Laura Poy Solano
Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) calificaron como “inconstitucionales e insuficientes” los recursos destinados al sector educativo, al afirmar que una vez más el gobierno federal salió “reprobado” al destinar sólo 11 mil millones de pesos extraordinarios para este sector, cuando lo que se requiere para atender el rezago “histórico” en el sistema educativo es de “por lo menos 100 mil millones de pesos”.
En conferencia de prensa realizada frente a las oficinas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Artemio Ortiz Hurtado, secretario general de la sección 18 de Michoacán, destacó que el presupuesto aprobado por la Federación es “totalmente engañoso, ya que recortan recursos a entidades como Oaxaca, con 400 millones de pesos, y a Michoacán, con 300 millones, pero se destinan miles de millones al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario”.
Momentos antes de entregar cerca de 90 mil cartas de maestros disidentes para responder a las “mentiras” del director general del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes, sobre “supuestos beneficios” de la nueva ley, afirmó que en el país se requieren cerca de 150 mil espacios educativos, de los cuales “al menos 100 mil son aulas que no se han construido, a lo que se suma la falta de laboratorios, salones de cómputo, comedores y sanitarios, que en las zonas rurales y en los planteles de telesecundaria representa parte de un rezago histórico”, y aseguró que para atender las necesidades más urgentes se requiere una inversión de “37 mil millones de pesos”.
En contraste, aseguró que “cerca de 20 por ciento del gasto educativo se desvía por actos de corrupción, como el pago a aviadores y diversas inconsistencias en la operación administrativa, lo que acumula una pérdida de más de 40 mil millones de pesos”.
A ello, indicó, se suma la falta de “200 mil horas de servicios docentes y apoyo a la educación en clases de música, laboratorio y atención sicológica para los alumnos, así como la creación de por lo menos 100 mil plazas de nueva creación para personal de apoyo educativo, como prefectos, trabajadores sociales, de intendencia y veladores, lo que requeriría una inversión cercana a los 8 mil millones de pesos, con un monto salarial aproximado de 6 mil pesos”.
Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México, informó que esta organización analiza interponer una denuncia penal contra el director general del ISSSTE por “simulación de actos jurídico en contra de los trabajadores”.
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