El caso de Magdalena García, prueba de anomalías judiciales

Víctor Ballinas

Para Amnistía Internacional la liberación de la indígena mazahua Magdalena García Durán, quien fue “injustamente detenida y estuvo presa por 20 meses, no significa que el caso está resuelto. Seguiremos insistiendo a los gobiernos federal y estatal para que sancionen penalmente a aquellos que orquestaron, ordenaron y ejecutaron su detención arbitraria e inventaron los cargos que la mantuvieron en prisión por casi dos años”, aseveró a La Jornada el director de Amnistía Internacional sección México, Alberto Herrera.

Para Amnistía, el caso de la indígena mazahua “es la ventana que nos permite voltear a ver no sólo un caso sino todas las irregularidades que se permiten en el sistema de justicia mexicano. La liberación de Magdalena García Durán es una esperanza para muchos de los detenidos en Atenco”.

Herrera subrayó, “vamos a seguir insistiendo ante los gobiernos federal y estatal que no se ha hecho justicia en el caso de la indígena, vendedora ambulante y madre de cuatro hijos, a quien, de manera arbitraria, encarcelaron e inventaron cargos y fabricaron pruebas; los responsables de esos incalificables actos deben ser sancionados”.

Por su parte el secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos de Defensa de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, Edgar Cortez, destacó: “compartimos la alegría de que ella haya recobrado la libertad: finalmente se logró completar una exigencia que durante mucho tiempo demandaron organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos. El caso de Magdalena García Durán muestra muy claramente las deficiencias del sistema de justicia mexicano”.

Cortez abundó: “se le mantuvo presa por casi dos años sin evidencia sólida, ¿cómo es posible que una persona que no tuvo responsabilidad en los hechos que se le imputaban tuvo que enfrentar un largo proceso?; ello evidencia que en este sistema es posible que se construya una acusación sin ningún fundamento y se obligue a las personas a tener una defensa jurídica que puede ser larga, costosa y desgastante”.

El secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos subrayó que después de muchos esfuerzos jurídicos, el gobierno tuvo que reconocer que no tenía pruebas que involucraran a la indígena mazahua en los delitos que le imputó, que le prefabricó, que inventó, y ahora “no hay mecanismos para reparar el daño de este injusto sistema de justicia que no garantiza la seguridad de las personas, y se utiliza para castigarlas. Lo que le ocurrió a García Durán fue un castigo, y por medio de él, el gobierno envió un mensaje: esto le puede ocurrir a quienes se organizan y participan en actos de resistencia contra el autoritarismo”.