El legado

John Saxe-Fernández

Ante el arribo de Barack Obama a la Casa Blanca, en medio de la más grave crisis humanitaria y económica desde la Gran Depresión, es hora de elaborar, de manera preliminar al menos, un inaplazable “corte de caja” ya que llega a su fin la primera década del siglo XXI con la pax americana en serio aprieto. La economía de Estados Unidos experimenta lo que sólo puede calificarse de “colapso integral” después de ocho años de aplicación de la más implacable guerra de clase a nivel doméstico e internacional, en la que se usaron como nunca antes instrumentos de Estado, civiles, militares y de seguridad, para favorecer intereses del capital monopólico/financiero bajo la sombrilla del free trade.

Linda J. Bilmes y Joseph E. Stiglitz (Harper’s, enero/2009) muestran que Bush/Cheney entregan al gobierno entrante una catástrofe económica estimada en 10 billones (trillions) de dólares, registrándose los mayores déficit fiscal, comercial y de deuda en la historia estadunidense e inusitados aumentos en desempleo e inflación, el desplome del ahorro y un debilitamiento de encadenamientos industriales de enorme magnitud, mientras el costo final de la genocida petroguerra y ocupación de Irak, según esos cálculos llega a los 3 billones: un descalabro económico con repercusiones históricas que acompaña la hecatombe humana, financiera y bancaria.

Vivimos un cambio de época que se acelera sin aparente límite de velocidad, y sin que la conciencia se percate de manera cabal del orden de magnitud de los vertiginosos procesos y acontecimientos y su vinculación con crímenes de lesa humanidad y eventos económicos y del entorno ecológico (calentamiento global) condición sine que non para el despliegue de los sucesos históricos sobre la corteza: el “momento monopolar” en la estructura de poder mundial gestado por el derrumbe de la URSS se desvaneció, aún antes de la catástrofe humana y militar desatada por la Casa Blanca de Bush/Cheney sobre la población iraquí y afgana.

El quebranto también es jurídico: ocurre en medio de un imperdonable cataclismo con más de un millón 200 mil bajas civiles en Irak. Ese ataque se hizo bajo las premisas de la “guerra de autodefensa anticipatoria”, anidada en la Doctrina Carter cuando éste proclamó en enero de 1980 ante el Congreso y el mundo que su país tenía “derecho” al uso de toda medida, incluso de la fuerza, para garantizar sus “intereses vitales”. Zbigniew Brzezinski, el asesor de seguridad de Carter, sabía que aquello era una réplica de la blitzkrieg nazi con los recursos naturales y humanos de Europa y Rusia en la mira.

La guerra contra Afganistán e Irak es, además, una debacle estratégico-militar y económica que, con la “guerra al terror” hizo añicos los anhelos de la Paz de Westfalia (1648) en el orden internacional y en especial de la normatividad gestada en torno al habeas corpus especificado en la Carta Magna inglesa hace 796 años, así como en los ordenamientos de los Juicios de Nuremberg y las convenciones de Ginebra. La ofensiva nazi-fascista persiste impune, en la tortura y en la implicación de Bush en la criminal agresión perpetrada por Israel contra el pueblo palestino: en ambos casos Obama debe deslindarse, empezando por girar una orden ejecutiva para cerrar Guantánamo. Fueron ocho años de ataque a la Constitución y el estado de derecho, en Estados Unidos y el orbe. Corresponde a la Corte Penal Internacional juzgar los crímenes de guerra de Bush/Cheney et al. En esto coinciden árabes y occidentales, con el endoso del público al gesto –zapatazo– del periodista Al-Zaidi para recordar a Bush los huérfanos y viudas de su carnicería en Irak.

Harold Pinter, en su conferencia magistral por el Nobel de 2005, con exactitud calificó ese genocidio como “un acto de bandolerismo, un acto de abierto terrorismo de Estado, que demuestra el desprecio absoluto por el concepto mismo del derecho internacional… un acto que intentó consolidar el control militar y económico de Estados Unidos sobre Oriente Medio”.