió que es “gravísimo”y “peligroso” que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidiera eliminar lo relativo a pederastia y explotación sexual infantil del dictamen que presentó el ministro Juan Silva Meza, en el que señala que el gobernador de Puebla, Mario Marín, encabezó la acción concertada para violar gravemente sus garantías individuales.

En entrevista, sostuvo que es lamentable que algunos ministros, como Sergio Salvador Aguirre Anguiano, no entendieran la gravedad del asunto. Destacó que si su caso llegó a la Corte es precisamente por denunciar la actitud de autoridades, como el gobernador de Puebla, que “solapan de manera directa o indirecta a las redes de pederastia que hay en el país”.

Comentó que la decisión favorece a Marín, porque le permite deslindarse del tema de la explotación infantil y la pederastia y que sólo sea juzgado por haber incurrido en un acto de corrupción, lo que es poco penado en el sistema nacional.

Llamó a los ministros a que lean “a conciencia” el fondo de la investigación de Silva Meza, ya que se les olvida que a petición de la Corte varias de las menores víctimas de Jean Succar Kuri y de esa red de pederastas hablaron con los ministros. Esto está en la investigación de la propia Corte y es peligroso que se omita ese dato.

Hay niñas que fueron ultrajadas desde los cuatro y los ocho años de edad que hablaron con los ministros, y me parece gravísimo que algunos minimicen el problema. “Es imperdonable que el ministro Aguirre insista en que la aportación que hizo la comisión investigadora sobre pederastia y pornografía infantil es menor, porque es el fundamento de la investigación y yo no habría sido torturada si los niños y las niñas no me hubieran tenido confianza para contarme sus historias y yo no hubiera hecho bien mi trabajo periodístico”.

Es peligroso que haya negociaciones políticas en la Corte. Yo llegué aquí porque Marín se prestó, voluntaria o involuntariamente, a proteger la red de pornografía y de peredastia de Kamel Nacif y de Succar Kuri; ésa es la razón por la que estamos en la Corte y si eso se elimina de la historia me parece gravísimo, aseveró.

Es importante entender, agregó, que a partir de las conversaciones con las menores la comisión preguntó a las procuradurías de Puebla, Quintana Roo y de otras entidades el número de abusos a menores, pero sobre todo el dictamen analiza los niveles de corrupción e impunidad en esas instancias. “Esto es de lo que habla Silva Meza y no se puede desestimar. Es fundamental para que este país se transforme en cuanto a la atención a víctimas menores de edad”.

Después de todo aparecerá otra vez lo que ya sabemos, la SCJN es una institución podrida que para lo que menos sirve es para que haya justicia. Que se proteja y exonere a un delincuente como Mario Marín que violó las garantías individuales de una periodista y que está involucrado con redes de pederastia que es hacia donde apunta la resolución de este caso es la prueba de su inutilidad. La inmoralidad que permea en la SCJN en donde la corrupción dirige las cuestiones de derecho nos plantea un país sin un mínimo de justicia, ni siquiera para los abusos sexuales a menores, es decir, a estos magistrados no les interesa ni son capaces de defender al menos a los niñ@s y para ello les pagamos sueldos altísimos. ¿Por qué o cómo lo permitimos? Un país que no puede garantizar ni mínimamente la seguridad de los menores no tiene ningún futuro.