Ángel González. Postor
Un magnate regiomontano de los medios electrónicos podría lograr lo que no pudo General Electric por medio de Telemundo: hacerse de la tercera cadena de televisión abierta en México. Sus posibilidades de conseguirlo son amplias, no sólo por su capacidad económica, sino porque cuenta con el respaldo de altos funcionarios y legisladores, que le allanan el camino e incluso le sirven de cabilderos. Su apodo: El Fantasma.
Remigio Ángel González, el enigmático empresario de origen regiomontano mejor conocido como El Fantasma, busca ser el concesionario de la tercera cadena de televisión abierta en México. Para ello, cuenta con el respaldo del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Luis Téllez, y con el del senador panista Federico Döring como cabildero.
En medio de un total hermetismo de las autoridades, González es propietario de cuatro de los cinco canales de televisión abierta en Guatemala, así como de una red de canales televisivos en Nicaragua (4 y 10), Costa Rica (4, 6, 11), Ecuador (4 y 5), Perú (9 y 13), Paraguay (5 y 9), de Red TV en Chile y del Canal 9 en Argentina, adquirido en 2007.
Este magnate de los medios electrónicos pretende retornar a México, después de su autoexilio en Miami desde los años ochenta. Quiere entrar por la puerta grande y adquirir buena parte de las 175 frecuencias disponibles para televisión abierta.
Fiel a su estilo de no aparecer en público y de crear empresas "fantasma" en paraísos fiscales -de ahí su sobrenombre-, el empresario de origen regiomontano y propietario de la compañía Televideo Services Inc., comenzó a cabildear entre autoridades, legisladores y empresarios de los medios electrónicos en México para consolidar una sociedad que le permita adquirir la "tercera cadena", según confirmaron distintas fuentes a Proceso.
Ángel González ya posee cinco estaciones de televisión en el sureste del país. En Tenosique, Tabasco, es propietario del Canal 12 (XHTOE-TV), y en Villahermosa, del Canal 9 (XHTVL-TV), ambos administrados por Televisora del Sureste S.A. de C.V. En Coatzacoalcos, Veracruz, cuenta con el Canal 9 (XHCVP-TV), y en Tapachula, Chiapas, con el Canal 4, administrado por Comunicación del Sureste, S.A. de C.V.
De acuerdo con la información disponible en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las cinco concesiones están en proceso de refrendo y le fueron expedidas en 1985 (en el caso de Coatzacoalcos) y en 1999, un año antes de las elecciones presidenciales.
Criticado prácticamente en todos los países latinoamericanos donde ha comprado estaciones televisivas mediante prestanombres y aliándose a los políticos en el poder, El Fantasma podría consolidar el proyecto que la poderosa trasnacional General Electric no pudo lograr a través de su filial Telemundo.
Desde mediados de 2006, Telemundo finalmente rompió su sociedad con el empresario mexicano Isaac Saba y formalizó un acuerdo con Televisa para transmitir sus contenidos a través de Canal 9, XEQ, el frustrado "canal cultural" del consorcio de la familia Azcárraga. Televisa concentra 60% de las concesiones, 71% de la publicidad y 80% de los contenidos audiovisuales en la televisión abierta mexicana (Proceso 1638).
Los intentos de Telemundo se toparon con una abierta guerra de Televisa y TV Azteca, las dos compañías dominantes en la televisión mexicana, así como con el veto del titular de la SCT, Luis Téllez. Después de una andanada de ataques contra Saba en las pantallas de Canal 2 y Canal 13, Téllez afirmó el 15 de diciembre de 2006 que la dependencia no había recibido "ninguna solicitud de Telemundo para entrar a la televisión abierta".
En esa misma conferencia de prensa, Téllez afirmó que las autoridades analizaban las frecuencias "que se pueden utilizar en las distintas ciudades y cómo se usaban tanto en radio como televisión, así como frecuencias para la utilización de la banda ancha".
Un estudio de la disponibilidad del espectro para televisión abierta, elaborado por la SCT a finales del sexenio pasado, reveló que existen entre 175 y 200 frecuencias disponibles para televisión abierta, 80% en la banda UHF (la que utiliza los canales 14 a 69 con 300 a 3 mil megahertz) y 20% en la banda VHF (de los canales 1 al 13 y utiliza de 30 a 300 megahertz).
A pesar de esta disponibilidad de espectro, tanto la Cofetel como la SCT mantienen "secuestradas" las solicitudes de permisos para televisión abierta del Canal del Congreso, del Gobierno del Distrito Federal, del Canal Judicial, de la UNAM y de la Universidad de Guadalajara, dijo el senador Carlos Sotelo, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
En contraste, la SCT ha entregado varias concesiones en televisión restringida. El lunes 15, en pleno puente vacacional, la dependencia autorizó 13 concesiones para televisión por cable, nueve de ellas entregadas a la empresa Megacable en Sonora, Sinaloa, Querétaro, Zacatecas, Baja California Sur y Puebla. Otros beneficiados han sido Jorge Arturo Vielma Pérez, en Nuevo León; Digicable, en Veracruz, y José Luis Pelcastre Nava, en Guerrero.
"Monopolios disfrazados"
El sigilo de la operación de Ángel González coincide con el perfil y la fama de este empresario, caracterizado por hacer negocio con el broadcasting -distribución y venta de películas y telenovelas- mediante el sistema de "empaquetamiento", que le permite difundir un mismo producto en todos sus canales.
Nació en Monterrey hace 62 años. En 1976, su amiga Margarita López Portillo, entonces titular de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, le encomendó la tarea de proveerle películas a Imevisión, entonces cadena de televisión pública, privatizada en 1993 por Carlos Salinas de Gortari.
Versiones de sus exsocios señalan que las cintas y programas de televisión que compraba González las vendía a distintas empresas televisoras de América Latina, en especial de Centroamérica.
En los años ochenta, González se asoció con el poderoso empresario de espectáculos Gustavo Alatriste, quien le alquiló varias salas de cine. González no le pagó y en 1987 Alastriste lo demandó, por lo que estuvo un tiempo en el Reclusorio Oriente, según consignó Francisco Reséndiz en un perfil sobre el empresario (El Universal, 28 de enero de 2007). Después de haber sido puesto en libertad se fue a radicar a Florida, donde estableció su compañía en Hialeah.
De la mano de los negocios de Carlos Hank González en Centroamérica, El Fantasma se vinculó con la junta militar de Guatemala en los ochenta, sobre todo con los generales Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt.
En 1985 apoyó mediante anuncios publicitarios al candidato ganador Vinicio Cerezo, y en la campaña de 1999 respaldó de manera abierta a Alfonso Portilla. Como retribución, Portilla nombró a su cuñado y asesor legal, Luis Rabbé, como ministro de Comunicaciones e Infraestructura.
Entre 2000 y 2003, González logró el control de cuatro de los cinco canales de televisión de ese país, a pesar de las prohibiciones legales que imponen candados a extranjeros.
Conocido en la prensa guatemalteca como el zar de la televisión, expandió sus negocios por toda Centroamérica. En Costa Rica adquirió los canales 4, 6 y 11, con el apoyo del gobierno de Calderón Fournier; en Nicaragua se hizo de los canales 4 y 10. En Perú, durante la época de Alberto Fujimori, compró los canales 9 y 13, pese a que versiones de distintos medios, como la revista peruana Caretas, lo vinculó con el expresidente Alan García. Cuando el periodista Fernando Vivas le preguntó a Alan García cómo conoció a González, el exmandatario peruano respondió: "Para mí, es un fantasma".
Su expansión continuó en Ecuador, Paraguay, Chile, Bolivia y su última y polémica adquisición, el Canal 9 de Argentina, en enero de 2007, provocó una intensa polémica. Le compró 80% al empresario Daniel Hadad por más de 30 millones de dólares, y un año después, según el periódico La Nación, se apropió del 20% restante.
La incursión de El Fantasma en Argentina generó protestas públicas de los trabajadores de prensa. En enero de 2008, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires acusó al empresario de aplicar "métodos utilizados durante la dictadura militar, al censurar, despedir, filmar, encerrar e impedir que actúen libremente los delegados de la emisora".
El organismo gremial anotó: "el actual dueño de Canal 9, de ser un simple vendedor de publicidad y de programas de televisión de los canales mexicanos, se ha convertido en dos décadas en un magnate de los medios, comprando la mayoría de ellos en América Central".
Críticas y demandas similares le han hecho organismos como Reporteros Sin Fronteras, así como la Sociedad Interamericana de Prensa y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por tener el control de "monopolios disfrazados" de radio y televisión y no respetar la libertad de expresión.
A todas estas críticas, El Fantasma ha respondido invariablemente con un método: el silencio. No acepta entrevistas, son escasas sus fotografías y los cálculos sobre su fortuna oscilan entre los 350 millones de dólares, según la revista Fortune, hasta más de 2 mil millones de dólares, de acuerdo con otras fuentes.
Entrevistado por el periodista Alfonso Gumucio, el empresario de televisión peruano Genaro Delgado Parker advirtió que El Fantasma es un hombre "sin escrúpulos". "Nunca ha comprado un canal por las buenas", afirmó Delgado Parker a la agencia boliviana Bolpress.
La Revista Señal, de Argentina, advirtió que uno de los socios de El Fantasma para la adquisición de Canal 9 es el exnúmero dos de Televisa, Guillermo Cañedo. Con él pretendería también consolidar la "tercera cadena" en México.
Resistencias
Las versiones sobre el favoritismo de las autoridades a González enrarecen el entorno del sector de medios electrónicos. Éste se encuentra paralizado desde la resolución de la Suprema Corte de Justicia que echó abajo los cambios más importantes de la Ley Televisa, y por el veto de los grandes consorcios televisivos a la aprobación de nuevas leyes federales de radio, televisión y telecomunicaciones que establezcan una regulación más clara en el sector.
La posibilidad de que se otorgue la tercera cadena a El Fantasma se empalma con las fuertes resistencias al acuerdo de la SCT para otorgarle a más de 600 estaciones en AM una frecuencia en FM.
Legisladores del PRI encabezados por su coordinador, Manlio Fabio Beltrones, y del PRD, por Carlos Sotelo, presidente de la Comisión Dictaminadora de la Nueva Ley de Medios, e incluso senadores panistas, como Marko Cortés y Santiago Creel, han criticado el acuerdo por considerarlo electorero, discrecional, y porque no resuelve el problema de la incertidumbre jurídica en el sector.
Esta semana, tres grandes grupos radiofónicos -Multivisión, Imagen y Multimedios- poseedores de casi 200 estaciones en FM en todo el país, se resistieron a firmar el apoyo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) al acuerdo de la SCT.
El columnista de negocios Alberto Aguilar adelantó que pueden producirse amparos contra el acuerdo, ya que la ley vigente no incluye el pago de la contraprestación, tal como establece el documento de la SCT (El Universal, 26 de septiembre de 2008).
El presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía en el Senado,- adelantó a Proceso que el PRD analiza presentar esta semana una iniciativa de ley para darle certidumbre jurídica a las estaciones de AM y FM. El proyecto incluye una modificación a la Norma Oficial Mexicana para reducir la distancia de 800 a 400 megahertz necesarios en las estaciones de FM "y entonces pasar a la designación del nuevo estándar digital" que apunta al sistema IBOC.
Advierte que la digitalización en la radio abrirá el espectro y permitirá nuevas frecuencias a licitar en la banda de FM. El senador perredista precisa que estas concesiones no se pueden otorgar a los mismos grupos ni la definición del Estado "puede ser sólo en función de las necesidades del mercado".
"Llevamos 10 años discutiendo la posibilidad del estándar digital en radio. No podemos seguir en esta indefinición. El acuerdo de la SCT es una tomadura de pelo", sentencia Sotelo.
El legislador se opone a la iniciativa planteada por el senador priista Manlio Fabio Beltrones para que se apruebe la ley que éste propuso desde el 4 de junio, al tiempo que se apruebe un nuevo ordenamiento que permita el refrendo automático de los concesionarios.
"Estamos pensando que debemos buscar acabar con los vacíos legales que hoy se tienen para que las emisoras que van venciendo su concesión, puedan hacerlo con la certidumbre que les da el refrendo o la prórroga, y concebimos que la misma debe ser automática y onerosa en el futuro. No es que riñamos con lo que la Suprema Corte de Justicia suscribió respecto de la necesidad de licitar", advirtió Beltrones en rueda de prensa.
La subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, Purificación Carpinteyro, no logró convencer a los senadores del PAN, durante un encuentro privado sostenido esta semana, de las bondades del acuerdo de la SCT para "beneficiar" a las radios AM.
AM-FM
El decreto del lunes 15 en relación con la radio AM constituye parte de una cadena de políticas gubernamentales que, desde el régimen de Vicente Fox, se proponen utilizar medidas administrativas en lugar de leyes. Con ello ignoran a los opositores en el Congreso, dependen menos de las negociaciones con el PRI y favorecen discrecionalmente a los grupos económicos cuyo sostén les parece imprescindible.
Así se hizo en 2001 para eliminar el 12.5%. Esa medida, un simple acuerdo del Ejecutivo, no ha sido modificada. Y repercutió de manera sustantiva en el costo que tiene para el erario la difusión de propaganda, publicidad política y campañas electorales. Al mismo tiempo, se invadió el sector de los medios permisionados, hasta entonces preservado de cortes, con anuncios del gobierno.
La otra pinza de esa estrategia se apoya en legisladores del PRI como Manlio Fabio Beltrones, quien, en alianza con la bancada panista, impide a toda costa la aprobación de leyes en medios de comunicación cuyo contenido favorezca a los ciudadanos, a la democracia y a los sectores hasta hoy excluidos del juego mediático. Pese al dictamen de inconstitucionalidad de algunos artículos de la llamada Ley Televisa, dicho ordenamiento prevalece en tanto no haya otro que lo sustituya. Y las propuestas existentes han sido detenidas para que no se les discuta en el pleno. Diputados y senadores se encuentran presos del poder de los empresarios de medios del país.
Desde el 12 de septiembre, el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, Carlos Sotelo, advirtió que se preparaba un albazo para otorgar sin licitación 400 frecuencias a radiodifusores. El origen: Los Pinos y el operador de Bucareli. Sucedió. Las 854 estaciones que operan en AM en el país podrán migrar a la FM sin mediar licitación, aunque sí con una cuota financiera aún no establecida. Se deberá además contar con un espacio en el cuadrante. En la Ciudad de México, por ejemplo, no habrá cambios puesto que las dos bandas se encuentran saturadas. La emisora cultural XEEP Radio Educación podría verse beneficiada, pues no tendrá su canal-espejo porque ya no hay disponibles. Otro obstáculo para irse a FM está en lograr de las secretarías de Hacienda y de Gobernación la calificación de "idoneidad del solicitante". Es decir, la venia discrecional.
La mayoría de las estaciones con permiso para operar utilizan la banda AM, pertenecen a alguna instancia del Estado y carecen de ingresos para pagar la "contraprestación". Emisoras pequeñitas, enclavadas en las montañas de Chiapas, Oaxaca, Veracruz o Yucatán, sirven de enlace entre comunidades, grupos étnicos y pueblos. Su infraestructura es precaria. ¿Cómo podrán migrar a la FM en esas condiciones? Lo más probable es que permanezcan donde están, se deterioren con el tiempo sus instrumentos de difusión y desaparezcan con el advenimiento de la era digital y el apagón analógico.
En lugar de poner orden en un cuadrante caótico -"de las 854 estaciones (de la banda AM) registradas en la página electrónica de la SCT, 91 están en proceso de refrendar sus concesiones. A 97 se les venció la concesión entre 2006 y 2008. A 28 más se les vence en 2009" (Proceso 1664)-, se emite un acuerdo para ampliar las posibilidades a los grandes empresarios de fortalecer sus negocios.
Tanto por el clima político prevaleciente en el país, la falta de legitimidad del Ejecutivo federal y las elecciones que se avecinan, como por las experiencias legislativas anteriores en materia mediática, es lícito pensar que se trata de sujetar, nuevamente, a los medios a los dictados del PAN en materia de campañas políticas de los partidos. Y asegurar, según su manera lineal de pensar, la mayoría de los votos. Lograrían unas cámaras controladas sin necesidad de otorgarle al PRI prebenda alguna a cambio de su apoyo en las votaciones legislativas. l
Entradas
No hay comentarios.:
Publicar un comentario