Acteal, dos años antes

Federico Anaya Gallardo*

Se nos pide recapitular Acteal con la intención de mostrar a las comunidades indígenas de Chenalhó como “primitivas” e incapaces de resolver sus conflictos por otra vía que no fuera la violencia. Las dos partes hasta ahora conocidas de un texto de Aguilar Camín son una versión criolla de una vieja frase clasista-racista del París intelectual del siglo XIX que decía algo así como “para ver salvajes no necesitas ir fuera de Francia”. Si creyéramos esto, los funcionarios “civilizados” de Tuxtla y México fueron “constreñidos” a aceptar que comunidades campesinas que se armaran espontánea e incontrolablemente para enfrentar el “peligro zapatista”.

La violencia en Chenalhó no era inevitable. Durante el año anterior a la masacre (1996) el Centro Fray Bartolomé documentó que las autoridades de ese municipio, tanto las “oficiales” como las “autónomas”, establecieron un sistema de solución de conflictos basado en el reconocimiento de ambas formaciones políticas y la responsabilidad de cada ayuntamiento de llamar al orden a quienes le obedecían. Cuando las pláticas no funcionaban, ambas autoridades llevaban el caso al Centro, pidiendo un arbitraje. El Fray Bartolomé conoció una decena de conflictos, la mayoría fueron resueltos por avenimiento pacífico. Este esquema de autoridad dual y negociación sigue estando presente en muchos otros municipios indígenas. En los Altos ha permitido que los ayuntamientos oficiales y zapatistas convivan en relativa armonía. En la región chol ha logrado que se reconstruya parte del tejido social roto por los paramilitares de Paz y Justicia. ¿Qué falló en Chenalhó?

El Centro Fray Bartolomé conocía la respuesta desde 1995. Los representantes del Estado mexicano deseaban la violencia. Como mínimo, otorgaban impunidad a la facción que les ofreciera lealtad. Sistemáticamente boicotearon los intentos de conciliación entre comunidades. En noviembre de 1995, desplazados zapatistas-perredistas del ejido Miguel Alemán, Tila, solicitaron un encuentro con sus atacantes de Paz y Justicia para lograr el retorno pacífico. El 18 de diciembre de 1995, dos años antes de Acteal, me tocó acompañarlos a una cita concertada con el director general de Gobierno del estado, Mario Arturo Coutiño Farrera. Este señor había prometido la presencia de altos funcionarios. No llegó ninguno. Lo que hubo fue un operativo de la policía para capturar a los delegados de los desplazados. El proceso penal de los capturados duró tres años.

Quienes quieren revisar la historia de la tragedia nos piden recordar cómo el ayuntamiento zapatista expropió el banco de arena en Majomut. Olvidan lo que había pasado antes: que el gobierno federal, conociendo la situación de creciente polarización, tramitó de manera inusitadamente expedita la solicitud de legalización de la invasión de ese predio y facilitó a los invasores la constitución de una sociedad de solidaridad social para explotar la grava. En 1996, toda la documentación fue enviada al Fray Bartolomé por los dos ayuntamientos de Chenalhó, en la esperanza de encontrar un arreglo. No había manera: los agentes del Estado habían petrificado legalmente los derechos de una facción y excluían definitivamente a la otra.

Es falso que la violencia entre las comunidades zapatistas y las gobiernistas fuera inevitable. La violencia es hija de la oferta de impunidad que hicieron los agentes del Estado. Esto se complementó con dinero de proyectos productivos (avalados para Paz y Justicia por el comandante de la región militar) y con la promesa de puestos políticos, como la diputación local de Samuel Sánchez Sánchez (1995-1998). Los indígenas no son violentos, “primitivos”, ni salvajes. Como todos los humanos, buscan siempre un arreglo negociado. Los violentos son los funcionarios que revientan los encuentros y aplican la ley sólo a favor de sus leales. Por eso ellos, y no los indígenas de Chenalhó, serán encontrados responsables de la matanza de Acteal en el sistema interamericano de protección a los derechos humanos.

* Abogado, ex miembro del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y ex representante legal de la diócesis de San Cristóbal de las Casas.