Carlos Fernández-Vega
Como le fascina la frase de “más grande de la historia” (un psicólogo podría sacar sesudas conclusiones al respecto) y la cita en prácticamente todos sus discursos, el inquilino de Los Pinos anunció ayer con bombo y platillo el “Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012”, que contempla recursos por 204 mil millones de pesos, aunque es de suponer que buena parte de ellos se destinará al pago de nómina burocrática y a la cobertura del bienestar de los funcionarios del ramo.
Además de los recursos, explicó el michoacano, “se trata del mayor esfuerzo en la historia de México para el desarrollo del agro, verdaderamente no hay registro, no hay antecedente en el país del apoyo que se ha construido para el próximo año. Para el 2008, si de por sí ya para este 2007 el PEC con 176 mil millones de pesos era el más alto de la historia, para el 2008 se van a canalizar al campo 204 mil millones de pesos, cifra nunca vista en la historia del país”.
La frase le encanta, pues, pero ¿para qué alcanzará su “mayor esfuerzo en la historia”, su cifra nunca vista en la historia del país? Para no mucho, si se considera el estado que guarda el devastado campo mexicano, circunstancia aderezada con la apertura total en el sector, el próximo primero de enero, en el marco del TLCAN. Así, más allá de su fascinación, el concepto “histórico” del inquilino de Los Pinos diametralmente se contrapone con una realidad por demás explosiva, que resume uno de los más recientes análisis de la Cepal (México: notas sobre el financiamiento rural y la política crediticia agropecuaria), del que tomamos algunos conceptos.
Subraya el referido análisis que el PIB agropecuario muestra un menor dinamismo que el producto interno bruto total de la economía; mientras éste creció a un ritmo promedio de 2 por ciento entre 2000 y 2005, el sector agropecuario lo hizo a 1.7 por ciento. Uno de los factores que contribuyen a explicar ese rezago es el menor flujo de recursos crediticios a la producción agropecuaria, no sólo a partir de la crisis de 1994-1995, sino desde finales de la década de 1980.
El empleo en el sector agroalimentario disminuyó 22 por ciento de 1993 a 2004 y afectó a un millón 900 mil personas, en especial subempleadas. Los salarios reales promedio agrícolas se derrumbaron 28 por ciento entre 1994 y 1997, y a pesar de su recuperación años después, en 2005 fueron 10 por ciento menores que en 1994. En el interior del sector se elevó el empleo remunerado de los trabajadores asalariados agrícolas que reciben menos de tres salarios mínimos, al aumentar de 51 a casi 70 por ciento del total.
En general, el bienestar de la población en el medio rural resintió los efectos de la crisis de 1994-1995. Los programas gubernamentales y las remesas familiares contribuyeron a mitigar la caída del bienestar y permitieron que se elevara el consumo por habitante de varios alimentos. Hasta 1996, más de la mitad de la población rural (52 por ciento) no pudo cubrir sus necesidades alimenticias y ocho de cada 10 habitantes eran pobres. Estas proporciones retrocedieron en los años siguientes, a 27.6 por ciento.
La pobreza y la desigualdad que caracterizan en general a México se muestran como los grandes desafíos en el medio rural. Durante el periodo 1994-2002, en el medio rural el coeficiente de Gini aumentó de 0.43 a 0.51. La concentración del ingreso se acentuó entre 1994 y 2002: el quintil de los más pobres que captaba 5.4 por ciento del ingreso rural contrajeron su participación a 4.7 por ciento. El quintil de los más ricos amplió su participación de 51 a 56 por ciento.
La modalidad de ejecución de algunos programas ha contribuido a mantener esta tendencia. Un estimado muestra que 47 por ciento de los apoyos del Procampo en 2002 se canalizaron a 9.2 por ciento de los productores, y 44 por ciento de los agricultores beneficiados recibieron apenas 15 por ciento de los apoyos.
El crédito de la banca comercial, que daba muestras de una recuperación en forma acelerada durante los primeros años de los años 90, cayó en igual forma desde 1995, y en 2005 llegó a representar únicamente la mitad del monto alcanzado 10 años antes. Desde 2002 la banca comercial mantiene estancada su cartera colocada en el sector en un promedio de poco más de 20 mil millones de pesos. El crédito gubernamental a través de FIRA y la FINRURAL ha vuelto a elevar los montos otorgados sólo a partir de 2004.
La crisis macroeconómica de mediados de los 90 se reflejó en una drástica contracción del crédito agropecuario (80 por ciento entre 1994-2004). Un sólo dato es revelador: en 2004 y 2005 el porcentaje de crédito agropecuario en el total de cartera del sistema bancario era apenas de 1.4 por ciento, mientras que en 1990 fue de 8.6 por ciento.
El efecto de las importaciones agroalimentarias depende del grado de concentración de cada rama industrial. Es el caso de las adquisiciones de granos y oleaginosas, se estimuló el mayor consumo de estos alimentos. En cambio, sobre las importaciones de varias ramas industriales –como carne porcina, manufacturas de harina y derivados de maíz y leche–, los beneficios no llegaron a los consumidores finales por el fuerte grado de concentración de esas actividades industriales.
En medio de los cambios –liberalización comercial, privatización, retiro del Estado de la actividad económica, abandono del régimen de precios de garantía, etcétera– que caracterizaron a la economía mexicana en los años previos a la firma del TLCAN, las actividades agropecuarias experimentaron un proceso de pérdida de rentabilidad, lo que se tradujo en una severa crisis que afectó a la banca de desarrollo (Banrural concretamente), manifestada en altos niveles de cartera vencida que lo obligaron a reducir el flujo de crédito al campo.
Entonces, ¿recursos históricos?
Las rebanadas del pastel
¡Felicidades!: en campaña prometió reducir tarifas eléctricas a consumidores residenciales; ya en Los Pinos sí, las redujo, pero sólo a industriales y comerciantes.
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