Armando G. Tejeda (Corresponsal)
Madrid, 14 de noviembre. En España existen dos problemas graves y enraizados relacionados con la tortura y los malos tratos por parte de las fuerzas policiales públicas: el primero, y más alarmante, que es un práctica generalizada “en todo el territorio”; y la segunda, que a pesar de las numerosas denuncias la mayoría de ellas quedan impunes.
Estas son las principales conclusiones del informe España: sal en la herida, elaborado por expertos de Amnistía Internacional (AI), que además criticó que los sucesivos gobiernos “no reconocen ni siquiera la existencia de un problema”.
En el documento AI describe 13 historias reales de torturas o malos tratos policiales, denuncia irregularidades en todo el proceso, desde el momento de la detención.
Esteban Beltrán, presidente de AI-España, explicó en la presentación del citado informe que “los malos tratos y las torturas cometidos por la policía no son hechos aislados o excepcionales, sino más bien una práctica generalizada en todo el territorio, en los que además hay numerosos casos con el agravante racista y homófobo”.
Es decir, que tanto los agentes como los jueces que deberían amparar a las víctimas actúan de forma coordinada, puesto que entre los magistrados se aplica el “principio informal de presunción de veracidad”.
Esto significa que el testimonio de un policía ante un juez tiene más peso que el de una presunta víctima, lo que provoca que la mayoría de los casos denunciados por este tipo delitos queden impunes o ya ni siquiera se lleven ante la justicia.
Los datos son muy contundentes: entre 1980 y 2004, en 25 años únicamente se han llevado a juicio 459 denuncias de malos tratos, de las cuales sólo 85 tuvieron una sentencia condenatoria.
Entre las recomendaciones de AI se incluye la instalación de sistemas de grabación en comisarías o reformar el sistema de investigación de las denuncias para que no se limite a pesquisas internas.
“Todas las autoridades tienen parte importante de responsabilidad, pero es la falta de voluntad política del gobierno central –actual y anteriores– el principal obstáculo para luchar contra la tortura en España, ya que incluso lo niegan, que es algo así como querer negar el sol”, dijo Beltrán.
Según AI, tanto el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura como el Comité de Naciones Unidas para la Tortura ya realizaron declaraciones similares en 2001 y 2002, respectivamente.
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