El presupuesto federal y la economía

Orlando Delgado Selley

Sorprendentemente el Presupuesto de Egresos para 2008 fue aprobado casi por unanimidad. Los tres grupos parlamentarios mayores acordaron un monto de 2 billones 569 mil millones de pesos, superior en 8 por ciento al del año anterior y 150 mil millones mayor que el presentado por Calderón. El acuerdo se construyó por la incorporación de algunos planteos estratégicos del PRD contenidos en la plataforma electoral de la Coalición por el Bien de Todos. Destaca la asignación de 3 mil 700 millones de pesos para subsidio alimentario a las personas mayores de 65 años que vivan en comunidades menores a 10 mil habitantes, lo que podría ampliarse a comunidades de hasta 25 mil habitantes en el caso de existir recursos excedentes.

Otro reclamo perredista aceptado fue la apertura de un fondo regional de cinco mil millones para repartirse entre las diez entidades con mayores índices de pobreza. Este acuerdo, junto con el logrado para modificar la legislación electoral, ilustra que el reconocimiento del respaldo social de los partidos políticos, puede conducir a que la práctica parlamentaria impulse cambios relevantes para la vida nacional que pavimenten el camino de lo podría constituir una verdadera ampliación democrática. La fuerza real de las bancadas, expresadas no en su número sino en la cantidad de ciudadanos que les respaldaron electoralmente, junto con su inserción regional, debieran ser punto de referencia en la construcción de un mejor país.

En el fondo ambos acuerdos proponen una nueva visión del papel de las instituciones del estado en la conducción nacional. Se trata de corregir la estrategia liberal de reducción de la presencia estatal por una en la que los actores políticos y económicos reconozcan la responsabilidad del estado en aspectos fundamentales: el combate a la pobreza, la reducción de la impresionante desigualdad, la construcción de una economía en la que los grupos monopólicos sean obligados a competir, en garantizar que las elecciones sean ganadas por los que tengan el mayor respaldo electoral, no el de los poderes fácticos. Se trata, en fin, del reconocimiento de que sin el concurso estatal el país se conducirá a un despeñadero.

En realidad, la dinámica económica mundial ha evidenciado que los países con mayores índices de crecimiento son aquellos en los que el estado ha participado activamente en el establecimiento y conducción de una estrategia económica. En un libro de reciente publicación, Stiglitz y Charlton (Comercio Justo para Todos, ed. Taurus) comparan las estrategias instrumentadas por los gobiernos de los países de América Latina y del este Asiático, resaltando el papel del estado y el impacto de las políticas de liberalización económica instrumentadas a partir de las directrices del consenso de Washington. La diferencia en los resultados luego de 25 años es contrastante.

El caso chino puede servir de referencia de una estrategia económica exitosa. Se trata de la segunda o de la quinta economía del mundo, medida en dólares de paridad de compra o en dólares corrientes, que ha logrado tasas de crecimiento de su producto cercanas al diez por ciento durante veinte años, que crea empleos a ritmos nunca vistos en la historia y que, por supuesto, no esta exenta de problemas, algunos de ellos graves: como la brutal concentración del ingreso, el desorbitado consumo de energéticos y de materias primas y el creciente deterioro ambiental, entre otros. Al mismo tiempo, los resultados en la reducción de la pobreza son igualmente deslumbrantes.

Lo que queda claro es que la economía de mercado por sí sola no consigue desempeños económicos eficientes, mucho menos mejoras en las condiciones de vida de la población. Por el contrario, los grandes grupos económicos monopólicos y un sistema oligopólico de partidos políticos enfrentados con prácticas poco democráticas, en un marco regulatorio liberalizado, ha resultado en mediocridad económica, deterioro en los niveles de vida y una democracia corrompida.

Superar la desesperanza y construir un proyecto nacional incluyente solo será posible si los actores políticos, económicos y sociales empiezan a pensar en que el futuro tiene que proponer mejoras para todos. Para lograrlo, en el presente habrá que actuar consecuentemente. El acuerdo presupuestal y la reforma electoral son pasos importantes. Los próximos debates legislativos, como el de la ley de radio y televisión, documentarán si ese paso se mantiene.