El Justo Reclamo

Bandas oficiales

Genaro García Luna

jorge carrasco araizaga

MEXICO, D.F., 26 de septiembre (apro).- Así como los cárteles del narcotráfico se disputan el control de territorios, en el gabinete de seguridad de Felipe Calderón están plenamente identificados por lo menos dos bandos contrarios: el que encabeza Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, y el de Eduardo Medina Mora, titular de la PGR.
En su caso, rivalizan por el control del presupuesto y de las decisiones con las que Calderón se encamina a hacer del mexicano un Estado policial.
En el presupuesto federal para 2009 proyectado por el gobierno federal, la Secretaría de Seguridad Pública resulta la más beneficiada, aun por encima del Ejército y la Marina, de las que Calderón ha echado mano en su "guerra" contra el narcotráfico.
Para la Secretaría, García Luna le pide al Congreso la autorización de 31 mil millones de pesos, el doble de lo presupuestado para la Marina, Armada de México.
De esos recursos, 17 mil 500 están previstos para lo que define como "prevención del delito con perspectiva nacional".
La mayor parte de ese dinero, 13 mil 506 millones, los ejercería la Policía Federal Preventiva (PFP). Es, incluso, un poco más de lo proyectado para la PGR: 12 mil 605 millones de pesos.
Además, en su proyecto de "mando único policial", García Luna busca tener bajo su coordinación a la Agencia Federal de Investigación (AFI), aun cuando formalmente siga dentro de la estructura de la PGR.
Dentro del gabinete, más de uno ve con reservas el fortalecimiento del secretario de Seguridad Pública.
La disputa al interior del gobierno federal ocurre justamente cuando la delincuencia entró en una nueva etapa de violencia cuando la noche del 15 de septiembre atacó con granadas a la población civil reunida en la Plaza Melchor Ocampo de Morelia, en la ceremonia del Grito de Independencia.
No es necesariamente una competencia por las políticas públicas para hacerle frente de manera coherente y efectiva a la delincuencia organizada, de cuyas acciones aún nos falta mucho por ver.
No sería raro, por tanto, que en su escalada de violencia, los grupos delictivos atenten directamente contra funcionarios estatales o federales de primer nivel, como sugiere una de las líneas de investigación de los ataques terroristas en Morelia.
Las amenazas apuntan al gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, pero bien pueden ser a partir de ahora para cualquier gobernante estatal o algún alto funcionario estatal.
Por si fuera poco, al estar rebasados por la delincuencia, los colaboradores de Calderón aumentan también el nivel de su confrontación.
La semana pasada, el país fue testigo de la ominosa confrontación entre esos dos funcionarios cuando elementos de la AFI se manifestaron en contra de García Luna, a quien descalificaron por sus alegados vínculos con la delincuencia.
La respuesta no se hizo esperar. El secretario de Seguridad Pública envío a la PFP a tomar las instalaciones de la AFI, con el argumento de asegurar la información de seguridad nacional que está en manos de la llamada policía investigadora.
Lo irónico es que García Luna fue el creador y director de la AFI en el sexenio pasado, cuando convenció a Vicente Fox de "transformar" la antigua y desacreditada Policía Judicial Federal en un cuerpo de policías "de investigación científica" del delito.
Más temprano que tarde, el nuevo cuerpo cayó en descrédito social en cuanto se conocieron los casos de corrupción y de viejas prácticas de la policía que, por ley, le corresponde tener el procurador General de Justicia.
Esa atribución, precisamente, es la que reivindica Medina Mora en perspectiva de la concentración de poder económico y de fuerza que ha acumulado García Luna al amparo de Calderón y aun con la molestia del Ejército.
Además, Medina Mora ha tenido que dar sus propias batallas al interior de la PGR. El saldo más significativo fue la salida del número dos de la dependencia, José Luis Santiago Vasconcelos.
No se sabe quién ganará en las pugnas del equipo de Calderón. Lo único seguro es la consolidación de una delincuencia organizada indómita que cada vez más aterroriza a la población y se hace de enclaves territoriales en todo el país.