El Encino, de AMLO a Ebrard

GLORIA LETICIA DíAZ

MÉXICO, D.F., 14 de enero (apro).- El conflicto que provocó el desafuero de Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno del Distrito Federal en 2005 con el Poder Judicial de la Federación por el predio El Encino, se revivió hoy contra su sucesor, Marcelo Ebrard Casaubón.El juez noveno de Distrito en Materia Administrativa, Álvaro Tobilla, ordenó al Gobierno del Distrito Federal devolver el predio El Encino a la empresa Promotora Internacional Santa Fe.En el 2005, la expropiación del predio --decretada en el año 2000 por la entonces jefa de Gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles--, provocó un enfrentamiento legal entre el Poder Judicial de la Federación y la Procuraduría General de la República con la administración capitalina, encabezada por Andrés Manuel López Obrador y que provocó su desafuero.El juez Tobilla consideró que "no existe ningún impedimento material o jurídico" para que el gobierno capitalino no dé cumplimiento a la sentencia de amparo a favor de la empresa.Ebrard, a través de la consejera jurídica, Leticia Bonifaz, impugnó el resolutivo argumentando que el juez no consideró todas las pruebas presentadas por el Gobierno del Distrito Federal, y anunció que llevará el juicio hasta la instancia colegiada. Mientras tanto, advirtió que no se entregará el predio en disputa.Bonifaz señaló que el caso puede llegar hasta la Suprema Corte de Justicia, y destacó que en la sentencia el mismo juez reconoce que no todo el terreno reclamado es propiedad de la empresa "Promotora Internacional Santa Fe", de ahí que mientras no se haga el deslinde, al finalizar el juicio, no se comete desacato.El predio en cuestión tiene una extensión de 100 mil metros cuadrados, de los cuales la exjefa de Gobierno, Rosario Robles, expropió --el 10 de noviembre de 2000-- dos fracciones que suman 13 mil 400 metros cuadrados para ampliar las avenidas Vasco de Quiroga y Carlos Graef Fernández."Promotora Internacional Santa Fe" interpuso un juicio de amparo contra el decreto expropiatorio, el 862/200, y el 14 de marzo de 2001, el juez noveno de Distrito, Álvaro Tovilla, concedió el amparo para que el gobierno de López Obrador retirara la maquinaria; pero éste no acató el ordenamiento judicial.El caso fue llevado por los quejosos al Séptimo Tribunal Unitario, instancia que el 2 de agosto de 2002 ratificó la sentencia del juez Tobilla, lo que está expuesto en el expediente 517/2002. Ante esa resolución, López Obrador emitió un decreto el 12 de agosto de 2002, para dejar sin efecto la resolución del juez.La decisión de López Obrador de no acatar el amparo llevó al Poder Judicial de la Federación a interponer una queja en la PGR por desacato, dando inicio a la averiguación previa 1339/FESPLE/2003 y con ello una solicitud del entonces procurador Rafael Macedo de la Concha a la Cámara de Diputados para retirarle el fuero al jefe de Gobierno.Después de meses de debate mediático, el 7 de abril de 2005 la Cámara de Diputados desaforó a López Obrador, pero el 4 de mayo de ese año, la PGR se desistió del caso, con el argumento de que no logró determinar qué penalidad le correspondería al jefe de Gobierno por el desacato. La determinación de la PGR derivada del impacto social que generó el desafuero, obligó a Rafael Macedo de la Concha a renunciar.De acuerdo con información publicada por el Gobierno del Distrito Federal, el conflicto que derivó en el desafuero de López Obrador estuvo plagado de irregularidades.Entre las inconsistencias detectadas por el gobierno de López Obrador, se mencionó que la empresa representada por Fernando Espeje Cisneros reclama los 100 mil metros cuadrados del predio. Sin embargo, en su demanda incluye una escritura, la 58625 fechada el 24 de abril de 1991 expedida por el Notario Público 26 del Distrito Federal, en la que se acredita una superficie de 86 mil 968 metros cuadrados.Más aún, Promotora Internacional Santa Fe, había vendido a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el 10 de diciembre de 1998, tres mil 205 metros cuadrados para la construcción de un tramo de la autopista México"Toluca, de acuerdo con la escritura 23395.De ahí que al momento de interponer la demanda de amparo, la empresa era, en realidad, dueña de 83 mil 763 metros cuadrados, y no de 100 mil que reclama.Según la información del Gobierno del Distrito Federal, durante las pruebas periciales se demostró que "el supuesto propietario de El Encino recorrió sus linderos par adueñarse, de manera ilegal, de una franja que pertenece a la Ciudad y a la Federación, todo para vender un porción de terreno a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la construcción de la autopista México"Toluca".