La revuelta magisterial

Luis Hernández Navarro

En el prefacio a Zapata y la Revolución Mexicana, John Womack escribe: “Este es un libro acerca de unos campesinos que no querían cambiar y que, por eso mismo, hicieron una revolución”.

Los historiadores que hagan la narrativa del actual conflicto magisterial en contra de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) podrán tomar prestado el párrafo de Womack para explicar el surgimiento de la revuelta docente y decir: “Éste es un libro acerca de unos profesores que no querían cambiar y que, por eso mismo, hicieron una rebelión”.

La propaganda oficial ha presentado las actuales protestas de los trabajadores de la educación como un movimiento conservador en contra de una reforma modernizadora que busca terminar con la venta de plazas y los privilegios indebidos. ¿Es esto cierto? No, no lo es. La ACE es una reforma privatizadora, vertical y autoritaria, carente de transparencia, que atenta contra la educación pública y desprofesionaliza a los maestros convirtiéndolos en meros facilitadores educativos. No termina con el influyentismo ni con la venta de plazas.

La Alianza fue decidida desde arriba sin la consulta ni la participación de los maestros de base. Fue acordada por el gobierno federal y Elba Esther Gordillo, a quienes miles de profesores en todo el país no reconocen como su dirigente. ¿Se puede modernizar la educación pública al margen –y en contra– de los maestros? Obviamente no.

¿Fue la ACE una iniciativa de los estados? No, no lo fue. La Alianza fue una imposición del gobierno federal a las entidades federativas en nombre de la “federalización”. Eduardo Bours, gobernador de Sonora y aliado de Elba Esther Gordillo, así lo reconoció. Según él, las inconformidades tienen su origen en un acuerdo central en el que la responsabilidad no es de los mandatarios estatales. “Es –asegura– una Alianza que se firma a nivel nacional y que la bronca pega en los estados.” (Reforma, 27 de septiembre de 2008).

El concurso nacional de oposición para las nuevas plazas establecido por la ACE viola el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, publicado en el Diario Oficial el 20 de mayo de 1992, pues invade competencias locales y cancela la contratación de profesores de nuevo ingreso por parte de los estados.

Como recordó Gustavo Santín en La Jornada de Oriente, el Acuerdo establece textualmente: “Al entrar en vigor el presente convenio, el gobierno estatal, por conducto de su dependencia o entidad competente, sustituye al titular de la Secretaría de Educación Pública del Ejecutivo federal en las relaciones jurídicas existentes con los trabajadores adscritos a los planteles y demás unidades administrativas que en virtud del presente convenio se incorporan al sistema educativo estatal”.

Es un hecho que la venta de plazas docentes existe. Son los dirigentes sindicales afines a la maestra y funcionarios de la Secretaría de Educación Pública quienes han lucrado con ella. En este negocio no participan los maestros de base. Aunque quisieran no tienen forma de hacerlo ¿Acaba el concurso de oposición con esta lacra? No. José Luis Figueroa Rangel, dirigente del Movimiento Democrático del Magisterio Zacatecano denunció que en Zacatecas existe un enorme tráfico de influencias en la Secretaría de Educación y Cultura y que muchos de los hijos y parientes de funcionarios fueron beneficiados. Este tipo de señalamientos se han hecho por todo el país. En la realización del examen no hubo un padrón confiable de concursantes y la emisión de la convocatoria para participar fue extemporánea.

El concurso de oposición que se aplicó a los solicitantes de una plaza estuvo hecho, literalmente, con la patas. Lo único que mostró fue la ignorancia de quienes lo diseñaron y aprobaron en la SEP. Se desconoce aún quienes fueron los “expertos” en docencia que lo elaboraron. Consistió en exámenes de opción múltiple que no contemplaron diferencias regionales ni socioeconómicas.

Los exámenes no respetaron la recomendación de la UNESCO de 1996, que establece que en “los criterios de contratación de futuros docentes no deberían depender solamente del nivel de conocimiento de los candidatos. Las cualidades personales, tales como el rigor moral, el sentido de responsabilidad y de solidaridad, la motivación, la predisposición para el trabajo en equipo y la aptitud para comunicar son condiciones necesarias”. Ninguna de ellas se tomó en consideración durante el concurso.

Los funcionarios de la SEP y los directivos de las cúpulas empresariales utilizaron los resultados de los concursos de oposición para descalificar a la planta docente del país. El sentido profundo de la ofensiva contra los maestros contenida en la Alianza quedó de manifiesto en los señalamientos de Jorge Santibáñez, subsecretario de Planeación, a propósito de la reprobación de la mayoría de postulantes. “¿Quieren ser profesores en las escuelas de México?, pues los que reprobaron no cumplen con las condiciones, y no lo serán”, dijo, y sentenció que quienes deseen ingresar deberán “seguir formándose si quieren incorporarse al sistema educativo con las nuevas reglas de calidad”.

La Alianza no toca, ni con el pétalo de una rosa, a los miles de comisionados sindicales que disfrutan de plazas sin tener que trabajar frente a grupo y que están al servicio de Elba Esther Gordillo y del Partido Nueva Alianza. ¿Se evaluarán estos aviadores algún día? Por supuesto que no.

La revuelta magisterial contra la ACE no es una rebelión conservadora ni busca preservar privilegios. Lo verdaderamente retrógrado es la supuesta modernidad de los tecnócratas y funcionarios panistas que, con el pretexto de la mejora del servicio educativo, busca desamortizar la educación pública para abrir paso al capital privado y hacer que los docentes pierdan el control sobre el proceso pedagógico. La resistencia magisterial, basada en la defensa de sus mejores tradiciones docentes, no es un lastre del pasado sino una apuesta por el futuro.