IFE: aliento a la impunidad
álvaro delgado MÉXICO, D.F., 29 de septiembre (apro).- Con las multas que impuso a partidos políticos por la elección del 2006, sobre todo por el plantón que encabezó Andrés Manuel López Obrador en el Paseo de la Reforma y la intentona frustrada para evitar la toma de posesión de Felipe Calderón, el Instituto Federal Electoral (IFE) pretende prevenir comportamientos análogos en las contiendas sucesivas, pero su lance es tan parcial que envía sólo una señal de impunidad, el sello de la vida política de México.
No puede entenderse de otra manera la falta de sanción al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el organismo cúpula del sector privado del país, y al Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano (Celiderh) --que encabezó un amasijo de membretes--, que violaron la ley, de manera abierta e insolente, en el proceso electoral del 2006, cuyos expedientes pretende cerrar el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés.
De confirmarse que, en efecto, no procede ningún procedimiento ni ninguna sanción contra quienes gastaron 165 millones de pesos en promocionales de radio y televisión contra López Obrador, en una campaña que hasta a los voceros de la derecha les cuesta trabajo negar, sería una bofetada más contra esa entelequia llamada legalidad.
Si alguna duda había de la violación a la fracción XIII del artículo 48 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) --que establecía inequívocamente, antes de la reforma, que "en ningún caso se permitirá la contratación de propaganda en radio y televisión a favor o en contra de algún partido o candidato por parte de terceros"--, como alegaron en su momento los consejeros encabezados por Luis Carlos Ugalde, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acreditó claramente tal conducta en el dictamen final de la elección presidencial.
Es preciso recordar que el CCE gastó 136 millones de pesos en una campaña que convocaba a los ciudadanos a conservar lo logrado y Celiderh, como cabeza de otros membretes, otros 30 millones 666 mil pesos, en difundir promocionales que comparaban a México con Venezuela, cuando Hugo Chávez instrumentó un golpe de Estado.
Según los miembros de la Comisión de Quejas, Marco Antonio Gómez Alcántar, Marco Antonio Baños y Virgilio Andrade, no se pudo acreditar que los miles de spots hayan favorecido al Partido Acción Nacional (PAN), un razonamiento en la lógica de la impunidad semejante al que esgrimió, en su momento, la Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales (Fepade), que dejó sin sanción los más de siete millones de mensajes descalificativos emitidos por internet desde oficinas del gobierno federal.
La Fepade localizó los quipos desde donde se emitieron los mensajes, acreditó que eran parte de la guerra sucia contra López Obrador y que sí se violó la ley, pero no se podía castigar a nadie, porque había un vacío legal. Pero, a diferencia de este episodio, está claro no sólo que hubo una violación legal, sino que el PAN se vio favorecido.
La razón es muy sencilla: Quienes operaron la campaña sucia del CCE y Celiderh contra López Obrador tienen relaciones no sólo de intereses, sino afectivas, familiares y, claramente, políticas con el PAN y el gobierno de Calderón, como está demostrado en el libro El engaño. Prédica y práctica del PAN.
José Luis Barraza, el presidente del CCE en la campaña del 2006, si bien no es militante formal del PAN, es uno de los operadores políticos y empresariales del capo del sector privado en Chihuahua, Enrique Terrazas Torres, quien sí es militante formal del PAN y fue coordinador financiero de la campaña de Calderón en los estados del norte del país.
Como en este episodio de impunidad no hay casualidades, Barraza obtuvo no sólo palabras de elogio de Calderón --lo calificó de "patriota" al frente del CCE--, sino ganancias económicas: Es el gerente --todo su vida lo ha sido-- de Aeromexico, la aerolínea que Calderón privatizó para quienes financiaron su campaña.
La boda de su hija Lisa con el regiomontano Marcelo Margáin, con la que Barraza ascendió en el escalafón social, da idea de las alianzas mafiosas con fines electorales: El enlace civil tuvo un juez de lujo: El gobernador de Chihuahua, el priista José Reyes Baeza.
En la mesa principal, junto a Barraza y su esposa Liz Llamas, departían Emilio Azcárraga Jean, presidente del Grupo Televisa; Valentín Diez Morodo, vicepresidente del Grupo Modelo y expresidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN); y Claudio X. González, presidente del Grupo Kimberly Clark, expresidente del CCE y actual dirigente de los hombres más ricos del país.
Por su parte, Terrazas Torres fue el fundador de Celiderh y el operador de la campaña de spots fue Luis Enrique Terrazas Seyffert, al mismo tiempo presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Celiderh se fundó en 1989, y siempre ha estado a las órdenes de la facción ultraderechista del PAN en Chihuahua, en el que militan Gabriela, Alberto Federico, Genoveva y Liciana Terrazas Seyffert. También es militante del PAN la esposa de Alberto Federico Terrazas Seyffert, Belinda López Sroor, exsecretaria técnica del alcalde Juan Blanco, colaboradora de Calderón en la campaña y artífice del acopio de recursos del rico empresariado chihuahuense.
De manera que, si el IFE quisiera, encontraría que los más de 166 millones de pesos en spots del 2006 en realidad obedecieron a una campaña, claramente ilegal, para favorecer al PAN y Calderón.
Pero ya se sabe que la medianía de los actuales consejeros, por la que fueron elegidos, tiene una razón: No decirle no a los poderes reales del país.
Apuntes
Ahora que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a jueces dar entrada a un conjunto de juicios de amparo promovido por un grupo de ciudadanos inconformes con la reforma constitucional que prohíbe a partidos políticos y particulares comprar tiempo en radio y televisión -entre ellos organismos empresariales y opinadores--, los ministros harían bien en leer a uno de los pensadores más lúcidos y prolíficos de México: El discretísimo Gabriel Zaid, quien ayer en su colaboración en el diario Reforma derrumba, con categóricos argumentos, ese propósito... Como la razón es lo que menos importa, y la grandeza no es cualidad del grupo que encabeza Felipe Calderón, el guiño de López Obrador de procesar en el Congreso un acuerdo para afrontar el desplome económico, algo insólito en casi dos años, sencillamente será ignorado. Calderón no aceptará, porque su lectura es que si López Obrador hace esa oferta es porque está debilitado y su fin es fortalecerse con un acuerdo que para el gobierno es muy costoso, porque implica el fin de la apertura del petróleo al sector privado, el principal proyecto sexenal que, sin embargo, está muerto.
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
No puede entenderse de otra manera la falta de sanción al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el organismo cúpula del sector privado del país, y al Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano (Celiderh) --que encabezó un amasijo de membretes--, que violaron la ley, de manera abierta e insolente, en el proceso electoral del 2006, cuyos expedientes pretende cerrar el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés.
De confirmarse que, en efecto, no procede ningún procedimiento ni ninguna sanción contra quienes gastaron 165 millones de pesos en promocionales de radio y televisión contra López Obrador, en una campaña que hasta a los voceros de la derecha les cuesta trabajo negar, sería una bofetada más contra esa entelequia llamada legalidad.
Si alguna duda había de la violación a la fracción XIII del artículo 48 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) --que establecía inequívocamente, antes de la reforma, que "en ningún caso se permitirá la contratación de propaganda en radio y televisión a favor o en contra de algún partido o candidato por parte de terceros"--, como alegaron en su momento los consejeros encabezados por Luis Carlos Ugalde, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acreditó claramente tal conducta en el dictamen final de la elección presidencial.
Es preciso recordar que el CCE gastó 136 millones de pesos en una campaña que convocaba a los ciudadanos a conservar lo logrado y Celiderh, como cabeza de otros membretes, otros 30 millones 666 mil pesos, en difundir promocionales que comparaban a México con Venezuela, cuando Hugo Chávez instrumentó un golpe de Estado.
Según los miembros de la Comisión de Quejas, Marco Antonio Gómez Alcántar, Marco Antonio Baños y Virgilio Andrade, no se pudo acreditar que los miles de spots hayan favorecido al Partido Acción Nacional (PAN), un razonamiento en la lógica de la impunidad semejante al que esgrimió, en su momento, la Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales (Fepade), que dejó sin sanción los más de siete millones de mensajes descalificativos emitidos por internet desde oficinas del gobierno federal.
La Fepade localizó los quipos desde donde se emitieron los mensajes, acreditó que eran parte de la guerra sucia contra López Obrador y que sí se violó la ley, pero no se podía castigar a nadie, porque había un vacío legal. Pero, a diferencia de este episodio, está claro no sólo que hubo una violación legal, sino que el PAN se vio favorecido.
La razón es muy sencilla: Quienes operaron la campaña sucia del CCE y Celiderh contra López Obrador tienen relaciones no sólo de intereses, sino afectivas, familiares y, claramente, políticas con el PAN y el gobierno de Calderón, como está demostrado en el libro El engaño. Prédica y práctica del PAN.
José Luis Barraza, el presidente del CCE en la campaña del 2006, si bien no es militante formal del PAN, es uno de los operadores políticos y empresariales del capo del sector privado en Chihuahua, Enrique Terrazas Torres, quien sí es militante formal del PAN y fue coordinador financiero de la campaña de Calderón en los estados del norte del país.
Como en este episodio de impunidad no hay casualidades, Barraza obtuvo no sólo palabras de elogio de Calderón --lo calificó de "patriota" al frente del CCE--, sino ganancias económicas: Es el gerente --todo su vida lo ha sido-- de Aeromexico, la aerolínea que Calderón privatizó para quienes financiaron su campaña.
La boda de su hija Lisa con el regiomontano Marcelo Margáin, con la que Barraza ascendió en el escalafón social, da idea de las alianzas mafiosas con fines electorales: El enlace civil tuvo un juez de lujo: El gobernador de Chihuahua, el priista José Reyes Baeza.
En la mesa principal, junto a Barraza y su esposa Liz Llamas, departían Emilio Azcárraga Jean, presidente del Grupo Televisa; Valentín Diez Morodo, vicepresidente del Grupo Modelo y expresidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN); y Claudio X. González, presidente del Grupo Kimberly Clark, expresidente del CCE y actual dirigente de los hombres más ricos del país.
Por su parte, Terrazas Torres fue el fundador de Celiderh y el operador de la campaña de spots fue Luis Enrique Terrazas Seyffert, al mismo tiempo presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Celiderh se fundó en 1989, y siempre ha estado a las órdenes de la facción ultraderechista del PAN en Chihuahua, en el que militan Gabriela, Alberto Federico, Genoveva y Liciana Terrazas Seyffert. También es militante del PAN la esposa de Alberto Federico Terrazas Seyffert, Belinda López Sroor, exsecretaria técnica del alcalde Juan Blanco, colaboradora de Calderón en la campaña y artífice del acopio de recursos del rico empresariado chihuahuense.
De manera que, si el IFE quisiera, encontraría que los más de 166 millones de pesos en spots del 2006 en realidad obedecieron a una campaña, claramente ilegal, para favorecer al PAN y Calderón.
Pero ya se sabe que la medianía de los actuales consejeros, por la que fueron elegidos, tiene una razón: No decirle no a los poderes reales del país.
Apuntes
Ahora que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a jueces dar entrada a un conjunto de juicios de amparo promovido por un grupo de ciudadanos inconformes con la reforma constitucional que prohíbe a partidos políticos y particulares comprar tiempo en radio y televisión -entre ellos organismos empresariales y opinadores--, los ministros harían bien en leer a uno de los pensadores más lúcidos y prolíficos de México: El discretísimo Gabriel Zaid, quien ayer en su colaboración en el diario Reforma derrumba, con categóricos argumentos, ese propósito... Como la razón es lo que menos importa, y la grandeza no es cualidad del grupo que encabeza Felipe Calderón, el guiño de López Obrador de procesar en el Congreso un acuerdo para afrontar el desplome económico, algo insólito en casi dos años, sencillamente será ignorado. Calderón no aceptará, porque su lectura es que si López Obrador hace esa oferta es porque está debilitado y su fin es fortalecerse con un acuerdo que para el gobierno es muy costoso, porque implica el fin de la apertura del petróleo al sector privado, el principal proyecto sexenal que, sin embargo, está muerto.
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
Entradas
No hay comentarios.:
Publicar un comentario