La Constitución abolida por el usurpador

Por María Teresa Jardí

Cuando el impresentable secretario de Gobernación del usurpador dice que la Iglesia Católica puede cerrar la Catedral, en realidad lo que está haciendo es abolir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Perdidas las formas hay que marcar el fondo. Los fascistas quieren que el país reviente y con tanto repicar de campanas van a lograrlo.
Lo que no entienden es que el estallido no va a dejar títere con cabeza. No se guarda un siglo de agravios para que al reventar prevalezcan las buenas maneras.
No hay reunión, en el D.F., en la que no me pregunten mi opinión sobre si van a encarcelar o no a Fox. Siempre repito lo mismo: NO.
Más allá de que si se tuviera la menor intención de juzgar al ladrón expresidente de la república, traidor a la patria, de entrada se habría ordenado hacer la investigación al Procurador General de la República.
La razón es muy simple y es la misma que propició el "fracaso" de la fiscalía foxista creada para investigar los crímenes políticos con clara autoría intelectual de Luis Echeverría Alvarez.
El usurpador NO tiene autoridad moral para encarcelar a Fox y los legisladores tampoco. Y eso es exactamente lo que le sucedió a Fox con Luis Echeverría.
Es decir, no igual, porque no podemos olvidar que Fox sí llegó como mandatario legítimo. Fox dilapidó el caudal con el que habría podido simplemente propiciar el paso de México a la democracia. Fox le apostó a la corrupción y se deslegitimó y se convirtió en un ente que eligió no ser presidente, pero sin renunciar a ejercer el poder. Eligió ser una mala persona, ladrona y miserable, sometido a una mujer que el fondo debe despreciarle. Eligió ser, por dinero, un traidor a la patria. Y, claro, un traidor a la patria no tiene autoridad moral para juzgar a otro traidor a la misma. Y así acabó como acabó la fiscalía. Más allá de que ahora en el mundo se sepa que Echeverría es un genocida, como queda claro que Fox es un ladrón.
Que Fox era un ladrón, saltó desde el inicio de su mandato a la vista. Comprar toallas de cuatro mil pesos, en un país con cincuenta millones de personas en la miseria extrema, es un exceso y exhibir el producto de su hurto a la nación es intolerable y el usurpador, urgido de "legitimarse", aunque sea un poco, lo sabe y los legisladores, que tuvieron las pruebas en contra de los crímenes, porque eso son, crímenes arteros contra el patrimonio de los mexicanos, de los Bribiesca, desde la legislatura pasada, también están concientes de lo mismo.
Pero, además de que la autoridad moral es imprescindible, ya no existen las instituciones para que en la narcorrepública mexicana se haga justicia.
El desarme de la estructura ética de las instituciones justamente se hizo para que sujetos como Echeverría, como Fox y como el usurpador puedan hacer lo que quieran con la nación, cuentan para ello con la garantía absoluta de que para ellos prevalecerá la impunidad más absoluta.
La "justicia" prevalece para aplicarla a los pobres. Ahí está Flavio Sosa encarcelado por orden de Ulises Ruiz.
Y mucho me temo, ojalá y me equivoque, que lo mismo va a pasar en Yucatán. Los arraigos (inconstitucionales, por cierto) son el equivalente a las fiscalías especiales y a las comisiones investigadoras, dan tiempo a que la gente olvide, alargan los plazos, sirven para fingir que se quiere hacer, cuando la decisión tomada es la de no hacer nada.
José Carlos Guzmán Alcocer es apenas la punta del iceberg que lleva directamente a Roberto Hernández, pasando por los Patrón Laviada, que llega a Marta Sahagún y que implica también a los Bribiesca.
Ivonne Ortega ocupa el gobierno de Yucatán de manera legítima. Pero Yucatán no es una isla y el PRI está lleno de delincuentes, protegidos por el PAN, igual de facineroso.
En Puebla, Marín; en el Estado de México, Peña Nieto; en Oaxaca, Ulises Ruiz; en el Congreso, Gamboa Patrón y Beltrones. La lista de impresentables es interminable. Y eso va a pesar a la hora de la verdad que va a ser el momento de hacer realmente justicia.