miércoles, junio 29, 2011

LA SUBORDINACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS DE AMÉRICA LATINA AL COMANDO SUR DE EEUU

Las garras del Comado Sur en América Latina

TRIBUNA POPULAR TP/ESPECIAL, 11 JUN, 2011
.- La estrategia del control militar actúa como el sustento clave de la dominación económica, política y social de EEUU en América Latina. En consecuencia, cualquier investigación objetiva (y realista) sobre el proceso de desarrollo de la actividad militar y de los aparatos de seguridad de América Latina arroja invariablemente la siguiente confirmación: Los ejércitos, las policías y los servicios de inteligencia de los países regionales (salvo Cuba) mantienen (en diversos grados de desarrollo) relaciones de cooperación militar, entrenamiento, provisión de armas y de tecnología con el Comando Sur de EEUU.

De estos programas de inserción a la estrategia militar de EEUU, no están exentos -paradojalmente- los propios países que hoy (por derecha y por izquierda) critican y rechazan la instalación de nuevas bases militares de EEUU en Colombia.

Es más, ninguna fuerza armada regional (salvo Cuba) mantiene una posición independiente ni sustenta una hipótesis de conflicto alternativa al decálogo militar y doctrinario de Washington en América Latina.

La estrategia de control económico, político y social de América Latina, se cierra con la estructura operativa del control militar en la cual se insertan -a modo de satélites- los gobiernos, las fuerzas armadas y las policías de toda la región que operan bajo la acción coordinada de los planes de EEUU para América Latina.

Desde hace más de 20 años, en América Latina la democracia de mercado (el "poder blando") convive con la cadena de bases y el Comando Sur cuya misión es preservar la hegemonía y el control militar norteamericano en la región (el "poder duro").

Se trata de una estrategia de "dos caras" orientada a preservar el dominio geopolítico y militar del imperio norteamericano en su histórico Patio trasero.

Con el "poder blando" como alternativa de dominio, la estrategia geopolítica imperial norteamericano desarrolla simultáneamente -a nivel complementario- la estrategia del "poder duro" con despliegue militar-nuclear y bases desplegadas por todo el planeta, además de tropas listas para actuar allí donde la situación lo requiera.

Actualmente el despliegue militar global de EEUU, se divide en cinco comandos regionales: 1) Joint Forces Command (USJFCOM) para la región de América del Norte, 2) Southern Command (USSOUTHCOM) para América Central y del Sur, 3) Pacific Command (USPACOM) para Asia y Oceanía, 4) European Command (USEUCOM) para Europa y África, 5) Central Command (USCENTCOM) para las regiones del noreste y cuerno africano, Península Arábiga, Golfo Pérsico y Asia Central.

El 1 de octubre de 2007 entró en operaciones el USAFRICOM, o AFRICOM, un Mando Combatiente Unificado del Pentágono, responsable de las operaciones militares de EEUU en relación con las 53 naciones africanas (excepto Egipto). Pasó a ser totalmente autónomo y operativo el 30 de septiembre de 2008.

Desde 1903 a 1999 la sede central del Comando Sur de EEUU estuvo en el canal de Panamá. A partir de 1997, y luego del acuerdo Carter-Torrijos, su centro operacional se trasladó a Miami, Florida.

A partir del año 2000 el Pentágono comenzó a operar a través del Comando Sur el nuevo sistema de control militar regional, a través de los llamados puntos de avanzada de operación, con el nombre de Forward Operation Location (FOL)

Estos puntos de operación militar FOL fueron diseñados como centros de "Movilidad estratégica" y " utilización de fuerza decisiva," en guerras de relámpago, con bases y tropas aerotransportadas de despliegue rápido.

De esta manera, en América Latina, la democracia de mercado norteamericana convive con la cadena de bases y la Cuarta Flota cuya misión es preservar la hegemonía militar norteamericana en la región y rodear las grandes fuentes de energía, agua potable y biodiversidad que un futuro podrán asegurar la supervivencia del Imperio USA.

En este escenario estratégico, el Comando Sur de EEUU (USSOUTHCOM), el ensamblador operativo de la estrategia militar, incluye en su "área de responsabilidad" a 32 naciones: 19 en América Central y América del Sur, y 13 en el Caribe.

Operativamente, el Comando Sur se divide en cuatro regiones: Centroamérica, Caribe, Sistema Andino y Cono Sur.

En 1997, el área de responsabilidad del Comando Sur se expandió para incluir “el Mar Caribe, el Golfo de México, y una porción del Océano Atlántico”, que previamente había sido responsabilidad del Comando Atlántico.

En 2008, la estructura operativa del Comando Sur se complementó con el relanzamiento de la Cuarta Flota de guerra, con radio de acción en los océanos Pacífico y Atlántico y en las aguas territoriales de América Latina.

El Comando Sur de EEUU en América Latina se autodefine como un "comando de modelo unificado" cuya reestructuración y expansión de su arquitectura estratégica "nos permitirá continuar con la Guerra Contra el Terrorismo de una manera más efectiva".

Las estrategias operativas del Comando Sur se orientan en primer término al control militar-estratégico de las fuentes de recursos naturales vitales para la supervivencia futura de EEUU: Reservas energéticas, agua, y riquezas de biodiversidad.

Bajo el marco doctrinario de la "defensa de la seguridad regional" amenazada por el "terrorismo", el "narcotráfico", y el "crimen organizado", el Comando Sur realiza la unificación y coordinación de los ejércitos regionales mediante acuerdos de cooperación militar, que incluyen provisión de entrenamiento, de armas y de tecnología militar.

El 21 de julio del 2004, el General Bantz J. Craddock, entonces jefe del Comando Sur declaró ante el Comité del Senado para Servicios Armados, que su prioridad principal sería “continuar con la Guerra en Contra del Terrorismo en el Área de Responsabilidad de Comando Sur”.

Bajo estas consignas, el Comando Sur a través de su Estrategia de Seguridad y Cooperación (Theater Security Cooperation Strategy) integró a todos los gobiernos y fuerzas armadas de la región a su diseño de estrategia continental orientada a preservar la "seguridad" y la "gobernabilidad democrática" de la región.

La nueva hipótesis de conflicto

Todos los ejércitos y policías locales, sin excepción (salvo Cuba), se alinean actualmente en las tres hipótesis de conflicto diseñadas por el Comando Sur para toda la región: Guerra contra el "terrorismo", guerra contra las drogas, y guerra contra el "crimen organizado".

Ya desaparecido el "peligro rojo" con la URSS, y con un creciente proceso de conflictos sociales en varios países del área, la estrategia militar de Washington busca nivelar a las inteligencias militares y policiales regionales en la nueva hipótesis de conflicto global: la "guerra contraterrorista" que sustituye en el tiempo a la "guerra antisubversiva aplicada por las dictaduras militares de la década del setenta.

Con la desaparición de la guerra por áreas de influencia con la URSS, las viejas consignas "anticomunistas" de las dictaduras militares formadas en la Escuela de las Américas fueron sustituidas gradualmente por las banderas de la lucha contra el terrorismo, las drogas y el crimen organizado con las que hoy EEUU justifica su injerencia intervencionista en la región latinoamericana.

Las nuevas hipótesis de conflicto regional y las coordenadas de control militar-estratégico se trazan a partir de la estrategia global de la "guerra contra el terrorismo", que reemplaza en la lógica doctrinaria imperial a la "guerra contra el comunismo" de la década del setenta y de la era reaganiana en Latinoamérica.

De la misma manera que su antecesora, la "guerra antisubversiva", equipó y adiestró a los ejércitos militares dictatoriales latinoamericanos, hoy la "guerra contra el terrorismo" repite el ciclo en un estadio superior y con regímenes "democráticos".

Durante la Guerra Fría, las hipótesis de conflicto y las evaluaciones de la seguridad nacional de los EEUU en el América Latina fueron casi exclusivamente relacionadas con el avance de las organizaciones de la izquierda armada en América.

En 1990 el Comando Sur redefinió su misión de manera que incluyera la defensa en contra de lo que se definió como amenazas "emergentes" y "no tradicionales", principalmente el tráfico de drogas.

A partir del Acta de Autorización de Defensa de 1990, el Departamento de Defensa estadounidense (Pentágono) comenzó a desarrollar una nueva estrategia de control militar en América Latina.

A partir de la gestión de la administración Clinton, el Pentágono comenzó a justificar una nueva escalada militar en la región argumentada en programas de guerra contrainsurgente contra la "narcoguerrilla".

En 1999, último año del que se dispone de datos oficiales, EEUU entrenó a unos trece mil militares y policías latinoamericanos. Por lo menos dos tercios de esa cifra fueron formados y entrenados en sus propios países por equipos móviles y oficiales de las fuerzas especiales de EEUU, que operaban bajo los programas de las Fuerzas Especiales para Entrenamiento Antidrogas y despliegues de Intercambio Conjunto Combinado para la lucha contra los narcóticos.

En el 2002, durante la gestión de Bush, el Congreso de EEUU aprobó una "expansión de la misión” para las operaciones del Comando Sur, y la ayuda militar regional y el entrenamiento que anteriormente estaba limitado a la lucha "antinarcóticos", comenzó a ser canalizada masivamente para la "guerra contra el terrorismo".

En marzo de 2005, el entonces secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, visitó América Latina para imponer acuerdos concretos contenidos en la nueva estrategia de guerra contraterrorista global que Washington y el Pentágono ya tenía diseñada para la región, tal cual como fue expuesta en el Congreso estadounidense por el jefe de la CIA, Porter Goss, y el entonces comandante del Comando Sur de EEUU, general Bantz Craddock.

Operativamente, la "guerra contraterrorista" busca alinear -mediante acuerdos de cooperación militar, tratados, entrenamiento y operaciones conjuntas- a los servicios de inteligencia, policías y ejércitos regionales en un plan estratégico de "combate contra el terrorismo", cuyo eje organizador y operativo se centraliza en el Comando Sur de Estados Unidos.

Así como los preceptos doctrinarios de la "doctrina de seguridad nacional" de la década del setenta identificaron al "subversivo" como el principal enemigo de la "libertad" y el "orden", la nueva doctrina sitúa al "narco-terrorista" como la fuente del "caos" y la "violencia" que amenazan por igual a toda la región.

Detrás del "narco-terrorista" se agazapan el negocio de las drogas, la prostitución, las mafias y las armas, pero, básicamente en sus entrañas acechan los viejos fantasmas del "caos" y de la "violencia", cuyo enganche con los conflictos sociales sintetiza el flamante objetivo neo-represor de la "guerra contraterrorista" adoptada por todos los gobiernos latinoamericanos (salvo Cuba).

Entrenamiento y formación doctrinaria

De esta manera, y a partir de la administración Bush, se produjo la nueva inserción operativa nivelada de las fuerzas armadas, las policías y los servicios de inteligencia regionales en la estrategia de "guerra contra el terrorismo", combate contra el "narcotráfico" y el "crimen organizado", de acuerdo con planes operativos e hipótesis de conflicto elaborados por el Comando Sur (Pentágono) y la CIA (inteligencia exterior USA), instrumentados mediante convenios militares y económicos de los gobiernos con Washington.

Sobre la base de esta nueva hipótesis de conflicto regional, todos los ejércitos y policías regionales participan (desigual y combinadamente) de ejercicios militares periódicos con las fuerzas del Comando Sur, y sus oficiales, tanto de nivel intermedio como de estado mayor, son entrenados por expertos militares y de inteligencia de EEUU.

De acuerdo con informes del Comando Sur, oficiales latinoamericanos (tanto militares, como de seguridad e inteligencia, desarrollan cursos de "especialización" en más de 100 instituciones militares y de inteligencia de EEUU.

El Comando Sur estadounidense provee entrenamiento, en EEUU y en los países de de origen, a oficiales de 32 naciones a lo largo de la región latinoamericana. En el periodo de 1999-2003, oficiales de las fuerzas especiales de EEUU entrenaron a 72,495 miembros de las fuerzas armadas latinoamericanas y del Caribe, según informes oficiales. El número de entrenados saltó de 13,785 en 1999 a 22,831 en 2003.

Según informes del Programa de Formación y Entrenamiento Militar Internacional elaborado por el Comando Sur, solamente en el año 2002, de estos cursos de formación participaron 2.684 oficiales latinoamericanos.

La región latinoamericana y la caribeña conforman aproximadamente el 40% de las fuerzas regionales militares y policiales entrenadas por los EEUU, según informes del Comando Sur.

Colombia es el país con más entrenados (12,947 en el 2003). El otro país que posee más de mil entrenados es Bolivia (2,045). A lo largo del continente latinoamericano, el Comando Sur USA entrena tropas especiales y policía, incluso en las naciones más pequeñas como la República Dominicana y Antigua.

También México es parte del programa de entrenamiento, las naciones de América Central, (incluyendo Belice), y todas las naciones sudamericanas, excepto la Guyana Francesa.

Aunque las leyes de EEUU prohíben el entrenamiento de tropas extranjeras, el Pentágono no da informes detallados al Congreso acerca de dónde son entrenadas las tropas o qué unidades extranjeras están recibiendo formación.

El objetivo principal de estos cursos de especialización se orienta a "desnacionalizar" ideológicamente a los militares de los países del continente, y a formarlos bajo presupuestos operativos y doctrinarios funcionales a los planes USA de control militar estratégico de América Latina.

De la misma manera que el jefe de estado mayor de Honduras, el general golpista Romeo Vázquez, la mayoría de los oficiales superiores que acceden al comando de las fuerzas armadas regionales han sido formados en la Escuela de las Américas, hoy rebautizada como Instituto del Hemisferio Occidental de Cooperación para la Seguridad.

Atento a estos convenios de "cooperación militar" (en la lucha contra el narcoterrorismo y el crimen organizado) , el Comando Sur, la CIA, el FBI, la DEA, y otras agencias USA, mantienen delegaciones en las fuerzas armadas, policías y servicios de inteligencia de todos los países (salvo Cuba, parcialmente Venezuela).

Desde estos emplazamientos dentro de los estados mayores de las fuerzas regionales, la agencia nacional de inteligencia militar (Pentágono), la CIA, el FBI, la DEA, monitorean toda la actividad militar, policial y de inteligencia de los países alineados en las políticas de "cooperación militar" con Washington.

A esto se agrega el entrenamiento mediante diez o doce ejercicios militares multilaterales anuales, intercambios regulares y cursos para oficiales de estado mayor ofrecidos en un nuevo Centro de Estudios para la Defensa Hemisférica en Washington.

El Comando Sur tiene una categoría para todas sus operaciones que se llama “Cooperación para la Seguridad”, cuyas actividades apuntan a “expandir la influencia de los EEUU, asegurar amigos, y disuadir a los adversarios políticos”.

Estas operaciones de seguridad van desde ejercicios militares conjuntos, a ayuda para desastres y programas de acción cívica. Unas veinte naciones participan, por ejemplo, en los ejercicios anuales denominados “Fuerzas Aliadas Humanitarias”, que instruyen a las fuerzas armadas locales como responder en caso de desastres.

En 2003, los ejercicios incluyeron 31 proyectos de ingeniería y 70 despliegues de tropas en la región. Los ejercicios militares conjuntos incluyen muchas operaciones navales, con sede en Uruguay y Perú.

El Comando Sur también patrocina algunos entrenamientos anuales y ejercicios conjuntos en conservación de la paz, encaminados a “fortalecer las habilidades de conservación de la paz, la cooperación y capacidades” de las fuerzas militares de la región.

Además, y encuadrado dentro de la nueva estrategia de "seguridad regional", el Comando Sur expandió su programa de Asistencia Humanitaria y Cívica, en el cual escuadrones de EEUU construyen infraestructura o proporcionan asistencia médica (98 de estos proyectos tuvieron lugar en países latinoamericanos en el año 2000).

En un reporte conjunto elaborado por el Centro para la Política Internacional, el American Working Group, y la Washington Office on Latin América, se advierte que los programas de Ayuda Cívica y Humanitaria transmiten un mensaje inapropiado que dice: "aliándose a los militares es la mejor forma de hacer las cosas en tu comunidad”.

En este marco, los nuevos Emplazamientos Operativos Avanzados (léase bases militares extendidas por toda América Latina), ofrecen renovadas posibilidades de contacto, al igual que una expansión de los seminarios, conferencias y otras actividades de Interacción Militar financiadas con presupuestos del Comando Sur.

De estos programas de inserción a la estrategia militar de EEUU, no están exentos -paradojalmente- los propios países que hoy (por derecha y por izquierda) critican y rechazan la instalación de nuevas bases militares de EEUU en Colombia.

Países con gobiernos de izquierda o de derecha, desde Centroamérica, el Caribe, el Sistema Andino hasta el Cono Sur, albergan bases militares, mantienen sus fuerzas armadas alineadas en la "guerra contra el terrorismo", sustentan convenios de entrenamiento militar y participan de operaciones conjuntas con el Comando Sur de EEUU.

Nicaragua, cuyo presidente es Daniel Ortega, uno de los más firmes denunciantes y acusadores del gobierno de Uribe por la instalación de las bases militares de EEUU, fue sede, en junio de 2008, de ejercicios auspiciados por el Comando Sur de Estados Unidos y el Ejército de este país centroamericano con la participación de más de 500 militares de 22 países (de los 34) de América Latina

Al final de los ejercicios, el entonces jefe del Comando Sur, almirante James Stavridis, destacó el trabajo conjunto realizado por el Ejército y la Policía de Nicaragua "por sus excelentes esfuerzos en el combate al narcoterrorismo".

Fuente: IAR Noticias

Narcotráfico: violencia que EU desborda a todo el continente

La violencia generada por el narcotráfico desborda por toda América Latina. El origen del problema se encuentra en Estados Unidos. También ahí se dictan las “estrategias” del supuesto combate que han fracasado y que han permitido la instalación de bases militares de ese país por todo el continente.

María Julia Mayoral / Prensa Latina

La expansión del tráfico de drogas, armas y personas, con frecuentes y letales episodios de violencia, lacera a la mayoría de los países latinoamericanos, pese a millonarios gastos en dispositivos de seguridad contra el crimen organizado.

Un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ubica específicamente a Centroamérica entre las zonas más inseguras del planeta por hechos atribuidos a narcotraficantes y grupos de pandilleros.

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) precisó que la violencia del narcotráfico asola a Guatemala, Honduras y El Salvador, integrantes del llamado Triángulo Norte Centroamericano.

Según el Informe mundial sobre las drogas 2010, el Triángulo Norte del istmo posee por ese concepto la tasa de asesinatos más elevada del mundo junto a altos índices en otras formas delictivas.

Datos del gobierno mexicano acreditan tendencias similares en esa nación, con un saldo superior a los 40 mil homicidios desde diciembre de 2006 hasta la fecha.

Reunidos en la capital salvadoreña, los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) reiteraron a inicios de junio la necesidad de afrontar de manera conjunta el fenómeno del crimen organizado.

En el escenario continental abundan los reportes sobre detenciones de capos y decomisos de estupefacientes, pero también crecen los cuestionamientos sociales por el auge de la inseguridad, como ilustran las actuales marchas de protesta en México.

Hasta el momento, la mayoría de las estrategias gubernamentales contra el narcotráfico poseen un alto componente militar junto al empleo de otros instrumentos represivos, incapaces por sí solos de eliminar o contrarrestar el flagelo.

Los recientes hallazgos de decenas de cadáveres en fosas clandestinas, adjudicadas a grupos vinculados a la droga, en México y Guatemala, denotan la gravedad del fenómeno.

En el caso de México, los más de 200 cuerpos fueron inhumados en un rancho del municipio de San Fernando, Tamaulipas; es decir, en el mismo sitio donde en agosto de 2010 un grupo de narcotraficantes masacró a 72 inmigrantes indocumentados.

La secretaría mexicana de Seguridad Pública admitió que aquella región es campo de batalla entre los cárteles de Los Zetas y del Golfo, en disputa por el control de rutas para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Análisis de JIFE avalan que Estados Unidos continúa siendo el mayor consumidor de drogas y el principal destino de las remesas provenientes del narcotráfico internacional.

A raíz de la matanza en Guatemala, también acreditada a Los Zetas, el gobierno de ese país destacó que el narcotráfico se ha globalizado y es preciso adoptar una estrategia de lucha regional para combatirlo.

Poco después del asesinato de los 27 campesinos en el Petén guatemalteco, los presidentes Daniel Ortega (Nicaragua), Álvaro Colom (Guatemala), Mauricio Funes (El Salvador) y Porfirio Lobo (Honduras) pidieron a la comunidad internacional “un decidido apoyo”.

El texto subraya que la inseguridad, la incidencia de la criminalidad organizada, constituyen graves amenazas para los pueblos y gobiernos centroamericanos.

Según trascendió en la reciente Asamblea General de la OEA, gobiernos del área solicitarán a Estados Unidos, Europa y a otros posibles “donantes”, un apoyo financiero de 900 millones de dólares para la lucha antidrogas.

La petición descansa en una veintena de proyectos que serán examinados a fines del presente mes en Guatemala durante la primera conferencia internacional de apoyo a la estrategia de seguridad regional, organizada por la secretaria general del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica).

El canciller salvadoreño, Hugo Martínez, explica que la estrategia tendrá al menos cuatro áreas orientadoras de la política de seguridad: prevención, persecución del delito, reinserción y rehabilitación.

En cuanto a aportes monetarios, el presidente estadunidense, Barack Obama, prometió 200 millones de dólares, durante su primera gira por Latinoamérica en marzo último; pero al parecer no será un dinero extra, sino el reajuste de lo previsto.

“Para Estados Unidos representa revisar aproximadamente 200 millones de fondos bajo la Iniciativa de Seguridad Regional para América Central (CARSI, por su sigla en inglés) para adaptarse a las condiciones cambiantes”, aclaró la Casa Blanca en nota de prensa.

En tanto, la Iniciativa Mérida, considerada por JIFE como un programa plurianual de cooperación en materia de seguridad en el que participan Estados Unidos, México y países de América Central, cuenta con millonarias asignaciones, pero su eficacia resulta cuestionable.

Para 2008 y 2009, el gobierno estadunidense aportó alrededor de 1 mil 300 millones de dólares para financiar esa Iniciativa, reseñó JIFE.

En opinión de expertos, la guerra antidrogas es otra de las acciones de Estados Unidos fuera de su territorio, que comenzó hace 40 años, intensificó en la década de 1980 en Colombia y se trasladó desde principios de 1990 a México.

Citado por el periódico El Universal, de Colombia, el investigador Antonio Payán, de la Universidad de Texas, en El Paso, calificó de brutal el desgaste sufrido por México debido al ataque contra la delincuencia organizada, considerado inaceptable porque Estados Unidos es “el gran responsable” de la desgracia.

México invierte miles de millones de pesos y pone miles de muertos en una guerra contra las drogas, que en realidad es promovida por Estados Unidos fuera de su territorio, refirió el académico.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados mexicana divulgó que las ganancias netas anuales del crimen organizado ascienden allí a 7 mil 500 millones dólares, y al menos una cuarta parte de esos recursos sucios son infiltrados al sistema financiero.

De acuerdo con la investigación, la mayor parte del dinero ilícito ingresa en efectivo a través de la frontera con Estados Unidos, a partir de organizaciones presentes en Nueva York, Chicago, Atlanta, Charlotte y Los Ángeles. Actualmente la Administración el Obama impulsa la CARSI para supuestamente contener el trasiego de drogas.

Pero si se toman como referencia el Plan Mérida y los más de 40 mil muertos dejados en México por el crimen organizado, entonces los referentes inmediatos para nada resultan halagüeños.

El secretario adjunto de la agencia antidrogas estadunidense (DEA, por su sigla en inglés), William Brownfield, explica que la idea del presidente Obama no es eliminar o sustituir la Iniciativa Mérida ni el Plan Colombia (enfilados hipotéticamente contra el narcotráfico).

“El propósito es crear una nueva estructura, un tipo de sombrero por encima de todas las iniciativas ya existentes, aceptando que hay amenazas compartidas entre América Central, Colombia y México”, comenta el funcionario.

Se refiere así a los esfuerzos del Sica en esta materia, al Plan Colombia (iniciado en 2001 con aporte de unos 6 mil millones de dólares de Washington) y a la Iniciativa Mérida (ideada por la administración de George W Bush en 2007, con asignación de 1 mil 400 millones de dólares). Sin embargo, la cuestión fundamental no radica solamente en la disponibilidad de dinero, sino en el destino de los recursos.

Para el presidente Funes, se equivocan quienes piensan que el problema del narcotráfico es exclusivo de México y Centroamérica.

“Los grandes mercados consumidores no son precisamente nuestros países y las mayores inversiones de lavado del dinero no se realizan en nuestra región”, recuerda.

Eso es lo que debe entender la comunidad internacional “y particularmente Estados Unidos” cuando insiste en apoyarse en los países de la región para enfrentar al crimen organizado y el terrorismo, considera el dignatario.

Centroamérica experimenta un proceso complejo de inseguridad, pobreza y atraso, con economías altamente dependientes y frágiles, opina.

De ahí la importancia de fomentar políticas de redistribución del ingreso y de generación de empleo, expone Funes.


Narcotráfico y terrorismo de Estado

El supuesto interés de la Casa Blanca por el narcotráfico externo genera temores por el historial de agresiones militares, golpes de Estado y maniobras subversivas que tipifican sus relaciones con el resto del continente.

Para estadistas como el venezolano Hugo Chávez, Washington utiliza la supuesta lucha contra el narcotráfico para tratar de derrocar gobiernos y violar la soberanía de los países latinoamericanos.

Tanto Venezuela como Bolivia se vieron obligadas a prescindir de la cooperación de la DEA.

En septiembre de 2008, el presidente boliviano, Evo Morales, expulsó al embajador estadunidense Philip Goldberg, por sus vínculos con opositores que preparaban un golpe de Estado, y dos meses después suspendió la asistencia de la DEA, impugnada por apoyar a grupos divisionistas.

Citado por el Diario de las Américas, el general Douglas Fraser, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, señaló que el incremento de la presencia militar de su país en Latinoamérica responde a “un desafortunado grupo de circunstancias”.

Entre ellas incluyó el tráfico de drogas y personas, unido a probables éxodos masivos de poblaciones azotadas por fenómenos naturales.

Sin contar otros instrumentos bélicos, la potencia norteña aumentó el despliegue de tropas en Centroamérica y el Caribe, así como el número de bases militares en Colombia y Panamá.

Al evaluar el tema, el líder cubano Fidel Castro pronosticó en noviembre de 2009 que de producirse el ascenso de un sector más derechista en el Poder Ejecutivo estadunidense y de gobiernos aliados con igual signo en América Latina, la región sufriría negativas consecuencias.

Entonces, “se vería con toda claridad lo que significan esas bases militares absolutamente injustificables que hoy amenazan a todos los pueblos de Suramérica con el pretexto de combatir el narcotráfico”, alertó en un artículo publicado el 11 de noviembre de 2009 en Cubadebate.

“Un problema –agregó– creado por las decenas de miles de millones de dólares que desde Estados Unidos se inyectan al crimen organizado y a la producción de drogas en América Latina.

“Cuba ha demostrado que para combatir las drogas lo que hace falta es justicia y desarrollo social”, constató.

“En nuestro país, el índice de crímenes por cada 100 mil habitantes es uno de los más bajos del mundo. Ningún otro del hemisferio puede mostrar tan bajos índices de violencia”, recordó.

Durante la reciente reunión de la OEA, el canciller de Bolivia, David Choquehuanca, y los representantes de Ecuador, María Isabel Salvador, y de Nicaragua, Denis Moncada, también subrayaron la relación de la miseria y la inequidad con la violencia social.

“Únicamente mediante la eliminación de la pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza y los ingresos, junto con la plena participación de los pueblos en sus decisiones, se podrán combatir los orígenes de la inseguridad ciudadana”, afirmó Choquehuanca.

Fuente: Contralínea 239 / 26 de junio de 2011

Se sentó y lloró !!!


El Pri, partido dominado desde la época de Isidro Fabela por el llamado Grupo Atlacomulco, y del cual el "hijo predilecto" es ahora Enrique Peña Nieto, quien a su vez dió el dedazo final para que el candidato para la gubernatura del Estado de México la ganara, con todo el dinero y publicidad del mundo, el tal Eruviel Ávila. Este grupo Atlacomulco tiene como miembros dominantes a la bellísima familia Hank ("Un político pobre es un pobre político", frase célebre del profesor Hank González, otro profesor archimillonario, como la Gordillo que apoya totalmente a Peña Nieto), la familia Madrazo, Arturito Montiel, Emilio Chuayfffet y otros dinosaurios clásicos. En estos días el grupo Atlacomulco dió una muestra de su poder: Jorge Hank Rhon, con larga cola que le pisen, se mantiene impune. Claro, ayudado por la torpeza sublime del panismo, desde la procuradora federal hasta el gobierno panista de Baja California. También Hank Rhon ya acuñó su frase: "Un político preso es un preso político"....chistoso, es un delincuento del fuero común, no un preso político (aunque calderón obviamente está usando tiempos políticos para hacer lo que se debió hacer siempre con animales como Ulises Ruiz, Mario Marín, Emilio González, Adame, Silva, Fox, Salinas, Hank, Patricio Patrón, Zeferino Torreblanca, Sabines, casi todos pues).

Mexiquenses, ¿es por este priísmo trasnochado, pillo, abusivo, riquísimo, por quien van a votar este 3 de Julio?


En verdad os digo: solo hay un candidato con la preparación académica, la experienia política, la probidad y honestidad cabal y deseo por gobernar bien para todos los mexiquenses: Alejandro Encinas. Créanme, ustedes saben que no hablo por hablar, ni tengo ningún interés partidario o político. Es que no nos merecemos ni un solo gobierno prianista mas.


Si de plano nadie les parece una opción, vayan y voten, anulen su voto, voten por la abuelita o por Pedro Infante, pero acudan a su casilla. NO SE ABSTENGAN DE ACUDIR A SU CASILLA Y DEJAR SU PLANILLA A MERCED DE LOS BRIBONES.

En verdad, es hora de tener civismo.

Inviten a sus vecinos, amigos y familiares mexiquenses a votar

Si hay futbol o concierto o comida, ¡levántense temprano!. Por favor.

Estaba Saddam Hussein hablando con Dios y le pregunta:
- ¿Cómo estará Irak dentro de 10 años?
Dios le contesta:
- "Estará todo destruido por las bombas enviadas por los Estados Unidos"
Saddam se sentó...... y lloró.

Estaba Bush hablando con Dios y le pregunta:
- ¿Cómo estará América dentro de 10 años?
Dios le contesta:
- "Estará totalmente contaminada por las bombas químicas enviadas por Irán"
Bush se sentó..... y lloró.

Estaba Enrique Peña Nieto hablando con Dios y le pregunta:
- Dios, ¿cómo estará Mexico dentro de 10 años si soy elegido presidente"?,
Entonces Dios.......se sentó y lloró.

Mi gallo

Por Guadalupe Loaeza

Querido Alejandro:

Te escribo porque me tienes muy apantallada. Desde que empezaste tu campaña a la gubernatura del Estado de México por la coalición "Unidos podemos más", te he seguido paso a paso. A partir del primer debate del programa de Denise Maerker, Punto de Partida, hasta el más reciente, incluyendo, la larga entrevista que te hiciera Brozo, he escuchado con atención tus propuestas, tus logros como jefe de Gobierno y tus reflexiones en relación con temas tan fundamentales como son la democracia, la participación ciudadana; y la importancia de la unión de las izquierdas. Eres de los pocos políticos mexicanos cuyas reflexiones siempre me iluminan, especialmente en estos tiempos de tanta oscuridad y mediocridad. Respecto a los debates que se han dado entre los tres candidatos, no te tengo que decir que has sido la estrella, por eso has dicho que estarías dispuesto a debatir "aunque sea una vez por semana...". Allí están las estadísticas (en el primero con Carlos Puig, obtuviste el 53%, encima de tus contrincantes, el del PRI, 27% y el del PAN 8%), allí está también la aprobación en las redes sociales, en relación con tus intervenciones.

Me tienes igualmente apantallada con tu declaración patrimonial. Te confieso que me diste un poco de envidia, pero a la vez algo de ternura, cuando me enteré que tu cuenta bancaria asciende, en estos momentos, a menos de 300 mil pesos (hasta me dieron ganas de pedirte prestado para que me ayudaras a pagar mi hipoteca). Estoy segura que me hubieras prestado para liquidar, aunque hubiera sido una mensualidad, pero consideré que no era el momento para ti. Tal vez te busque después del 3 de julio... ¿Te imaginas las cuentas bancarias de Montiel o de Jorge Hank Rhon y de otros priistas cuyos nombres prefiero no recordar? Me apantalló que tus bienes inmuebles estuvieran a nombre de tu mujer (esa generosidad entre esposos ya no se usa), quien por cierto se mantiene de su trabajo. "Son departamentos modestos y la casa donde está uno de nuestros domicilios, porque la del Estado de México es rentada", apuntaste en una entrevista que te hiciera Irma Valadez, de nuestro periódico.

Sé que eres muy buen padre (tienes toda la actitud de papá buena onda, se te ve a leguas): "Es una relación de padre e hijo, pero no con esta noción de la familia jerárquica, verticalista, claro que discutimos, que debatimos, pero yo le reconozco una autoridad natural, que es la de ser el padre", comenta Alejandro, tu hijo menor, de 26 años. De hecho, cada vez que ha tenido problemas graves, al primero que recurre es a ti. "Es diferente como padre y como político, porque en la familia el valor que impera es el del amor y, muchas veces, en la política es el de la confrontación, entonces creo que son lógicas distintas y que no podría desempeñarse del mismo modo en estas dos esferas", señaló tu hijo, quien osara pintarle bigotes a un cartel de Emilio Chuayffet, por lo que le acusaron de delitos electorales. "Dime, cómo eres como padre y te diré cómo serás como gobernador", debería de decir uno de los slogans políticos. En tu caso, intuyo que eres un papá que has sabido educar a tus hijos con valores, pero sobre todo, con convicciones de vida.

Te confieso que dos de las características de tu personalidad que más me llaman la atención son tu serenidad y tu equilibrio emocional (inútil mencionar al que se refiere a tu inteligencia). Cuando fuiste a Atlacomulco (of all places...) y te lanzaron huevos, tú jamás perdiste la compostura, al contrario, seguiste con el tema de tu discurso, el cual no podía ser otro que el grupo de Atlacomulco. Seguramente te imaginabas que ése iba a ser el recibimiento; incluso la agresión (fallida) te ha de haber divertido, porque si hay un candidato a la gubernatura del Estado de México que ha gozado la campaña a fondo, ése eres tú. No tienes miedo porque ciertamente no tienes cola que te pisen, eres un político congruente (como tú mismo dices: "nací en el ala izquierda del hospital...") y un líder sólido cuyo principal objetivo político, en estos momentos, es la coalición de las izquierdas, como fue demostrado el día del arranque de tu campaña, fotografiado junto con Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador, Jesús Zambrano y Marcelo Ebrard. Solamente Alejandro Encinas pudo lograr esa foto histórica.

Dicho todo lo anterior, sé que la distancia que existe entre tú y el candidato del PRI, PVEM y Panal, Eruviel Ávila, es de por lo menos 25 puntos; asimismo sé que cuentas con muy poco tiempo para escalar en las encuestas; también sé la imposibilidad que existe de una coalición con el PAN. Además, tienes un enemigo feroz, la imagen de Peña Nieto, fabricada por Televisa. No seamos pesimistas, porque como se pregunta José Antonio Sosa Plata, en la Silla Rota: "¿Seremos testigos en los próximos 40 días de un escándalo en el Estado de México como en el que está inmerso en Francia Dominique Strauss-Khan, el precandidato principal del Partido Socialista?". Como bien se dice, en la guerra y en el amor, todo es posible, hasta un milagro.

Por lo pronto, mi querido Alejandro, me despido de ti diciéndote que eres mi gallo (y también mi Santa Clos) y que nada me gustaría más que el PRI del Estado de México se fuera a descansar a Atlacomulco, después de 82 años de gobernar un estado al cual le urge: justicia, honestidad y democracia.

Atentamente. GL.

gloaeza@yahoo.com

martes, junio 28, 2011

Elecciones estatales 2011: laboratorios de la elección presidencial

Cuatro elecciones estatales se celebrarán el próximo domingo. La función parece repetirse como cada tanto: derroche de recursos, saturación de anuncios en medios electrónicos, toneladas de basura electoral y discursos huecos. Pero hay nuevos actores: una ciudadanía harta de las promesas incumplidas, y los cárteles de la droga que buscan ganar en el río revuelto. Además, el gobierno de Felipe Calderón se estrena en la persecución política para incidir en resultados locales. El desenlace del 3 de julio reajustará el escenario político y acelerará las campañas para la grande: la elección presidencial de 2012.

Las entidades federativas que celebrarán elecciones son Estado de México, Coahuila, Nayarit e Hidalgo. En la primera –donde el proceso electoral se ha visto como una escaramuza entre el actual gobernador Enrique Peña Nieto; el “presidente legítimo”, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente Felipe Calderón– se elegirá gobernador.

En Coahuila –donde los Moreira y el gobierno federal han utilizado recursos extraelectorales para ganar la contienda– se elegirá gobernador y se renovará el congreso local: 16 escaños de mayoría relativa y nueve de representación proporcional.

Nayarit –una de las entidades federativas menos pobladas, pero en la que los candidatos de los tres partidos principales rebasaron los topes de gastos de campaña– elegirá, además de gobernador y congreso (18 diputaciones de mayoría relativa y 12 de representación proporcional), 20 nuevas presidencias municipales.

Finalmente, Hidalgo –donde el Partido Revolucionario Institucional consolida su hegemonía en medio de regiones con pobreza extrema– renovará sus 84 presidencias municipales.

Las alarmas deben estar encendidas en Acción Nacional; para el partido del presidente Calderón todo será retroceder, aseguran especialistas.

Estado de México, rumbo a 2012

El próximo 3 de julio más de 10.5 millones de mexiquenses elegirán gobernador; pero, más que eso, darán inicio a la carrera presidencial de 2012. Los candidatos al gobierno del Estado de México de las tres fuerzas políticas –Eruviel Ávila Villegas, Alejandro Encinas Rodríguez y Luis Felipe Bravo Mena– asumen sus papales en el ensayo de la contienda política. Las promesas de campaña siguen enfocadas en lo que hasta ahora parece imposible en todo el país: superar la pobreza, elevar la calidad del sistema educativo e incrementar la seguridad

Érika Ramírez

Antesala de las elecciones de 2012, el proceso que se llevará a cabo el próximo 3 de julio podría definir al partido ganador de la Presidencia de la República. Las tres principales fuerzas: Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Acción Nacional (PAN) tienen en la palestra a los representantes de la carrera presidencial, detrás de los contendientes al gobierno.

Los candidatos Eruviel Ávila Villegas, de la coalición Unidos Por Ti (PRI, Partido Nueva Alianza y Partido Verde Ecologista de México); Alejandro Encinas Rodríguez, de la coalición Unidos Podemos Más (PRD, Partido del Trabajo y Convergencia), y Luis Felipe Bravo Mena, aspirante del PAN, incluyen en sus plataformas políticas promesas de antaño que ningún gobernante ha cumplido: superación de la pobreza, apoyo al campo, a las mujeres, a la educación, fomento del empleo, mayor seguridad, entre otros.

Los partidos van por un electorado de más de 10 millones de personas que podrían emitir su voto, y que representan el 14 por ciento del total de los electores a nivel nacional, según la lista nominal del Instituto Federal Electoral (IFE) y del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).

Y es que la entidad gobernada por el priista Enrique Peña Nieto tiene registrados 10 millones 555 mil 669 votantes ante el IEEM, por lo que ha sido considerado laboratorio político y bastión del tricolor. Se trata de una entidad en que ninguno de los tres partidos “puede darse el lujo de hacer el ridículo”.


El análisis

Rodrigo Labarthé Álvarez, del centro de análisis Contorno: Centro de Perspectiva y Debate, indica en el estudio Panorama político-electoral 2011 que “el actual gobernador del Estado de México es el puntero en las preferencias de la población para suceder a Felipe Calderón en Los Pinos. En función de este hecho, los partidos políticos actúan, al menos desde 2009, con la mira puesta en encontrar la forma de restar popularidad a Peña Nieto y, con ello, evitar que alcance la silla presidencial”.

Labarthé Álvarez comenta que la derrota del Revolucionario Institucional en los comicios del Estado de México beneficiaría “los intereses de muchos actores políticos, incluidos los del mismo PRI que son antagónicos a Peña Nieto. Aparentemente, la dirigencia del PRI ha acordado que van unidos hacia 2012 con Peña Nieto como abanderado, pero una derrota en la elección del Estado de México puede significar la apertura a una disputa por la candidatura presidencial al interior del partido”.

Abstencionismo, posible ganador

Otro de los panoramas que enfrentarán las fuerzas políticas en los siguientes comicios es el del abstencionismo. Según Consulta Mitofsky, durante las últimas elecciones de gobernador, llevadas a cabo en 2006, la participación ciudadana cayó al 43 por ciento del total de electores.

En la entidad más poblada del país se registraron 8 puntos porcentuales menos que en 1999, “por lo que uno de los retos de la ciudadanía y de las instituciones electorales será revertir la tendencia y crecer el porcentaje del padrón que emite su voto”.

La consultora muestra que el abstencionismo casi alcanza al 60 por ciento de la población con capacidad de voto. “En las pasadas elecciones para ayuntamientos, la participación estatal fue del 43.06 por ciento, es decir, votaron 3 millones 881 mil 973 ciudadanos, de los 9 millones 15 mil 253 registrados en la Lista Nominal Electoral del Estado de México”.

Para acaparar la atención de los más de 10 millones de votantes, los aspirantes a gobernador han enfocado sus plataformas políticas en “tres ejes fundamentales”: superación de la pobreza, elevar la calidad de la educación y garantizar la seguridad de los mexiquenses.

Como consecuencia del proselitismo político y el dispendio de regalos, las encuestas revelan que el candidato priista es quien va a la cabeza de las preferencias; seguido del perredista Encinas Rodríguez. En tanto, el candidato albiazul, Luis Felipe Bravo Mena, se mantiene en el tercer sitio desde el inicio de las campañas.


Las plataformas

Para el candidato priista, posible sucesor de su correligionario Enrique Peña Nieto, las vertientes de su campaña están basadas en: “abrir oportunidades” a los jóvenes ampliando la oferta educativa en el estado, apoyar al sector femenino con la dotación de beneficios económicos, apoyo al desarrollo rural sustentable, combate frontal a la pobreza, creación de empleos, disminución y eliminación de impuestos, incrementar la infraestructura en el Estado de México, vida digna para los adultos mayores y seguridad para todos los mexiquenses.

Encinas Rodríguez, apoyado por el excandidato a la Presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador, instrumenta la política que ha permitido que su partido gobierne desde hace 14 años el Distrito Federal. Tampoco dista mucho de las promesas del priista, mejorar las opciones de educación pública, impulsar mayor gasto en materia de salud y nutrición, promoción de los derechos humanos; equidad de género y combate a la pobreza.

El candidato panista, Luis Felipe Bravo Mena, inicia sus acciones políticas entre los mexiquenses con el ofrecimiento de “seguridad para todos”, “trabajo bien pagado”, mayor apoyo a los programas de combate a la pobreza, acceso a los programas de salud que promueve el gobierno federal, como el Seguro Popular, transporte y educación para los mexiquenses. Como los otros dos candidatos, promete sin que explique la manera en que alcanzará sus propósitos.


Los perfiles

De acuerdo con los portales oficiales de los candidatos a la gubernatura del Estado de México, los tres aspirantes muestran una carrera política de amplia trayectoria y “liderazgo” en su propio partido.

El priista Eruviel Ávila es el único de los contendientes nacido en el Estado: en el municipio de Ecatepec, el 1 de mayo de 1969. Como miembro del PRI ha sido presidente municipal de Ecatepec de Morelos, en los periodos de 2003 a 2006 y de 2009 a 2012. Además, diputado del Congreso del Estado de México. En su última gestión como alcalde del municipio más poblado de la República incurrió en subejercicios en combate a la pobreza y seguridad (Contralínea 238).

Ávila Villegas es licenciado en derecho por la Universidad Tecnológica de México, maestro y doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su carrera política inició como secretario del ayuntamiento de Ecatepec de Morelos de 1994 a 1996.

Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez nació en la ciudad de México. Es miembro del Partido de la Revolución Democrática y exjefe de gobierno del Distrito Federal.

En 2008 contendió para presidir su partido, donde salió triunfador su opositor Jesús Ortega. Posteriormente fue electo diputado y coordinador del PRD en la Cámara de Diputados para la LXI Legislatura. Su formación es de economista, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El 26 de julio de 2005 fue dejado en el cargo de jefe del Gobierno del Distrito Federal por Andrés Manuel López Obrador, cuando éste renunció para ser candidato a la Presidencia de la República.

Luis Felipe Bravo Mena nació en León, Guanajuato, el 28 de septiembre de 1952. Abogado por la Universidad de Guanajuato, se ha desempeñado como analista político en el Centro de Estudios Sociales del Consejo Coordinador Empresarial y en la Conferencia Patronal de la República Mexicana. Ha sido señalado de pertenecer, desde su juventud, al movimiento ultraderechista clandestino El Yunque.

Ingresó al Partido Acción Nacional en 1969. Con 42 años de militancia activa fue candidato a presidente municipal de Naucalpan en 1990 y a gobernador del Estado de México en 1993. Ha ocupado diversos cargos al interior de su partido; en 2005, Vicente Fox lo designó embajador ante el Vaticano, y de 2008 a 2011 fue secretario particular de Felipe Calderón Hinojosa.

Fuente: Contralínea 239 / 26 de junio de 2011


Investiga PGR a Romero Deschamps

• Investiga PGR a Romero Deschamps
• Fraude por 3 mil millones en cuotas
• Abre expediente SFP a Enrique Villa
• La guerra fallida de Felipe Calderón

La semana pasada comentamos la disputa que hay en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, por recuperar la fortuna en miles de millones de pesos que está guardada en unos 10 fideicomisos constituidos hace más de 20 años en Bancomer y Banamex por el exlíder Joaquín Hernández Galicia a nombre de los trabajadores petroleros y que ahora el actual dirigente Carlos Romero Deschamps pretende apoderarse de ellos.

Aunque han habido varios negociadores oficiosos para destrabar los acuerdos entre los dos líderes, entre otros el exgobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, quien ha tocado incluso las puertas de las oficinas del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, y hasta las de Los Pinos, lo cierto es que en este momento se rompieron las pláticas y se ve más que imposible que puedan recuperar esa fortuna que ya acumula intereses millonarios y que sólo pertenece a los trabajadores petroleros.

Pero mientras La Quina y Romero Deschamps se pelean por el dinero, en una fiscalía de la Procuraduría General de la República se mantiene abierta y muy activa una averiguación previa en contra del actual dirigente petrolero por el delito de fraude por 3 mil millones de pesos correspondientes a las cuotas de los sindicalizados. De haber voluntad política para aplicar la ley y hacer justicia, la PGR podría consignarla ante un juez federal y éste librar órdenes de aprehensión en contra de Carlos Romero Deschamps y su tesorero el exsenador Ricardo Aldana.

Esta podría ser la oportunidad que busca el gobierno federal para asestar un duro golpe al priismo con miras a las elecciones presidenciales de 2012, pues es sabido de la fortuna que ha acumulado ese líder petrolero que, al igual que otros dirigentes priistas, vive como un verdadero magnate a costa de las cuotas sindicales de los trabajadores y las prebendas otorgadas por gobiernos priistas. Si alguien duda puede buscar información en la prensa sobre los miles de millones que el corporativo entregó al sindicato y que fueron desviados a la campaña del entonces candidato priista a la Presidencia, Francisco Labastida. Aunque hay muchos ejemplos, baste mencionar a otros líderes como la maestra Elba Esther Gordillo o al líder de la CTM, Joaquín Gamboa Pascoe, quienes al igual que Romero Deschamps poseen fortunas incalculables difíciles de justificar con su salario.

La denuncia hecha ante la PGR a finales del año pasado en contra de Romero Deschamps, fue presentada por el líder petrolero disidente Mario Ross, quien en respuesta la semana pasada fue capturado violentamente mediante engaños por agentes judiciales del Distrito Federal, bajo diversas acusaciones de fraude, y enviado a un penal de Villahermosa, Tabasco, en donde esta semana podría recuperar su libertad después de pagar dos fianzas por decenas de miles de pesos.

Apenas 20 días antes otro dirigente petrolero opositor a Romero Deschamps, Pablo Pavón, también había sido capturado y enviado a prisión bajo acusaciones de supuestos fraudes, los cuales parecen más que procesos fabricados desde la cúpula de ese sindicato charro que ahora está en crisis.

Según fuentes cercanas al proceso de investigación en contra de Romero Deschamps, el gobierno federal por conducto de la Secretaría de Gobernación habría reactivado las indagatorias para integrar adecuadamente el expediente correspondiente y sólo esperan las órdenes para proceder en contra del poderoso líder petrolero y evitar errores como los ocurridos en el caso del exalcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon, a quien detuvieron sólo unos días y una jueza lo dejó en libertad por fata de pruebas y un proceso viciado de origen.

El expediente DE/015/2011 de Enrique Villa

Activo servidor público en el gobierno de Felipe Calderón, el doctor José Enrique Villa Rivera ha sido distinguido por el presidente de la República, por supuesto en fechas distintas, al frente de tres direcciones generales de igual número de organismos públicos: Instituto Politécnico Nacional (IPN), Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Este último es su empleo actual.

Como es costumbre, después de su renuncia al IPN, los 10 exdirectores de esta honrosa institución académica mantienen un salario vitalicio igual al que recibían al momento de su salida, que en el caso de Villa Rivera ascendería a unos 170 mil pesos mensuales, algo más que el sueldo del mismo jefe del Ejecutivo. Lo mismo sucede con los expresidentes de la República y los exministros de la Suprema Corte de Justicia, quienes al dejar su encargo público mantienen su salario con todas sus prestaciones. ¿Qué justicia social tendría México si obreros, jornaleros y campesinos recibieran un salario vitalicio?

De regreso con el caso del doctor Villa Rivera, actual director general del Conacyt, enfrenta una investigación de la Secretaría de la Función Pública por supuestas violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

En la acusación marcada con el expediente DE/015/2011 y recibida el 1 de junio de este año en la Secretaría Técnica de la Oficina del Secretario de la Función Pública, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo acusa a el exdirector general de haber cobrado una indemnización por 512 mil 463.01 pesos, mediante el cheque número 0026186 de BBVA Bancomer, y un finiquito por 134 mil 246.47 pesos, con cheque 0026187 del mismo banco. En total el doctor Villa Rivera cobró por su renuncia al IMP, 646 mil 709.48 pesos. El salario mensual integrado del director general del IMP asciende a 197 mil 198.24 pesos mensuales.

El controvertido alegato del Sindicato Nacional de Trabajadores del IMP ante la Función Pública, es que Enrique Villa no debió cobrar una liquidación (512 mil 463.01 pesos) como tal, porque él renunció al cargo para ocupar la Dirección General del Conacyt, y en consecuencia no tenía más derecho que a un finiquito (134 mil 246.47 pesos) que por ley le corresponde.

Advertido de la acusación en su contra, el ahora director general del Conacyt se adelantó al dictamen de la Función Pública y devolvió el monto recibido por la liquidación, es decir los 512 mil 463.01 pesos, según informó la misma SFP, la cual mantiene abierto el expediente y en breve resolverá sobre este caso que, aunque se trata sólo de unos cuantos cientos de miles de pesos, está más relacionado con una cuestión ética y moral de los servidores públicos y el abuso que muchos hacen del poder público.

Otros cuatro exfuncionarios del IMP están en la misma situación que el doctor Villa Rivera, ya que también renunciaron a sus responsabilidades en ese Instituto para seguir a su jefe al Conacyt, pero cada uno de ellos cobró su liquidación y su finiquito, lo que los coloca en situación de riesgo, ya que ellos no han devuelto dinero alguno.

Aunque en la Secretaría de la Función Pública consideran que el exdirector del IMP no tendría responsabilidad administrativa alguna porque ya devolvió el dinero motivo de la acusación en su contra, habrá que esperar cómo va a resolver esa dependencia responsable de velar por el buen comportamiento de los funcionarios, por el caso de los cuatro subordinados de Villa Rivera que se niegan a regresar la liquidación que ya se gastaron.

Las “pruebas” de la acusación

Como pruebas de su acusación, el sindicato del IMP presentó varios documentos originales ante la Función Pública.

Con fecha de 28 de febrero de 2011, el doctor José Enrique Villa Rivera envió su carta de renuncia al doctor Juan José Suárez Coppel, director general de Petróleos Mexicanos y presidente del Consejo Directivo del IMP, en donde le informa:

“Muy estimado Sr. Presidente del Consejo Directivo:

“Con esta fecha me permito respetuosamente presentar ante el Consejo Directivo del Instituto Mexicano del Petróleo mi renuncia al cargo de Director General del IMP, por asumir nuevas responsabilidades. Expreso mi más profundo agradecimiento al Consejo Directivo y en particular a su Presidente, por el gran apoyo brindado durante mi gestión. Le ruego hacer extensivo este agradecimiento a la comunidad del Instituto Mexicano del Petróleo.

“Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo”.

Rúbrica del doctor José Enrique Villa Rivera

Una segunda carta, también fechada el 28 de febrero, dirigida al director general del IMP, le expone:

“Atendiendo a circunstancias personales y a las condiciones operativas que imperan en el Instituto Mexicano del Petróleo, me permito comunicarle la terminación de la relación de trabajo que me vincula a este instituto, con efectos a partir del 28 de febrero de 2011.

“En ese tenor, agradeceré su gestión para que me sean cubiertas todas y cada una de las cantidades y conceptos a que tengo derecho, y que deriven del mutuo acuerdo que motiva la conclusión laboral”.

Un tercer documento entregado como prueba ante la Función Pública, es el “Convenio de terminación de la relación de trabajo” signado entre el apoderado del IMP y el doctor Enrique Villa Rivera.

Adelantamos que la Secretaría de la Función Pública exonerará al director general del Conacyt de cualquier responsabilidad administrativa y, tal vez, también a sus cuatro compañeros de trabajo que lo han acompañado por las tres direcciones generales que ha ocupado durante los cuatro años y medio del gobierno de Felipe Calderón.

Los que podrían ser sancionados son los funcionarios del Instituto Mexicano del Petróleo que firmaron los acuerdos de liquidación, pues se habrían excedido de sus derechos y funciones para beneficiar económica e indebidamente a cinco directivos que renunciaron a sus labores.

La lucha de Calderón

Como debe ser, la prensa vio con distintos ojos el diálogo de la semana pasada entre el presidente de la República y su gabinete de seguridad con familiares de víctimas de la “guerra” provocada por el gobierno federal. Las notas principales decían que Calderón debería pedir perdón por los 40 mil muertos, otras aseguraban que ya lo había hecho y unas más destacaban el diálogo positivo entre los familiares de las víctimas y el gabinete de seguridad encabezado por el presidente.

Lo cierto es que Felipe Calderón nunca pidió perdón por convicción propia, sino que fue obligado a pedir perdón a las familias de más de 40 mil víctimas y a millones de mexicanos que han tenido que padecer su “guerra” en contra del crimen organizado. Ese no fue un acto voluntario y mucho menos auténtico del presidente de la República, cuando el poeta y padre de una de las víctimas, Javier Sicilia, le exigió al mandatario pedir perdón a los mexicanos agraviados.

Convencido de que la “guerra militar” es la única alternativa que su gobierno puede ofrecer a la sociedad para disminuir la violencia y combatir a los cárteles de las drogas, Calderón dijo que pedía perdón y lo condicionó a que otros actores políticos y sociales, corresponsables de lo que sucede en todo el país, también pidieran perdón. Es decir, Calderón no cree que esté equivocado y que los más de 40 mil muertos es parte del costo que los mexicanos debemos pagar por dejar que él junto con las fuerzas armadas nos defiendan de los criminales.

Reacio a aceptar la crítica, el mandatario mexicano hizo a un lado los argumentos de los familiares de las víctimas y les advirtió que nada lo hará modificar las batallas armadas que se libran en calles, plazas públicas, centros comerciales, hogares, escuelas y zonas rurales de todo el país. Sin importar que sigan acumulándose las víctimas inocentes por esta guerra fallida del presidente.

Y sentenció, quienes piensen como Sicilia que el Ejército y la Marina deben regresar a los cuarteles y cambiar la estrategia de una lucha frontal que se libra en pueblos y ciudades, se equivocan, se equivocan y se equivocan. Pues bien, la historia lo juzgará y ya veremos quien se equivocó desde el principio.

La educadora Margarita: niños pecho a tierra

Los asesinos que USURPAN la presidencia de la Republica.

La esposa de Calderón, a la que andan empujando para entrar a la disputa por la candidatura de Acción Nacional, para la sucesión de su cónyuge (ante la falta de aspirantes con tamaños, pues todos, empezando por Cordero y terminando por Lujambio y Lozano, son enanos políticamente), estuvo hace unos días en un acto presentando los nuevos “principios” para la educación de la niñez mexicana, de la que Verónica Mondragón nos informó (Reforma, 14 de junio de 2011). Inauguró Margarita Zavala (prima hermana de una de las socias que se enriqueció con la Guardería ABC, y que ya recibió impunidad), una reunión de kilométrico nombre: “Proceso de capacitación del primer contacto de las fuerzas del orden público para la atención de niños, niñas y adolescentes en escenario de delincuencia organizada”.

Y como su esposo en grado de General de cinco estrellas es el jefe nato de las fuerzas armadas, y califica de “muertes necesarias” no menos de 10 mil homicidios, de entre los más de 45 mil que arroja la cifra oficial de su “no-guerra” (cálculos realistas indican más de… ¡100 mil, sin contar feminicidios!), entonces se necesita que los alumnos de kínder, primera y secundaria, al menos reciban “clases de cómo sobrevivir en caso de fuego cruzado entre uniformados y delincuentes”, donde unos y otros disparan a matar hasta a quienes, ejerciendo su derecho al libre tránsito, van por las banquetas o en sus automóviles.

Ya los niños, por orden de la presidenta de Desarrollo Integral de la Famili (DIF) nacional, la tal señora Zavala (sus hermanos son otras fichitas, pescadas durante el foxismo) en complicidad con la nefasta y perversa dueña del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, reciben, pues, enseñanza de cómo tirarse pecho a tierra para poder sobrevivir, en caso de que sus escuelas sean baleadas o al salir de clases, se encuentren con soldados o marinos enfrentados a sangre y fuego con los sicarios del narcotráfico. En lugar de clases del currículum educativo, los esposos Calderón-Zavala, han decidido que estos alumnos aprendan a tirarse al suelo. Estamos retrocediendo. Y cuando escuchamos a Calderón o su esposa, a Elba, al largo, alto pero no grande (en cuanto grandeza) Lujambio o al más menso que manso Cordero, que la educación es el pivote para detonar el resto de las soluciones a los tremendos problemas del país (crecimiento económico, distribución de la riqueza, igualdad de oportunidades, etc.), reconocemos las mentiras de siempre en boca de la ultraderecha panista.

Mentiras, porque no se ocupan en serio de educar y enseñar y las escuelas rechazan cada año a miles de aspirantes. Se está enseñando a los alumnos de kínder, primaria, secundaria y estudios superiores a tirarse al piso, pecho a tierra, para ver si así logran sobrevivir, porque soldados, delincuentes, marinos, policías y todos disparan a matar. El resultado de este caos se encuentra en la despectiva afirmación de Calderón: “daños colaterales” al matar a inocentes a diestra y siniestra. La “no-guerra” de Calderón y el Partido Acción Nacinal tiene a la Nación como Afganistán, Yemen o Irak.

cepedaneri@prodigy.net.mx

México, principal punto de embarque de la cocaína que llega a Australia



MÉXICO, D.F. (apro).- De acuerdo con un informe difundido por la Comisión Australiana del Crimen (ACC, siglas en inglés), México es el principal punto de embarque de la cocaína que llega a Australia, mientras que Colombia sigue siendo la principal fuente productora.
Según el reporte, tras un operativo realizado en Melbourne, en junio de 2010, se hallaron aproximadamente 240 kilogramos de cocaína en un barco proveniente de México, que representó 62% de la droga decomisada durante el año fiscal pasado en Australia
La ACC detalló que entre el 1 de julio de 2009 y el 30 de junio de 2010, la Policía australiana decomisó 7.8 toneladas de drogas, una de las cifras más altas de los últimos diez años.
“La cifra representa un descenso de 41% respecto a 2008-2009. Sin embargo, las 63 mil 670 incautaciones de drogas ilícitas a nivel nacional en 2008-2009 suponen la segunda cifra más alta en una década”, indicó el director ejecutivo del ACC, John Lawler.
Y añadió que la mariguana, la droga más popular en Australia, representó 75% de las incautaciones y del peso total de lo que se decomisó, en cambio hubo un descenso de la cocaína decomisada en operativos policiales, que pasó de 591.9 a 394.8 kilogramos, y la incautada en las fronteras, que se redujo de 506 a 386.8 kilogramos.
En cuestión de laboratorios clandestinos, se desmanteló la cifra récord de 694, es decir 50% más que el periodo anterior, y se detuvo a 85 mil 252 personas, el número más alto en una década.
Por tráfico de cocaína, el número de detenidos en Australia aumentó de mil 244 en el año fiscal pasado, a casi el doble a principios de la década, de acuerdo con el informe presentado este martes.

A escrutinio internacional gobierno de Calderón por abusos cometidos por militares

El ESPURIO, la mierda que desgobierna Mexico.

Gloria Leticia Díaz

SAN JOSÉ (apro).- El gobierno de Felipe Calderón fue sometido hoy al escrutinio de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por hacer caso omiso de las resoluciones en materia de medidas provisionales para 144 defensores y víctimas de derechos humanos.
Durante el 91 Periodo Ordinario de Sesiones de la CoIDH, realizado en esta ciudad centroamericana, se analizó el caso de la indígena Inés Fernández Ortega, agredida sexualmente por militares el 22 de marzo de 2002, así como la desaparición en Chihuahua, a finales de 2009, de Rocío Alvarado Reyes, Nitza Paola Alvarado Espinoza y José Ángel Fernández.
Ambos casos están relacionados con violaciones a derechos humanos cometidos por militares, mismos que son investigados por la Procuraduría General de Justicia Militar.
Las medidas provisionales fueron otorgadas el 7 de abril de 2009 en el caso Inés Fernández y 106 personas más, y el 26 de mayo de 2010, en el de los tres jóvenes desaparecidos en Chihuahua y 34 de sus familiares, luego de que el gobierno de Felipe Calderón no acató las resoluciones de medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En ambos casos, los representantes de Inés Fernández y de Rocío, Nitza Paola y José Ángel exigieron la declinación del fuero militar a favor de la Procuraduría General de la República (PGR), como premisa para disminuir los riesgos contra los defensores y víctimas.
En el primer caso, los abogados Vidulfo Rosales y Agustín Martín, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHMT) y del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), respectivamente, denunciaron que las amenazas contra los 107 defensores y las víctimas continúan, pese a la vigencia de las medias provisionales.
Recordaron que el pasado lunes 6, militares amedrentaron y trataron de allanar las oficinas de la Organización del Pueblo Indígena Me Phaá (OPIM), agrupación a la que pertenece Fernández Ortega, y el jueves 16 los dirigentes de dicha organización, Obdulia Eugenio Manuel y Cuauhtémoc Ramírez, también beneficiarios de las medidas, recibieron una amenaza de muerte por escrito.
En dicha amenaza se hizo referencia a su labor para que se cumplimenten las sentencias de la CoIDH a favor de Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, otra indígena violada por militares, así como a su vinculación con Tlachinollan.
De acuerdo con Vidulfo Rosales, hay 18 averiguaciones previas por amenazas y actos de hostigamiento contra defensores y víctimas que hasta la fecha no han sido esclarecidas.
Por su parte, Agustín Martín puntualizó que la infraestructura de seguridad proporcionada por el Estado mexicano no cumple con los parámetros necesarios para garantizar la seguridad de los 107 beneficiados de la medida, e incluso 55 personas carecen de protección alguna
La delegación del Estado mexicano, encabezada por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo, pidió a la Corte hacer una revisión exhaustiva de las medidas de protección, para que sólo se otorguen a 20 de las 107 personas en riesgo.
La representación de la CIDH, encabezada por la secretaria ejecutiva adjunta Elizabeth Abi Mershed, recordó que el hostigamiento a los defensores y víctimas está íntimamente relacionado con la defensa de los casos por violaciones a derechos humanos cometidos por militares, y por ser miembros de organizaciones de derechos humanos e indígenas, por lo que todos los integrantes de las agrupaciones estarían en riesgo.
El grupo de jueces, cuyo presidente es el peruano Diego García-Sayán, convocó a los representantes del gobierno calderonista a justificar su petición por escrito, y a los abogados de las víctimas y de la CIDH a hacer las consideraciones a la justificación del Estado. Ambos documentos, dijeron, serán analizados.
En la audiencia por la desaparición de los jóvenes en Chihuahua, los representantes de las 37 víctimas acusaron que, ante el incumplimiento de las medidas provisionales ordenadas por la Corte, padres, hermanos, hermanas e hijos de los jóvenes desaparecidos tuvieron que abandonar su comunidad en el municipio de Buenaventura y en Ciudad Juárez.
Los abogados de los beneficiados, dirigidos por Luz Esthela Castro, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CDHM), denunciaron su inconformidad por la presencia militar en cada una de las tres reuniones para instrumentar las medidas, lo que para víctimas y defensores implica un acto de hostigamiento.
Elizabeth Abi Mersherd se sumó a la petición de los representantes de las víctimas, en el sentido de que el esclarecimiento de los hechos es la única forma de evitar mayores riesgos, y recordó que, de acuerdo con la legislación internacional, el fuero militar no es competente para investigar casos de violaciones a derechos humanos.
De su lado, Gómez Robledo advirtió que mientras no se apruebe la iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar enviada por Felipe Calderón al Senado, los militares seguirán a cargo de las investigaciones de violaciones a derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas armadas.
En tanto, los jueces del tribunal internacional convocaron a los representantes de los beneficiados y de las víctimas a llegar a acuerdos encaminados a cumplir con las medidas provisionales y, sobre todo, para localizar a los tres jóvenes desaparecidos.

Concesionarios e IFE, la guerra por el rating

El senador Pablo Gómez increpa al presidente del IFE, Leonardo Valdés.

Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F. (apro).- Desplegados en prensa y comentarios inducidos de sus principales conductores en los espacios televisvos y radiofónicos han anunciado el nuevo ataque de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) en contra del Instituto Federal Electoral.
Su objetivo, el lunes 27 de junio, era frenar la aprobación del reglamento de radio y televisión que, según ellos, afectaba la “viabilida técnica” de los spots. No lograron su cometido porque tras cinco largas horas de discusión, en votación dividida, 4 de los 6 consejeros aprobaron que el plazo máximo de entrega de las pautas de los spots para las campañas se redujera de 10 a 4 días hábiles.
Sin embargo, este round es sólo el inicio de una estrategia para demostrar el músculo de los dueños de la estaciones de televisión, especialmente Televisa y TV Azteca, utilizando a la CIRT para imponer sus intereses en un Consejo General mutilado.
El organismo cúpula de los concesionarios reaccionó con virulencia a este anteproyecto, como antes lo hizo con otro borrador de reglamento sobre el derecho de réplica, acusando al árbitro electoral de atentar contra la libertad de expresión.
El desplegado publicado el lunes 27 afirmaba que si se aprueba este reglamento, para el 2012 existirán 39.2 millones de spots de los partidos y podrían enviarse 30 mil versiones distintas de promocionales que hacen imposible el manejo y el incumplimiento de lo ordenado por el IFE.
“La combinación de millones de spots y miles de versiones no han sido manejadas en país alguno”, adviertió la inserción pagada. Acusaron al IFE de que ni un solo perito técnico participó en la elaboración del reglamento, no se consultó a los concesionarios de radio y televisión, y no se estableció un “periodo de prueba” para garantizar el cumplimiento.
El desplegado acusó a los consejeros promotores de este reglamento de “experimentar” y lanza una pregunta con toda la insidia posible:
“¿Acaso el IFE está planeando se anulen las elecciones del 2012 por los incumplimientos masivos que tendrán la radio y la televisión”.
La pregunta está fuera de lugar, pero manifiesta el fondo de la disputa entre los concesionarios y el IFE: la responsabilidad de lo que ellos anticipan como “incumplimento masivo” de lo que ordene el organismo electoral.
Son dos las razones que advierten que los “argumentos” de los concesionarios están fuera de lugar:
a) En primer lugar porque la anulación de la elección no le corresponde al IFE sino al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
b) En segundo lugar, porque las complicaciones técnicas que ahora aducen son falsas. Cuando los spots eran pagados en 2006, en menos de 24 horas, las estaciones de televisión y de radio podían cambiar la inserción y difundir lo que el cliente quería.
Durante la discusión de la noche del lunes 27, el repesentante del PRD, el senador Pablo Gómez, les cuestionó este argumento.
Durante la elección de 2006, argumentó, el PAN y su candidato Felipe Calderón Hinojosa pudieron sustituir el material el mismo día. Así surgió la famosa campaña con el eslogan “López Obrador, un Peligro para México”.
En la mesa de análisis de ForoTV, en canal 4 de Televisa, el especialista en encuestas Ulises Beltrán también opinó lo mismo: los concesionarios siempre han podido hacer cambios de última hora. El problema es que ahora no serán pagados sino forman parte de los tiempos de Estado.

La Publicidad Encubierta
En realidad, el pleito por la disminuición del tiempo en la entrega de las pautas de los spots tiene otro objetivo: controlar y cooptar al árbitro electoral que está en situaciones de extrema vulnerabilidad.
Lo demostraron en la misma sesión del 27 de junio. Aliados con los representantes del PRI, del Panal y del Partido Verde, los concesionarios van por todo: la alianza tricolor-medios para no afectar el enorme negocio de publicidad encubierta que están preparando ambas partes y que ya ensayaron en el caso de Enrique Peña Nieto y la mayoría de los 19 gobernadores del PRI.
Su principal molestia es que el IFE se decida se prohibir la llamada “publicidad encubierta” o product placement de los candidatos o aspirantes a políticos que aparecen en programas de variedades, tomando café, comentando sus amoríos de telenovela o en partidos de futbol, apoyando a un equipo, mientras las televisoras los apoyan a ellos.
Este es el punto medular de la batalla de los concesionarios contra el IFE.
Ricardo Becerra, jefe de asesores de la Secretaría Ejecutiva del IFE, escribió sobre este punto en su artículo “¿Es el IFE una institución responsable?”:
“Una de las deformaciones más notables de nuestras elecciones es que en algún momento la propaganda se desparramó por todas partes y los mensajes políticos ya no sólo cruzan los espacios clásicos (spots, noticieros y debates, como en cualquier democracia que se tome en serio) sino que inundan –como sin querer- toda la barra de audio y video para mayor banalización de los personajes y de la política misma. Como puede verse, es muy importante, y conviene a todos, que el IFE anticipe la manera en que los va a catalogar” (El Universal, 27 junio 2012, p. 20).
En otras palabras, la disputa es por permitir o frenar la hipercomercialización de la información (que se vuelve propaganda encubierta), del entretenimiento (que se transforma en advertainment) y hasta de las encuestas (que ya vimos son instrumentos de marketing y no de medición autónoma) durante las campañas electorales. De nuevo, el dinero público y privado que “compra” tiempo-aire para ganar en la pantalla lo que se anticipa como aplastamiento en las urnas.
Desde que se opusieron a la reforma electoral, en 2007, los concesionarios mandaron al Senado a sus principales comentaristas y lectores de noticias para dejar en claro que no abandonarán la “gacetilla electrónica”. En ese momento dijeron que defendían la libertad de expresión. Como lo han vuelto a repetir.
Se trata de “compensar” la prohibición de la compra de tiempo-aire, vía spots, a través de entrevistas pagadas, sondeos a modo del cliente, menciones en telenovelas, programas de espectáculos, partidos de fútbol, en fin, todos aquellos programas que generan mayor rating y que pueden ser mejor comercializados.
En esencia, se trata de ganar la guerra por el rating facturado a las cuentas de quienes ya actúan como ganadores en el 2012.

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Fracaso educativo y precandidatos

Elba Esther Gordillo, líder del SNTE.

Axel Didriksson

MÉXICO, D.F., (Proceso).- El fracaso de los gobiernos que se han padecido desde hace décadas puede medirse sobre todo por lo que se ha dejado de hacer en educación. Ni las decenas de miles de muertos ni otros “efectos colaterales” nos aproximan a ver la magnitud de ese fracaso –por el que se habla de un “Estado fallido”– como la pérdida de generaciones enteras de niños y jóvenes dejados en el vacío.

Lo que ha estado ocurriendo en el sistema educativo nacional tiene graves repercusiones en el desarrollo del país y en las condiciones de vida de los ciudadanos y sus destinos. De manera que, en un balance del actual gobierno, debe decirse que su mayor error fue ahondar el desastre educativo que le heredaron sus predecesores.
Los hechos se han sumado de forma dramática e irracional. El contubernio entre la alta jerarquía de la SEP con el SNTE, las corruptelas y triquiñuelas con las que se han manejado los recursos a favor de los intereses antieducativos de esta alianza en estados y municipios, la demagogia constante de sobornos retóricos que traen consigo jugosas ganancias, el desdén hacia la opinión pública cuando se descubren transas como la venta de exámenes para los maestros, o la multiplicación de evidencias que dan cuenta de que año con año los estudiantes y sus maestros no tienen conocimientos elementales, y que la escuela no da para que salgan adelante, son hechos que deberían alarmar a cualquiera.
La más reciente demostración de que la SEP y sus aliados no tienen ni la menor idea de lo que hacen es la propuesta enviada a la Cámara de Senadores denominada “Reforma Integral de la Educación Básica”, que tiene como objetivo “articular” el conjunto de los ciclos de este nivel. Entre otras cosas, la SEP, de forma increíble, se ha dado apenas cuenta de que el denominado sistema educativo nacional no es sistema ni es nacional, porque ha estado totalmente desarticulado, y ahora la genial idea será “articularlo” de aquí al 2030.
En la propuesta se dice que esta reforma estará “orientada al desarrollo de competencias, referida a un conjunto de estándares de desempeño, comparables nacional e internacionalmente”. Además de todas las críticas que se han hecho durante el sexenio (véanse, por ejemplo, las muy destacadas del Observatorio Filosófico de México) por adoptar la “moda” de las “competencias”, uno debe preguntarse respecto del tipo de estándares que se quieren aplicar en los planes y programas de estudio que se desplegarán desde preescolar hasta secundaria: ¿los de la realidad de Chiapas, o los de la ciudad de Chihuahua, los de Inglaterra, los de Shangai (que obtuvieron los primeros lugares en desempeño de sus estudiantes en la prueba PISA de 2009) o los de Finlandia, país que ha ocupado los primeros lugares como sistema educativo integral en las pruebas internacionales? ¿Cuál es el estándar que va servir para evaluar los conocimientos que se adquirirán por la vía de un currículum de competencias genérico entre los niños indígenas de la Sierra Mixe de Oaxaca y los de Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México?
No es posible “transformar la práctica docente para que transite (…) al énfasis en la generación y acompañamiento de los procesos de aprendizaje” cuando menos del 10% de los aspirantes a plaza de maestro en la educación básica cuentan con las “competencias” que se describen como estándares. Igualmente improbable es que la propuesta “articuladora” del nuevo sistema educativo “resignificará la educación básica, particularmente la de sostenimiento público”, cuando Felipe Calderón está propiciando el desarrollo de la educación privada por medio de estímulos a los contribuyentes, opción que ha tenido un fuerte crecimiento en los últimos años.
Sin embargo, desde la perspectiva de su visión utópica (el 2030), la SEP no se preocupó por definir un escenario de “articulación pedagógica” en este nivel educativo, ni ninguno de los organismos internacionales o nacionales consultados planteó metas por fases de realización, compromisos con los principales actores del sector, recursos que se requerirían y propuestas para modificar los esquemas de desorganización e ineficacia que saldrían a la luz. Y es que la propuesta, que perdió asidero con la realidad, no contó con el debido diagnóstico.
Así como este ejemplo, se han dado continuamente una serie de desaciertos en la materia más importante para alcanzar un nuevo desarrollo, la educación, mientras una exsecretaria del ramo busca ser candidata del PAN a la Presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota, quien no atinó a saber lo que significaba la educación nacional ni dejo ningún programa significativo, al igual que el actual secretario, Alonso Lujambio, quien busca la misma candidatura a la silla presidencial y sólo ha utilizado a la SEP como un trampolín político y como espejo de su arrogancia.

La razón de la sinrazón de Calderón

Felipe Calderón. Sexenio ensangrentado

Jorge Carrasco Araizaga

México, D.F. (apro).- El presidente de los 40 mil muertos -hasta ahora- ya es víctima de su propio “éxito” y desde hace tiempo se anticipa que en cuanto desocupe Los Pinos tendrá que abandonar el país, huyendo del odio y dolor causados por su estrategia contra el narcotráfico.
Para nadie es desconocido en México y aún en el extranjero que quiso hacer del tema de seguridad el fundamento de su legitimación como presidente.
Fue tan deliberado que él mismo terminó por reconocer ante personeros estadounidenses que no sabía en lo que se metía.
Lo hizo desde el principio de su administración, pero en uno de los encuentros que tuvo con personal del Buró Federal de Investigaciones (FBI) destacado en la embajada de Estados Unidos en México en momentos en que la Policía Federal estaban sufriendo severas bajas en Michoacán admitió que no previó los niveles de violencia que desataría su decisión.
Esa es la premisa fundamental de lo que primero llamó “guerra al narcotráfico” y que ante la violencia que desató luego reacomodó como “guerra a las drogas” y ahora, con miles de muertos y desaparecidos en la espalda, nombra como “estrategia por la seguridad”.
El FBI estaba interesado en saber el número de bajas efectivas que estaba sufriendo su “similar” en México en todo el país y la manera en que el responsable de la Policía Federal, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, había decidido el despliegue que tantas bajas le estaban causando La Familia Michoacana.
Aunque policías federales estaban cayendo en otras entidades como Sinaloa y Durango, Michoacán era la principal preocupación estadounidense, porque ahí Calderón había iniciado la narcoguerra.
Su primer acto en busca de legitimación, a los diez días de llegar a Los Pinos, “haiga sido como haiga sido”, fue desplegar al Ejército en lo que se llamó el Operativo Conjunto Michoacán. Nadie tampoco olvida la caricatura que hizo de sí mismo vestido como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

TELEVISA, el canal de las PRIdespensas




Maquillaje-Hernández


http://youtu.be/B_aYpHEnVOs