La Parota: prevenir nuevos conflictos

Editorial

El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, anunció ayer un fallo en favor de la paraestatal en el litigio por las tierras en las que se construye la hidroeléctrica La Parota, en el río Papagayo, estado de Guerrero. La resolución judicial permitirá a la CFE continuar con las tareas de edificación del controvertido megaproyecto, suspendidas el pasado 13 de septiembre por el amparo que una juez federal otorgó a los pobladores del municipio guerrerense de Cacahuatepec. Al mismo tiempo, el funcionario indicó que la entidad a su cargo buscará generar consenso social entre los miles de ejidatarios de la región que se oponen al proyecto, y reiteró que éste es de suma importancia para lograr un suministro eficiente de energía eléctrica en el país. Por su parte, la dirigencia del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop) ratificó su rechazo a la construcción de la presa y desconoció la validez del fallo referido.

Desde su anuncio, hace ya cuatro años, el proyecto de La Parota ha provocado fuerte oposición entre habitantes de las poblaciones afectadas, quienes argumentan que la construcción de la presa forzaría al desplazamiento de 25 mil personas –de las cuales más de 70 por ciento se dedica a actividades agrícolas–, inundaría 17 mil 300 hectáreas, provocaría la desaparición de los mantos freáticos que abastecen de agua al puerto de Acapulco y causaría, con ello, un grave deterioro ambiental. A raíz de los intentos oficiales por imponer el proyecto, los campesinos han enfrentado amenazas de expropiación de tierras por parte del gobierno federal, al tiempo que han denunciado un dudoso proceso de legitimación de la obra por medio de la realización de asambleas ejidales y comunales fraudulentas, y con una constante campaña de hostigamiento gubernamental contra los opositores. La conjunción de estos elementos ha exponenciado la crispación social y la violencia, latentes siempre en diversas regiones de Guerrero por la desigualdad y la marginación, y esta circunstancia ha derivado en la muerte de tres ejidatarios, así como en heridos y detenidos a causa de los enfrentamientos.

Con tales antecedentes, y habida cuenta de que las organizaciones de ejidatarios han ratificado su rechazo a la construcción de la presa, es necesario hacer un llamado a la CFE para que no se envalentone con el fallo recién anunciado: tras la victoria judicial, la paraestatal no debe asumir una postura prepotente ni autoritaria, sino atender y escuchar las demandas de quienes se oponen al proyecto, a fin de propiciar una reconciliación, hoy imprescindible, entre población y autoridades. Asimismo, los gobiernos estatal y federal deben deponer sus intentos de criminalizar la protesta social y, con ello, justificar el hostigamiento y la represión contra los opositores: las autoridades deben asumir su responsabilidad de promover el diálogo con las partes afectadas, respetar las diferentes opiniones que surjan, así como atender cualquier urgencia que se suscite con la construcción del proyecto, en caso de que se concrete, si lo que se quiere es que se lleve a término en un ambiente de concordia y no de crispación social.